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Intento de asesinato de Cristina: confirmaron a la jueza Eugenia Capuchetti al frente de la causa

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La Cámara Federal porteña rechazó una queja del fiscal Carlos Rívolo y avaló la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de reasumir la investigación de la causa residual del intento de atentado contra la ex presidente Cristina Kirchner de 2022 y enfocarla en irregularidades de la Policía Federal tras el frustrado ataque.

La sala I de ese tribunal, integrado por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, confirmó esta semana que la facultad de delegar una investigación judicial, como había hecho Capuchetti con Rívolo, “es una facultad discrecional del juez”.

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Mientras tanto, el diputado del PRO Gerardo Milman pidió la indagatoria del empleado del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Jorge Abello, quien lo acusó falsamente de haber dicho antes del 1° de septiembre de 2022 que cuando se concretara el ataque él estaría viajando hacia la Costa. Lo hizo en otra causa que tiene el juez federal Julián Ercolini.

En sintonía con la defensa de Cristina, el ex director de Contrainteligencia de la SIDE y diputada K Rodolfo Tailhade volvió a impulsar un sumario contra Capuchetti en el Consejo de la Magistratura por no aceptar apartarse de la causa como quiere la defensa de la ex vicepresidenta.

Todo en paralelo, al juicio oral que se realiza contra Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo como autores y cómplices del intento de asesinato de la ex presidenta.

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Rívolo había elevado el mes pasado un recurso de queja por la decisión de la magistrada de rechazar su recurso contra la decisión de reasumir la instrucción de estas actuaciones.

El fiscal había alegado que “el temperamento no solo era arbitrario, sino que ocasionaba un gravamen irreparable”. Señaló que “la decisión adoptada resultaba intempestiva, toda vez que desde noviembre de 2022 tenía a su cargo la pesquisa, en el marco de la cual efectuó múltiples diligencias probatorias”.

El fiscal cuestionó que, al reasumir la investigación, la jueza ordenó como medida librar un oficio a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a fin de solicitar la remisión de un sumario respecto de irregularidades de efectivos de la Policía Federal en la investigación.

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En cambio, la jueza argumentó que “no se había logrado demostrar el gravamen concreto que la decisión le provocaba al recurrente, frente a una pesquisa que en el último tiempo, a su criterio, no había evidenciado avances significativos”.

Entonces, la cámara recordó que sostuvo “en diversos precedentes que el instituto de la delegación es eminentemente discrecional para el juez, pudiendo éste disponer de su utilización durante toda la instrucción”. Y le dio la razón a la jueza en esta puga.

En estos días, la jueza pidió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, un informe que especifique la «totalidad de los funcionarios, empleados y/o miembros de dicha cartera, que se abocaron a tareas operativas y/o administrativas vinculadas y posteriores» al frustrado ataque a la ex presidenta.

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La tensión en la causa se confirmó cuando los abogados de Cristina quisieron echar de las audiencias a los de Milman y la jueza lo rechazó.

En paralelo, Milman pidió la indagatoria del asesor del bloque de diputados K, Jorge Alberto Abello, por el delito de falso testimonio agravado. La declaración de Abello motivó que en la causa principal se investigara a Milman.

El legislador del PRO recordó que el cuñado de Abello, Sebastián Enrique Rende, quien lo acompañó a tomar un café en el bar Casablanca, ubicado detrás del Congreso, negó haber escuchado a Milman decir dicha frase sobre el atentado.

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Rende dijo haber estado en el bar y a la misma distancia de la mesa de Milman y sus dos secretarias y que “no escuchó tal frase” y que su cuñado no le comentó nada de Milman. Es más, aseguró que “hablábamos más de las chicas que lo acompañaban, que eran jovencitas, que de él”. Las asesoras de Milman Ivana Bohdziewicz y Carolina Gomez Mónaco fueron “claras y contundentes al afirmar no haber escuchado a Milman decir la frase atribuida por Abello”, remarcaron los abogados de Milman.

En una pericia del celular del asesor K se comprobó que “no existe” un mensaje de Abello al diputado K Ricardo Clerici, alertándolo sobre la supuesta frase comprometedora.

