POLITICA
Se multiplican las denuncias por los manejos de los fondos del PAMI en delegaciones del país
POSADAS. El abogado Adrián Nuñez, titular de La Libertad Avanza en Misiones, fue denunciado este viernes ante la Justicia Federal, acusado de pedirle a funcionarios políticos de las delegaciones de PAMI y ANSES, aportes del 10% de su sueldo para supuestamente financiar la actividad partidaria.
La denuncia en Misiones se suma a otras acusaciones en delegaciones del PAMI en Santa Cruz, La Pampa y Chaco, en torno a supuestos desvíos de fondos para fines políticos o licitaciones cuestionadas.
El jueves, como reveló , la obra social de los jubilados anunció que iniciará una investigación interna sobre las compras y contrataciones de las delegaciones. Un comunicado del organismo advirtió que se tomarán medidas para que las oficinas de PAMI en las provincias dejen de ser “una caja negra al servicio de la política”.
En Misiones, el productor agropecuario y afiliado libertario, Samuel Doichelle, presentó este viernes en la fiscalía federal de Posadas la denuncia a título personal.
“Queremos que Nuñez renuncie como presidente de La Libertad Avanza”, dijo a LA NACIÓN Doichelle, quien junto a otros simpatizantes y afiliados, vienen reclamándole al jefe del partido local lugares en las listas. Además lo acusan de tener una postura complaciente con el oficialismo provincial, el espacio que gobierna Misiones desde hace casi 25 años: el Frente Renovador de la Concordia.
Las pruebas presentadas por Doichelle incluyen capturas de pantalla de chats donde Mario Pérez Miranda, quien se presentaba como secretario de Nuñez, les solicitaba los aportes a una cuenta bancaria común. También mostró algunos comprobantes de transferencias.
Pérez Miranda, además, presentó algunas actas internas donde los damnificados le pidieron a Nuñez que dejara de exigir esos aportes partidarios. Los pagos se llegaron a realizar durante al menos 2 o 3 meses, según pudo saber . Para Nuñez, fue “un malentendido entre privados”.
“En marzo tuvimos una reunión junto a algunos afiliados de LLA para conversar en torno a un suceso que estaba generando malestar; durante la jornada dialogamos dimos cierre a la misma reafirmando que se trató de un malentendido entre privados”, le dijo Nuñez a LA NACIÓN.
“Aún así, el partido dio intervención al Tribunal de Disciplina para que evaluara las conductas de los afiliados y la investigación se encuentra en curso”, agregó.
LA NACIÓN se contactó también con Pérez Miranda, quien se excusó de hacer comentarios. “Cuando me decida hablar sobre el tema, lo voy a hacer”, afirmó.
Otras figuras denunciadas por Doichelle incluyen a la secretaria del partido y titular de la oficina de la Anses Eldorado, Nelli Guerrero; Samantha Steckler, directora del PAMI-Posadas y Cristian Sanabria, otro miembro de la conducción de LLA en la tierra colorada.
En una carta interna a las autoridades del partido a la que accedió LA NACIÓN, un grupo de afiliados que ya estaban enfrentados a Nuñez exigieron que se dejara de reclamar los pagos.
El 8 de junio serán las elecciones provinciales donde se renovará la mitad de la Cámara de Diputados de Misiones. Será el primer comicio desde la irrupción de Javier Milei con sus sorprendente triunfo en las PASO de 2023, con candidatos libertarios “puros”.
En Misiones, Milei ganó en las PASO, en las generales del 22 de octubre y en la segunda vuelta del 13 de noviembre, todo sin poner un pie en la provincia ni llevar un solo candidato propio a legislador.
Desde ese entonces, el oficialismo misionero busca la forma de neutralizar o dividir a esta fuerza que sorprendió a todos y estaba oculta para los analistas y estrategas.
Ese apoyo libertario podría disputarle el poder por primera vez en más de 20 años a la Renovación, cuya pata fundamental para imponerse en las elecciones es fragmentar y dividir a una oposición que nunca articula una alternativa potente.
Nuñez llegó a ser ungido en persona por Karina Milei y Adrián Menem en una visita a Posadas el 28 de diciembre pasado. Pero el vínculo fuerte de Nuñez con los libertarios es a través de Lule Menem, según dicen allegados a La Libertad Avanza.
Según consultas que realizó , el aporte de empleados que fueron designados políticamente en oficinas de reparticiones nacionales como Anses o PAMI, no es nuevo.
Algunos defienden esta práctica y explican que es una forma de financiar a la actividad política de un espacio, y el pedido se hace solamente a esos funcionarios que fueron designados por su filiación partidaria.
La Pampa
Otro de los capítulos de esta saga se dio en la provincia de La Pampa, en donde la Libertad Avanza está quebrada internamente en al menos tres facciones.
