POLITICA
Por pedido de Karina Milei, Sebastián Pareja impulsa lavado de cara en el armado bonaerense de LLA

Por exigencia de Karina Milei, Sebastián Pareja inició un intento de purga en el armado bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) para lavar la imagen del espacio, aunque la renovación es cuestionada por consistir en enroques entre punteros peronistas, barrabravas y familiares.
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La orden fue clara: hacer limpieza o, cuanto menos, barrer la mugre bajo la alfombra. La primera cabeza en rodar fue la de Fabricio Martínez, coordinador de la tercera sección electoral y personaje de un extenso prontuario. Exjefe de la barrabrava de Club Social y Cultural Deportivo Laferrere, Martínez sobrevivió a un intento de asesinato en 2022, cuando su auto recibió más de treinta disparos. A pesar de sus antecedentes judiciales y su falta de ingresos declarados, había sido ungido por Pareja como un “destacado líder político dentro del movimiento libertario”.
Sebastián Pareja junto al barra Fabricio Martínez.
Ahora, Martínez será removido de ese cargo. Formalmente, lo reemplazará Juan Esteban “Juanes” Osaba, aunque versiones internas aseguran que el barra pasará a colaborar con Andrea Vera en el armado de la primera sección. Vera, la hija del polémico diputado provincial Ramón “Nene” Vera que fue denunciada por ejercicio ilegal de la medicina, ahora fue designada por Pareja como nueva coordinadora seccional en reemplazo de su padre.
El nombramiento fue comunicado en el grupo oficial de WhatsApp de referentes de LLA por el propio Pareja, quien escribió: “¡Buenas tardes a todos! Les queremos comentar que debido a las nuevas funciones que asume el diputado provincial Ramón Vera en virtud al proceso electoral en marcha, se ha tomado la decisión de que desde el día de hoy la doctora Andrea Vera, secretaria General Adjunta del partido y excandidata a intendente del partido de Moreno, asuma formalmente como nueva coordinadora de la primera sección electoral. Sin perjuicio de ello, tanto Ramón y yo siempre a disposición de todos ustedes. ¡VLLC!.
Gatopardismo
Sin embargo, el pase de manos no calmó las aguas. Desde dentro del espacio denuncian que la supuesta “renovación” no es más que un enroque entre familiares y punteros con causas pendientes. Trascendió además que Vera buscaría imponer a su esposa, Patricia Alejandra Guaymas, como candidata en Pilar, mientras el descontento crece en distritos clave como Suipacha, Navarro y Mercedes.

El «Nene» Vera y su incuestionable pasado K.
En Navarro, militantes denunciaron públicamente al coordinador Leonardo Benítez y a Ramón Vera por implementar prácticas coercitivas y pactar con barras como Rafael Di Zeo. La escena es tan caótica que hasta los propios libertarios comenzaron a filtrar información para exponer a la cúpula, a la que ya “no soportan”.
En Suipacha, el armado local de LLA atraviesa una crisis por el ingreso de dirigentes kirchneristas y sindicalistas vinculados al peronismo, como Claudia del Valle y Claudio Carrasco, lo que ha generado fuertes críticas internas y denuncias de “traición” al ideario libertario.
En Mercedes, el candidato a intendente por La Libertad Avanza, Rafael Velásquez, fue denunciado junto a su esposa, funcionaria kirchnerista, por usurpar propiedades y alquilarlas ilegalmente, en una causa que agrava el historial de escándalos dentro del armado de Javier Milei. Exmilitante ultra K vinculado a Wado de Pedro y Carlos Zannini, Velásquez ya había sido acusado de proteger a La Cámpora desde el espacio libertario.

El mercedino Rafael Velásquez con Javier Milei y Eduardo «Wado» de Pedro.
“Se traicionaron todos los principios del liberalismo”, afirman. Y señalan que el verticalismo de Pareja –el mismo que fracasó en articular con Carolina Píparo y Néstor Grindetti en 2023– hoy amenaza con desarticular todo el frente en la provincia más importante del país.
ETIQUETAS DE ESTA NOTA
Rafael Di Zeo, Cristina Fernández de Kirchner, Carolina Píparo, Néstor Grindetti, José Luis Espert, Karina Milei, Mauricio Pollacchi, Sebastián Pareja, Rafael Velásquez, Ramón Vera, Andrea Vera, Juanes Osaba, Fabricio Martínez, Juan Sebastián Osaba, Leonardo Benítez, Guaymas
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POLITICA
Las reglas que fija la ley para un juicio en ausencia

