POLITICA
La agenda del jefe del Comando Sur: una visita a la Base Naval de Ushuaia para ahuyentar el fantasma de China
La visita que hará hoy el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom), almirante Alvin Holsey, a la Base Naval de Ushuaia, donde el gobierno de Javier Milei proyecta edificar un Polo Logístico Antártico, esconde una pulseada internacional con efectos geopolíticos. Se trata de un ambicioso emprendimiento naval que aspira a convertir la ciudad más austral del mundo en la puerta de entrada al continente blanco y en el que han posado su mirada las potencias de Estados Unidos y China.
“La mayor preocupación de Estados Unidos es la influencia de China. Quieren estar tranquilos de que este proyecto nacional no tiene financiamiento o influencia del lejano Oriente”, reveló un jefe militar argentino a , al explicar el marcado interés del gobierno de Donald Trump por una base naval que se construirá en el fin del mundo.
Se estima que el proyecto rondará una inversión de 360 millones de dólares, pero más que el costo económico, a las principales potencias les interesa principalmente el valor estratégico y el impacto geopolítico. En el gobierno de Alberto Fernández hubo un acercamiento con China, para que el país asiático participara del financiamiento del proyecto, lo que provocó la reacción de Estados Unidos, aún durante la administración de Joe Biden.
Hoy el objetivo compartido entre los gobiernos de Javier Milei y de Donald Trump es “ahuyentar el fantasma de China” en el extremo sur del continente.
En abril de 2024, a cuatro meses de asumir, el presidente Javier Milei hizo un viaje de 6000 kilómetros, ida y vuelta a Ushuaia, para estar apenas dos horas con la general de cuatro estrellas Laura J. Richardson, antecesora de Holsey en el Comando Sur. El mandatario había estado el día anterior con ella en Buenos Aires y la sintonía se reflejó en la imponente formación militar que recibió a la comandante, con las estrofas del himno nacional de su país.
El emprendimiento de la Base Naval Integrada de Ushuaia también desvela al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, cuyos anhelos generan desconfianza en el gobierno de Estados Unidos. Fue uno de los más entusiastas defensores de la construcción del Polo Logístico Antártico durante la gestión de Fernández, cuando no ocultaba su entusiasmo por seducir al gobierno de Xi Jinping, sueño que en esa ocasión quedó a mitad de camino.
El mandatario fueguino destacó en sus apariciones públicas su interés por atraer inversiones de China en su provincia, especialmente en los sectores de turismo, tecnología, hidrocarburos y energías renovables. Se habló, incluso, de un posible financiamiento chino para renovar el puerto de Río Grande. En términos políticos se recuerda que Melella evitó encontrarse con la anterior jefa del Comando Sur en su visita a Ushuaia.
Fuentes castrenses estimaron a que la construcción del polo logístico constituye para el jefe del organismo militar norteamericano un punto vital para la proyección a la Antártida.
En ese sentido, la cercanía geográfica es vital y puede hacer la diferencia. Con una población de 80.000 habitantes, la ciudad de Ushuaia está a 1000 kilómetros del continente blanco, mientras que la base chilena de Punta Arenas (125.000 habitantes) se encuentra a 1400 kilómetros. Son los dos puntos más cercanos, frente a los 2200 kilómetros que separan a la Antártida de Lyttelton (Nueva Zelanda), los 2250 km de Holbart, en la isla de Tasmanis (Australia) y los 3600 kilómetros de Capedown (Sudáfrica).
Otro dato para tener en cuenta es que el sector antártico que reclama la Argentina se superpone con las pretensiones de Chile y el Reino Unido. En este caso, todas las discusiones y estrategias que rozan el continente blanco se reactualizan cuando las principales potencias reparan en que en menos de 20 años podría plantearse la necesidad de rediscutir el Tratado Antártico, que fija el uso exclusivo del continente blanco “para fines pacíficos”.
En sintonía con el gobierno de Milei, en las Fuerzas Armadas prevalece el criterio de que “la mejor forma de defender nuestra soberanía en el Atlántico Sur está asociada a la alianza con Estados Unidos”. Una posición que explica la visita de los últimos dos jefes del Comando Sur a Ushuaia en menos de un año.
Por otra parte, entienden que la importancia estratégica del paso bioceánico de Ushuaia se robustece en la medida en que el Canal de Panamá, otro cruce vital, enfrenta graves problemas de calado, que derivan en demoras difíciles de sobrellevar en el movimiento marítimo internacional.
La construcción de la Base Naval Integrada y el Polo Logístico Antártico constituye “el mismo proyecto en fases”, explicó una fuente cercana a la Armada. “La Base Naval Integrada tendrá sus instalaciones y será un impulsor de toda la actividad de mantenimiento y reparaciones marítimas de apoyo con participación privada”, fue la explicación.
El plan es construir el Polo Logístico entre las bahías Golondrina y Ushuaia, donde se emplaza la actual Base Naval, que se relocalizaría “con un desarrollo más apropiado a los desafíos actuales”.
