POLITICA
La Iglesia rechazó la baja de la edad de imputabilidad: “Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”
“No nos parece que bajar la edad sea lo adecuado. Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”. Con esas dos definiciones tajantes, Monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja y presidente de la Comisión de Pastoral Social de la Iglesia Católica Argentina, sentó la postura institucional de la Iglesia frente a uno de los debates más urgentes y controvertidos del Congreso: la baja de la edad de imputabilidad penal. Lo hace en un momento clave, cuando el Gobierno se prepara para dictaminar en Diputados el proyecto de ley que propone reducir de 16 a 14 años la edad a partir de la cual los menores pueden ser juzgados penalmente.
El próximo martes, tras varias postergaciones, se reunirá finalmente el plenario de comisiones -Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Familia, Niñez y Juventudes y Justicia– y el oficialismo confía en conseguir dictamen gracias a un acuerdo con sectores de la UCR, el PRO, el MID y bloques aliados. Si bien el proyecto original impulsado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el de Justicia Mariano Cúneo Libarona proponía llevar la imputabilidad a los 13 años, el texto consensuado finalmente fija el nuevo umbral en 14.
Frente a este escenario, Braida sostuvo que la respuesta no puede ser punitiva: “Creemos que es una realidad que hay que abordarla de una manera amplia, multisectorial, para ir a las causas de por qué una persona tan pequeña en edad podría llegar a estas instancias de delitos tan graves”, explicó. “No creemos que la solución sea lo penal, sino más bien ofrecer instancias de recuperación y de prevención”.
Desde la Iglesia, advirtieron que encarcelar adolescentes no resolverá la inseguridad: “Lo que necesitan estos chicos es oportunidades. Nuestros regímenes penitenciarios están abarrotados y muchas veces en las cárceles se potencian las problemáticas”. Y reitera: “Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”.
Braida también advierte sobre las deficiencias estructurales del sistema: “Hoy el sistema no cuenta con lugares adecuados”, como también lo señalaron varios legisladores. Ninguno de los proyectos, incluido el oficialista, prevé partidas presupuestarias específicas para construir centros de detención para menores.
En este contexto, el obispo le envió un mensaje directo al presidente Javier Milei y a la ministra Bullrich: “Que puedan dar tiempo para que todos los sectores sociales puedan dar su opinión y también aportar propuestas diversas para atacar realmente el problema, yendo a las causas”. Y enfatizó que la mirada eclesiástica no es aislada: “Es una posición que no es solo de la Iglesia, sino también de muchas organizaciones”, señala.
Finalmente, pide evitar respuestas apresuradas frente a una problemática compleja: “El problema requiere tiempo y una apertura a un abordaje más amplio”.
La entrevista con el obispo Dante Braida
– Le pido una primera aproximación y una opinión general sobre el debate de la baja de la imputabilidad. ¿Cuál es la postura que tiene la Iglesia frente a esta discusión?
– Ante la realidad de muchos adolescentes que no han tenido quizás las oportunidades de una formación adecuada y que, de pronto, caen en situaciones de cometer algún delito, creemos que es una realidad que hay que abordarla de una manera amplia, multisectorial, para, sobre todo, ir a las causas de por qué una persona tan pequeña en edad podría llegar a estas instancias de delitos tan graves.
En ese abordaje multisectorial y amplio de las causas, ir proponiendo soluciones, que requiere una apertura muy grande al diálogo y también a invertir en recursos para que podamos revertir esta situación.
Por otro lado, no creemos que la solución sea lo penal, es decir, poder penalizar a los adolescentes en este caso, sino más bien ofrecer instancias de recuperación y también de prevención. Hoy día hay muchos ámbitos que uno trabajándolos puede generar oportunidades educativas, sobre todo, y de acompañamiento de las familias.
– Le pido a Monseñor una definición clara y precisa sobre este debate. ¿La Iglesia está en contra de que se modifique la edad de imputabilidad?
– Sí, estamos a favor de que se aborde el tema y se pueda trabajar en propuestas alternativas, en cuanto al acompañamiento de chicos que están en situación de vulnerabilidad. No nos parece que bajar la edad sea lo adecuado.
Esta es una posición que no es solo de la Iglesia, sino también de muchas organizaciones. Por eso nosotros insistimos que hay que escuchar a todos. Desde el ámbito de la psicología, del ámbito mismo de la Justicia y muchos otros sectores que no ven que esa sea la solución.
