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La baja en la edad de imputabilidad entró en terreno de definiciones: hay consenso, pero el kirchnerismo busca frenar el dictamen

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El Gobierno, el PRO y otros bloques aliados buscarán mañana aprobar en un plenario de cuatro comisiones de Diputados un proyecto de Régimen Penal Juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, y un sistema integral para abordar la problemática de los menores involucrados en el delito.

La iniciativa es resistida por el kirchnerismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y la Pastoral Social de la Iglesia Católica, cuyo titular, monseñor Dante Braida, expresó el fin de semana en diálogo con Infobae una fuerte oposición.

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El debate se aceleró después de varios hechos de inseguridad que protagonizaron menores de edad. El más impactante fue el caso de Kim Gómez, de 7 años, que fue asesinada por dos delincuentes de 14 y 17 años, que le habían robado el auto a la mamá de la niña y la arrastraron varias cuadras.

Si bien hay 15 proyectos, un despacho que tuvo más consenso será discutido en una reunión con más de 100 diputados que integran las comisiones de Legislación Penal, que preside Laura Machado (PRO), de Familias, Niñez y Juventudes, a cargo de Roxana Reyes (UCR); de Presupuesto, que encabeza José Luis Espert (La Libertad Avanza); y de Justicia, que conduce el libertario Manuel Quintar.

La posición mayoritaria del bloque de Unión por la Patria es contraria a bajar la edad de imputabilidad. Pero el massismo, a través de Ramiro Gutiérrez, presentó su proyecto propio que también fijó en 14 años la edad de punibilidad.

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Este domingo, el obispo Dante Braida sumó la voz institucional de la Iglesia Católica en contra de la baja de edad imputabilidad: “Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”, dijo en exclusiva con Infobae.

El papa Francisco y monseñor Dante Braida, presidente de la Comisión de Pastoral Social de la Iglesia Católica

Consensos y debate abierto

Más allá de las posiciones a favor y en contra, entre los más de 100 diputados que integran las comisiones hay consenso para avanzar en un dictamen que establece un Régimen Penal Juvenil que, si bien tiene como punto central la baja a 14 años, incluye una serie de medidas para abordar la problemática de los menores en conflicto con la ley penal.

El proyecto establece la derogación de la actual Ley 22.278, que rige desde 1980 -plena dictadura militar- y que, según coincidieron los legisladores de todos los bloques, resulta obsoleta. El nuevo texto —que consta de al menos 53 artículos distribuidos en once capítulos— fue elaborado tras ocho sesiones informativas que comenzaron en agosto del año pasado.

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El gobierno de Javier Milei envió un proyecto redactado por los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad), que fijaba en 13 años el límite para la punibilidad. Después, el presidente incluso fue más allá y declaró en varias oportunidades el principio “delito de adulto, pena de adulto”, que incentivó a los sectores que rechazan la iniciativa a endurecer sus críticas.

Según pudo saber Infobae, durante ese proceso se convocó a especialistas de distintas disciplinas, incluyendo neurólogos, que aportaron evidencia científica sobre la capacidad de comprensión de adolescentes de 14 años respecto a la ilicitud de sus actos.

A diferencia de la norma vigente, que apenas contiene 13 artículos y menciona instituciones ya inexistentes como el “patronato de menores”, la iniciativa sobre la que habría mayor consenso incorpora estándares internacionales suscriptos por Argentina en materia de derechos de la infancia. Esa omisión provocó sanciones internacionales por no adecuar el país su legislación a los tratados que reconocen un régimen penal juvenil diferenciado.

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Por eso, uno de los puntos centrales sobre los que hay acuerdo es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, alineándose con la mayoría de los países de América Latina, donde el umbral se sitúa entre los 12 y 14 años. El nuevo régimen se aplicará, entonces, a adolescentes de entre 14 y 18 años, y establece que la edad se considerará al momento del hecho delictivo.

Los diputados del oficialismo y los aliados que vienen trabajando en un dictamen de consenso advirtieron que esta modificación no significará que todos los menores que cometan delitos vayan a terminar presos. Por el contrario, proponen un esquema de penas alternativas y medidas complementarias que se graduarán según la edad y la gravedad del delito.

Entre las medidas complementarias previstas, que podrán aplicarse desde la imputación y acompañar a las sanciones penales, la mayoría de los legisladores que integran las comisiones coinciden en establecer en el nuevo régimen los siguientes criterios:

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  • Asesoramiento interdisciplinario.
  • Inclusión en programas educativos, recreativos y culturales.
  • Tratamiento médico o psicológico.
  • Capacitación laboral y acceso al empleo.
  • Prohibición del consumo de sustancias.
  • Obligación de presentarse ante el tribunal.
  • Prohibición de interrumpir la escolarización como sanción disciplinaria.