La nueva Base Naval Integrada requerirá la construcción de un muelle y de viviendas para el personal militar asignado a la unidad, además de otras obras requeridas por la Fuerza Aérea y por el Comando Conjunto Antártico
POLITICA
Martha Pelloni, sobre el triple crimen: “Los narcos financian la política de la provincia de Buenos Aires”
Mientras continúa la investigación por triple crimen en Florencio Varela, la religiosa Martha Pelloni denunció con fuerza que “los narcos financian la política en la provincia de Buenos Aires” y aseguró que esta problemática “no es algo de hoy”. A pesar de la gravedad, afirmó con optimismo: “Vamos a salir adelante”.
En diálogo con A24, Pelloni analizó el asesinato de las tres jóvenes de La Matanza y señaló que “lo que va apareciendo día a día, relacionado con la Policía, los políticos y la Justicia, revela un entramado social terrible, sobre todo en Buenos Aires”.
Detuvieron al narco “Pequeño J”, el principal sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela
La religiosa advirtió que “el narcotráfico es un problema que supera este caso, afecta a todas las mujeres, con femicidios diarios donde la violencia se intensifica donde la droga está presente”. Subrayó además que “las mujeres son víctimas no solo de la violencia, sino también de la trata”.
Pelloni remarcó que esta crisis “está concentrada en la provincia de Buenos Aires” y lanzó una fuerte acusación: “aunque estén presos, los narcos siguen financiando la política y eso debe terminar. Lo sucedido no habría ocurrido si los políticos no estuvieran involucrados”.
En declaraciones anteriores, Pelloni ya había señalado la relación directa entre narcotráfico y política, especialmente tras la muerte de las jóvenes y la detención en Perú de Pequeño J, presunto jefe narco y autor intelectual del crimen.
El video:
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MARTHA PELLONI,Narcotráfico,Provincia de Buenos Aires,TRIPLE CIRMEN
POLITICA
Reglamentaron la ley que amplía el registro de datos genéticos y pone el foco en el ADN de violadores
El Gobierno oficializó este jueves un cambio de fondo en la política criminal argentina al aprobar, mediante el Decreto 709/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial, la nueva reglamentación de la Ley 26.879, que regula el funcionamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal.
El decreto establece que el Ministerio de Seguridad será la autoridad de aplicación de la ley, desplazando así a la órbita de Justicia que hasta ahora tenía bajo su control la base de datos. El texto ordena la transferencia de toda la información existente en el antiguo registro al nuevo sistema, que amplía su alcance a la investigación de una gama más amplia de delitos graves.
La decisión central del Ejecutivo responde a la necesidad de adaptar el marco normativo a los avances científicos y tecnológicos de los últimos años, así como a las modificaciones introducidas por la Ley 27.759, que amplió el objeto del registro.
Según el decreto, la individualización genética se considera “la herramienta más eficaz y certera usada para la identificación criminal”, y su uso forense resulta clave para el esclarecimiento de hechos bajo investigación judicial, la identificación de presuntos autores y la desvinculación de personas ajenas al delito.
En el considerando de la norma, enfatizaron que el almacenamiento, registro y tratamiento de los datos personales deberán realizarse bajo “estricto secreto y confidencialidad”, en línea con la Ley de Protección de los Datos Personales 25.326 y los convenios internacionales suscriptos por la Argentina.
Además, se dispone que los perfiles genéticos se almacenen en una base de datos separada de la información filiatoria de los aportantes, y que se guarde constancia de los funcionarios que accedan al registro, garantizando la trazabilidad y la administración segura de la información.
A su vez, subrayaron que el registro contribuirá a evitar la revictimización que se produce cuando los delitos quedan impunes, y que su objeto incluye también la identificación de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas, así como la discriminación de las huellas del personal que interviene en la escena del hecho delictivo.
En este sentido, la reglamentación prioriza el ingreso de perfiles genéticos de imputados, procesados y condenados por homicidios dolosos, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.
La nueva normativa refuerza la coordinación federal y la interoperabilidad entre jurisdicciones, promoviendo el intercambio de información con registros provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo con lo estipulado, esta base de datos contará con información proveniente de laboratorios acreditados bajo normas de la Organización Internacional de Estandarización (ISO) y del Organismo Argentino de Acreditación.
En cuanto a la conducción del organismo, el decreto dispone que, hasta que se sustancie el concurso público de oposición y antecedentes para la designación del director titular, el Poder Ejecutivo podrá nombrar a un director interino con especialización en genética forense y experiencia probada en la materia. La autoridad de aplicación deberá aprobar el procedimiento del concurso en un plazo de 120 días hábiles desde la entrada en vigencia del decreto.
Para esto, derogaron la reglamentación anterior, aprobada en 2017, bajo el argumento de “readecuar y reforzar el marco normativo vigente para el uso forense de datos genéticos, mediante el establecimiento de altos estándares de seguridad, confidencialidad, interoperabilidad entre jurisdicciones y respeto por los derechos fundamentales, con especial énfasis en la rigurosidad científica, la coordinación federal y la transparencia en el manejo de datos personales sensibles”.
