ECONOMIA
Caputo libra la batalla por el salario y presiona para alinear los sueldos con el objetivo de inflación
Otro 1° de Mayo en el que el salario vuelve a estar en el epicentro de la discusión. Pero, a diferencia de lo que ocurría durante la gestión de Alberto Fernández, ahora la CGT no convoca a marchas hacia las sedes empresariales para culparlos de la inflación, sino que responsabiliza al plan económico de Javier Milei por las dificultades de los trabajadores para llegar a fin de mes.
Inevitablemente, el salario y las negociaciones paritarias vuelven a ser un tema político, porque más allá de las cifras, cada sector hace sus interpretaciones sobre lo que vendrá en el futuro en materia de inflación.
Nada ilustra mejor esa situación que la falta de acuerdo sobre el salario mínimo en la reunión trimestral del Consejo del Salario, donde participan los sindicatos, las cámaras empresariales y el gobierno. Se daba por descontado que habría desacuerdo, pero aun así llama la atención la distancia entre las pretensiones de cada parte: lo ofrecido por el sector empresarial es menos de la mitad de lo que plantearon las centrales CGT y CTA.
El gobierno defiende la tesis de que los salarios terminaron el año pasado con una recuperación y que ahora, en el marco de una economía que se recupera -según Milei está ya en una velocidad de crecimiento de 10% interanual- el crecimiento del poder adquisitivo será más acelerado.
Del otro lado, el argumento es, obviamente, el riesgo inflacionario, luego del inesperado 3,7% de marzo y de la incertidumbre cambiaria por el levantamiento del cepo.
Lo cierto es que, aunque en el discurso oficial solamente se hable de «las tres anclas» -fiscal, monetaria y cambiaria-, en el gobierno también consideran que el salario debe mantenerse bajo control, sin que algún «desborde» en las paritarias incida negativamente sobre las expectativas inflacionarias. Una especie de «cuarta ancla» para bajar la nominalidad de la economía.
En este mismo momento hay negociaciones abiertas en algunos de los gremios más grandes y de mayor visibilidad, como el camionero, el de comercio y el de los estatales. Todos habían llegado a acuerdos y pidieron revisión ante lo que consideran como un empeoramiento del contexto macroeconómico.
La pulseada por la expectativa inflacionaria
Es por ese motivo que Toto Caputo ha centrado sus esfuerzos de comunicación en la «marcha atrás» que dieron las grandes empresas alimenticias y las cadenas supermercadistas, que habían remarcado precios tras el levantamiento del cepo.
Y no fue casual tampoco el «timing» del anuncio de YPF sobre la rebaja promedio de 4% en los precios de los combustibles. Se trata de un rubro que no solamente afecta a los automovilistas sino que incide sobre toda la cadena logística.
Pero, sobre todo, el mayor esfuerzo argumental que ha dejado el gobierno en estos días es que lo ocurrido en marzo fue más un accidente que un cambio de tendencia. En otras palabras, que el IPC de abril no solamente será inferior sino que se mostrará más cercano al 2,4% que se había registrado en febrero.
No es un tema que al gobierno le resulte fácil de instalar. De hecho, en la encuesta que realiza mensualmente la Universidad Di Tella sobre expectativas inflacionarias, se registró un cambio de tendencia: en abril empeoró la previsión de los consumidores, que esperan un 41,% de aumentos para los próximos 12 meses.
Por otra parte, ni bien se produjo el levantamiento del cepo, hubo consultoras que al ver las remarcaciones de precios se aventuraron a pronosticar inflaciones en torno de 4% hasta junio inclusive.
Con ese marco de escepticismo, para el gobierno fue un logro el hecho de que el convenio más numeroso, el del comercio -que aglutina a más de un millón de asalariados- haya acordado cifras relativamente alineadas con el plan de inflación diseñado oficialmente.
El acuerdo implica que para el trimestre abril-junio habrá una suba de 5,4%, en tres tramos no acumulativos: 1,9% en abril, un 1,8% en mayo y un 1,7% en junio.
El Indec marca una recuperación
A inicios de año, las paritarias habían comenzado con una llamativa tranquilidad, en la que el sendero descendente del IPC hacía que los dirigentes sindicales mostraran una buena disposición a converger hacia las cifras que pretendía el gobierno.