Una apoderada del partido en la provincia, Victoria Rambud, que calificó la interna libertaria de “cachivache”, acusó públicamente a un vocal libertario, Julio Jamad, de recaudar en su cuenta bancaria personal un porcentaje de los sueldos de empleados del PAMI.
“Básicamente lo que acá sucedía es que una persona solicitaba fondos a funcionarios y esos fondos eran depositados a su CBU”, dijo Rambud, en alusión a Jamad, ante medios locales.
Jalal admitió haber recibido transferencias en su cuenta, pero, según dio a entender en una entrevista con el canal 2, siempre fueron en carácter de aportes voluntarios para el partido.
“Estaba consensuado: tenemos que bancar la sede, tenemos que bancar la actividades. ¿Cómo hacemos?”, argumentó. Respecto al método elegido, justificó: “Hay funcionarios que están en las localidades, es muy difícil viajar a recaudar”.
El jefe del PAMI en La Pampa es Luciano Ortiz, titular de La Libertad Avanza en la provincia. Fue designado por el jefe del PAMI a nivel nacional, Esteban Legúizamo. La interna libertaria le costó que Karina Milei buscara correrlo de la conducción en la provincia, cuando, en un intento de reordenarla, nombró a Juan Pablo Patterer como cabeza del partido. La justicia, sin embargo, hizo caer esa designación en febrero y Ortíz volvió a ocupar la presidencia.
Otro escándalo estalló en la sede del PAMI de Santa Cruz. Allí, Sergio Torres trabajó cuatro meses al frente de la filial de Caleta Olivia y era el principal referente de La Libertad Avanza en el norte de la provincia. Sin embargo, fue echado luego de que denunciara a las autoridades locales del PAMI. Su denuncia fue radicada la justicia provincial y federal. En La Libertad Avanza argumentan que lo despidieron por haber dejado acéfala la oficina para asistir a un recital en Buenos Aires.
Torres acusa a su exjefe político y actual director ejecutivo del PAMI Santa Cruz, Jairo Guzmán, de haberle exigido que obligue a una médica designada en el PAMI a pagar un aporte partidario. Torres se negó por considerarlo que se trataba de un delito. La médica trabajó un día y renunció. Si bien el exfuncionario reconoció que aportaba a los fondos partidarios el 10% de su sueldo, aseguró que fue en forma voluntaria y no estaba dispuesto a obligar a otro que lo haga.
Tras la partida de la médica, Torres asegura que lo “frezaron” y decidió presentar el caso ante Esteban Leguizamo, director nacional del PAMI. Dijo que ni Leguizamo ni otros dirigentes nacionales le prestaron atención.
Tras volver de Buenos Aires fue despedido e hizo pública su situación. “Yo lo conté en una conferencia de prensa donde me respaldaron los centros de jubilados de Caleta Olivia, presenté una denuncia por cohecho ante el juzgado provincial N°2 de Caleta Olivia y también en la justicia federal, donde declaré por cinco horas, pero no me volvieron a llamar”, afirmó Torres a .
Torres se fue de La Libertad Avanza, volvió a trabajar en un comercio familiar y fundó Vientos de Libertad Santa Cruz. Con la nueva fuerza política mantiene el ideario libertario, pero fuera de LLA.
Por su parte, Jairo Guzmán, a quien apuntan con la denuncia, afirmó a que Torres fue despedido por ausentarse de la oficina que concentra todas las urgencias y trámites de la zona norte. “Todo está en manos de la justicia y se va a tener que probar absolutamente todo lo que se buscó tergiversar”, aseveró.
En el PAMI tienen información también de denuncias en el Chaco y otros puntos del país. En Mendoza, de acuerdo con fuentes de la obra social consultadas por , no hubo denuncias públicas de cobros de aportes partidarios ni licitaciones sin contratación. Sin embargo, explicaron a que está en curso una investigación en los sectores de compras sobre las licitaciones, por los valores que se estipulan. “Se está poniendo el foco sobre los precios inflados, y que siempre son los mismos proveedores. De hecho, son muy marcadas las dificultades burocráticas para que ingresen nuevos acá en Mendoza”, señalaron desde el organismo.
Con la colaboración de Martín Boerr, Mariela Arias, Federico González del Solar y Pablo Mannino
POLITICA
Filtraron un audio entre un intendente tucumano y un empresario: droga, millones y una posible intervención
El intendente de Juan Bautista Alberdi, Luis “Pato” Campos, aparece en una conversación con el empresario Roque “Chipi” Giménez, en la que se mencionan vínculos con el narcotráfico y un robo millonario.
El caso generó una fuerte reacción del gobernador Osvaldo Jaldo, quien repudió los hechos y analiza una posible intervención del municipio del sur tucumano.
