POLITICA
En una tensa interpelación en Diputados, Guillermo Francos negó los vínculos de Javier Milei con $Libra
En medio de un clima de alta tensión política, se puso en marcha la investigación parlamentaria sobre la polémica criptomoneda $Libra, impulsada tras la interpelación votada por gran parte de la oposición. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el único miembro del Poder Ejecutivo presente en el Congreso, ya que los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Luis “Toto” Caputo (Economía) se excusaron de asistir “por cuestiones de agenda“.
Tras un retraso de casi dos horas por una engorrosa discusión reglamentaria, se dio la presentación de Guillermo Francos. La diputada Cecilia Moreau (UxP) propuso un cuarto intermedio hasta el 13 de mayo a las 14, para continuar la interpelación con los ministros ausentes. Germán Martínez, titular de UxP, respaldó la moción, lo que generó una acalorada discusión interpretativa. El presidente de la Cámara, Martín Menem, indicó que la votación se realizaría al finalizar la exposición de Francos.
Leé también: Encuesta: ¿quién creés que ganó el debate de candidatos a legisladores porteños
En el recinto, la situación se tornó caótica, con gritos, cruces y acusaciones. Juan Manuel López (Coalición Cívica) calificó a Cúneo Libarona como “el abogado saca presos de la Argentina” y sostuvo que “es una burla al Congreso, ya es una burla que sea ministro”. Desde el Frente de Izquierda, Vilma Ripoll criticó: “Son ridículos los ministros que argumentan que no pueden venir por cuestiones de agenda”. En tanto, Pablo Juliano (Democracia para Siempre) cuestionó: “¿Qué hace el Congreso cuando los ministros miran hacia el costado?”
La votación para definir una nueva fecha de interpelación fue interrumpida por Silvana Giudici (Pro), quien se acercó al estrado para hablar con Menem, logrando frenar el impulso opositor. Gabriel Bornoroni (LLA) se opuso a que se vote: “No se tiene que someter a votación”, mientras que Fernando Iglesias (Pro) lanzó: “Dejen de hacer papelones, se lo digo al peronismo y a los bloques furgones de cola del peronismo”, lo que avivó el enfrentamiento en la Cámara. Intentaron calmar la sesión Miguel Pichetto (Encuentro Federal) y Julio Cobos (UCR).
Ante los cuestionamientos de la oposición, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, accedió a convocar una nueva sesión de interpelación para el próximo 14 de mayo.
Finalmente, Guillermo Francos ingresó al hemiciclo, leyó un escrito y negó “rotundamente la posibilidad de pagos a funcionarios para tener reuniones con el presidente Javier Milei”. También afirmó que “no tuvo ningún rol en la criptomoneda $Libra”, y visiblemente molesto, agregó: “Llevo muchos años en la actividad pública y privada, nunca hice esperar a nadie dos horas para una reunión. Debo decir que es una falta de respeto”.
Sobre la causa central, Francos explicó: “El presidente y los funcionarios no mantuvieron ningún vínculo con el proyecto o la moneda. No implicó compromiso alguno por parte del Gobierno nacional que, sin perjuicio de ello y ante las repercusiones surgidas, el presidente actuó con prudencia al retirar su publicación personal. Además, se dispuso a las tareas de investigación para esclarecer cualquier duda o sospecha al respecto para colaborar con la Justicia lo más rápido posible”.
La oposición tomó la palabra a través de distintos bloques. La diputada Sabrina Selva (UxP) inició el interrogatorio y señaló: “Usted arrancó haciendo hincapié en que no existía relación con las personas que gestaron la estafa, pero sí habló de vínculos previos. Olvidó sin embargo mencionar que Milei promocionó junto a Novelli otra estafa llamada Vulcano y mencionar a Julian Peh, CEO de la empresa que creó Libra, con quien también el Presidente mantuvo un vínculo. Olvidó mencionar hechos muy importantes, que dejarían entrever una posible coordinación casi cronométrica entre el tuit de Milei y la creación del token Libra”.
Le siguieron las preguntas de Juan Marino e Itaí Hagman (UxP); Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal); Manuel Aguirre, Danya Tavela, Marcela Coli, Pablo Juliano y Fernando Carbajal (Democracia para Siempre); Mónica Frade y Maximiliano Ferraro (CC) y Christian Castillo (FIT).
La comisión investigadora
Este miércoles a las 10, los 28 integrantes de la comisión investigadora tienen cita para designar autoridades. El oficialismo propone a la diputada Nadia Márquez (LLA) como presidenta, mientras que el PRO impulsa a Martín Maquieyra y otros sectores a Paula Omodeo (Creo). Unión por la Patria evalúa acompañar a un representante de Encuentro Federal, como Oscar Agost Carreño, aunque no descarta proponer a Carolina Gaillard por su experiencia previa en la Comisión de Juicio Político.