El caso más emblemático, como es habitual, fue el de los camioneros de Hugo Moyano, que el gobierno sigue con particular interés porque suele ser tomado como referencia por el resto del mercado. Era un momento de optimismo, en el que Toto Caputo anunciaba el crawling peg al 1% mensual y pedía que los salarios no pasaran del promedio del 1,5% mensual -que era la inflación objetivo marcada por el plan «de las tres anclas».
Y el gobierno consideró uno de sus mayores logros políticos que Moyano haya accedido a suavizar su propuesta original, que era de un 8% para el trimestre diciembre-febrero: quedó en tres subas mensuales que acumulaban un 5,5% -a lo que, como es tradicional, se agregaba una suma «no remunerativa»-.
En todo caso, el mensaje era claro, los salarios debían seguir la línea marcada por el gobierno, dado que la inflación iba en descenso y, para mejor, la canasta básica -es decir, la que marca el consumo mínimo para estar sobre la línea de pobreza- mostraba un freno mayor que el promedio de los precios.
Hasta febrero, las cosas salieron como el gobierno preveía. Y eso quedó confirmado por los datos estadísticos oficiales que acaba de difundir el Indec. El salario del sector registrado tuvo, entre diciembre y febrero, un incremento promedio de 7,4%, a tono con la inflación del trimestre -como es habitual, con el sector estatal tres décimas debajo del privado-.
Y si se considera el promedio general, que incluye a los trabajadores no registrados, entonces la recomposición fue mucho más alta, dado que el Indec midió para esos cuentapropistas y trabajadores informales una mejora de 25% en el trimestre.
Pero claro, todos estos números son promedios por sector, y además hacen la medición «entre puntas», que siempre subestima la erosión cotidiana del salario. Es por eso que los ante las cifras del Indec que esgrimen los funcionarios, los sindicatos también muestran sus propios cálculos, que en muchos casos específicos muestran todavía un nivel de compra inferior al del recambio gubernamental.
El punto de inflexión sindical
Lo cierto es que el 3,7% que marcó el IPC de marzo cambió por completo el panorama. Los camioneros de Moyano que habían marcado la pauta alineada con el gobierno en el inicio del año, ahora están reclamando una recomposición.
Lo cierto es que hay un empeoramiento en la relación de los sindicatos y el gobierno. Es algo que ya quedó en claro cuando la central sindical CGT salió de su tesitura negociadora y convocó a inicios de abril a un paro general -el tercero de la era Milei-.
Más allá de que el paro tuvo una adhesión regular por el no acompañamiento del gremio transportista, la cúpula gremial envió un mensaje claro respecto de las dudas que habían surgido sobre la sostenibilidad del plan económico. Y, como ya había ocurrido otras veces, el mayor nivel de adhesión al paro no estuvo entre los trabajadores de menores ingresos -como pueden ser los empleados de comercio o los cuentapropistas que hacen servicio de delivery, sino los afiliados a los grandes gremios de sectores poderosos, como la banca, la logística, la industria y la energía.
Desde ya, el sector público fue uno de los protagonistas de la protesta, algo que se explica no sólo por su retraso salarial durante el año pasado sino por el temor a la pérdida de puestos de empleo en el marco de las reformas anunciadas por el ministro de Desregulación estatal, Federico Sturzenegger.
Las últimas protestas tienen una diferencia importante respecto de las primeras movilizaciones que había convocado la CGT: antes, el tema principal de controversia era el regreso del impuesto a las Ganancias para los asalariados de nivel más alto, así como la reforma en el sistema de obras sociales.
Ahora, el foco está puesto en el nivel salarial, algo que legitima a la cúpula sindical ante sus bases de trabajadores con menores ingresos. De hecho, entre las principales quejas contra Caputo está su tendencia a interferir en las negociaciones –por la vía de no homologar aumentos demasiado altos-, algo sobre lo que los sindicalistas suelen ironizar, porque no se condice con la ideología liberal del gobierno.
Las nuevas protestas sindicales apuntan también a los compromisos de reformas estructurales que el gobierno firmó en el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en especial la reforma del marco legal del trabajo.
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La conducción de ATE rechazó la iniciativa del gobierno y advirtió que se viene «un diciembre muy caliente». Fuerte reclamo por la actualización salarial.
