POLITICA
Duro informe de Amnistía Internacional por el retroceso en derechos humanos durante la gestión de Milei

La organización no gubernamental Amnistía Internacional advirtió sobre un fuerte retroceso en lo relativo a los derechos humanos en la Argentina durante 2024. “12 meses de gobierno, 12 derechos perdidos” se titula el apartado del informe que se dedica a profundizar sobre el caso argentino y la gestión de Javier Milei.
“El deterioro de los derechos no es una metáfora: durante 2024 vimos en Argentina como se revirtieron conquistas fundamentales en materia de justicia social, libertades civiles y garantía individuales”, señaló la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Mariela Belski, que calificó el proceso como “efecto Trump”.
Las 12 áreas que registraron un retroceso según Amnistía Internacional son: libertad de expresión; libertad de reunión y asociación; cibervigilancia: amenazas a la privacidad, legalidad, igualdad y libertad de expresión; transparencia y acceso a la información pública; pobreza; jubilados; derecho a las mujeres a tener una vida sin violencia; derechos sexuales y no reproductivos; diversidad; Educación Sexual Integral; negociacionismo del cambio climático, y pueblos originarias.
El organismo, en un documento previo, ya había cuestionado el protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Aumentó la represión contra quienes ejercen su legítimo derecho a manifestarse pacíficamente. Esto derivó en más de 1100 heridos, detenciones arbitrarias y ataques a periodistas”, precisó el organismo.
En el informe se destacan, entre otras cosas:
– La persecución y confrontación violenta frente al disenso. El miedo, las noticias falsas y la desinformación muestran una poderosa estrategia de adoctrinamiento y censura.
– Ataques a la libertad de expresión y al acceso a la información, donde prima la discrecionalidad y la opacidad frente a la rendición de cuentas.
– La represión del derecho a la protesta pacífica como política de Estado y el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones sociales, amparado por el llamado “Protocolo Anti-Piquetes”.
Por otro lado, el organismo señaló a la hora de mencionar los 12 derechos vulnerados un “achicamiento del espacio cívico y la reducción de la participación ciudadana en la vida pública”, el cual fue de la par con “el aumento de la represión y la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad contra quienes ejercieron su legítimo derecho a manifestarse pacíficamente para expresar su descontento ante las autoridades”.
Para ejemplificar, se hizo hincapié en retrocesos graves en derechos económicos y sociales y en las jubilaciones, como factores que profundizan la desigualdad y la exclusión, afectando fundamentalmente a mujeres, personas LGBTI+, pueblos indígenas, infancias y sectores empobrecidos.
“Lo que vemos en Argentina no es un hecho aislado: es parte de una tendencia global que busca silenciar voces críticas, desmantelar políticas de protección y reprimir la expresión pacífica. En nuestro país, este retroceso se ha dado de manera acelerada y deliberada“, enfatizó Belski.
“El Estado es un gran recolector de información y datos a través de sus diferentes agencias (ANSES, AFIP, RENAPER) que uno no puede negarse a dar. Pero patrullar las redes sociodigitales y todas las aplicaciones, es un objetivo tan amplio e inabarcable que supone controlar un sinfín de posibilidades en cada uno de los teléfonos móviles, computadoras, smartTVs y consolas de los más de 46 millones de argentinos”, advirtió el informe en el capítulo sobre la cibervigilancia.
Sobre el acceso a la información, el informe detalló:» Otro derecho restringido en este primer año de gestión fue el derecho de acceso a la información pública, a través de la regulación de un nuevo decreto emitido por el gobierno Nacional, el decreto 780/2024. El conocimiento y la información son poderosas herramientas con las que cuentan los ciudadanos para el control y la rendición de cuentas de los gobiernos y para combatir la corrupción».
También cuestionó las políticas de ajustes. “Las políticas de ajuste que se llevaron adelante desde el cierre del 2023, junto con una escalada en los precios profundizaron el impacto directo en los hogares de ingresos medios y bajos, con un incremento de la población con ingresos por debajo de la línea de pobreza. De acuerdo con el INDEC, el número de personas que vive en situación de pobreza creció del 41.7% al 52.9% desde el último trimestre de 2023, cuando el gobierno de La Libertad Avanza tomó posesión, al primer semestre de 2024, lo que equivale a un aumento de 11.2 puntos. Esto significa, en la práctica, que 15,7 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza. Además, más de un millón de niños va a dormir sin cenar (UNICEF)”, señaló el documento.