Estas medidas no están contempladas en la ley vigente y, según los impulsores del proyecto, son instrumentos imprescindibles para que los jueces cuenten con herramientas adecuadas a la hora de intervenir en casos de adolescentes en conflicto con la ley.

Un capítulo específico sobre los que hubo acuerdo es la regulación de penas alternativas a la privación de la libertad, entre las que figuran:

  • Amonestación.
  • Prohibición de acercamiento a la víctima.
  • Servicios comunitarios.
  • Monitoreo electrónico.
  • Reparación del daño.
  • Prohibición de conducir vehículos.

Estos artículos fueron trabajados de forma conjunta por diputados de distintos partidos políticos, y constituyen una de las bases del amplio consenso que sostiene el despacho. La lógica subyacente es que la prisión deberá ser la última instancia, reservada solo para los casos más graves y siempre con fundamentos concretos.

También hubo acuerdos para establecer modalidades atenuadas para la privación de libertad, que van desde la prisión domiciliaria, el instituto abierto, el instituto cerrado especializado. Y se prohíbe expresamente la prisión o reclusión perpetua para adolescentes, como así también se fija un límite máximo de cumplimiento efectivo.

Se contempla en el proyecto de consenso la posibilidad de sustituir parte de la pena tras cumplir dos tercios, siempre bajo control judicial y evaluación interdisciplinaria.

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Uno de los aspectos que generó mayor acuerdo es la necesidad de fijar criterios específicos para evitar que los menores condenados cumplan sus penas en cárceles comunes o junto a adultos. Y en caso de internación, el proyecto establecerá la notificación al juez civil competente para garantizar un seguimiento adecuado.

Un dato que tuvo peso en el proceso de construcción del consenso fue la situación de menores de 16 años actualmente detenidos en provincias, a pesar de que la legislación vigente los considera no punibles.

Legisladores de diferentes bancadas reconocieron que en la actualidad, ante delitos especialmente graves —como el del adolescente involucrado en el asesinato de Kim—, los jueces optan por “medidas tutelares” para mantenerlos en reclusión sin juicio formal, sin defensor, sin respetar garantías mínimas y en condiciones de alojamiento que no están claramente reguladas.

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Este vacío legal fue señalado como una de las principales motivaciones para avanzar en una reforma que garantice el debido proceso, establezca reglas claras y proteja los derechos de los adolescentes sin dejar a la sociedad desprotegida.

El proyecto que cosechó más apoyo incorpora un conjunto de principios y garantías procesales que tienen por objetivo orientar la aplicación de las normas a los adolescentes, entre ellos:

  • Legalidad: solo se aplicarán medidas previstas por la ley.
  • Debido proceso: todo adolescente tendrá defensa legal desde el inicio.
  • In dubio pro minoris: la duda se resuelve a favor del menor.
  • Proporcionalidad y excepcionalidad de las sanciones restrictivas.
  • Resocialización y educación como finalidades centrales.
  • Privación de libertad como último recurso, en establecimientos adecuados.
  • Participación y derecho a ser oído del adolescente.
  • Celeridad procesal.
  • Posibilidad de renunciar a la reserva procesal para expresarse públicamente.
  • Derechos y deberes de los padres en el proceso penal juvenil.
  • Obligación estatal de asegurar educación, atención médica y orientación laboral.
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En la Ciudad, el PRO analiza reeditar Juntos por el Cambio ante la imposibilidad de acordar con La Libertad Avanza

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Si bien en la provincia de Buenos Aires hubo acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO, en la Ciudad la historia es diferente. Fueron rivales en las elecciones porteñas del 18 de mayo -donde los libertarios duplicaron los votos del macrismo- y en cada oportunidad, el presidente Javier Milei cuestiona al mandatario porteño Jorge Macri.

En este escenario, la chance de recrear una alianza entre ambos partidos parece remota. Mientras tanto, en el Ejecutivo porteño analizan reflotar una suerte de Juntos por el Cambio para competir en las elecciones nacionales del 26 de octubre.

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Leé también: La Casa Rosada pone en duda una alianza con Jorge Macri en CABA: los motivos que alejan el acuerdo

“No se puede descartar nada, pero está muy difícil que haya acuerdo”, afirmaron fuentes del Ejecutivo porteño a TN. En el entorno de Jorge Macri sostienen que dentro de las propias filas libertarias hay desacuerdos.

