Cada vez más personas reciben avisos por movimientos en sus billeteras virtuales. No se trata de un impuesto nuevo, sino de controles más estrictos entre la información financiera y la que cada uno declara ante el fisco.

En las últimas semanas se multiplicaron las notificaciones enviadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el principal organismo fiscal argentino, vinculadas a movimientos registrados en billeteras virtuales. El fenómeno generó inquietud, consultas y temor en algunos casos.

Desde una perspectiva técnica, lo que ocurre no resulta sorpresivo: estamos frente a la consolidación de un modelo de fiscalización digital que el sistema tributario nacional viene desarrollando desde hace años. No implica un impuesto nuevo ni un cambio normativo abrupto, sino que es consecuencia lógica de un sistema financiero donde todos los movimientos quedan registrados.

Se mantiene una percepción extendida, sobre todo entre pequeños contribuyentes y emprendedores, de que las billeteras virtuales exponen menos ante el fisco que el sistema bancario tradicional. Este supuesto ya no se ajusta a la situación actual. Plataformas como Mercado Pago, Ualá, Naranja X y Personal Pay, entre otras, operan dentro del sistema formal y están alcanzadas por regímenes informativos sobre acreditaciones, saldos y volúmenes operativos.

La administración tributaria procesa esa información y, cuando los datos financieros no son coherentes con lo declarado en Monotributo, IVA o Ganancias, el sistema emite alertas. La clave no radica en la herramienta de pago utilizada, sino en mantener la consistencia fiscal.

La fiscalización tradicional era selectiva y posterior; hoy el control es sistémico y casi simultáneo. La tecnología permite cruzar información en volúmenes inéditos. Desde lo técnico, esto representa un cambio estructural: el riesgo fiscal ya no surge solo de inspecciones presenciales, sino de comparar automáticamente bases de datos. En la práctica, significa que la diferencia entre ingresos reales y lo declarado se detecta con mayor rapidez.

Existe debate sobre el alcance de los parámetros utilizados o la necesidad de garantizar los derechos del contribuyente frente a procesos automatizados. Ese diálogo es válido, pero no puede desconocerse que el control digital ya forma parte estable del sistema.

Un problema frecuente: la desactualización fiscal y los cambios en la actividad

En la mayoría de los casos, el conflicto se origina por desactualización de datos o por cambios en la actividad económica no reflejados oportunamente. Por ejemplo: emprendedores que comenzaron con actividad marginal y luego obtienen ingresos regulares; monotributistas que superan parámetros sin advertirlo; personas que cobran servicios mediante billeteras digitales sin formalizar la actividad; transferencias personales mezcladas con cobros comerciales.

El sistema tributario no evalúa la intención de la persona, sino los números: cuánto dinero se mueve, con qué frecuencia y si esos ingresos se repiten. Cuando los movimientos resultan habituales y persiguen un fin económico, la ley los considera actividad gravada. Este principio es básico en materia tributaria.

En ocasiones se cree que una diferencia detectada por ARCA se circunscribe a ese único trámite, pero no siempre es así. La información se comparte y cruza entre organismos. Dado que el sistema tributario argentino es federal, una inconsistencia puede impactar tanto en impuestos nacionales como en tributos provinciales, por ejemplo, Ingresos Brutos.

Pensar que una notificación afecta únicamente la categoría de monotributo resulta una visión incompleta. El análisis debe contemplar todas las consecuencias posibles.

Cuando una diferencia no se corrige a tiempo, puede derivar en exclusiones, ajustes de oficio, intereses y multas acumulativas.

Hoy el control funciona, en gran medida, de forma automática. Los sistemas detectan diferencias a partir de cruces de datos, pero no determinan de manera autónoma si una transferencia fue un préstamo familiar, un movimiento entre cuentas propias o un ingreso gravado si no se encuentra respaldada documentalmente.

Ante una notificación, el contribuyente debe poder explicar y documentar sus movimientos con claridad. No conviene improvisar. Responder sin análisis previo puede implicar reconocer situaciones que requieren más estudio; no responder puede ocasionar ajustes automáticos; regularizar sin planificación lleva a pagar importes mayores a los que corresponderían.

Cada caso es diferente y requiere evaluación técnica. Un error frecuente es suponer que los movimientos pequeños o divididos en montos bajos no generan efectos. Los sistemas no observan una operación aislada, sino los patrones, la frecuencia y los montos acumulados a lo largo del tiempo. No es una transferencia única la que genera alerta, sino la incoherencia entre el total movilizado y lo declarado formalmente.