La comisión tendrá un plazo de 90 días para emitir un informe sobre las responsabilidades en el caso Libra. Sin embargo, aún no hay consenso para definir su presidencia.
Durante su exposición, Guillermo Francos cuestionó la creación misma del cuerpo de investigación:“Las comisiones investigadoras no pueden convertirse en órganos paralelos de justicia, ni arrogarse facultades que la Constitución reserva exclusivamente al Poder Judicial”, sentenció.
Desde la liga del interior, el radical Pablo Cervi señaló a TN: “Esta comisión investigadora lo que tiene que hacer en 90 días es emitir un informe en función de las pruebas que se recaben o la información que pueda obtener. Estamos pendientes a cómo se conforma y a la elección de las autoridades”.
Leé también: Pullaro unió fuerzas y anunció que la reforma constitucional arrancará en julio: “Tiene que ser ahora”
Por su parte, Pablo Juliano (Democracia para Siempre), uno de los impulsores de la comisión, expresó: “Fue un primer paso la interpelación, lamentamos que dos ministros no vinieron. El presidente cuando se conoció este caso dijo que iba a trabajar por la verdad. Que los ministros no hayan venido al Congreso es una muestra clara de que el Gobierno no tiene una respuesta. La interpelación buscó elementos para que, cuando se constituya la comisión investigadora, tenga una hoja de ruta, un plan a seguir de cómo vamos a tener que ir desligando la responsabilidad del Estado nacional en el tuit del presidente Javier Milei en la promoción de la criptomoneda $Libra”.
Diputados, criptomonedas, Guillermo Francos
POLITICA
El titular de la IGJ rechazó la movida de Kicillof que busca proteger a Chiqui Tapia y crece la tensión con la AFA
La Inspección General de Justicia (IGJ) desestimó el intento de la Provincia de Buenos Aires de inscribir a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en su jurisdicción y ratificó que la entidad “sigue inscripta en la Capital Federal”.
Así lo afirmó el titular del organismo, Daniel Vítolo, quien además confirmó que elevarán al Ministerio de Justicia el pedido formal para designar veedores en la casa madre del fútbol argentino.
Leé también: Las últimas noticias de la sesión por el acuerdo Unión Europea – Mercosur en el Senado
“La AFA sigue inscripta en la Capital Federal, los registros están vigentes, no hay cancelación de la inscripción, seguimos con el poder de policía, porque el hecho de que la directora de Personas Jurídicas de Provincia de Buenos Aires diga ‘yo ahora los recibo’, si la ley no se lo permite, eso no tiene validez”, sostuvo Vítolo en declaraciones a radio Rivadavia.
De ese modo, rechazó la movida que impulsó el gobierno de Axel Kicillof y que fue interpretada por la IGJ como un intento de cambiar de jurisdicción en medio de la polémica por la fiscalización.
Leé también: Encuentran en la AFA documentos que prueban pagos por $300 millones a la dueña de la mansión de Pilar
El conflicto se da en el marco del reclamo de la IGJ para auditar los estados contables de 2025, luego de que la AFA no presentara el balance correspondiente a ese período. Según fuentes oficiales, el organismo otorgó los plazos legales para regularizar la situación, pero la documentación fue entregada de manera parcial y no incluyó el último ejercicio.
Desde el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, señalaron que la AFA se negó a presentar “la documentación requerida” pese a las intimaciones. Y anticiparon que los veedores que se designen “obtendrán y verificarán la información que no fue presentada”. Uno de ellos será contador.
Vítolo confirmó que “hoy o mañana vamos a estar elevando al Ministerio de Justicia la propuesta para la designación de veedores, y si lo convalida, irán a la AFA a hacer su labor”. Aclaró, además, que la medida no implica una intervención ni afectará el funcionamiento cotidiano de la institución: “Solamente es el cumplimiento de un deber de fiscalización que la ley nos impone como autoridad de control, queremos ir, ver, analizar y efectuar un informe. Y conocer para ver qué resoluciones debemos tomar. No hay persecución alguna y tampoco es un tema político”.
La IGJ pretende revisar no sólo los balances generales sino también el detalle de ingresos y egresos. En particular, buscará auditar los números de la denominada Universidad de la AFA —sobre la que, según el Ministerio, no se brindó información ni consta su registración— y los movimientos vinculados a la firma TourProdEnter. También pondrá la lupa sobre los gastos en selecciones nacionales: el último balance presentado, correspondiente a 2024, consignó 39 mil millones de pesos sin desagregar el destino de esos fondos.