29/11/2025 – 13:00hs
El consejo federal de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) dispuso una huelga nacional con movilización para el día que se trate la reforma laboral en el Congreso. Paralelamente, el sindicato se refirió a la falta de una propuesta salarial en el marco de la paritaria del sector, por lo que el secretario General, Rodolfo Aguiar, advirtió que «tendremos un diciembre muy caliente y remarcó que «si el gobierno no otorga una mejora, estaremos frente a un ajuste sin precedentes para un periodo de 12 meses».
«El Consejo de Mayo terminó siendo una encerrona para el sindicalismo. Un ámbito distractivo y utilizado por el Gobierno para dilatar los tiempos. Están dadas todas las condiciones para convocar a una huelga general. Pasaron meses y no presentaron ninguna propuesta. Hasta la última coma de la reforma laboral se está escribiendo en las oficinas de Techint», remarcó.
Advierten sobre medidas de fuerza en diciembre
En un Confederal donde participaron los representantes de las 191 seccionales, se le otorgó mandato a la conducción nacional para decidir tanto el paro y la marcha contra el proyecto de reforma laboral como para la aplicación de protestas sorpresivas durante diciembre.
Sin mencionarla, pero apuntando a la gestión de la nueva Confederación General del Trabajo (CGT), Aguiar subrayó: «esperemos que después de 23 meses se hayan dado cuenta que el diálogo fracasó. Frente a los que están acostumbrados a imponer y no a consensuar, a los trabajadores nos queda solo la calle».
Explicó que «no nos oponemos al debate, en tanto y en cuanto se escuche la voz de los trabajadores e, inclusive, la de los empresarios Pymes, porque el tema de fondo no es la reforma laboral, sino el modelo que expulsa trabajadores como en los casos de Whirlpool, Essen o Ilva Porcelanato, solo por citar algunas empresas de primera línea que cierra y despiden personal».
Sin oferta salarial: «Deterioro del poder adquisitivo»
Por otra parte, ATE fue convocada a la paritaria del personal estatal. Al respecto, Aguiar sostuvo que «convocaron a una negociación virtual como si estuviéramos en pandemia. Se nota mucho que no quieren dar la cara. Si la estrategia es desalentar las medidas de fuerza, les avisamos que no les va a funcionar. Están tirando tanto de la piola que en cualquier momento se va a cortar».
El sindicato detalló que el recorte salarial se profundizó durante este año: Mientras la suba salarial de enero a octubre fue del 13,6 por ciento, la inflación alcanzó el 24,8 por ciento. «Concurrir a una paritaria sin ofrecimiento es apostar al conflicto. Debe existir un aumento ya», afirmó Aguiar. Asimismo, se informó que la paritaria de la Administración Pública Nacional pasó a un cuarto intermedio.
ATE denunció además la avanzada del gobierno en materia de persecución sindical, con detenciones de secretarios generales provinciales y denuncias penales como la recientemente efectuada por Patricia Bullrich contra Aguiar.
Según un relevamiento del gremio, «el nivel de deterioro salarial en el sector público es inédito. Por primera vez, el ingreso promedio cayó por debajo de la línea de pobreza. En la mayoría de los casos, los trabajadores están endeudados con el sistema financiero formal en más de un sueldo y medio. El pluriempleo llegó para quedarse en un Estado que a partir de los ingresos miserables está perdiendo trabajadores altamente calificados».
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Los argentinos compraron en octubre dólares por USD 4.669 millones, acumulando así casi USD 20.000 millones netos desde la apertura parcial del cepo cambiario. Y si se suman las compras de billetes por parte de las empresas, el monto total neto escala a más de USD 29.000 millones en lo que va de 2025.
Otro aspecto son los pagos de importaciones por sector a través del mercado cambiario, que sumó USD 6.067 millones, 9% por sobre octubre de 2024, y algo menor a las importaciones FOB que sumaron USD 6.755 millones (la diferencia se explica porque los importadores pueden también pagar vía mercados de cambio alternativos y con Bopreales).
El informe precisa que siete de los ocho sectores de actividad tuvieron aumentos interanuales en sus pagos de importaciones, con la sola excepción del sector “Oleaginosos y Cerealeros”.
El sector que por lejos demandó más dólares para pagar importaciones fue el automotor, con USD 1.479 millones, 2% más que en octubre del año pasado y casi el doble que el segundo sector que más divisas demandó: industria química, cauchos y plásticos, con USD 868 millones, un 6% más en la comparación interanual. El sector que porcentualmente más aumentó su pedido de divisas para cubrir importaciones fue el de “Comercio”, un 28%, a USD 672 millones, en tanto que -como ya se dijo- el de Oleaginosas y Cereales lo redujo un 22%, a USD 383 millones.