En la actualidad, los movimientos dejan registro y pueden ser cruzados. Suponer que lo digital es invisible va en contra de la realidad del sistema.

Desde la perspectiva profesional, la mejor estrategia ante este escenario es preventiva. Ordenar la situación fiscal implica revisar periódicamente la categoría de monotributo, evaluar la evolución real de ingresos, separar cuentas personales y comerciales, documentar adecuadamente préstamos o movimientos internos y analizar el impacto en tributos nacionales y provinciales.

La regularización temprana es menos costosa que una corrección posterior. Debatir sobre la carga impositiva o la complejidad normativa resulta legítimo. Sin embargo, el control digital ya es un hecho consolidado.

Hoy el sistema se basa en información y hay una gran cantidad disponible. En este entorno, restar importancia a una diferencia detectada o confiar en que pasará inadvertida puede acarrear consecuencias. La experiencia profesional muestra que, cuando las inconsistencias persisten, con el tiempo se acumulan y el costo resultante es mayor que si se hubieran corregido oportunamente.

No se trata de generar temor, sino de tratar el control digital con seriedad. Hoy el sistema tributario funciona respaldado por el cruce inmediato de información; improvisar aumenta el riesgo. Mantener la situación ordenada, custodiar respaldos y planificar de forma adecuada no se limita a cumplir una obligación formal: protege el patrimonio y la continuidad de la actividad.

La formalidad deja de ser teórica y se convierte en una condición para obtener previsibilidad y estabilidad en el tiempo.

En un contexto donde los sistemas analizan datos de manera automática y masiva, el asesoramiento técnico con criterio profesional sigue siendo la mejor herramienta. Prevenir siempre es más simple y menos costoso que corregir errores tiempo después.

La autora es Contadora Pública, especializada en tributación y docente UBA

La quiebra de Garbarino generó impacto. Es que si bien la empresa atravesaba hace años una profunda crisis, lo cierto es que en algún momento fue uno de los principales vendedores de electrodomésticos de Argentina, con más de 200 sucursales en todo el país.

En la semana, el juez Fernando D’Alessandro concluyó que no existían condiciones para continuar con el concurso preventivo iniciado en 2021 y decretó la quiebra, luego de que fracasara el proceso de salvataje abierto para intentar rescatar la compañía.

Hasta entonces, permanecían abiertos solo tres locales de Garbarino: aunque uno de ellos rara vez levantaba sus persianas. En otro, tal como pudo comprobar iProfesional, el stock era realmente limitado.

Sin embargo, esos artículos que quedaron sin vender, tanto en sucursales como en su casi desactivada página web, tienen contemplado un futuro según reza el auto de quiebra: serán «liquidados», probablemente en una subasta que decida la Justicia, y lo que se recaude irá a parar a manos de los acreedores.

Quebró Garbarino: qué pasará con sus bienes y el stock que quedó sin vender

Según el último informe del síndico, en el marco del concurso de acreedores, durante enero de este año Garbarino vendió solo por $1.769.581,45 en sus sucursales. «No hubo cobro de comisiones por Marketplace», se aclaró.

Informó que al 31 de enero, el stock de mercadería contaba con 1.597 unidades, que «según inventario no fue valorizado». «Hay mercadería obsoleta, y deteriorada con poco valor. Al llevar un extenso tiempo sin compra de bienes de cambio, situación informada en todos los escritos que mensualmente presenta esta Sindicatura la mercadería por su antigüedad no es la buscada por el público», detalló el informe.

Teniendo en cuenta ese informe, y el escaso ritmo de ventas que mantuvo la cadena en sus últimos meses, es de esperar que el stock de mercadería al momento de la quiebra se mantenga en niveles similares a los de fines de enero.

Al respecto, el auto de quiebra del 4 de marzo de 2026 del Juzgado Comercial N.º 7 dispuso entre otras cosas qué sucederá con los activos, mercadería y bienes que tenía la empresa.

En concreto, con la quiebra se activa el art. 106 de la Ley de Concursos y Quiebras, que implica desapoderamiento de pleno derecho. Es decir que Garbarino como empresa pierde el control de todos sus bienes. Desde ahora los maneja la sindicatura bajo supervisión del juzgado.