Y agregó, sobre las jubilaciones: “La reducción del valor de las pensiones fue uno de los principales motores del ajuste fiscal llevado a cabo por la administración del presidente Javier Milei. A lo largo del primer año de gestión, la jubilación mínima no alcanzó a cubrir el costo de vida de una persona jubilada, afectando su derecho a un nivel de vida adecuado”.
POLITICA
Libertarios contra Villarruel en La Rioja: “Qué vergüenza y desilusión verla sonreír con los responsables del atraso y la decadencia”

La visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel a La Rioja para participar de la Fiesta Nacional de la Chaya −a la que Sergio Galleguillo, máximo referente del folklore provincial, había invitado públicamente a Javier Milei− generó molestia entre los dirigentes libertarios. La foto de Villarruel con el gobernador Ricardo Quintela alteró los ánimos y abonó la tensión entre ella y la Casa Rosada. El territorio riojano es el que ambicionan los libertarios con Martín Menem. Una concejal aliada de Patricia Bullrich calificó de “vergüenza” la foto con los peronistas locales.
Ya unos cinco días antes de la visita, desde la Gobernación riojana −enfrentada con Javier Milei desde antes que asumiera la presidencia− el ministro de Cultura y Turismo, Gustavo Luna, confirmó que le habían comunicado la posibilidad de la presencia y que estaban trabajando en una agenda para que Villarruel “pudiera conocer” la provincia.
Buena parte de la oposición riojana interpretó que la visita de Villarruel fue utilizada por el peronismo local como cortafuego ante la posibilidad de que el Presidente decidiera venir a la fiesta chayera, repitiendo lo que hizo en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. La invitación de Galleguillo era la que abría la puerta. La Vicepresidenta no tuvo ningún contacto con los libertarios locales.
Horas antes de la llegada de la Vicepresidenta, Quintela siguió criticando duramente la reforma laboral con media sanción del Senado y calificó de “absolutamente impropio” el vínculo de Nación con las provincias. Insistió en el reclamo de recursos: “No se distribuyen a través de programas, obras públicas ni políticas sociales, educativas, culturales o sanitarias. Las provincias hemos perdido muchísimo”. Y ratificó el reclamo riojano por la eliminación de fondos compensatorios por coparticipación.
La concejal de la capital riojana, Luciana de León, le dedicó una carta abierta a Villarruel. “¡Qué vergüenza y desilusión verla sonreír con los responsables del atraso y la decadencia en La Rioja! Miles de riojanos apostamos por un cambio a fondo en 2023, acompañando a Javier Milei y a usted como Presidente y Vice de la Nación porque estamos hartos de estos modelos populistas del interior profundo: trabajadores estatales por debajo de la línea de pobreza y en su mayor parte en negro, ausencia total de un proyecto de desarrollo económico más allá de la dádiva política, y dirigentes del oficialismo que multiplicaron su patrimonio de forma desorbitante siendo que la mayoria jamás trabajaron en el sector privado”.
El texto, publicado en las redes sociales de la concejal, señala también que en La Rioja “los organismos de control están cooptados por mayorías automáticas del oficialismo que encubren en lugar de denunciar las irregularidades que sufrimos todos los días”.
“Por eso duele verla legitimar con una foto a quienes representan exactamente lo contrario a la agenda del presidente Milei, y que respaldamos miles de riojanos. Duele porque quienes vivimos y trabajamos acá sabemos el esfuerzo que implica vivir en una provincia donde el mérito vale cada vez menos y el acomodo pesa cada vez más”.
Cierra con “también quiero que lo tenga claro: la desilusión no nos frena. Vamos a seguir dando pelea para que este sistema se termine y para que La Rioja vuelva a ser una tierra de oportunidades reales, donde nuestros hijos puedan quedarse, crecer y construir su futuro sin depender del poder político de turno. Estoy convencida de que otra Rioja es posible”.
El enfrentamiento de Quintela y Milei es histórico. Ya en los últimos tiempos el Presidente dejó de responderle al gobernador como sí lo hacía electo o apenas asumió, pero la tensión sigue.
visita,Gabriela Origlia,La Rioja,Ricardo Quintela,Martín Menem,Conforme a,La Rioja,,»Provincia montonera». Un cantante de folklore acusó a Victoria Villarruel de “negacionista” en su visita a La Rioja,,Tiene 22 años. Lo buscaban por un hackeo de $275 millones: lo atraparon en Palermo tras seguir el uso de la SUBE,,Temblor en Mendoza. Un sismo de 6,1 sacudió a Chile y varias provincias argentinas
POLITICA
El Gobierno denunció por actos de terrorismo a los responsables de la violencia afuera del Congreso

“Formula denuncia penal por los delitos de atentado al orden constitucional y a la vida democrática, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones graves y daños, todos agravados por haber sido realizados con el fin de provocar terror y sumir a los poderes públicos”, reza el texto presentado ante el juez federal de turno por el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva.