El audio se volvió viral durante el fin de semana y motivó una serie de allanamientos en domicilios vinculados a Giménez, un contratista de obras públicas con contratos millonarios en Alberdi. Las medidas fueron ordenadas por el Ministerio Público Fiscal del Centro Judicial de Concepción, en el marco de una causa que investiga supuestos lazos entre funcionarios y actividades delictivas.
Uno de los operativos se llevó a cabo en una vivienda del barrio 111, donde reside un familiar directo del empresario. Allí, la Policía secuestró documentación, teléfonos celulares y el sistema de videovigilancia. También se inspeccionó el ex mercado municipal, declarado como domicilio legal de la empresa Giménez Group, aunque no se hallaron pruebas relevantes.
La firma de Giménez había sido contratada para construir una sala velatoria destinada a vecinos de bajos recursos, por un monto superior a los 15 millones de pesos. También encabezaba la refacción del mercado municipal y una posterior remodelación del Centro Cultural. Sin embargo, las obras fueron suspendidas por falta de pagos, según denunció el propio empresario.
En la grabación, Giménez le reclama a Campos por un robo ocurrido en el obrador: “¿Quién me va a devolver los 16 millones de pesos que me llevaron?”. A pesar del tono de la charla, el intendente negó cualquier vínculo con el narcotráfico: “Es mi voz, sí. Pero no recuerdo muchos detalles. Esa conversación fue hace más de un año y se refería a un robo, no a ninguna actividad ilegal”.
Campos intentó desmarcarse de la polémica: “Soy el principal interesado en que la Justicia esclarezca esto. Quiero limpiar mi apellido. No voy a tomar licencia ni a renunciar. Se lo dije al Gobernador. El pueblo de Alberdi me respalda”.
Las explicaciones no alcanzaron para frenar la crisis institucional. Jaldo fue categórico: “El intendente tiene que salir a dar la cara. El municipio está muy comprometido. Podemos tomar medidas que van desde sanciones hasta una intervención directa”.
El gobernador vinculó el escándalo con un reciente operativo en el que se incautó un pan de cocaína en la zona: “Esto no es casual. Estamos tocando intereses. Hay gente molesta con los operativos. Pero vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Nadie con vínculos con el narcotráfico va a seguir en funciones”.
La Justicia continúa avanzando en la causa. Las autoridades provinciales intensificaron los controles en Alberdi, mientras se evalúa el futuro institucional del municipio. Todo dependerá del avance del expediente y del impacto político que genere en los próximos días.
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Chipi Giménez,Luis Campos,Narco Política,Tucumán
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dispuso hoy la intervención del municipio de Juan Bautista Alberdi tras la difusión de un audio que involucra al intendente con presuntos nexos con el narcotráfico, entre otras irregularidades. Se trata de Luis “Pato” Campos un dirigente peronista que desde 2003 alterna el mandato al frente del distrito con su esposa, Sandra Figueroa, actual legisladora provincial.
La conversación que impulsó el desplazamiento de Campos fue grabada por el empresario local Roberto Giménez, que presta el servicio para obras públicas y confesó públicamente su deseo de ser el intendente del municipio. Giménez llamó al intendente para reclamar por el robo de una maquinaria de un predio municipal y exigió el pago de 16 millones de pesos. El caso se judicializó.
“Luis, no tenes las bolas para gobernar. Vos sos el jefe. Acá el comisario te tiene que chupar el pingo a vos. Se han robado todo, han cortado el candado. Yo quiero ir a una interna, quiero ser el intendente”, le recriminó Giménez a Campos en un fragmento del audio que divulgó el diario local La Gaceta.
El empresario, fastidioso, siguió con la protesta: “Vos tenes que decirle: ´Soy el intendente, soy el que manejas la policía, soy el que maneja la droga, soy el que maneja las muertes, todo´. Necistas un Al Capone para gobernar, no un lassie. Por eso no te respetan, rey. Estan diciendo que Luisito está metiéndose merca todos los días en la oficina. Armemos una licencia tuya y una interna».
El intendente Campos, que fue funcionario provincial durante una de las gobernaciones de Juan Manzur, reconoció en los medios locales que su voz es la que aparece en el audio, aunque negó cualquier implicación en actividades relacionadas con el narcotráfico.
A partir de la divulgación de este audio, que se conoció la semana pasada, se desató una crisis institucional en Tucumán. Por eso, Jaldo dispuso hoy la intervención del municipio y del Concejo Deliberante, y convocó a elecciones para dentro de 180 días. El gobernador designó como interventor a Guillermo Norry, un dirigente de larga trayectoria en el PJ tucumano con pasado en el Sindicato de Luz y Fuerza.