La reglamentación también prevé la creación de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas, encargada de coordinar, asesorar y supervisar la implementación y funcionamiento del registro, así como de intervenir en el concurso para la designación del director.
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El anexo del decreto aclara cómo funcionará la recolección, almacenamiento y uso de perfiles genéticos en investigaciones penales:
- Para la obtención de perfiles genéticos de personas imputadas, procesadas o condenadas, la normativa exige que las autoridades judiciales ordenen la extracción de muestras biológicas dentro de los cinco días hábiles posteriores al acto procesal correspondiente. Se priorizarán los perfiles de imputados, procesados o condenados por homicidio doloso, abuso sexual, narcotráfico y robo agravado.
- Una vez extraída la muestra y configurado el perfil genético, el laboratorio interviniente deberá remitir al Registro, en un plazo de cinco días hábiles, la información filiatoria y genética pertinente, junto con copia de la resolución judicial.
- Los perfiles genéticos serán eliminados del Registro si la situación procesal no se resuelve y la investigación supera los tres años, o si una resolución judicial desvincula definitivamente a la persona de la causa penal.
- El Registro no podrá negar a los titulares el acceso a sus datos. Se deberá dejar constancia de las consultas y dar a conocer el procedimiento para solicitar la rectificación de datos erróneos, la cual deberá realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles.
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POLITICA
El Senado le exige a Guillermo Francos que aplique la Emergencia en Discapacidad y amenaza con removerlo de su cargo
En la sesión de este jueves, el Senado se opuso al decreto 681/2025 por el cual se promulgó la ley de Emergencia en Discapacidad -luego del rechazo del Congreso al veto de Javier Milei-, pero suspendió su aplicación. El Ejecutivo considera que el Parlamento omitió indicar la manera en la cual se financiaría.
La iniciativa, redactada por el legislador de la UCR Martín Lousteau, se aprobó en la sesión de este jueves por 54 votos a favor y cinco en contra. “(El Ejecutivo) está incumpliendo con la ley por no aplicar la Emergencia en Discapacidad”, advirtió Lousteau.
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Acompañado por los senadores Guadalupe Tagliaferri (PRO), Pablo Blanco (UCR) y Alejandra Vigo (Provincias Unidas), el senador de la UCR además apuntó contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al advertir que el funcionario se atribuye competencias legislativas al suspender la puesta en marcha de la Emergencia en Discapacidad.
Según explicó Lousteau, el ministro Coordinador tiene la obligación de realizar las ampliaciones y las modificaciones presupuestarias, para de esa manera asegurar el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Congreso.
“Hace dos años que no hay presupuesto por decisión del propio Gobierno, que impidió su tratamiento, por lo que desde entonces las partidas se asignan discrecionalmente“, concluyó el senador.
La iniciativa fue acompañada por el bloque de Unión por la Patria. “hay una falta de interpretación del Presidente de lo que es el Estado de Derecho, y esto genera una gran inseguridad jurídica”, argumentó el presidente del bloque, José Mayans.
Pedidos de moción de censura contra el ministro Francos
Por el incumplimiento de la puesta en marcha de la Emergencia en Discapacidad, tanto en Diputados como en el Senado -y desde distintos bloques opositores- hay pedidos de mociones de censura contra Guillermo Francos.
En la próxima sesión de la Cámara Baja (sería el 8 de octubre) se fijarían una fecha para tratar los pedidos de interpelación en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se trata del primer paso para llevar adelante una moción de censura. De aprobarse esa moción en ambas cámaras, el jefe de Gabinete perdería la confianza del Congreso y debería ser removido del cargo.
“Conforme al artículo 101 de la Constitución Nacional pedimos la interpelación del jefe de Gabinete para que cumpla con el artículo 19 de la Ley de Emergencia en discapacidad y asigne las partidas presupuestarias. Es su obligación legal. De lo contrario, deberá afrontar las consecuencias. Las leyes se cumplen”, posteó Fernando Carbajal, de Democracia para Siempre, uno de los espacios que realizó la presentación contra Francos. Desde Unión por la Patria, Encuentro Federal y Coherencia -el bloque que agrupa a los exlegisladores oficialistas- hicieron pedidos similares.
Qué es la moción de censura
Es el procedimiento por cual el Poder Legislativo puede exigir la responsabilidad política al Ejecutivo. Se requieren dos etapas. La primera, consiste en la aprobación de un pedido de interpelación a los efectos del tratamiento de la moción de censura. Esta etapa puede ser promovida en cualquiera de las cámaras y requiere una mayoría absoluta de los miembros.
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La segunda etapa de ejecución -la moción de censura- también requiere el voto de la mayoría absoluta sobre la totalidad de cada una de las cámaras y cuyo efecto es la remoción del funcionario. Sin embargo, no hay impedimento para que el Presidente vuelva a nombrarlo.
Senado, Discapacidad, Martin Lousteau
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