– En esta discusión se cruzan varias dimensiones. Hay una cuestión si se quiere moral o de valores y también una dimensión práctica, de efectividad de una decisión de este tipo. ¿Qué mirada tiene la Iglesia respecto a ambas perspectivas?
– Creo que no está bien bajar la edad, porque un adolescente está en una etapa de crecimiento, de maduración y no tiene todos los elementos como para tener una conducta adecuada, o no tiene todos los elementos para poder integrarse a una sociedad. Si no tiene todos los elementos necesarios para una formación, ya aplicarle una pena no nos parece lo adecuado. Por lo tanto, creemos que no es el camino.
– Y desde lo práctico, ¿por qué no cree que bajar la edad de imputabilidad sea una medida eficaz para bajar la inseguridad, que es una de las preocupaciones principales que tiene la sociedad?
– Creemos que no es el camino para bajar la tasa de inseguridad, porque lo que necesitan estos chicos es oportunidades. Oportunidades de crecimiento y darles lo que necesitan para salir adelante, porque son justamente chicos. Por otro lado, nuestros regímenes penitenciarios hoy en día están abarrotados y muchas veces en las cárceles se potencian las problemáticas que tienen. Esa es la experiencia que tenemos. Por lo tanto, poner en situación de encierro a un chico, cumpliendo una pena, no soluciona el problema de raíz.
– ¿Qué mensaje les transmitiría a los diputados que van a tratar esta semana los múltiples proyectos que hay de baja de la edad de imputabilidad?
– Primero que hay que dar más tiempo al debate y hay que escuchar a todos los sectores involucrados. A la vez, también, darles lugar a muchas experiencias positivas que hay en el acompañamiento de niños en situación de vulnerabilidad, y experiencias positivas de prevención. Si hay que multiplicar algo es multiplicar esas experiencias, con apoyo también fuerte del Estado. Esto requiere tiempo para un abordaje más amplio y participativo.
– Hay una mirada política que se inclina al endurecimiento de las penas. La gente está muy preocupada con la inseguridad y figura al tope de las encuestas. ¿Qué piensa de ese clima político, que propone soluciones punitivistas?
– Por supuesto que es doloroso la situación que uno puede padecer siendo víctima de alguna de estas situaciones. Eso hay que comprenderlo de un modo empático. Pero instalar de que solamente por bajar la edad las cosas se van a solucionar, no creemos que es lo viable y nos parece una solución muy simple.
Hay que abordar de una manera más amplia un problema complejo, que nos compete a todos. Las autoridades tienen su rol, pero también las instituciones intermedias, los ámbitos de participación en los vecindarios son importantes y las instituciones educativas. Hoy en día la escuela también tiene que dar un vuelco en su propuesta porque no basta con transmitir conocimientos, sino que se requiere contención, abordaje interdisciplinario de situaciones de vida.
El problema requiere tiempo y una apertura a un abordaje más amplio, pensando no solo en sectores vulnerables de la sociedad, sino también en todos los sectores. Hoy el avance de la de la ludopatía, por ejemplo, afecta mucho a la adolescencia, está en todos los sectores sociales y eso genera una vulnerabilidad también en los adolescentes y requiere un compromiso de muchos.
– ¿Un chico de 15 años no entiende la criminalidad de un acto? ¿No cree que es un debate que tiene que quedarse y que hay razones para modificar esto?
– Sí, estamos totalmente de acuerdo en que el debate tiene que darse de un modo más amplio. Por eso, se requiere tiempo y no definiciones apresuradas.
El sistema de tratamiento de la delincuencia juvenil tiene que ser analizado y tienen que cambiar muchas cosas, porque lo que está actualmente parece obsoleto. Pero, justamente, el cambio tiene que ser fruto del aporte de muchos y que esos cambios puedan favorecer la recuperación de los chicos. Estamos todos esperando que puedan cambiar las cosas, pero de un modo más participativo y amplio.
– Cuando ocurren hechos de enorme impacto social, como el de Kim, la nena arrastrada por adolescentes que robaron un auto, aparece la discusión sobre la edad de imputabilidad. Los menores involucrados tienen graves antecedentes y cometen estos actos después de que el sistema penal, el educativo y el social no pudo contenerlos. Y mientras no se cambia nada, estos eventos siguen.