La jueza se quedó con la causa luego de que Clarín publicara en exclusiva la semana pasada un video que revela cómo el 4 de septiembre de 2022 efectivos de la Policía Federal dejaron escapar a Brenda Uliarte de una casa donde estaba escondida en Barracas, dos días después de que su novio Fernando Sabag Montiel intentara asesinar a la ex presidenta Cristina Kirchner.

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El video tomado por una cámara de seguridad de la CABA muestra cuando ese noche, a las 21, Brenda -acompañada de un hombre- sale de un edificio ubicado en la avenida Montes de Oca 1209 frente a dos agentes de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Federal que sorpresivamente no la detienen, pese a que la jueza Capuchetti había librado por la mañana su orden de arresto. Los agentes montaban guardia en el lugar desde hacía varias horas.

Sin embargo, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCO) geolocalizó el celular de Uliarte que se movía desde Barracas y se dirigía al Luna Park con supuesto destino Retiro.

Ante la inacción de la Policía Federal del gobierno de Alberto Fernández, la jueza, un secretario y su custodio fueron a la estación de Retiro y no la encontraron.

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Luego recordaron que la imputada vivía en la localidad bonaerense de San Miguel, se dirigieron a la estación Palermo del ferrocarril San Martín donde la jueza ordenó detener el tren y un oficial de la Federal -incorporado al grupo- la identificó y la detuvo.

Atentado a Cristina Kirchner,Gerardo Milman,Rodolfo Tailhade

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Cuadernos | Yerba, trajes y ropa de natación: las explicaciones de dos exfuncionarios kirchneristas para negar que los bolsos transportaran coimas

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Los exfuncionarios Oscar Thomas y Walter Fagyas ampliaron hoy la corta lista de imputados que declararon y también contestaron preguntas de las partes en el juicio oral por los Cuadernos de las coimas, que se desarrolla en los tribunales federales de Comodoro Py.

Ambos, acusados de cohecho, rechazaron los cargos y ofrecieron sus versiones sobre los bolsos y paquetes que, según el chofer Oscar Centeno, trasladaban durante sus viajes en auto con Roberto Baratta o Nelson Lazarte, señalados como recaudadores en la maniobra de pago de sobornos.

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Thomas y Fagyas dijeron que llevaban yerba de la provincia de Misiones, trajes, ropa de natación o papeles de trabajo, y negaron haber trasladado dinero o haber formado parte de un circuito de recaudación ilegal.

Según la fiscalía, Thomas integraba el “primer círculo” de recaudación. Entre bolsos, cajas y paquetes recibidos o entregados, habría intervenido en el circuito al menos en 17 oportunidades, en contacto con Baratta o Lazarte. Algunas de esas entregas se habrían realizado en Juncal 1740, el departamento que alquilaba en Recoleta.

“Niego las 17 veces que se me nombró en los Cuadernos. Rotundamente. No recibí dinero de nadie, no di dinero a nadie, no fui apretado por nadie”, afirmó Thomas, que fue director de la Entidad Binacional Yacyretá entre 2003 y 2015, que es todo el periodo bajo estudio.

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Antes de que comenzara el juicio, Thomas había sostenido como parte de su defensa que el organismo publicaba libros sobre la historia de Yacyretá, los cuales solían entregarse en bolsas a visitantes o enviarse a distintos organismos. No volvió sobre ese argumento hoy en su indagatoria, pero ofreció uno similar.

“Yo siempre le traía yerba a todo el personal de él, que siempre me atendía bien. Entonces yo traía yerba de Misiones o mi secretaria se la mandaba con mi chofer. A veces le llevaba la bolsa o él pasó alguna vez por mi casa a retirar eso”, explicó Thomas, que se alejaba del micrófono mientras hablaba. “Le pido que acerque la voz al micrófono”, le indicó el juez Enrique Méndez Signori.