Esto incluye: mercadería (electrodomésticos, stock); muebles y equipamiento de locales; cuentas bancarias; marcas y activos intangibles; vehículos; inmuebles si hubiera y participaciones societarias

Se deberá realizar un inventario de todos los bienes y se tiene que informar la composición del activo, ubicación de cada bien, estado, gravámenes o prendas y cualquier dato que permita conocer el patrimonio real.

Esto sirve para que luego la sindicatura arme el inventario y la valuación de la quiebra.

Qué pasa con los electrodomésticos y otros bienes

En su resolución, el juez ordenó verificar los locales y depósitos y, si existen bienes, proceder al inventario. Eso significa que se identifican los electrodomésticos que queden, se registran en inventario y luego se liquidan en subasta o venta autorizada por el juez

Pero no será de un día para otro. En los plazos que fijó el juez, detalla en primer paso la verificación de créditos de acreedores, luego el informe individual de la sindicatura (con fecha límite 24 de agosto de 2026), después el informe general (5 de octubre) y recién allí comienza la etapa de liquidación más fuerte de activos.

Qué dijo el dueño de Garbarino luego de la quiebra

Carlos Rosales, el empresario que adquirió la cadena Garbarino en junio de 2020, habló por primera vez de manera pública tras la declaración de quiebra de la histórica empresa de electrodomésticos.

En una entrevista con el diario La Nación, defendió su gestión al frente de la compañía y atribuyó el colapso final a la situación macroeconómica del país, a decisiones del gobierno de Alberto Fernández y a las restricciones que afectaron al comercio durante la pandemia.

El empresario sostuvo que, al momento de la compra, la firma ya atravesaba una situación extremadamente delicada desde el punto de vista financiero. «Compramos una empresa que ya estaba profundamente en crisis. Estaba prácticamente en cesación de pagos y tenía apenas $30 millones de capital de trabajo. La adquirimos cuando nadie la quiso comprar a cambio de un peso y hacernos cargo de la deuda», afirmó Rosales, quien tras la quiebra fue inhabilitado por la Justicia para ejercer el comercio.

Según relató, el diagnóstico inicial que habían realizado sobre el estado de la empresa se agravó con el correr de los meses. «Hicimos un proceso de due diligence en plena pandemia y nos encontramos con un problema mucho más profundo. Pero ya estábamos en el partido y lo íbamos a jugar», señaló.

Rosales explicó que su equipo había elaborado un plan de transformación del negocio, que buscaba adaptar a Garbarino a un esquema más enfocado en logística y comercio electrónico. Entre las medidas previstas se encontraba una reducción significativa de la red de sucursales.

La estrategia contemplaba pasar de unos 140 puntos de venta a cerca de 60 locales, junto con una reorganización de funciones internas para evitar despidos masivos y mejorar la eficiencia operativa. De acuerdo con el empresario, también se había avanzado en la renegociación de deudas con entidades financieras.

«Refinanciamos deuda con los bancos por cerca de $500 millones, con entidades como Banco Santander y Banco Galicia, que equivalía a unos cinco o seis millones de dólares», explicó.

Sin embargo, aseguró que el segundo cierre de actividades dispuesto en abril de 2021, en el marco de las medidas sanitarias, terminó de afectar el proceso de recuperación que intentaba encarar la empresa. «La gestión venía bien, pero cuando un gobierno no tiene reglas claras, te mata. El nuevo aislamiento fue un golpe muy fuerte», sostuvo.

En ese sentido, Rosales consideró que el desenlace podría haber sido diferente bajo otro escenario económico. «Si en la Argentina de 2021 hubieran existido condiciones de seguridad jurídica y estabilidad como lo que hay hoy en el país, ni por asomo Garbarino hubiera quebrado«, afirmó.

Con la quiebra ya decretada, el destino de los activos de Garbarino quedará ahora bajo la órbita del juzgado que encabeza Fernando D’Alessandro. Entre los bienes a liquidar figuran las plantas industriales y las marcas comerciales Garbarino y Compumundo, que podrían generar interés entre inversores.

«Las marcas tienen mucho valor y mucho futuro. Algunos de los fondos que estuvieron mirando la empresa podrían interesarse en relanzarlas», aseguró Rosales.

Lo cierto es que con la quiebra de Garbarino bajó definitivamente sus persianas una marca con más de 70 años de historia, que supo ser líder en ventas de electrodomésticos.