– Por eso. Por supuesto que son situaciones dolorosas y las familias que los padecen enfrentan un dolor enorme y lo compartimos como sociedad. Ahora, sería bueno que de cada uno de estos chicos, que cometen delitos tan graves, podamos analizar sus historias y poder, a partir de allí, ver cuál es la salida que tenemos que buscar.
Si solamente pensamos en la pena del delito, no estamos atacando las causas. En cada chico que comete un acto de agresión y violencia de ese tipo tenemos que aprender a escuchar un grito también de ayuda. Y si lo unimos esto al tema del narcotráfico, que captan estos chicos.
– Claro, el drama del narcotráfico tiene un rol fundamental.
– Son también chicos que ya padecen alguna adicción y no son tan conscientes en ese momento de lo que están haciendo. Ese tema del narcotráfico es un tema también muy grande que hoy nos está cooptando sectores geográficos y sociales y a baja edad, justamente. Se aprovechan del tema de la baja edad para que puedan cometer delitos. Entonces el tema del narcotráfico es grande y no lo estamos abordando ampliamente, siendo una de las causas que genera esto.
– La Iglesia tiene un trabajo pastoral y en simultáneo un trabajo social muy amplio, extenso y con mucha capilaridad en todo el país. ¿Qué están viendo con respecto a la cuestión del narcotráfico y cómo sobrevuela en un contexto de pobreza?
– Es un problema a lo largo y ancho del país y en distintos sectores sociales. Hoy no vemos que hay una respuesta contundente y que involucre también a la sociedad en cuanto a poder revertir la situación. En muchos lugares, el control lo van teniendo las bandas narco y eso creo que es un tema que tenemos que abordarlo más profundamente para generar espacios más seguros y pacíficos para el desarrollo de una sociedad más sana. Eso hay que combatirlo de muchas maneras.
– El propio presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, están liderando y, de hecho, presentaron uno de los proyectos de baja de edad de imputabilidad. ¿Qué les diría?
– Que puedan dar tiempo para que todos los sectores sociales puedan dar su opinión y también aportar propuestas diversas para atacar realmente el problema, yendo a las causas. Necesitamos que muchas más voces se expresen, porque eso también nos va a iluminar por dónde tenemos que ir.
– No puedo terminar esta charla sin pediler una reflexión sobre el fallecimiento del papa Francisco. ¿Cómo están viviendo estos días después de su de su partida?
– Fue un sacudón. El Papa nos ha acompañado a vivir la vida cristiana de un modo profundo con sus gestos, sus palabras. Uno siente un poco de orfandad por su partida, en estos temas que estamos hablando, que tienen que ver con ocuparnos de los más vulnerables y asumir las propias vulnerabilidades.
El hecho de que siempre nos pidiera que recemos por él, que lo acompañáramos, lo mostraba como una persona humana, frágil, necesitada de ser acompañada. Esa es la sensación, de un poco de orfandad, pero también de esperanza, porque todo lo que sembró en nosotros, en animarnos a caminar juntos, a que seamos personas que nos enraicemos en Dios, en una vida más profunda de oración, en una entrega generosa a los demás.
Es tanto lo que ha sembrado en nosotros que confiamos en que eso va a seguir floreciendo y dando buenos frutos. Por eso miramos también con esperanza su partida por todo lo que nos ha sembrado.
– Le pido, como reflexión final, el mensaje que quiere transmitir respecto de la discusión de la baja de la edad de imputabilidad.
– Que simplemente podamos como sociedad involucrarnos en estos procesos de cambio, de necesidad también de revertir situaciones, en el acompañamiento de nuestros niños y adolescentes. Y que en eso, quien tenga un rol en la sociedad, podamos involucrarnos para hacer aportes y a la vez acompañar a nuestros legisladores para que podamos habilitar más espacios de escucha y participación para soluciones más profundas.
El ángel caído. La lapicera de hierro de Karina Milei expulsó a las Fuerzas del Cielo de las listas libertarias para la elección bonaerense y Santiago Caputo desató tempestades dentro del Gobierno. La irreverencia desbocada en las redes sociales obligó a la hermana del Presidente a poner un freno desde X. Ahora interviene Javier Milei.