En la denuncia se pidió la investigación y detención inmediata de los responsables de los incidentes ocurridos frente al Congreso durante la manifestación contra la reforma laboral que este jueves a la madrugada obtuvo media sanción en el Senado.
Luego de que la ministra Monteoliva informara que identificaron a cuatro de los sospechosos que agredieron con objetos contundentes a agentes policiales, la denuncia planteada ante la Justicia Federal calificó lo sucedido como “atentado al orden constitucional” y posibles actos de terrorismo.
La denuncia fue presentada por Lisandro Manuel Franco, director de Normativa y Legislación del Ministerio de Seguridad Nacional. Así, se solicitó a la Justicia federal que actúe con urgencia ante lo que calificó como hechos “de inusitada gravedad” ocurridos en las inmediaciones del Congreso, mientras se realizaban sesiones extraordinarias.

Según el escrito, el objetivo del accionar habría sido provocar “un escenario de terror” entre los ciudadanos y obstaculizar el funcionamiento del Congreso. Y planteó que estas acciones no solo infringieron la paz pública, sino que también buscaban “inhibir en forma parcial o plena la actividad legislativa”.
El escrito afirma: “El accionar ilícito que denuncio tuvo por finalidad generar un escenario de terror en la ciudadanía argentina, atentar contra miembros, poderes y estructuras edilicias federales y locales, y con ello deponer o bien inhibir el funcionamiento del Congreso”.
Entre los pedidos al juez federal de turno, la cartera exige que “se inicie una exhaustiva investigación, se identifique a los responsables directos, a los partícipes y los eventuales instigadores” y “se oriente la pesquisa a efectos de determinar las estructuras por las que se orquestan estos atentados con rasgos terroristas”.
Se reclamó, además, la inmediata detención de los identificados. Esto ya lo habían pedido el secretario de Seguridad, Martin Ferlauto, como la propia ministra de Seguridad, luego de que se difundieran fotos e identidades de cuatro de los manifestantes involucrados y que fueron identificados.
“Se espera que la Policía Federal Argentina este viernes tenga los videos con los identificados que tenían las bombas molotov”, contaron fuentes del caso a este medio.
Cuántos detenidos quedan
La Policía de la Ciudad y la Policía Federal Argentina, en trabajo conjunto con Gendarmería Nacional, detuvieron ayer a 24 sospechosos tras los disturbios en el Congreso.
De la lista inicial de 20 detenidos, por parte de la Policía porteña, puestos a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la fiscal Malena Mercuriali, solo quedan detenidos cinco hombres.
Del mismo modo, según comunicó la Policía porteña, tres agentes resultaron heridos; uno de ellos sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y fue trasladado al Hospital Italiano.
Los otros dos fueron traumatismos en los miembros inferiores producto de los elementos arrojados por los manifestantes. El efectivo con traumatismo de cráneo recibió el golpe de una maceta arrojada desde un edificio en Solís y Alsina.
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POLITICA
ANDIS: la Justicia abrirá los servidores y celulares de la droguería Suizo Argentina para profundizar en la investigación por irregularidades

La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entrará en una nueva etapa en marzo, cuando la Justicia avance con la apertura de celulares, computadoras, servidores y otros dispositivos electrónicos secuestrados en la oficina de la droguería Suizo Argentina.
El expediente, que en los últimos días derivó en el procesamiento de Diego Spagnuolo y otros 18 acusados, ahora pone el foco en el rol de esa firma y en su eventual conexión con las pequeñas droguerías que resultaron beneficiadas en licitaciones “acotadas”.
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El procesamiento dictado por el juez Sebastián Casanello resolvió la situación procesal de un grupo de imputados, pero no cerró la causa. Por el contrario, la investigación continuará con un capítulo específico vinculado a Suizo Argentina, empresa de la familia Kovalivker. El fiscal Carlos Picardi profundizará una línea que apunta a determinar si la compañía tenía vinculación directa con las droguerías Profarma SA, Génesis SA, Floresta SA y New Farma SA, invitadas a cotizar en el sistema de compulsas “especiales”.
Según surge del procesamiento, producto de las maniobras de direccionamiento y cartelización se realizaron 21 licitaciones “acotadas”, con órdenes de compra por un total de $30.337.220.919,77. En ese esquema, Profarma SA y Génesis SA resultaron adjudicatarias del 93,11% de esos procesos, lo que se traduce en compras por $28.247.022.880 entre julio de 2024 y agosto de 2025.