El juicio en ausencia, como el ordenado en la causa AMIA, es un juicio oral similar al que afronta cualquier acusado, con fiscal, testigos que declararan frente al tribunal, análisis de distintas pruebas, alegatos y un veredicto. Sin imputado no hay indagatoria y esa es la diferencia central.
Aunque no esté presente, el acusado no pierde su derecho de defensa. Por eso, el primer paso consiste en notificar “al defensor y, en su caso, a los familiares o allegados del imputado” de la decisión judicial de continuar con el proceso en ausencia.
No cualquier juicio puede hacerse en ausencia. Es solo para determinados delitos graves previstos por la ley.
“Si el imputado declarado ausente no tuviere defensor, el juez le designará uno de oficio”, dice el Código Procesal Penal, que prevé que en cualquier etapa del proceso el imputado pueda “designar un defensor de su confianza”. Será entonces el abogado defensor quien ejerza los derechos que las leyes le confieren a los acusados.
Para que el juicio en ausencia sea válido debe ser “registrado por medios audiovisuales”. Y tanto esos registros como los elementos de prueba ofrecidos “deberán ser resguardados hasta la culminación definitiva del juicio” y preservados por 100 años.
Un juicio que comenzó “en ausencia” puede dejar de serlo. La ley prevé expresamente que el imputado está habilitado a presentarse durante la realización del debate y “tendrá derecho a ser oído”.
Una vez que se dictó la sentencia condenatoria, también podrá presentarse -dentro de los 10 días- y solicitar la realización de un nuevo juicio, siempre que acredite que no se enteró del proceso en su contra o que se enteró pero tuvo un “grave y legítimo impedimento” para asistir.
Además, el condenado podrá interponer un recurso de revisión contra la sentencia firme, siempre que existan “hechos o elementos de prueba que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, demuestren que el hecho no existió, que el condenado no es responsable, que su participación en el hecho fue distinta de la establecida en la sentencia, que el hecho encuadra en una norma penal más favorable o que la pena impuesta no está justificada”.
El condenado tendrá derecho, además, a todos los recursos que le corresponderían en un juicio común, que podrán ser intentados por su defensor.
El juicio en ausencia es ley desde marzo de este año. Lo promovió el Gobierno y desde un primer momento fue pensado como una forma de avanzar con el proceso por el atentado a la AMIA.
El juicio en ausencia procederá únicamente contra un imputado que está rebelde y, conociendo la existencia del proceso en su contra, no se presenta en los tribunales, dice la ley. También, si se libró una orden de captura pero pasaron cuatro meses y no se lo encontró, o si fracasó el pedido de extradición.
El juicio en ausencia está previsto para delitos graves como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión, la desaparición forzada de personas, la tortura y el terrorismo.
POLITICA
El Gobierno celebró la decisión de realizar el juicio en ausencia a los acusados por el atentado a la AMIA

El Gobierno festejó la decisión de la Justicia de que 10 acusados por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 sean juzgados en ausencia. Se trata de una resolución del juez federal Daniel Rafecas a raíz de un pedido de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA (UFI AMIA).
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, expresó en sus redes: “Los terroristas acusados del atentado a la AMIA podrán ser juzgados. Gracias a la Ley de Juicio en Ausencia que impulsamos, la Justicia ahora tiene las herramientas para juzgar a los acusados por el atentado en la AMIA, en el que asesinaron a 85 argentinos”.
Leé también: Milei busca contener la interna de Santiago Caputo con Martín y Eduardo “Lule” Menem para evitar que impacte en el armado electoral
Noticia que está siendo actualizada.-
Gobierno, AMIA
POLITICA
Cuándo es el día del empleado público

El calendario de junio marca una jornada especial para los trabajadores estatales en la Argentina. Esta fecha implicó históricamente una pausa en las actividades cotidianas de la administración. Este año el panorama presenta una alteración significativa, producto de una decisión del Ejecutivo nacional.
El Día del Trabajador del Estado se celebra cada 27 de junio. La elección de la fecha rememora la aprobación del Convenio Nº 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1978, que recomienda a los países miembros la negociación colectiva y el derecho de sindicalizarse para los trabajadores del sector público.
La Ley 26.876, sancionada por el Congreso de la Nación el 3 de julio de 2013, estableció oficialmente esta efeméride. Hasta la reciente modificación, la ley disponía que esta fecha se considerara como un día de descanso para los empleados de la administración pública nacional.
Este año la jornada no implicará un cese de actividades para los empleados públicos nacionales. El Gobierno nacional anunció este miércoles, a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, la eliminación del asueto correspondiente a esta fecha. La comunicación se produjo a solo dos días de la conmemoración, prevista para este viernes.
La medida se formalizará mediante un decreto que derogará la normativa vigente que establecía este día como no laborable. Adorni justificó la decisión en la conferencia de prensa habitual: “El Estado no es un lugar donde deban tomarse un sabático o privilegio que el trabajador del sector privado carece”.
Como consecuencia directa del anuncio oficial, todas las dependencias de la administración pública a nivel nacional permanecerán abiertas y operativas el próximo viernes 27 de junio. Esto incluye ministerios, secretarías, subsecretarías y organismos descentralizados y autónomos.
Entidades como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la Corte Suprema de Justicia, defensorías, comisiones, agencias e institutos que dependen del Estado nacional mantendrán su funcionamiento habitual.
La decisión gubernamental generó una rápida respuesta desde el sector sindical. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), uno de los gremios más críticos con la administración actual, calificaron la medida como un “acto despótico propio de un régimen autoritario y autocrático”.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, expresó en redes sociales: “EN LA ARGENTINA NO EXISTEN LOS EMPERADORES, MILEI!! El único que goza de privilegios del Estado sos vos @madorni, cara dura. Llenaste la Secretaría de Comunicación de familiares y militantes libertarios con sueldos millonarios”.
Durante la misma conferencia de prensa del miércoles, Adorni realizó otros anuncios que reflejan la línea de gestión. Criticó la administración anterior de Sergio Massa en el Ministerio de Economía y de Malena Galmarini en AYSA. Señaló que la obra del Sistema Riachuelo, que según Massa finalizaría un gobierno peronista, la concluyó la actual administración.
El portavoz también informó sobre cambios en los subsidios para clubes de barrio y de pueblo. Indicó que se realizará una “revalidación de la inscripción” para percibir esos beneficios. El objetivo es evitar que se destinen a “clubes de élite” que, según el Gobierno, no los necesitan.
Consultado sobre el reciente aumento del desempleo, Adorni lo calificó como una “suba marginal”. Atribuyó este incremento a una mayor cantidad de personas que buscan trabajo, lo que eleva la tasa de participación en el mercado laboral a niveles récord, cercanos al 48%. “Cuando ese mercado es más amplio, la creación de empleo no se ve reflejada en el índice de desocupados”, explicó.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
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