El Triángulo de Hierro hizo crack. Hay dos sin tres. “Que el armador choripanero quede como senador provincial y listo. Que cumpla su función en el marco legislativo y no rompa las bolas”, escribió @Mileiemperor, la nueva cuenta atribuida al asesor presidencial después del límite que buscó poner la secretaria general de la Presidencia.
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Caputo cambia de arroba, pero no de villano. El “cuervo” expiatorio es Sebastián Pareja, armador de Karina Milei en la sinuosa provincia de Buenos Aires, trotamundos de la política bonaerense y con intereses en el club del que es un hincha fervoroso. Como en la película El Secreto de sus ojos, no puede cambiar de pasión. Para Caputo, la creme de “la casta”.
La disputa entre celestiales y territoriales era un clásico. Pero el sábado la tribuna de Las Fuerzas del Cielo se vino abajo con el espectáculo “pide Dan, no le dan”. Daniel Parisini -El Gordo Dan– y Agustín Romo habían llevado a Olivos un listado con 20 candidatos a concejales, el sub 30 libertario que milita desde las redes sociales, para que Javier Milei intercediera ante Karina y los Menem, Lule y Martín. Es el precio de bloquearse en WhatsApp. Lule y Caputo cortaron todo diálogo.
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Apenas un celestial accedió a las listas, como diputado por la Tercera Sección electoral. Nahuel Sotelo fue el sábado a La Plata a firmar el acta con mala cara. Al final, el secretario de Culto puso la otra mejilla: de sonar como primer candidato quedó en un deslucido quinto puesto, debajo de la bullrichista Florencia Retamoso. Tanto abogó Santiago Caputo por un acuerdo con el PRO, que priorice la gobernabilidad desde el Congreso, que el segundo lugar fue para María Sotolano, que responde a Jorge Macri. Hay que consignarlo: que no cobren los propios es raro. Salvo que crean que las Fuerzas del Cielo estén pipón de pago. Algo de eso hay. “Se cerraron las listas, definió todo Karina, listo el pollo”, cortan en seco cerca de Pareja.
Parecía un renunciamiento, una ofrenda, del caputismo, pero, no. Desde el cierre de listas, la interna es despiadada. Descontrolado consumo problemático de las redes sociales. Guillermo Francos y Patricia Bullrich ensayaron gestos para un control de daños. El jefe de Gabinete suena como un facilitador, el palo en la boca del cocodrilo. Con un Presidente ensimismado en la economía, ya puede bautizarse Guillermo Flancos: los ataja a todos.
Cerca de Pareja juran que Caputo jamás pidió lugares en las listas. Ni a él ni a Karina Milei. Por momentos, la pelea parece una desmesura. Todo por 20 concejales. Tres empanadas. Pero hay más. Es por quién incide en el Presidente y Karina tiene las de ganar. La secretaria general representa el súmmum. No es la cabeza, es más: el cuello que mueve la cabeza del poder.
Milei odia a Adam Smith, pero aplicó una división del trabajo. Para Caputo, el Gobierno. Para Karina, el partido. Pero, el monotributista choca, como un flipper, en el triángulo del poder. Aspira a digitar candidatos, con el argumento de una gobernabilidad perdida de un Congreso a la deriva después del 10 de diciembre.
No es casual que Milei haya dejado trascender que José Luis Espert-Diego Valenzuela es la fórmula libertaria para la Provincia en 2027. El candidato de Caputo para la Gobernación es Agustín Romo, el presidente del bloque diputados bonaerense, el siempre excluido de las fotos que arma Pareja.
La interna libertaria amenaza con estallar en la Primera sección. Es un problema para LLA porque el norte del conurbano es clave para vencer al peronismo, que es fuerte en la sureña Tercera. “Es un escándalo, que puede desembocar en una denuncia penal”, alertan los heridos que quedaron tirados en el cierre de listas. No son anécdotas. Ramón “El Nene” Vera fue corrido del armado, primero, y después rebotó con los suyos en la lista de senadores. Vera es diputado provincial y desprecia a Romo. Es mutuo.
Ya hay un plan para la Provincia. Además de la fórmula Espert-Valenzuela para 2027, el excomisario Maximiliano Bondarenko, que encabeza la lista por la Tercera sección, es un virtual ministro de Seguridad. Hace tiempo trabaja con Patricia Bullrich y Lalo Creus en una reforma para la Policía bonaerense.