En paralelo, New Farma SA y Floresta SA concentraron el 51,67% de los $13.328.004.541 adjudicados en 2025 (hasta agosto) y el 50,36% de los $5.117.817.946 asignados entre septiembre y diciembre de 2024.
Durante los allanamientos, la Justicia constató que varias de esas firmas no contaban con medicamentos ni infraestructura acorde. En Floresta SA se encontró “una vieja y pequeña heladera, depósitos vacíos y un sitio prácticamente abandonado y sin empleados”. A lo largo de la investigación también se determinó que New Farma tuvo un crecimiento exponencial de ventas a la ANDIS (su principal cliente en el período investigado) pese a que sus instalaciones estaban en condiciones precarias.
Del análisis de conversaciones incorporadas al expediente surge, según el procesamiento, la hipótesis de que algunas de estas empresas actuaban como meras intermediarias que obtenían un rédito significativo sin contraprestación acorde. En ese contexto, la Justicia no descarta que Suizo Argentina haya provisto los medicamentos que esas droguerías debían entregar en el marco de las contrataciones obtenidas. Es una línea de investigación que seguirá Picardi, aunque desde la compañía niegan esta posibilidad.
Para los investigadores, se trataría de firmas “sin capacidad para cumplir con los compromisos asumidos” y detrás de ellas “surgiría un gran jugador”. La pesquisa apunta a determinar si ese rol correspondía a Suizo Argentina. En rigor, se investiga el papel de uno de sus abogados y directivos.
En diálogo con TN, Martín Magram, abogado de la Suizo Argentina, aseguró: “Por información que tengo provista por la empresa, es lícita la venta de productos entre dorguerías, no hay nada ilegal ahí. Si Suizo Argentina tuvo alguna relación en venta de productos con las droguerías involucrados en el caso no fueron de aquellos que correspondían a las licitaciones con supuestos sobreprecios”.
“No existió mecanismo por el que suizo argentina intermediaba con otras empresas fantasmas o de menor porte. La Suizo tiene el 20, 25% de la torta del mercado y le vende también al Estado, no necesita esta clase de negocios”, agregó.
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Un abogado de la Suizo es señalado en el expediente como un actor central en el presunto esquema de sobrefacturación de medicamentos de alto costo destinados al Programa Federal Incluir Salud. El apodo “Helvético” aparece reiteradamente en escuchas y chats incorporados a la causa. Se trataría de Sebastián Nuner Uner.
“De esa conversación no surge que hablen de Sebastián Nuner Uner, no está explicitado en ningún lugar. No se entiende de dónde se saca esa conclusión”, sostuvo el letrado.
De acuerdo con un audio fechado el 6 de junio de 2025, el exfuncionario de la ANDIS Pablo Atchabahian le comunicó al empresario Miguel Ángel Calvete que el “Helvético” ya estaba al tanto de determinadas decisiones. Para los investigadores, esa conversación podría confirmar la existencia de una mesa de coordinación entre proveedores y funcionarios.
Según consta en el expediente, el letrado de la Suizo habría tenido participación directa en la remoción de una directora técnica de la ANDIS cuyo perfil profesional interfería con las contrataciones cuestionadas, así como en el ingreso de personal afín al grupo empresario. En una de las comunicaciones se alude a su “visto bueno” para despedir a la Directora General Técnica Administrativa del organismo, seguida de la orden de Atchabahian a Daniel Garbellini: “Rajala”. También se menciona su adhesión al ingreso de Matías Palotti como mano derecha de Garbellini en el ente.
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La causa también registra que el director de Génesis, Andrés Arnaudo, eliminó todas las conversaciones mantenidas con Uner y que, cuando estalló el escándalo, Calvete pidió a Patricia Canavesio que le facilitara su contacto. La Justicia investiga si existe un nexo entre Uner y los exfuncionarios Garbellini y Atchabahian. En la compañía niegan esta versión.
El avance sobre los dispositivos electrónicos de Suizo Argentina coincidirá con un cambio en la conducción del expediente. Tras el sorteo realizado por la Cámara Federal, el juez Ariel Lijo quedó a cargo de la investigación, que hasta ahora instruía Casanello. Antes de apartarse, el magistrado procesó a 19 personas por administración fraudulenta y describió un entramado con adjudicaciones direccionadas, sobreprecios y retornos a través de droguerías proveedoras.
Lijo hereda una causa con procesamientos firmes y, al mismo tiempo, con planteos de nulidad por parte de las defensas, que cuestionan la validez de pruebas incorporadas al expediente.
Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo
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