En paralelo, la IGJ cuestionó la supuesta mudanza de la sede social a un predio en la Provincia de Buenos Aires. Según el organismo, se comprobó que en el domicilio declarado no existen instalaciones ni funciona la administración, que continúa operando en Viamonte 1366, en la Ciudad de Buenos Aires.
“AFA dice que se ha mudado de sede en 2024, estamos en 2026 y siguen los pastos en ese lugar. Sigue funcionando, sus servidores, sus libros de comercio están en la calle Viamonte”, afirmó Vítolo. Y agregó con ironía: “Si va al pastizal posiblemente vuelva con una yarará y no con una acreditación”.
Leé también: Cuadernos: ante los intentos de los acusados por anular el juicio, la fiscalía busca acelerar las audiencias
El funcionario sostuvo que no existen antecedentes de que una jurisdicción reciba a una asociación civil sin que antes se cancele la inscripción original. Consideró que sostener un domicilio donde no hay actividad real es “muy grave” y planteó interrogantes sobre las razones detrás de esa decisión.
Además, mencionó que en una denuncia presentada por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se consignó ese mismo domicilio como lugar de residencia, algo que —según dijo— no se corresponde con la realidad. También cuestionó a la funcionaria provincial que avaló la inscripción y a un magistrado que entendió en la causa por competencia territorial.
Por último, Vítolo insistió en que la IGJ no es querellante en ninguna causa penal vinculada a la conducción de la AFA y que su actuación se limita al control administrativo. “No hemos denunciado a Tapia y a (Pablo, el tesorero de AFA) Toviggino ante nadie, no somos querellantes en ninguna causa, estamos preguntando y fiscalizando, estamos cumpliendo con la ley que también debe cumplir la AFA”, concluyó.
AFA, IGJ
La media sanción en la Cámara de Diputados de la ley de Responsabilidad Penal Juvenil es un avance. Este proyecto busca saldar una deuda de nuestra democracia con las víctimas de delitos cometidos por menores de 16 años, y con la sociedad que reclama respuestas eficaces. Argentina hoy se rige por un régimen de 1980 —el Decreto-Ley 22.278—, una norma concebida durante la dictadura en un contexto histórico y social completamente distinto al actual.
Sostener ese régimen legal sin modificaciones significa persistir en una política criminal que no protege a las víctimas y ha demostrado ser incapaz de ofrecer respuestas eficaces frente a los delitos graves cometidos por adolescentes. Pero, además, implica mantener un paradigma tutelar que diluye la noción misma de responsabilidad, desplazándola hacia esquemas asistenciales que no reconocen el daño causado a la víctima ni a la sociedad.
Una democracia necesita un sistema de justicia que funcione para todos. La clave del proyecto no es meramente simbólica: radica en adecuar la edad de imputabilidad, introducir una respuesta temprana eficaz y establecer sanciones proporcionadas a la gravedad del hecho.
El eje conceptual del cambio es claro: pasar de un sistema que presume incapacidad y sustituye responsabilidad, a un modelo que responsabiliza al joven por el delito cometido, por el daño concreto causado a la víctima y por la afectación al orden social. Responsabilizar no es estigmatizar. Es reconocer al adolescente como sujeto de derecho —tal como exige el art. 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño— pero también como persona responsable de sus actos cuando infringe la ley penal.
La baja de la edad a 14 años: un estándar razonable
El primer pilar de esta reforma es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Esta modificación respeta los estándares admitidos por el derecho internacional de los derechos humanos. La Convención sobre los Derechos del Niño no fija una edad determinada, pero exige que los Estados establezcan un umbral razonable. La fijación en 14 años se alinea con los márgenes etarios fijados en nuestra región y no contradice las recomendaciones internacionales.
No se trata de “mano dura”. Se trata de adecuar la ley a la realidad social y a principios que permitan dar respuestas jurídicas eficaces sin perder de vista la condición especial de los adolescentes que cometen delitos.
Respuesta temprana: eficacia y medidas socioeducativas
El segundo pilar es la introducción de una respuesta temprana basada en medidas socioeducativas. Un sistema moderno debe contar con una evaluación interdisciplinaria, programas educativos y seguimiento sostenido. Pero esa intervención temprana debe inscribirse dentro de un marco de responsabilidad jurídica clara. No se trata de sustituir el proceso penal por asistencia social, sino de articular responsabilidad con herramientas socioeducativas eficaces.
