POLITICA
Caso D’Onofrio: piden investigar una cancha de fútbol que se usaría para lavar plata de contratos de la VTV
La causa que investiga al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e incumplimiento de los deberes de funcionario público, a través de supuestos negocios irregulares con la VTV y las fotomultas, podría sumar un elemento inesperado.
El abogado de la Coalición Cívica, Matías Yofe, hizo una presentación ante el juez Alvaro Gonzalez Charvay para que se investigue una cancha de fútbol a través de la cual se podrían haber lavado dinero de los contratos irregulares que Transporte firmó con la empresa Franutec S.A.. Esta firma recibió la adjudicación de las zonas 5,9 y 16 de la provincia de Buenos Aires, es decir, los partidos de Moreno, Lobos, General Rodríguez, Mercedes, Ezeiza, entre otros.
Uno de los directivos de Franutec S.A. es Cristian Germán Ojeda, dueño, a su vez, de la financiera Token Capital, que fue allanada en enero pasado. Este hombre también es propietario de unas canchas de fútbol en donde funciona una peña de Boca Juniors. El complejo está ubicado en la calle Belgrano al 1200.
Caso D’Onofrio: piden investigar una cancha de fútbol que se usaría para lavar plata de contratos de la VTV
Según Yofe, esas canchas se podrían haber utilizado para canalizar buena parte de los fondos que la empresa Franutec le pudo haber abonado a D’Onofrio y la concejal Claudia Pombo en concepto de coimas a cambio de los contratos de la VTV.
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A su vez, la Coalición Cívica también pide colocar la mira en Natasha Natural Migueles, pareja de Ojeda, que posee un showroom llamado “NatSheti” ubicado en la Avenida del Golf al 1500.
“Llama la atención la cantidad de salidas del país de Cristian German Ojeda y Natasha Natural Migueles, en sus redes sociales, pude registrar viajes ostentosos, a destinos costosos, con autos de alta gama”, expresó el dirigente en su requerimiento al juez.
En este caso, la Justicia no solo investiga la supuesta maniobra irregular de asignación de contratos de la VTV sino también donde se pudieron haber derivado los fondos ilícitos. En este punto están en la mira una financiera (Token Capita); una peluquería vinculada a la exconcejal Pombo (HairSpray) y ahora se sumó el pedido para investigar las canchas de fútbol.
La otra pata de la investigación del caso D’Onofrio: el supuesto negocio de las fotomultas
El caso D’Onofrio está dividido en varios expedientes. Además de los negocios con la VTV, también se investiga un supuesto negocio millonario con las fotomultas. Allí hay dos expedientes abiertos.
Uno es el que llevaba adelante el juez Juan Manuel Culotta, que en febrero pasado allanó 11 municipios, entre los que se encuentran La Matanza, General Rodríguez, Zárate, Roque Pérez, entre otros. Estas jurisdicciones están en la mira por los convenios que firmaron con la Universidad Nacional de San Martín, vinculados al sistema de cobro de multas por infracciones de tránsito.
Según el testimonio de Pablo Javier Sanguinetti, Director Provincial de Apoyo y Coordinación Técnica Administrativa de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial de PBA, de lo recaudado por las fotomultas un 80% debe ir a los municipios y un 20% a la provincia.
Este hombre señaló, a su vez, que del 80% que corresponde a las intendencias o las empresas prestadoras del servicio de cámaras como TRANSITO SEGURO o la firma SECUTRANS de Leandro Camani, un importante porcentaje de esos fondos se desviaban a la Universidad Nacional de San Martín y su fundación pese a que no se encontraban en el registro de proveedores. Así se habrían enviado a esa casa de estudios más de $1900 millones en 2024.
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La Justicia investiga si después de cobrar ese dinero la Universidad luego se lo giraba a la empresa Secutrans y Transito Seguro. La primera tiene contratos importantes en municipios como Hurlingham, General Pueyrredón y San Isidro. Los investigadores están detrás de esta intermediación y de los contratos que firmaron estas empresas.
A su vez, hay otro expediente que lleva adelante el fiscal Álvaro Garganta y el juez de Garantías Juan Pablo Massi, en el que investigan los supuestos beneficios que la gestión de D’Onofrio le habría concedido a una empresa a cargo de las fotomultas en cinco municipios de la provincia de Buenos Aires.
