En un acuerdo general, la Justicia ordenó restituir la placa que recordaba al juez Jorge Vicente Quiroga, en reconocimiento a su valiosa labor como magistrado de la Cámara Federal en lo Penal, que entre 1971 y 1973 juzgó y envió a prisión a más de 2000 guerrilleros. El magistrado fue asesinado en 1974 por miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

La rehabilitación del homenaje fue dispuesta por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

La placa lucía en la puerta del edificio donde había funcionado el antiguo tribunal federal penal, en Viamonte 1147, y fue retirada en 2012, en medio de la avanzada de Cristina Kirchner para reformar la Justicia, por el entonces presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Gustavo Bruzzone, pese a que la mayoría de los jueces sostenía que el homenaje al doctor Quiroga debía mantenerse.

Los magistrados que impulsaron restaurar el homenaje indicaron que el juez Bruzzone, quien hoy integra la Cámara Nacional de Casación Penal, accedió a la gestión de dirigentes sindicales de los empleados judiciales, empeñados en “una visión sesgada y unilateral” de la violencia de los años 70.

Consultado por , Bruzzone explicó que tomó la decisión de retirar la placa ante pedidos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Unión de Empleados Judiciales y familiares de los muertos en la masacre de Trelew. Argumentó que dicha placa no había sido colocada por el Poder Judicial, sino por el Poder Ejecutivo, cuando se instaló en ese lugar la Unidad 22.

“En la misma época se propuso retirar un cuadro del juez Quiroga y la copia de una acordada que se exhibían en el Juzgado de Instrucción N° 20, donde él se había desempeñado, y en ese caso se resolvió mantener las”, dijo Bruzzone. Ante la nueva decisión de restituir la placa, lamentó que se haya resuelto en una votación tan ajustada –cinco votos a favor y cuatro en contra-, sin un consenso más amplio.

En los últimos meses, ante una presentación de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, a la que adhirieron los representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Argentina, la Corte Suprema de Justicia encomendó a la Cámara evaluar el reclamo para la restitución de la placa.

Del mismo modo, el máximo tribunal trasladó a la Cámara la resolución de un pedido de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina (AMJA) para la confección de una placa recordatoria en memoria de la doctora Carmen María Argibay, quien se destacó como ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, además de haberse desempeñado como secretaria y jueza de la citada Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

En ambos casos, por mayoría, la Cámara dispuso la restitución de la placa de homenaje al doctor Quiroga y la colocación de otra placa para perpetuar la memoria de Argibay.

Compromiso con la República

La actuación del juez Quiroga, en medio del avance de las organizaciones guerrilleras que azotaban al país en los comienzos de la década del 70, fue decisiva para restablecer el orden y la vigencia de la ley. Con jurisdicción en todo el territorio nacional y como instancia única, la Cámara que él integró condenó a más de 2000 guerrilleros en procesos ajustados a derecho. Había sido creada por el gobierno de facto del general Alejandro Agustín Lanusse.

La placa en homenaje al magistrado había sido colocada en 1979 en la puerta del edificio donde había funcionado la Cámara Federal en lo Penal. Creada en mayo de 1971, esa instancia judicial había tratado los delitos cometidos por los grupos terroristas, en el marco de la ley y del debido proceso. A partir de su creación tuvo una intensa actividad, en coincidencia temporal con la intensa acción de los grupos subversivos.

Dicha Cámara fue disuelta por aclamación en una sesión del Congreso en mayo de 1973, durante el gobierno de Héctor J. Cámpora, que pocas horas después de la asunción presidencial aprobó, además, una amnistía a los guerrilleros y terroristas que volvieron a tomar las armas y producir un baño de sangre en la Argentina. La escalada de sangre y fuego marcó una época de violencia que dejó heridas que aún no han cicatrizado.

El domingo 28 de abril de 1974, casi un año después de la disolución de la Cámara Federal Penal, los guerrilleros Marino Amador Fernández y Raúl Argemi, ambos beneficiados de aquella medida de Cámpora e integrantes del movimiento ERP-22 de Agosto, asesinaron a mansalva con 14 disparos al juez Quiroga, en la esquina de Viamonte y Suipacha. El magistrado tenía 48 años y había sido uno de los símbolos de aquel tribunal que instruyó más de 3000 causas penales y dictó 600 sentencias, además de haber dispuesto más de 2000 sobreseimientos, un dato que confirma la independencia y el apego a la ley con que actuaron los nueve jueces que conformaron la cámara, dividida en tres salas. El crimen se cometió en pleno gobierno constitucional de Juan Domingo Perón.

El asesinato del juez Quiroga fue mencionado en la sentencia de la Causa XIII, que condenó a los comandantes de las Juntas Militares, tras la recuperación de la democracia, entre los “antecedentes y desarrollo del sistema general” de aquella etapa política dominada por la violencia.

“La violenta muerte de Quiroga se produjo durante un gobierno constitucional y así resultó destacado por la mencionada Cámara Federal”, fundamentó el juez Juan Esteban Cicciaro en el acuerdo general de la Cámara, al votar por la restitución de la placa.

Entre los votos por la minoría, que aconsejaban no disponer la restitución de la placa, el juez Ricardo Matías Pinto dijo que “no existe una situación de consenso social sobre la necesidad, pertinencia y razonabilidad” para avanzar en esa medida-