La media sanción aprobada se inscribe en esa línea al establecer que la finalidad del sistema es fomentar la responsabilidad del adolescente, y que las penas deberán orientarse a su educación y resocialización.
A tal fin, se dota a los jueces de un amplio abanico de medidas complementarias que deben acompañar a la sanción. Estas van desde el asesoramiento, orientación y supervisión de un equipo interdisciplinario hasta la finalización de estudios obligatorios, tratamientos médicos o psicológicos y programas deportivos.
Sanción proporcionada para hechos gravísimos
El tercer pilar es la sanción de privación de libertad para casos de delitos gravísimos, como homicidios y otros hechos de extrema violencia, bajo parámetros que respeten el debido proceso, la defensa en juicio, el principio de proporcionalidad y la condición especial del adolescente.
Un sistema que no puede responder con claridad ante hechos de esta naturaleza carece de legitimidad ante la sociedad. Esto implica una respuesta ajustada a la gravedad del hecho y a la culpabilidad del autor. Cuando un adolescente comete un delito gravísimo, el Estado debe responder con proceso, garantías y una sanción específica en un instituto especializado.
El principio de especialidad como condición
Asimismo, en materia de responsabilidad penal juvenil debe regir de manera estricta el principio de especialidad. No se trata de aplicar el derecho penal de adultos con leves atenuaciones, sino de estructurar un subsistema autónomo, con justicia especializada, operadores capacitados, sanciones específicas y establecimientos diferenciados del sistema penitenciario común.
Las Reglas de Beijing y el art. 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño exigen autoridades y procedimientos especializados. Esto no es una opción política, sino una obligación jurídica internacional asumida por el Estado argentino.
La media sanción incorpora procedimiento especializado, defensa técnica obligatoria y reconocimiento de derechos de las víctimas. Un sistema penal democrático debe integrar ambas dimensiones: garantías para el imputado, más participación y reconocimiento del daño sufrido por la víctima.
Asimismo, el proyecto prevé la reparación integral del daño ocasionado y la responsabilidad civil de los padres por los hechos ilícitos cometidos por sus hijos.
Los que se oponen: una llamada a la responsabilidad institucional
En este contexto, quienes se oponen a cambiar el sistema actual, deben reflexionar sobre la responsabilidad que están asumiendo. No se trata de una elección menor entre alternativas filosóficas, sino de decidir si continuamos sosteniendo un régimen obsoleto que no da respuesta efectiva a la sociedad ni a las víctimas, o si avanzamos hacia un sistema de responsabilidad penal juvenil que combine garantías procesales, eficacia y una visión moderna de política criminal.
Bloquear esta reforma implica mantener un régimen de la dictadura, una norma que no ha demostrado eficacia para responder a las necesidades de seguridad, justicia y protección de la sociedad.
Responsabilidad, especialidad y Estado de Derecho
Para concluir, es preciso recordar que responsabilidad penal juvenil no es ‘mano dura’. Es Estado de Derecho. Es asumir que el adolescente es sujeto de derechos, pero también una persona responsable. Es proteger a la víctima y la sociedad sin abandonar al joven que cometió un delito.
La legislación vigente es ineficaz, no brinda respuestas adecuadas y termina generando espacios de impunidad.
La sanción de la ley es sólo el comienzo. Es adecuar el marco normativo hacia un paradigma de responsabilidad penal juvenil. Es por ello que la verdadera discusión es si queremos un sistema que funcione o seguir mirando para otro lado. En términos institucionales, avanzar no es una opción: es una obligación democrática.
*El autor fue Subsecretario de Política Criminal de la Nación, exjefe de Gabinete del Ministerio de Justicia de la Nación. Hoy es Secretario General del CPACF.
Martín Casares,Conforme a
POLITICA
Tras el anuncio de obras en el Hospital Garrahan, Manuel Adorni se reunió con el ministro de Salud
Luego de un año marcado por los conflictos en el sector de la salud y especialmente con los trabajadores del Hospital Garrahan, el jefe de Gabinete Manuel Adorni se reunió con el ministro de Salud, Mario Lugones, para llevar a cabo un análisis de su gestión y repasar las obras que se anunciaron para el hospital pediátrico.
La agenda del encuentro reflejó el peso institucional que ha cobrado el Garrahan en la discusión pública, tras meses en los que la atención estuvo puesta en los reclamos gremiales y la situación presupuestaria de uno de los centros de referencia en atención infantil de la región.
La cita celebrada en la sede del Ministerio de Salud congregó tanto a los equipos técnicos de la cartera como a representantes de los organismos que dependen de ella. El foco estuvo en revisar los avances de gestión y los pasos previstos para los próximos años, en un contexto en el que la administración busca consolidar un modelo de trabajo orientado a la sostenibilidad financiera y a la mejora de las prestaciones.