La campaña arrancó con una rara sanción de Axel Kicillof, siempre inapetente de purgas. Esta vez desplazó a 24 polícias, acusados de gestar un complot para copar la Policía bonaerense, la fuerza que tendrá el control de las urnas en las elecciones del 7 de septiembre. Kicillof debe confiar a ciegas de Javier Alonso, el ministro de Seguridad, afín a La Cámpora.
Apagón y después
“Cuando el sistema era analógico, lo que hacíamos era mandar a uno de los nuestros sin nada a la Junta Electoral porque a la medianoche te cerraban la puerta y fuiste. Después se completaba. Ahora con la carga virtual pasan estas cosas, un corte de luz te puede ayudar”. Un experimento peronista resumía, en la tortuosa madrugada del cierre de listas, la inventiva del PJ para presentar candidatos cuando el dedo de Cristina Kirchner perdió poder, la espada de Axel Kicillof está desafilada y el ingenio de Sergio Massa no tiene límite.
Una semana después, el peronismo logró una foto de campaña conjunta: Kicillof junto a Mayra Mendoza en Quilmes. El reparto dejó al Gobernador con la marquesina y a La Cámpora, con los morlacos. Máximo Kirchner copó las listas con 15 candidatos. El Gobernador metió las cabezas de la Primera y la Tercera, con Gabriel Katopodis y Verónica Magario. El quiebre estuvo cerca.
TN fue testigo frente a la Gobernación de los sucesivos pasos desesperados del peronismo para esquivar una ruptura porque no había acuerdo en ninguna de las listas. A las 19 del sábado la negociación entre Kicillof y Máximo Kirchner estaba herida de muerte. Entonces, la orden de Carlos Bianco fue que el Movimiento Derecho al Futuro arme listas propias, como anticipó este medio.
“El operativo apagón” comenzó cuando faltaba una hora del cierre. Un corte de luz en la Legislatura, casualidad o no, disparó el montaje para estirar la negociación por fuera del plazo legal que vencía a la medianoche.
La Junta Electoral ya había dejado trascender que no avalaría una prórroga porque sí. El corte de luz sirvió como argumento a los apoderados del PJ. “Se cayó el sistema y perdimos toda la carga. Un desastre”, se lamentaba un apoderado. Y reconocía: “Muy complejo el cierre. Quizás el cierre más difícil de la historia de la provincia de Buenos Aires”.
A las 22:40 se cortó la luz, media hora después salió en una camioneta a las apuradas Bianco y cinco minutos más tarde ingresaron los intendentes Julio Alak y Alberto Descalzo. Nadie decía nada. Entre uno y otro, llegó una camioneta que traía refuerzo logístico: una antena de wifi para empezar a cargar las listas del MDF que usó el partido de Alberto Fernández, PARTE, por si la ruptura era un hecho.
En la puerta de la Gobernación empezaron a llegar dirigentes de Berazategui y La Matanza para firmar las actas. La angustia era por la prórroga que la Junta no había consentido. Entonces, en una camioneta, ingresó la secretaria General de la Gobernación Agustina Vila. Empezó a gestarse el plan B. Ante el silencio de la Junta, el PJ presentó un amparo. Había crisis de nervios y gritos por celular. “Si el juez acepta el amparo, va a haber conflicto de poderes y esto puede terminar en la Corte. Hay que impedirlo”, decía un peronista con más cierres que canas. El plan B fue descartado cuando un corte de luz certero afectó a la Junta Electoral a las 23.30 y les alargó la vida.
Tampoco funcionaba el grupo electrógeno de la Legislatura. “Estaban en revisión y mantenimiento. Esas reparaciones se hacen en los recesos que coincide con la feria judicial”, decían en el palacio legislativo. “Nadie puede cortar la luz en media ciudad. No existe eso”, decían en el Frente Renovador. Es verdad. Solo se cortó en la Legislatura y en la Junta electoral.
Elecciones 2025, cristina kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner
CÓRDOBA.- En medio del tironeo entre la Casa Rosada y los gobernadores por la distribución de fondos, un informe privado da cuenta de que en 2024 las provincias y CABA participaron del 32,3% de la recaudación tributaria nacional total. En el análisis de 32 años, marca una caída de dos puntos porcentuales respecto al máximo que fue en el 2020. La clave en esta discusión es la distribución en las responsabilidades del gasto; en los últimos días los mandatarios provinciales subrayaron que se hacen cargo de áreas de las que Nación se retiró.