En las elecciones legislativas porteñas, La Libertad Avanza compitió contra el PRO y lo duplicó en votos. (Foto: Presidencia / Prensa Senado)

“Creo que a ellos tampoco les sirve el acuerdo, para no darle a Bullrich un triunfo de 45/50 puntos en la Ciudad”, apuntó a este medio un armador porteño. “Si les crece mucho Patricia, no es bueno para el Gobierno”, explicaron.

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La hipótesis se basa en la presunción de que la ministra de Seguridad será candidata al Senado en octubre. Y si logra una victoria contundente, podría eclipsar a otras figuras libertarias. “Van a preferir que gane con algo más cercano a como fue lo de Adorni que con 50 puntos”, sentenciaron.

Mientras tanto, ya evalúan en el municipio porteño retomar lazos con sus viejos socios de lo que fue Juntos por el Cambio. En principio, se utilizaría otro nombre, pero la misma base de fuerzas (UCR, Coalición Cívica, entre otros). “De esta manera, tendremos más músculo electoral”, indicaron.

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El sector que encabeza Karina Milei no quieren cerrar un acuerdo electoral con el PRO en la Ciudad. (Foto: Instagram / @pilarramirezmpr)
El sector que encabeza Karina Milei no quieren cerrar un acuerdo electoral con el PRO en la Ciudad. (Foto: Instagram / @pilarramirezmpr)

Públicamente, Jorge Macri mantiene la calma. “Me parece que hay que hablarlo entre partidos y es un tema que además hay que hablar con Mauricio”, remarcó en diálogo con Radio Mitre.

No obstante, desde las filas porteñas de La Libertad Avanza fueron tajantes al respecto: “La alianza con el PRO está descartada”.

Hace unos días un sector del Gobierno retomó el diálogo con Mauricio Macri, que se había cortado tras las elecciones porteñas de mayo. Ese grupo del oficialismo vio con buenos ojos un acuerdo en Ciudad, con la condición de que el jefe de Gobierno porteño no esté en la mesa de negociación.

Sin embargo, en el sector de Karina Milei -a cargo del armado político-, la propuesta no cayó para nada bien. “Si (Jorge Macri) acepta que sacó 15 puntos en su propia Ciudad, podríamos sentarnos a negociar, pero si viene con pretensiones altas no”, expresaron en Balcarce 50.

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La presidenta de La Libertad Avanza se siente más cómoda con mantener el lema de campaña “es kirchnerismo o libertad”, que le dio el triunfo a Manuel Adorni en los comicios legislativos.

Además, el primo del expresidente es una de las personas más cuestionadas por Javier Milei. Durante el Tedeum del 25 de mayo, el mandatario se negó a saludarlo. Lo cuestiona por haber empleado al consultor político Antoni Gutiérrez-Rubí.

“Contrataron para la campaña negativa al mismo que contrató Sergio Massa ¿A usted no le parece que eso es un acto de deslealtad? A mí me parece una traición en la espalda”, expresó Milei en declaraciones a la radio El Observador.

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PRO, La Libertad Avanza, Ciudad de Buenos Aires

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Patricia Bullrich se reunió con una funcionaria la Embajada de Estados Unidos, previo a la llegada de Kristi Noem

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Previo al aterrizaje de Kristi Noem en la Argentina, la secretaria del Homeland Security, una funcionaria clave del departamento de Seguridad de Estados Unidos; Patricia Bullrich se reunió con la Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, Heidi Gómez Rápalo.

El encuentro bilateral se dio este viernes, tan solo unos días después de que la funcionaria fuera nombrada a cargo de la representación estadounidense en el país, hasta que se concrete la llegada del embajador Peter Lamelas.

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Por medio de una publicación en la red social X (antes Twitter), las autoridades norteamericanas destacaron: “Apreciamos el liderazgo de Argentina en seguridad regional, sobre todo en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, y la trata de personas“.

Por su parte, Gómez Rápalo manifestó: “Hoy tuve el gusto de reunirme con la Ministra de Seguridad @patobullrich para conversar sobre cómo EEUU y Argentina pueden profundizar nuestra cooperación en estas áreas para avanzar la seguridad y la prosperidad de Argentina, EEUU, y de toda la región“. Junto con la apreciación, adjuntaron una imagen de las dirigentes con las manos entrelazadas.

La publicación realizada por la Embajada de Estados Unidos en Argentina

De esta manera, Bullrich se convirtió en la tercera integrante del Gabinete nacional en reunirse con la nueva funcionaria de la Casa Blanca en Argentina. Previamente, la encargada de negocios recibió al canciller Gerardo Werthein el pasado 22 de julio, es decir, un día después de que se confirmara su designación.