Se trata de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), una asociación civil que agrupa a pequeñas y medianas empresas del sector, con 155 cámaras en La Matanza, Moreno, Tigre, Brandsen y Campana.
El fiscal Garganta pidió allanar esta firma, ya que tendría probado que desde el 3 de enero de 2022 efectuó fotomultas irregulares, con cámaras que no tendrían autorización para funcionar.
Desde CECAITRA le dijeron a TN que cuando se instalaron esas cámaras la reglamentación era diferente a la actual, lo que no las convierte en equipos que estén operando de manera ilegal y que están a total disposición de la investigación.
Axel Kicillof, Transporte, Tránsito
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A pocas semanas de asumir, renunció uno de los veedores que puso el Gobierno para controlar a la AFA
- El abogado Agustín Ortiz de Campo sostuvo que tenía mucho trabajo.
- AFA
- Claudio Chiqui Tapia
- Pablo Toviggino
- Inspección General de Justicia
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Patricia Bullrich habló sobre el impacto del caso Adorni y pidió esperar la actuación de la Justicia
CÓRDOBA.- “Nos duele; imagínense, la familia de [Manuel] Adorni, pero, ¿cuál es el impacto en el Gobierno? El Gobierno va a seguir con este principio: nosotros no vamos a declarar culpable a nadie si no lo hace la Justicia”, afirmó la titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, cuando se le consultó por la situación judicial del jefe de Gabinete y el impacto del caso en la administración libertaria.
Bullrich habló con periodistas en esta ciudad, adonde vino a disertar al “Ciclo de Coyuntura”, de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Como viene haciendo hasta ahora, mantuvo distancia de la polémica que rodea a Adorni.
“Este Gobierno ha tenido siempre una posición y la vamos a mantener: no nos entrometemos con las cuestiones judiciales. Adorni ha decidido mantener una posición de silencio respecto al tema y dejarlo en manos de la Justicia”, añadió.
Bullrich planteó que la Justicia “está actuando y determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no”. “Nosotros tenemos confianza que las cosas van a salir bien, pero, en definitiva, hay un fiscal y hay un juez que son los que van a decidir”, resaltó.
De esa manera, evitó analizar el costo político que paga el Gobierno por el affaire Adorni, quien enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Durante la conferencia de prensa, se alineó con las declaraciones que hizo ayer Milei -primero en una conferencia de prensa y luego en un tuit- y admitió que la mejora económica no está llegando a todos los sectores. Después, en su disertación, afirmó “desde hoy no existen más planes sociales, solo de capacitación para la reinserción laboral”.
Y afirmó que ahora “la pelota está en la cancha” de los empresarios que deben generar empleo. En esa línea repasó los cambios que introdujo la ley de modernización laboral.
En un tramo de la charla con periodistas, consultada sobre los problemas que atraviesan los afiliados al PAMI, en plena tensión en el Gabinete por las deudas a las prestadoras, Bullrich sostuvo: “Hay una situación muy temporal, que tiene que ver con un tema de pagos que se van a regularizar, se están regularizando porque el ministro de Economía tiene muy en claro que se debe resolver el tema».
En ese contexto, la exministra de Seguridad indicó: “Fueron meses difíciles, porque nosotros bajamos muchos impuestos; hay también una situación respecto de los combustibles y muchos que han aumentado por si acaso los precios. Entonces, estamos con algunos pagos retrasados”.
Respecto a las dificultades que atravesó la economía durante el primer trimestre, Bullrich planteó que el panorama internacional cambió, pero resaltó que el Gobierno está “muy blindado frente a los choques externos”. “Mantener los fundamentos de nuestra política con superávit y controlando la inflación hace que sepamos que el rumbo no se puede torcer un milímetro, porque sería retroceder 100 años”, puntualizó.
Noticia en desarrollo
Gabriela Origlia,Conforme a
La Ley de Glaciares fue sancionada el pasado miércoles 8 de abril con 137 votos a favor y el acompañamiento de varios gobernadores de provincias mineras. Pocas horas después, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó un amparo y una medida cautelar ante la Justicia Federal de esa provincia para frenar la aplicación de la ley. Ziliotto argumentó que uno de los ríos pampeanos proviene de zonas glaciares y, según su presentación, la norma aprobada viola un artículo de la Constitución nacional y tratados internacionales.