El Iaraf, que conduce el economista Nadín Argañaraz, describe que en los primeros y últimos años del período analizado, la participación de las provincias ronda 30%, mientras que cayó entre 2002 y 2016 (el piso fue en 2010, gobierno de Cristina Kirchner, con 24,9%).
Aunque de manera permanente hubo cambio en las responsabilidades de gasto y disputas legales entre las partes, las provincias y CABA siempre se llevaron entre 25% y 34% de la recaudación total.
La reforma constitucional del ’94 ordenó modificar el sistema de coparticipación, pero nunca se hizo. Rige, con parches, la ley que se sancionó en 1988 que fija que el total de los recursos coparticipables se reparta 42,34% para Nación, 56,66% para provincias y 1% para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Ese es el fondo que los gobernadores, como no se ejecuta completamente, quieren que se distribuya.
Aunque el ministro Federico Sturzzeneger dijo que los proyectos impulsados por los gobernadores modifican la coparticipación, no es así. La única vía es una ley convenio que surge de un acuerdo entre la Nación y las provincias y debe ser refrendada por las legislaturas y por el Congreso.
El informe del Iaraf pone la lupa en cómo fue la participación del consolidado de provincias y CABA en la recaudación de impuestos nacionales, neta de los recursos de la Seguridad Social y de las retenciones que, en general, no son coparticipables. La película muestra que fueron perdiendo participación primaria en la década del ’90 porque leyes y decretos cambiaron el esquema original.
Entre esas modificaciones se cuentan la del ’92 con Carlos Menem que autorizaba a Nación a quedarse con 15% más una suma fija de $43,5 millones mensuales de la masa coparticipable para financiar el sistema previsional y otros gastos operativos y distribuir entre provincias con problemas financieros; en el ’99 se aumentó la participación de Tierra del Fuego de 0,388% a 0,70%; en 2003 se modificó la de CABA y se le asignó 1,4%, en 2016 se pasó a 3,75% y en 2020 se le quitó un punto.
En la administración de Mauricio Macri, después de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició a Santa Fe, Córdoba, y San Luis, Nación restituyó gradualmente los 15 puntos que, después del 2006 cuando vencieron todos los pactos, había seguido reteniendo. El proceso terminó en el 2020.
Por esa dinámica, desde 2018 y por el consenso fiscal firmado en la administración macrista, la masa coparticipable bruta creció y, en paralelo, se estableció un sistema de compensación para evitar que las provincias (excepto Buenos Aires) vieran modificada su situación respecto a 2017. Así, en el 2020, la participación de las provincias y CABA en la recaudación tributaria nacional (sin seguridad social y retenciones) sea la más alta en 32 años, con 50,6%.
Entre 2020 y 2024, esas transferencias automáticas cayeron dos puntos porcentuales (p.p), aunque si se excluye CABA (por el cambio en su asignación) la reducción es de 0,8 (p.p). Entre el año pasado y el 2023 la reducción fue de 0.4 p.p.
En el último año solo ocho distritos registraron un leve incremento de participación (Tierra del Fuego, CABA, Santa Cruz, Neuquén, San Luis, Río Negro, Chubut y La Pampa), mientras que el resto bajó.
Entre 2015 y 2022 se sumaron envíos de la Nación a las provincias que, si bien no forman parte de la coparticipación, “en muchos casos compensan aspectos”: las Transferencias Financieras por medio de la cuenta Obligaciones a Cargo del Tesoro. En ese período representaron 23,5% del total de transferencias no automáticas.
El Iaraf indica que crecieron a partir del 2016 y saltaron fuerte luego del 2019, “cambiando la lógica del reparto de recursos, puesto que Buenos Aires pasó de prácticamente no recibir fondos por este concepto hasta 2015 ( $2.400 millones), a $24.800 millones en 2016 y $40.000 millones en 2017”. Esa suba fue cuando María Eugenia Vidal gobernaba la provincia y Macri la “compensó” por el congelamiento del Fondo del Conurbano.
En el 2021 Alberto Fernández recorta la participación de CABA y con esos recursos general el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia administrada por Axel Kicillof. El año pasado no recibió nada por la eliminación del Fondo mientras que a CABA llegan más por la cautelar presentada ante la Corte Suprema.