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“En mi primer encuentro con el canciller Gerardo Werthein, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos en áreas clave como defensa, comercio, seguridad y salud, entre otras, para prosperidad y beneficio de nuestros pueblos”, aseguró la funcionaria estadounidense.

Ese mismo día, Gómez Rápalo también se encontró con el ministro de Economía, Luis Caputo, con la intención de hablar sobre las oportunidades de generar nuevos lazos comerciales entre los países. “Estados Unidos continúa comprometido a apoyar los esfuerzos de Argentina para impulsar el crecimiento y la prosperidad”, aseguró.

Según informó la Embajada de EEUU en la Argentina, fue designada por contar con más de 25 años de experiencia en América Latina, África y Asia. “Heidi ha trabajado con altos funcionarios gubernamentales y líderes del sector privado para generar millones de empleos de calidad en los Estados Unidos al asegurar el acceso abierto de aerolíneas estadounidenses a nuevos mercados, promoviendo exportaciones y ventas militares por miles de millones de dólares, e impulsando la innovación a través de la comercialización de tecnologías, aceleración empresarial e inversión ángel”, indicaron.

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Gómez Rápalo fue oficializada en el cargo el pasado 21 de julio

No obstante, el rol de la funcionaria sería de vital importancia para la gestión trumpista, debido a que en 2009 había sido honrada con el Premio Hunt ”por fortalecer la colaboración entre Estados Unidos y Argentina en la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas”.

Además, en 2011 le otorgaron el Premio Conmemorativo Raphel “por sus esfuerzos para desarrollar una cultura de mentoría que fortalezca el desempeño y la rendición de cuentas en el Departamento de Estado“.

Kristi Noem visitará Argentina y se reunirá con Javier Milei y Patricia Bullrich

Después de que se conociera que Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, llegará a la Argentina este domingo 27 de julio, se confirmó que una de las funcionarias claves de Donald Trump se reunirá con el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. Asimismo, anunciaron que partirá del país el próximo martes 29.

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Noem se transformó en la cara de la lucha contra la inmigración ilegal en Estados Unidos (REUTERS)

En los últimos meses, la imagen de Noem comenzó a resaltar en la política estadounidense, debido a que se trata de una de las dirigentes que inició la campaña contra la inmigración irregular. Bajo su gestión, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza intensificaron las tareas de detección y deportación de inmigrantes indocumentados, uno de los pilares principales del gobierno de Trump.

Frente a esto, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos comenzó a utilizar sus redes sociales para difundir las acciones de su departamento frente a la inmigración ilegal. En su cuenta de X, mantiene fijada una publicación de febrero donde anuncia una campaña publicitaria nacional e internacional destinada a advertir a los inmigrantes indocumentados que abandonen el país, bajo amenaza de deportación e imposibilidad de regreso.

La agenda de Noem en Buenos Aires incluye reuniones con Milei, con quien ya estableció contacto cuando el presidente argentino viajó a Mar-a-Lago, y con Bullrich, que había planificado un viaje a Estados Unidos este año para un encuentro con la funcionaria estadounidense. Ese plan se modificó por la muerte del papa Francisco y el viaje de la comitiva presidencial al Vaticano.

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Por su parte, la ministra Bullrich buscará información sobre la implementación de las políticas fronterizas estadounidenses y las herramientas empleadas en los controles migratorios, un tema de interés compartido entre ambas gestiones.

North America,Government / Politics,NEW YORK

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Continúa el proceso de privatizaciones: se puso en marcha el desprendimiento de Enarsa

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Luego de que en el día de ayer se dispusiera el inició de la privatización del tren Belgrano Cargas, este viernes se publicaron en el Boletín Oficial los detalles del desprendimiento de la empresa Enarsa, que controla la generación y distribución de energía en el país.

La resolución 1050 firmada por el presidente Javier Milei indica que se iniciara mediante la venta de acciones que la empresa tiene en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), que controla Transener, encargada del transporte eléctrico del país.

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Se pone en marcha la privatización del Belgrano Cargas: el Gobierno rematará locomotoras y vagones

En la actualidad, Citelec tiene el 52,65% de Transener mientras el resto de las acciones las tiene Pampa Energía, de Marcelo Mindlin.

La operación se realizará a través de un concurso público nacional e internacional y se estableció un plazo de ocho meses para concretarla.

El mecanismo ya había sido anunciado en abril por el Gobierno mediante el decreto 286, donde detalló: “La privatización se desarrollará por etapas, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios y de la ejecución de las obras en curso que dicha empresa tiene a su cargo”.

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El FMI aprobó la revisión técnica del acuerdo con Argentina y se acerca un desembolso de US$ 2.000 millones

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Bomba del día,Citelec,enarsa,PRIVATIZACIONES,TRANSENER

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