La querella de la UIF, representada por Mariano Galpern, le preguntó a Thomas por Lazarte, otro presunto recaudador en la maniobra: “¿A él también le llevaba yerba?”, consultó Galpern. “No”, respondió el exfuncionario. “No tenía trato con él”. Thomas hizo una defensa técnica de su gestión, al igual que Fagyas, que declaró a continuación.

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Fagyas, que trabajó como asesor de energía bajo las órdenes directas de Roberto Baratta entre 2004 y 2013, sostuvo que el bolso mencionado en los cuadernos por Centeno no era más que un porta-traje y que en su mochila nunca llevó dinero, sino papeles de trabajo y su ropa de natación.

“Me cuesta mucho imaginarme cómo podía imaginar eso”, dijo, en referencia a los registros de Centeno.

Fagyas llevó al juicio un porta-traje

También declararon el exfuncionario Camilo Gómez, que negó los tres hechos que se le atribuyen, pero no respondió preguntas; Ezequiel García Ramón, exfuncionario de Energía; y Germán Nivello, vinculado a José López -el hombre de los bolsos en el convento-, entre otros.

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La Policía de Seguridad Aeroportuaria busca los contratos de Marcelo Grandio en la TV Pública tras la polémica por los viajes de Manuel Adorni

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Durante la tarde del jueves, la Policía de Seguridad Aeroportuaria llegó a los estudios de la TV Pública para llevarse los contratos que el periodista Marcelo Grandio tiene con la señal. Lo que busca determinar la Justicia es si hay alguna irregularidad en la contratación o presunta dádiva, considerando que Grandio fue quien pagó los vuelos de Manuel Adorni a Punta del Este.

Más temprano declaró ante Ariel Lijo, el juez que lleva la causa, el piloto que facturó el vuelo privado que Adorni hizo junto a su familia desde Punta del Este.

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Se trata de Agustín Issin, de 46 años con amplia experiencia en aviación comercial y privada, que dio detalles en la causa, en una presentación que comenzó a las 11.30 en los tribunales federales de Comodoro Py.

Todo el proceso duró casi cuatro horas y, según trascendió, aseguró que todo el viaje fue pagado por Marcelo Grandio, periodista de la TV Pública y amigo del jefe de Gabinete. Es por eso que ahora, las miradas se posaron en él y en su vínculo con Adorni que tiene bajo su órbita a la TV Pública.

Noticia que está siendo actualizada

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Manuel Adorni

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Dólar blue: allanaron a un empresario cercano a Rodrigo De Paul y se amplía el alcance de la maniobra

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Alejandro Omar Calian es conocido en el mundo del fútbol por su llegada directa a un grupo reducido de la Selección argentina. “El Turco” es un empresario difícil de encasillar, que prefiere vivir en las sombras. Su nombre salió a la luz en diciembre del año pasado, cuando acompañó a su amigo Rodrigo De Paul, a Lionel Messi y a otros jugadores en un viaje de promoción por la India. Esta vez, su protagonismo es más incómodo. Calián fue allanado el viernes pasado en una causa que investiga la supuesta connivencia de exfuncionarios del Banco Central con financistas como Elías Piccirillo o Francisco Hauque para la compra del dólar oficial en tiempos de cepo cambiario.

El amigo de De Paul, así lo conocen todos en el mundo del fútbol, integra una lista de casi veinte personas y empresas allanadas por el juez Ariel Lijo tras un pedido del fiscal Franco Picardi, pudo saber de fuentes con acceso a la causa. Calián no estaba en su domicilio cuando llegó la Policía Federal. Algo similar ocurrió con otra de las personas apuntadas, Gonzalo Roberto Calo, más conocido como “Gonzalote”.

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La causa investiga la relación entre funcionarios del Banco Central y un grupo de financistas entre los que estaban Piccirillo, Hauque, Martín Migueles y Ariel Vallejo (el dueño de Sur Finanzas). Ese vínculo quedó expuesto en una serie de audios grabados por Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio. En una de esas grabaciones, una funcionaria del BCRA, Romina García, aseguraba que había“gente de arriba entongada”. Se refería a las autoridades del Central durante la gestión de Miguel Ángel Pesce.