Durante el encuentro, se presentó un informe detallado sobre el estado actual de la gestión, el proceso de ordenamiento implementado y las metas planteadas para 2026, según se informó oficialmente. Entre los puntos destacados, se hizo hincapié en las acciones destinadas al fortalecimiento del Hospital Garrahan, que atraviesa una etapa de equilibrio financiero y avanza en la ejecución de un plan de obras de infraestructura y equipamiento.
El anuncio más relevante fue la llegada de las primeras 42 camas de un total de 310 que se incorporarán progresivamente para renovar el equipamiento, parte del cual tiene una antigüedad de treinta y ocho años. Esta actualización es considerada clave para mejorar la capacidad de respuesta del hospital y optimizar las condiciones de internación en diferentes áreas. Además, se informó sobre la reciente incorporación de un Acelerador Lineal Pediátrico, equipo que ya se encuentra operativo desde diciembre y que amplía las opciones terapéuticas para los pacientes oncológicos pediátricos.
El proceso de modernización contempla también la realización de reformas en sectores críticos del hospital, con el objetivo de garantizar estándares de calidad acordes a las exigencias actuales. Según fuentes de la cartera sanitaria, la inversión permitirá no solo renovar el parque de camas, sino también avanzar en la refacción de áreas clave, adaptando la infraestructura a las necesidades de atención compleja que demanda la población pediátrica.
Al referirse al contexto y el alcance de las reformas, el director médico ejecutivo del hospital Garrahan, doctor Mariano Pirozzo, explicó a Infobae: “Arranqué en julio con un mandato conciso y claro: garantizar la asistencia de los chicos en medio de un conflicto grave. Ahora estamos en un proceso de cambio estructural, un giro de 180 grados”.
El directivo recordó la importancia que tuvo el Garrahan durante su inauguración en 1987, cuando representó “algo disruptivo para la medicina” en la Argentina. Según Pirozzo, “había que cambiar las camas compradas el día de la inauguración, que nunca habían sido renovadas, y los quirófanos nunca habían sido modernizados”.
Sobre la magnitud del proceso vigente, el director médico insistió: “Estamos en el plan de obras más importante de la historia del hospital”.
Además, precisó que el procedimiento de reforma comenzó con un análisis de las posibilidades financieras entre julio y octubre: “Desde octubre en adelante hicimos todas las licitaciones de desarrollo, infraestructura y compra de equipos. La mayoría de las obras ya están iniciando y están casi todas cerradas”.
En el marco del encuentro, Manuel Adorni compartió en sus redes sociales un mensaje en el que calificó la reunión como “gran”. A través de su cuenta oficial, indicó: “Gran reunión con el ministro de salud Mario Lugones y su gabinete donde repasamos todos los temas de gestión”.
Hospital Garrahan,salud,camas,hospital,infraestructura médica,atención sanitaria,Buenos Aires,Argentina,instalaciones,medicina
El titular de la IGJ rechazó la movida de Kicillof que busca proteger a Chiqui Tapia y crece la tensión con la AFA
Tensión entre Cuba y Estados Unidos: qué hay detrás de la presunta “infiltración terrorista” que dejó cuatro muertos
Ley Penal Juvenil: avanzar no es una opción, es una necesidad
Tras el anuncio de obras en el Hospital Garrahan, Manuel Adorni se reunió con el ministro de Salud
El ‘Cuádruple A’ de Ubisoft es «esencialmente lo mismo» que vimos hace 14 años con Assassin’s Creed 3, según su director
Oficial: el Gobierno eliminó el presentismo y baja el sueldo de empleados públicos
Jorge Macri prepara su discurso para abrir el año legislativo: el deseo de reelección y el espejo en Bukele
Daiana Fernández Molero defendió la reforma laboral: “Va a haber mayor creación de empleo porque va a ser más fácil contratar en blanco”
Uno por uno, todos los famosos que saludaron a Mirtha Legrand por sus 99 años
Crisis en la industria: otra multinacional se achica y cierra una planta en la Argentina
POLITICA2 días agoJorge Macri prepara su discurso para abrir el año legislativo: el deseo de reelección y el espejo en Bukele
- POLITICA3 días ago
Daiana Fernández Molero defendió la reforma laboral: “Va a haber mayor creación de empleo porque va a ser más fácil contratar en blanco”
- CHIMENTOS3 días ago
Uno por uno, todos los famosos que saludaron a Mirtha Legrand por sus 99 años