“Dimos tiempo para que el intendente y el concejo deliberante resuelvan las irregularidades, la intervención no fue por al audio. Van a ir presos y el que tenga responsabilidad institucional los vamos a intervenir. No es merecedor de conducir una ciudad. En este caso es Alberdi, pero ni siquiera una comuna. Como gobierno vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Estamos tocando intereses. No es casualidad que un día antes hemos secuestrado un pan de cocaína en Alberdi. Están molestos, están intranquilos”, dijo hoy Jaldo en una rueda de prensa en la gobernación.
A 100 kilómetros de allí, en Juan Bautista Alberdi desembarcó un grupo de efectivos de la policía de Tucumán y también de la Genderamería. El operativo, ordenado por el Ministerio Público Fiscal del Centro Judicial de Concepción, incluyó allanamientos al domicilio de Campos, Giménez y otros funcionarios municipales.
La intervención que dispuso el gobernador por decreto sería ratificada en la Legislatura provincial el jueves próximo. La medida se fundamenta en el artículo 139 de la Constitución de Tucumán, que habilita la intervención de gobiernos municipales ante situaciones de grave desorden institucional, y establece un plazo de intervención no mayor a 180 días. Jaldo convocó a elecciones municipales para el próximo 26 de octubre.
“Desde hace tiempo los habitantes del municipio de Juan Bautista Alberdi han sido víctimas de sucesivos hechos vinculados con la venta ilegal de estupefacientes, que se han agravado con las denuncias penales formuladas contra las autoridades del órgano ejecutivo y del Concejo Deliberante”, reza un fragmento del decreto que lleva la firma de Jaldo, del ministro del Interior, Darío Monteros, y el resto del gabinete provincial.
Lina Zubiria, quien además es docente en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad de San Andrés, sostuvo que el debate sobre la Inteligencia Artificial no debe centrarse en si reemplazará a los humanos, sino en cómo puede complementarlos: “Tenemos que buscar los grises. No podemos ni ignorarla ni pensar que viene a aniquilarnos. El verdadero problema no es la tecnología, es no querer transformarse con ella”.
Consultada por la mirada crítica que algunos sectores tradicionales del periodismo tienen frente a la IA, Zubiria entendió el sentimiento de pérdida, pero lo relativizó: “Es normal sentir nostalgia. Uno dedicó años a perfeccionar la escritura, a pasar noches sin dormir para cerrar notas, y de pronto una tecnología lo hace en segundos. Pero eso no invalida el trabajo humano: el sentido común, la mirada crítica, la ética, todavía son irremplazables”.
La especialista también remarcó que el modelo clásico del periodista que ‘pastorea’ en redacción durante años para luego salir a la calle “ya no existe más” y que seguir formando profesionales bajo esa lógica solo genera frustración y desconexión: “Si creemos que los jóvenes sólo pueden hacer tareas técnicas, sí, van a ser reemplazados. Pero si les damos espacio para pensar, analizar y proponer, el valor humano vuelve a tener protagonismo”.
El rol del docente: enseñar a preguntar, no a repetir
Zubiria también planteó un giro clave en el ámbito educativo: dejar de enseñar a responder y comenzar a enseñar a preguntar. “Antes, como docentes, nos preparábamos para dar respuestas. Hoy los chicos ya las tienen en su celular. Entonces, el nuevo rol del docente es ayudarlos a mejorar sus preguntas, a desarrollar pensamiento crítico”.
Relató una experiencia con estudiantes universitarios, quienes al preguntar a una IA quién era el mejor jugador de la Copa América recibieron una respuesta errónea. “Eso les mostró que la calidad de la respuesta depende de la calidad de la pregunta. Esa es la enseñanza clave: no eliminar la IA, sino saber usarla con criterio”.
IA en el estado: la transformación que no llega
Otro de los puntos abordados fue el rezago del sector público en el uso estratégico de IA. “Hay una diferencia entre digitalizarse y transformarse”, explicó. “Digitalizar es poner tecnología a lo viejo. Transformarse es cambiar de verdad los procesos. Pero eso requiere tiempo, dinero y decisión política, algo que con mandatos de corto plazo cuesta mucho sostener”.
Afirmó que en muchos casos la implementación de IA en el estado responde más a una necesidad de reducir costos que a una visión de largo plazo: “Estamos ante una batalla cultural, más que política. Transformar un país no depende de quién gobierne, sino de si todos estamos dispuestos a construir algo duradero”.
Ética, intenciones y el desafío del uso responsable
Finalmente, Zubiria se refirió al uso político y electoral de herramientas de IA, como la generación de imágenes o noticias falsas: “La tecnología no es buena ni mala. Todo depende de la intención con la que se use. Y hoy la gran deuda es ética. Hay un desfase entre el avance de las herramientas y las regulaciones legales, pero no podemos esperar a que lleguen las leyes para actuar con responsabilidad”.
“La, Inteligencia, Artificial, no, es, una, amenaza,, la, amenaza, es, no, querer, transformarse”
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