El fiscal Picardi, que tiene delega la investigación, tiene en la mira a cinco funcionarios del área de Supervisión de Entidades No Financieras, encargados de controlar a las casas de cambio. Todos fueron allanados el 30 de diciembre en sus domicilios. Les secuestraron teléfonos y computadoras que ahora están siendo analizadas.

Banco Central de la República Argentina, fachada empleadosSoledad Aznarez

Calian tenía llegada a Piccirillo, aunque la relación terminó muy mal. “Se encargaban de inyectar blanco en las empresas que luego se utilizaban en la maniobra del rulo”, explicó una fuente que conoce la maniobra. Apenas se enteró del allanamiento en su domicilio, el empresario le pidió a un abogado que se presente en Tribunales. No pudo acceder al expediente porque está bajo secreto de sumario.

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El denominado rulo hace referencia a la adquisición de dólares oficiales y su comercialización en el mercado paralelo. Es decir, comprar barato y vender caro. El esquema está compuesto por tres elementos clave: dólares físicos, casas o agencias de cambio, y compradores o personas que demandaran las divisas.

Alejandro calian y Rodrigo de PaulInstagram

El empresario arrastra una condena por contrabando de motos de alta gama. En 2020, el Tribunal Penal Económico 1 lo condenó a tres años de prisión en suspenso por ingresar al país de manera ilegal un total de 51 motos. Otra de las personas condenadas, José Luis Quijano, era defendido por Luis Charro, actual abogado del presidente de la AFA.

Por ese causa, Calian estuvo detenido varios meses.

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En diciembre del año pasado, Calian compartió un viaje a la India junto a De Paul, Messi y Luis Suárez. La gira de promoción arrancó con un escándalo en el estadio Salt Lake de Calcuta: los espectadores, muchos de los cuales habían pagado más de 100 dólares, lanzaron butacas al campo de juego y el jefe del espectáculo terminó detenido.

Después de ese viaje, Calian repartió su tiempo entre Buenos Aires y Miami, donde pasa varios meses del año. En cada una de sus gestiones, invoca el nombre de su amigo De Paul.

Lionel Messi camina por el Salt Lake Stadium de Calcuta; a su lado, Rodrigo De PaulDIBYANGSHU SARKAR – AFP

En los allanamientos del viernes pasado, los investigadores buscaban documentación sobre una veintena de empresas entre las que se destacan Arg Exchange, Xinergia, Gallo Cambios, MegaLatina, Fenus, y Goat SA, entre otras.

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Detrás de Arg Exchange aparecen varios financistas. Piccirillo apareció en 2022, con un 90 por ciento de las acciones. El accionista minoritario en ese momento era Matías Bocca, un nombre que se repite en otras agencias. Y como presidente ya estaba Migueles. La sociedad se activó en 2023. Entre enero y diciembre de ese año, compró más de 250 millones de dólares a distintas entidades y vendió una cantidad similar. La cifra exacta, entre el 26 de enero y 19 de diciembre, fue de US$251.933.029. Eso significa un ritmo de compra diario de 768.000 dólares.

Fenus, muy conocida en la zona sur del Gran Buenos Aires, pertenecía a Ariel Vallejo, el financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia. Esa casa de cambio pasó de operar $425 millones en el segundo semestre de 2022 a $8400 millones en el primer semestre de 2023.

Ariel Vallejo y Claudio Chiqui Tapia

El expediente acumuló en los últimos meses decenas de informes del Banco Central y otras pruebas como entrecruzamiento de teléfonos, según pudo saber .

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Entre las personas investigadas se destaca la contadora Valeria Fabiana Fernández, homónima de una funcionaria del Banco Central allanada en diciembre. Su nombre ya había aparecido en la causa que investigan la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli. “Fernández habría suscripto los estados contables de al menos diez casas de cambio individualizadas por la UIF, incluyendo a Mega Latina SA y Stema Cambios SA”, se puede leer en ese expediente.

Esa causa se abrió por una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), a partir de reportes del BCRA. Se investiga la compra de unos 1500 millones de dólares entre enero y octubre de 2023, cuando Sergio Massa todavía era ministro de Economía.


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