El de La Rioja es otro caso particular. Recibe recursos no automáticos bajo la forma de envíos de capital y corrientes que se denominan específicamente como “extra coparticipables” por un acuerdo firmado con Nación para “compensarla” porque con la ley del ’88 había perdido un punto. El gobernador Ricardo Quintela demandó al Estado nacional ante la Corte porque adeuda esos envíos.
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POLITICA
Cúneo Libarona denunció que atacaron el estudio de su hermano y descartó que se trate de violencia política
El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona denunció este martes que una persona dejó un artefacto explosivo en la recepción de la oficina donde funciona el estudio de su hermano Matías. El incidente fue revelado públicamente por el propio funcionario a través de su cuenta oficial en la red social X. El ministro explicó que la persona responsable ya fue identificada y subrayó que la explosión del artefacto, que efectivamente detonó en el inmueble, no dejó víctimas ni personas lesionadas.
“Hoy una persona que ya fue identificada dejó un artefacto explosivo en la recepción de la oficina de mi hermano, Matías. Si bien el artefacto llegó a explotar, afortunadamente no hubo heridos”, escribió Cúneo Libarona en X. En el mismo mensaje, el funcionario desestimó que el ataque tuviera motivos políticos y lo vinculó con el estado mental del atacante: “No se trató de un hecho de violencia política, sino de una acción llevada a cabo por alguien que presenta evidentes signos de desequilibrio mental”, aclaró el ministro.
El episodio se registró en el inmueble donde trabaja Matías Cúneo Libarona, hermano del titular de la cartera nacional. El ingreso del artefacto se produjo durante el horario normal de actividad, trascendió luego de conocido el incidente. Tras la explosión, personal de seguridad del edificio activó el protocolo correspondiente y avisó de inmediato a las autoridades locales. Según el relato de Mariano Cúneo Libarona, la respuesta de las fuerzas de seguridad fue rápida y permitió evitar mayores consecuencias. El ministro agradeció públicamente a los responsables del operativo: “Agradecemos a las fuerzas de seguridad por su rápida respuesta”, concluyó en su publicación.
Cómo explicó el actual ministro de Justicia, la evaluación inicial apunta al accionar de un individuo con alteraciones evidentes en su salud mental, sin conexiones comprobadas con organizaciones o motivaciones políticas. Del relato se desprende la intervención de personal idóneo en el manejo de explosivos que llegaron a la conclusión de que el artefacto utilizado tenía capacidad para provocar lesiones, aunque por cuestiones circunstanciales la detonación no generó daños personales.
El antecedente de 2002
El episodio evocó el antecedente de septiembre de 2002, cuando la familia recibió una carta bomba en circunstancias que, en ese momento, fue interpretada como un posible amedrentamiento vinculado a conflictos judiciales. En aquella oportunidad, la oficina de Rafael Cúneo Libarona fue blanco de un intento de atentado a través de un sobre bomba, cuya explosión tampoco generó víctimas pero sí daños materiales y alarma en el edificio. El ministro, en esta ocasión, buscó desvincular los episodios mediante un mensaje contundente que pone el foco sobre la situación personal del atacante.
Aquel incidente ocurrió cuando Rafael Cúneo Libarona llegó a su despacho, ubicado en aquel entonces a escasos metros de la avenida Córdoba. Las crónicas de la época dan cuenta de que el sobre de papel blanco había sido enviado por Correo Argentino desde la ciudad de Rosario. El paquete, que contenía un libro de Derecho con la inscripción “Congreso de la Nación”, presentaba un detalle inusual: el destinatario figuraba como “Rafael Cunio”, con “i”, una alteración en el apellido que llamó la atención de los investigadores.
El sobre explosivo había llegado al edificio el sábado anterior y permaneció en poder del encargado hasta la mañana del lunes, cuando fue entregado a la secretaria del estudio. Minutos después de las 8, Rafael Cúneo Libarona abrió el paquete y activó inadvertidamente el detonador oculto en su interior. La explosión le provocó una fractura expuesta en el dedo índice de la mano derecha y lesiones en ambas manos y brazos.
El artefacto parecía “muy casero” y “realizado por gente poco profesional”, aunque su confección requería conocimientos específicos sobre explosivos, se dijo aquella vez.
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