Daniel Montamat, ex secretario de Energía, explicó en Infobae en vivo cómo el aumento internacional del petróleo podría impactar en los precios internos de los combustibles y qué factores condicionan ese traslado en la economía argentina

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Montamat sostuvo que la Argentina, como país exportador, está atada a las referencias internacionales de precios y debe ser cautelosa con cualquier intento de distanciarse de esa lógica. “Tenemos un mercado internacionalizado. Entonces lo que primero tenemos que observar es si es sostenible este precio en el mundo y este precio va a ser sostenible en función de la duración del conflicto”, manifestó al analizar el efecto de la guerra en Medio Oriente sobre las cotizaciones globales.

Montamat puntualizó que el impacto en los precios internos será paulatino y dependerá de la persistencia del conflicto. “La relación simple es si el barril de comercialización interna del petróleo, que sigue una relación con los precios internacionales, sube alrededor de un 15%, bueno, el traslado a precio de los combustibles finales, que tienen un componente impositivo, es cerca de la mitad. Esto si se sostiene en el tiempo”, aclaró. Según el ex funcionario, si el precio internacional se mantiene, el traslado local podría rondar entre “5 y 7%”.

El ex presidente de YPF recordó que el método de ajuste que utiliza la petrolera líder responde a promedios móviles de 15 días, por lo que los aumentos recientes ya comienzan a reflejarse en la formación de precios: “Nos manejamos con promedios móviles de 15 días. El promedio móvil de 15 días todos los días elimina un dato de hace 15 días atrás y suma uno nuevo. Ya está sintiendo ese promedio móvil la suba de estos últimos cinco días”, explicó Gonzalo Aziz en la mesa, a lo que Montamat asintió.

Respecto del impacto en la macroeconomía, Montamat precisó: “La incidencia que tiene el combustible en la inflación oscila entre el 2 y el 4% de la canasta”. Subrayó que los aumentos en combustibles no se trasladan de manera lineal al índice general de precios.

Frente a la consulta sobre la posibilidad de desacoplar los precios internos en contextos de crisis internacional, Montamat advirtió: “La regla es que tenés que mantener señales de precios internacionales y referencias internacionales. Si no, cualquier atajo genera desincentivos para la inversión en Vaca Muerta y en la producción local”. Recordó que el país sigue importando parte del gasoil y depende de mantener reglas claras para asegurar el flujo de inversiones.

Montamat remarcó que la elasticidad precio de la demanda también limita la capacidad de trasladar aumentos: “La demanda es sensible también a aumento de los combustibles. Entonces, si el precio de los combustibles, eh, se encarece mucho, va a bajar el consumo. Y todo esto incide en las cuentas que tienen que hacer, eh, las empresas que están comercializando combustible”.

El ex secretario de Energía valoró la potencialidad exportadora de la Argentina, pero pidió no sobredimensionar el viento de cola: “Este país que hoy exporta petróleo es tomador de precios internacionales, no lo fijamos nosotros los precios internacionales. Y estos precios internacionales se han hecho muy volátiles porque al componente puramente económico se le suma ahora todo este componente geopolítico”.

Consultado sobre mecanismos para proteger al consumidor en situaciones excepcionales, Montamat propuso: “Si esto se sostiene en el tiempo y va a haber cuatro mil millones de ingresos extra de exportaciones, ahí podría imaginarse, ¿eh? Si se sostiene en el tiempo, ¿eh? Algún tipo de, de gravamen extraordinario para, eh, financiar un atenuante, ese fondo contracíclico, eh, para, para atenuar, eh, la incidencia de eso en el precio de los combustibles”. Remarcó que la Argentina históricamente ha tenido dificultades para constituir fondos de ahorro en épocas de bonanza, lo que limita la disponibilidad de recursos en momentos críticos.

Montamat descartó que un aumento del 10% en combustibles se traslade automáticamente a la inflación general, enfatizando que “esa suba puede ser de una vez y después bajar, y entonces la inflación sigue dependiendo de otros fenómenos macroeconómicos que el país todavía no tiene resuelto”.

Finalmente, el ex funcionario destacó las ventajas que tendría un desarrollo más intenso del gas y del GNL para otros sectores productivos: “Si tenemos un gas de menos de tres dólares el millón de BTU en boca de pozo y una electricidad entre 40 y 50 dólares en megavatio/hora, tenemos una gran ventaja comparativa para desarrollar en otros circuitos productivos ventajas competitivas”.

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