La Iglesia ratificó su rechazo al proyecto del oficialismo que propicia una baja en la edad de imputabilidad, como una medida que apunta a reducir los índices de violencia y de criminalidad en el país. Reclamó, en el mismo sentido, mayores “oportunidades de educación y formación laboral”, así como de contención familiar y social.

Con el título “Más oportunidades que penas”, en momentos en que el gobierno de Javier Milei espera avanzar con el proyecto en la Cámara de Diputados, la Comisión Episcopal de Pastoral Social advirtió que “no se trata de bajar la edad de imputabilidad, sino de asumir cambios profundos” para atender “una realidad que nos interpela”.

Ya en agosto del año pasado, el papa Francisco se había pronunciado en contra de la propuesta del gobierno argentino para llevar a 13 años la edad de imputabilidad, al dejar entrever que cualquier reforma del Régimen Penal Juvenil debe hacer foco en la “reinserción y la educación”. Se pronunció en un encuentro que mantuvo con representantes de la justicia federal en la Biblioteca del Vaticano.

Ahora, la comisión de Pastoral Social, que preside el obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, expresó en la declaración que “desde hace muchos años, la sociedad argentina viene padeciendo las consecuencias de administraciones políticas que no han sido capaces de crear una cultura del trabajo que incluyera a todos los habitantes y permitiera a todas las familias vivir con dignidad y procurarse los bienes necesarios para un auténtico desarrollo humano, laboral, social, económico y psicoactivo. Esto ha provocado innumerables problemas, entre los que se encuentra la inseguridad y la delincuencia juvenil”.

En medio del debate social y político sobre la baja en la edad de imputabilidad, una iniciativa que defendieron con énfasis los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), los obispos expresaron su “solidaridad con tantas personas que han sido víctimas de la violencia, algunas de ellas por delitos cometidos por menores de edad, en ocasiones con violencia extrema que dejan heridas difíciles de cerrar”.

“Ante estas situaciones dolorosas se fortalecen las propuestas que hacen foco en los menores, como si fueran los únicos y los numéricamente más responsables de los delitos”, alertaron los obispos, al referirse a una realidad que se experimenta a diario.

Al remitir a estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal-Sistema Alerta Temprana del Ministerio de Seguridad de la Nación, la declaración de Pastoral Social advierte que “los menores no son los que más delitos cometen” y que “los menores inculpados por delitos conforman un porcentaje muy bajo del total”. Indican, por ejemplo, que en los hechos de robos de automotores los inculpados menores de 15 años fueron apenas el 4,74% del total y los acusados de 16 y 17 años representaban el 8,75% en 2023. Y añaden que en los homicidios dolosos los inculpados menores de 14 años fueron solo el 0,64% y los inculpados entre 15 y 19 años, el 13,12%.

El régimen penal de la minoridad actual fue promulgado en 1980 y fija el umbral de imputabilidad en los 16 años. Hay consenso en torno a la necesidad de su reforma, como se reflejó en la campaña presidencial de 2023, y el debate se reactualizó a partir de recientes casos de inseguridad, particularmente en la provincia de Buenos Aires.

Los obispos señalan en el pronunciamiento que en los debates públicos y mediáticos se escuchan los testimonios de jueces, comunicadores, dirigentes políticos y simples ciudadanos, muchos de ellos víctimas de delitos. “Pero la realidad es más diversa y la problemática de la delincuencia juvenil está atravesada por una enorme cantidad de factores, que hacen necesarias las voces de especialistas como psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos y docentes. No aparecen con tanta frecuencia estas opiniones calificadas en los debates mediáticos”, advierten los miembros de la comisión episcopal.

Y añaden: “Cuando se escuchan estas voces, los abordajes más complejos de la problemática, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad no parece ser la más razonable”.

Los obispos expresan que “es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad y no considerar sus causas”.

Señalan, por ejemplo, que hoy los adolescentes y jóvenes tienen muy fácil acceso al consumo de drogas. “Las drogas los están destruyendo y el consumo es una de las principales causas de la violencia. La droga sigue penetrando fácilmente en nuestros barrios y pueblos. Por ello, es necesario combatir el narcotráfico. Pero de esto se habla poco”, dicen los obispos.

Y advierten que, desde hace décadas, el narcotráfico “viene ganando territorio en nuestro país y ampliando sus negocios, dejando tiradas y destruidas un montón de vidas y familias, particularmente a los jóvenes”.

“También podemos preguntarnos qué mundo estamos creando los adultos para el crecimiento y desarrollo de niños y jóvenes”, afirman los obispos. Y explican que “muchos crecen sin oportunidades de una buena educación o de una necesaria formación laboral, o de contención familiar y social”, por lo que consideran imprescindible “comprender que es necesario promover una cultura del cuidado que garantice las condiciones para el desarrollo integral y pleno de cada persona”.

Tras señalar el deseo común de construir “un país viable, con paz, sin violencia y con posibilidades para todos”, la Comisión de Pastoral Social concluye que el Estado nacional, los estados provinciales y municipales y la dirigencia política tienen un rol preponderante en este propósito.

“Pero también los dirigentes de movimientos sociales, los sindicalistas, los clubes, los religiosos, el mundo empresario y los ciudadanos tenemos que aportar lo que sea necesario para ampliar las oportunidades de educación, de formación, de cercanía con los niños, adolescentes y jóvenes vulnerables”, se expresa en la declaración.

El pronunciamiento cierra con una cita del papa Francisco: “Estamos todos en la misma barca y nos salvamos juntos o nos hundimos todos”.