En otro rapto de furia contra la prensa, el presidente Javier Milei hizo blanco de su enojo en el Grupo Clarín y le advirtió que no permitirá quedarse con el control de Telefónica, cuya compra por parte de Telecom, que pertenece al grupo, está suspendida de manera preventiva por la Secretaría de Industria y Comercio.

“Aquí está la basura inmunda del gran operador argentino Clarín. Para variar mintiendo. Naturalmente seguirán operando porque les duele la falta de pauta y sobres. Y como si esto fuera poco, no se van a quedar con TELEFÓNICA. ¿Están extorsionando? Fin”, escribió Milei en sus redes sociales.

Lo que provocó el malestar presidencial fue la tapa del diario Clarín de ayer, en la que apareció el ministro de Economía, Luis Caputo, junto con el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, con un título que decía: “El campo, un dolor de cabeza para Caputo”. Se espera que hoy, en su visita al predio de Palermo, el Presidente anuncie una mejora impositiva para el sector.

El mes pasado, después de que la Secretaría de Industria y Comercio suspendiera de manera preventiva la compra de Telefónica por parte de Telecom, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) emitió hoy un informe objetando la operación.

La CNDC informó que identificó “riesgos significativos por los potenciales efectos sobre la competencia en los diversos mercados de telecomunicaciones involucrados, de modo que pueda resultar en un perjuicio para el interés económico general”.

Según el comunicado de la comisión, la operación implica la eliminación de uno de los tres principales operadores de telefonía móvil del país, lo que dejaría un mercado nacional “altamente concentrado” entre solo dos jugadores: Telecom, con una participación estimada del 58%, y AMX (Claro), con el 42%.

En marzo, el Gobierno había suspendido la operación de manera preventiva. “La medida se sustenta en la recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, atento a que la fusión de ambas compañías incrementaría en forma significativa su participación en el mercado”, aclaró el Gobierno mediante un comunicado oficial.

La medida del Gobierno se dio luego de que se anunciara que la filial argentina de Telefónica se había vendido por US$1245 millones a Telecom.

El anuncio de la operación derivó rápidamente en una advertencia del Enacom que emitió un comunicado con el que aseguró que el marco regulatorio impide la conformación de oligopolios. Es que la operativa, ahora suspendida de forma preventiva, cambia el mapa de las telecomunicaciones.

La decisión del gobierno de Axel Kicillof de desafectar a 24 oficiales debido a la vinculación con Maximiliano Bondarenko, el candidato de La Libertad Avanza en la tercera sección electoral para los comicios del 7 de septiembre próximo, no influyó ni tuvo impacto hacia el interior de la policía bonaerense, la mayor fuerza de seguridad del país. En la actualidad, la principal preocupación de la mayoría de los uniformados bonaerenses radica en los salarios.

Las quejas de los policías abarcan un abanico formado por los sueldos bajos, supuestos maltratos de los oficiales jefes hacia sus subalternos, los recargos de servicio, los atrasos en los pagos de las horas adicionales y la falta de una cobertura médica. Esas son sus demandas reales y concretas, según fuentes del sector.

Durante el último año, los responsables del Ministerio de Seguridad bonaerense, hoy a cargo de Javier Alonso, afirmaron que hubo una recomposición salarial para igualar los sueldos de los efectivos de la policía bonaerense a los de las fuerzas federales.

Según la planilla de haberes a la que tuvo acceso , un comisario general, la máxima jerarquía en el escalafón policial, cobraría en el sueldo de julio un básico de $1.587.380, más una suma “remunerativa no bonificable” de $477.334.

Mientras que en la base de la pirámide el oficial de policía que corresponde al agente percibe de sueldo básico $ 734.670 y una suma “no bonificable” de $125,629. En el caso de los suboficiales y en las jerarquías hasta oficial principal pueden aumentar el sueldo con las denominadas horas Cores (compensación por recargo de servicio) y las horas Polad (policía adicional), que tienen diferentes valores.

Las Cores se pagarían $1800 y las adicionales por servicio bancario aproximadamente $8000 cada hora. Muchos policías se quejaron por las demoras que existen en la acreditación de esas horas extras. Por el uniforme perciben un adicional de $47.000.

A raíz del descuento por los salarios, creció la cantidad de efectivos de la policía bonaerense que comenzaron a trabajar como choferes de aplicaciones de viajes. En esa circunstancia fue asesinada Daniela Fernanda Luna.

La joven sargento de la fuerza de seguridad provincial fue asesinada en septiembre del año pasado. Su cuerpo fue encontrado con un balazo en el mentón dentro de un Ford Fiesta blanco en el cruce de Carlos Casares y Norquin, en la localidad de Rafael Castillo, La Matanza. La investigación determinó que Luna fue asesinada durante un robo por un delincuente que abordó su vehículo como pasajero y, al llegar a la mencionada esquina, le disparó y se apoderó del celular.

La necesidad de muchos policías de buscar un ingreso adicional se convirtió en una fuente de recaudación ilegal de algunos jefes policiales que firman licencias por carpeta médica o las planillas de asistencia a cambio de un porcentaje del sueldo del agente que lo solicita. Esta maniobra permite a los efectivos concurrir a otro trabajo y tienen el presentismo asegurado. En la Auditoría General de Asuntos Internos se sumaron las denuncias sobre estos hechos.

Aunque pasaron casi cinco años, todavía permanecen latentes los 5000 sumarios administrativos que, durante la gestión de Sergio Berni, se iniciaron contra los efectivos que realizaron la protesta frente la quinta presidencial de Olivos, los que usaron móviles para cortar el tránsito frente a la estación de policía en Puente 12 y los que participaron de las protestas en los comandos de patrullas de Florencio Varela, Quilmes, Tigre, San Martín, La Matanza, Mar del Plata y Bahía Blanca.

“Con los cinco mil sumarios, los policías acusados en esos expedientes administrativos están en una situación similar a la de tener un respirador artificial: si los activan, los echan. Un motivo para firmar la expulsión es una nueva convocatoria a una movilización”, explicó un comisario inspector retirado de la policía bonaerense que representa a varios de los efectivos sometidos a esos sumarios.