En tanto la cuenta “Servicios” registró un déficit de USD 1008 millones. El Banco Central estimó que los egresos brutos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales y los bienes despachados/enviados mediante servicios postales) fueron de USD 831 millones, explicados por gastos por tarjetas de USD 592 millones, otros USD 131 millones asociados a servicios de transporte y USD 108 millones a giros al exterior de operadores turísticos. Por su parte, los argentinos pagaron USD 169 millones en servicios digitales por medio de tarjetas. Y la entidad monetaria estimó que 70% de todos los egresos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas son directamente cancelados por los clientes con fondos propios en moneda extranjera.
En una entrevista radial este sábado Martín Redrado, expresidente del BCRA, vinculó el déficit cambiario a la incertidumbre del período preelectoral que -afirmó- “marcó el mayor grado de dolarización de los argentinos en un período preelectoral”. Al respecto, señaló que entre septiembre y octubre el 40% de los billetes y monedas en circulación más los depósitos a la vista que tenían los argentinos se pasó de pesos y dólares. Ese proceso, aseguró, “sin duda se va a revertir a partir de noviembre, pero la clave es lograr previsibilidad en materia cambiaria y de política monetaria, en que ha habido muchos vaivenes”.
Sobre la decisión del gobierno de que el Banco Central no compre reservas a menos que haya un aumento de la “demanda de pesos”, Redrado señaló la importancia de acumular reservas al menos con el superávit fiscal del Tesoro. “Hoy el BCRA tiene reservas netas negativas por USD 16.000 millones”.
La Argentina, resaltó, tiene reservas brutas equivalentes a apenas 6,5% del PBI contra un promedio del 14% de los países de América Latina y de 30% en el caso del Perú, modelo que algunos economistas ponderan por su estabilidad en el marco de un sistema “bimonetario”.
Entrevistado en radio Mitre, Redrado explicó que comprar reservas “es inflacionario si no hay demanda de pesos” y que la situación se puede revertir “si se da un horizonte de tranquilidad a los sectores productivos”.
“Hoy el dólar está cerca del techo de la banda. Tenemos el apoyo del Tesoro de EEUU pero la intervención del Tesoro de EEUU se dio en período de tensión y no va a continuar hacia adelante”, afirmó, y dijo que su aseveración era “en parte análisis y en parte información”.
“No veo al Tesoro de EEUU interviniendo nuevamente”, insistió.
Sobre el panorama inmediato en materia de demanda de divisas el extitular del Central distinguió dos períodos. Uno inicial, de aumento de la demanda de pesos por parte de las empresas para el pago de sueldos y aguinaldo. “Pero desde el 15 de enero el proceso eso se revierte -alertó- la gente sale al exterior y eso coincide con el pago a acreedores privados de USD 4.500 millones. Hay que clarificar cómo se va a pagar y cuánto el BCRA va a comprar de reservas, qué política monetaria va a tener”, concluyó.
ECONOMIA
Tarifas: el Gobierno implementará un nuevo régimen de subsidios y subirán los precios para luz y gas
El Ministerio de Economía abrió un procedimiento de consulta pública para revisar la estructura de subsidios a la luz, el gas y las garrafas, así como los precios mayoristas que se trasladan a las tarifas de los usuarios residenciales. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 484/2025 y constituye un paso clave en la transición hacia un esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que comenzará a regir el 1° de enero de 2026 en todo el país.
Según el Gobierno, el objetivo es otorgar la asistencia «solamente a quienes la necesitan, cuando la necesitan«, en línea con la estrategia de focalización del gasto público y la continuidad del ajuste fiscal previsto para el año próximo. La redefinición de la política tarifaria implicará, para un amplio sector de usuarios, un aumento en las boletas de luz y gas a partir del Año Nuevo.
Un proceso obligatorio de participación ciudadana
La consulta pública se apoya en principios constitucionales y en leyes como la 19.549, 27.275 y 27.742, que garantizan el derecho de los ciudadanos a acceder a información pública y a participar en decisiones que afectan servicios regulados. Además, la Corte Suprema, en el fallo CEPIS, estableció que modificaciones sustanciales en las tarifas deben pasar por instancias de deliberación.