La acción judicial se dirige ante el único juez federal de La Pampa, Juan José Baric, quien ocupa ese cargo desde 2018, año de su nombramiento bajo la gestión de Mauricio Macri.
Tanto la fiscal de Estado pampeana como el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y varias organizaciones no gubernamentales ambientalistas acompañaron la solicitud judicial. Según confirmaron desde el entorno del mandatario pampeano, la presentación se formalizó apenas 24 horas después de la sanción legislativa.
Los equipos técnicos de gobierno nacional, en paralelo, siguen con atención esta iniciativa judicial, dado que la Ley de Glaciares forma parte de una agenda central para la proyección de inversiones en el sector minero.
Detalles del amparo y postura del Gobierno
En Infobae en Vivo Al Mediodía, el periodista Federico Mayol indicó que “Ziliotto fue a la Justicia Federal de La Pampa con un amparo y una medida cautelar, señalando una supuesta inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la ley. Dice que la norma viola la Constitución y tratados internacionales”, explicó Mayol.
El juez federal Baric analiza la solicitud. Desde el Gobierno nacional siguen de cerca la definición judicial, ya que la ley sancionada otorga certezas para atraer inversión minera y fue acompañada por varios gobernadores de las provincias productoras. Actualmente, ningún otro mandatario no minero impulsó reclamos similares contra la norma.
Según Mayol, “para el Ejecutivo nacional este tema es trascendente por el monto y la proyección de inversiones mineras comprometidas. Una decisión contraria a la ley podría afectar la hoja de ruta para captar nuevos proyectos”.
Impacto sobre inversiones mineras y reacción social
El sector minero es uno de los principales motores del crecimiento económico. Durante el 2025 aportó “de manera considerable al desarrollo nacional”, apuntó Mayol. Entre los proyectos mineros aprobados y pendientes de aprobación, se encuentran iniciativas de empresas como Glencore y Vicuña, que en conjunto prevén una inversión cercana a USD 40.000 millones.
Mayol detalló que “hay seis proyectos ya aprobados y varios en proceso de aprobación que involucran, por ejemplo, a Glencore o Vicuña, sumando 18.000 millones de dólares en total. El impacto esperado alcanzará los 40.000 millones de dólares en inversiones si se implementan todas las iniciativas”.
El sector ambientalista manifestó su rechazo a la Ley de Glaciares. Organizaciones no gubernamentales presentaron sus objeciones tanto en audiencias públicas como en la presentación judicial de Ziliotto. La participación de ONG en la causa pampeana coloca el debate en el centro de la escena nacional.
Próximos pasos judiciales y agenda minera
La Justicia Federal de La Pampa debe decidir si hace lugar a la medida cautelar y al amparo impulsado por Ziliotto. Esta decisión podría suspender temporariamente la entrada en vigor de la ley o bien rechazar la pretensión de la provincia y las organizaciones ambientalistas.
Mayol adelantó: “Ahora el juez Baric tiene que definir si toma o no, si rechaza o no el amparo y la cautelar. Para el Gobierno, es clave el resultado porque en el mes próximo se realizará en San Juan la exposición minera nacional, a la que están invitados el presidente y el gabinete”.
La exposición en la provincia de San Juan contará con la participación del gobernador Marcelo Orrego y reunirá a referentes sectoriales, funcionarios nacionales y empresas. El resultado del pedido judicial presentado en La Pampa podría incidir en la dinámica y expectativas del evento minero.
Contexto de la Ley de Glaciares y antecedentes judiciales
La judicialización de leyes de impacto federal cuenta con antecedentes recientes. Mayol recordó: “Cuando se reformó la legislación laboral, la CGT presentó un amparo y un juez aceptó varios artículos. En la actualidad, el debate abierto sobre la Ley de Glaciares impone una nueva instancia de análisis judicial luego de su aprobación parlamentaria”.
Por ahora, la única presentación judicial vinculada a la Ley de Glaciares corresponde a la provincia de La Pampa. La actividad minera y la protección ambiental se posicionan nuevamente en el centro de la agenda pública y judicial argentina.
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