En consecuencia, los cambios sobre los subsidios y sobre los valores del gas natural, el gas propano indiluido y el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) serán sometidos a consulta pública online en los próximos días, antes de la implementación definitiva.
Quiénes perderán y quiénes mantendrán los subsidios
El nuevo esquema modificará de manera directa la situación de millones de hogares. De acuerdo con estimaciones oficiales, 7.500.000 familias dejarán de recibir subsidios desde enero de 2026, lo que representa alrededor del 45% de la población. Los restantes 9.100.000 hogares continuarán recibiendo asistencia, aunque con cambios en los bloques de consumo subsidiables.
El Gobierno espera que esta reconfiguración permita reducir el gasto en subsidios energéticos del equivalente al 0,65% del PBI en 2025 al 0,5% en 2026, lo que significaría un ahorro cercano a 1.000 millones de dólares.
Uno de los cambios más relevantes es el desmonte del sistema de segmentación de tarifas vigente desde fines de 2022. Desaparecerán las tres categorías actuales según nivel de ingresos (N1, N2 y N3), y se pasará a un esquema binario compuesto por hogares sin subsidios y hogares con subsidios.
Hogares sin subsidios
Quedarán excluidos quienes cumplan alguna de estas condiciones:
-
Ingresos familiares superiores a tres canastas básicas totales (aproximadamente $3.641.397 mensuales).
-
Poseer tres o más vehículos con una antigüedad menor a cinco años.
-
Tener tres o más inmuebles.
-
Contar con una embarcación o aeronave de lujo.
Hogares con subsidios
Serán el resto de los usuarios que no cumplan simultáneamente los criterios de exclusión. En el caso de la electricidad, esto equivale a aproximadamente 9,1 millones de hogares que conservarán asistencia estatal.
Hasta ahora, estos grupos pagaban un porcentaje distinto del costo real de la energía:
-
Los de ingresos altos abonaban el 89% del costo de la luz y el 76% del gas.
-
Los de ingresos medios, el 44% y el 25% respectivamente.
-
Los de ingresos bajos, el 30% y el 20%.
Con el nuevo esquema, esa diferenciación será reemplazada por la divisoria entre hogares con y sin subsidios, eliminando las categorías intermedias.
Luz: nuevos bloques de consumo subsidiados
La segunda innovación importante es el cambio en la cantidad de energía subsidiable:
Los hogares que mantengan asistencia pagarán esos bloques al 50% del costo real, aunque habrá una bonificación adicional del 25% en enero de 2026, que se irá reduciendo durante el año hasta quedar eliminada en diciembre. En la práctica, los usuarios comenzarán el año pagando esos bloques con un 75% de descuento, que descenderá gradualmente.
El costo promedio del sistema eléctrico es actualmente de 75 dólares por megavatio-hora, monto que abonarán íntegramente los hogares sin subsidios.
Gas: precios mayoristas unificados todo el año
En el gas natural, el Gobierno aplicará un precio mayorista uniforme de 3,80 dólares por millón de BTU durante todo el año. Hoy el precio trasladado a tarifa es de US$ 2,90 en verano y US$ 4,50 en invierno. La unificación implicará un aumento en los meses de mayor temperatura, aunque con menor impacto debido a la baja estacional en el consumo.
Para los usuarios con subsidios, el Estado cubrirá el 50% del costo entre abril y septiembre, manteniendo un alivio en los meses de mayor demanda.
No será necesario reinscribirse: cómo quedarían las facturas en 2026
Las familias no deberán volver a registrarse en ningún padrón. La Secretaría de Energía utilizará las bases de datos existentes, aunque recordó que los usuarios podrán actualizar su información si lo consideran necesario.
El Gobierno difundió estimaciones preliminares sobre el impacto en las tarifas:
-
En electricidad, el 66% de los hogares pagará menos de $44.000 mensuales en verano, y el 81%, menos de $67.000.
-
En gas, durante el invierno, el 56% abonará menos de $14.000, mientras que el 75% pagará menos de $56.000.
Con la combinación de consulta pública, fin de la segmentación tradicional y nuevos bloques subsidiables, el Gobierno busca avanzar hacia un modelo en el que los subsidios estén más calibrados con la capacidad económica de cada hogar. Al mismo tiempo, procura reducir el peso fiscal de la asistencia energética, una de las variables centrales del programa económico.
La resolución y la consulta pública marcan, así, el inicio de una reestructuración integral de los subsidios que definirá el mapa tarifario de 2026.
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