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POLITICA

Antes del juicio oral, confirman una prueba demoledora contra Cristina y Máximo Kirchner en un caso por lavado

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En poco más de 50 páginas, y aún con carácter de borrador, la pericia contable sobre Hotesur SA, ordenada por el Tribunal de juicio oral, expone números en rojo, falta de solvencia económica, un negocio poco rentable, contratos sin mayor respaldo, un listado de clientes preferenciales, y una relación “de confianza” entre los ex presidente y el empresario Lázaro Báez que “garantizaba el pago de alquileres” pese a que el negocio no marchaba.

Néstor y Cristina Kirchner no procuraron ninguna exigencia legal para garantizar que el inquilino de Hotesur les pague. Ni garantes ni ningún bien valioso que pueda oficiar de respaldo por si se generaba deudas o falta de depósito del canon mensual acordado.

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Había una certeza previa a la firma de cada contrato: sabían que el empresario “hecho a medida”, no iba a fallar. Así como Austral Construcciones fue creada para tener como único cliente al Estado nacional, bajo el mismo concepto Báez adquirió Valle Mitre SRL, que tuvo un cliente exclusivo: a la familia Kirchner.

“Lázaro Báez no fue amigo y no lo es”, dijo durante el juicio de Vialidad y en tono enfático, Cristina Kirchner. Su abogado, Carlos Beraldi, redujo la relación a propietaria-inquilino. «Uno alquilaba y el otro pagaba». Pero cuando la justicia federal firmó la sentencia condenatoria sostuvo que a Báez y a la ex vicepresidenta los unía un vínculo “espurio y corrupto”.

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), integrado por los jueces José Michil, Nicolás Toselli y Adriana Palliotti tienen la responsabilidad de realizar el debate público del caso unificado Hotesur-Los Sauces.

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Después de tres pedido del fiscal general Diego Velasco, Michilini ordenó que se reanude una pericia contable sobre la firma hotelera que está bajo la lupa. Clarín accedió a un borrador del estudio técnico que se había iniciado en 2022 y que cuenta con un importante grado de avance.

Creada a medida

Valle Mitre SRL fue la compañía que manejó Hotesur desde que la familia Kirchner la adquirió hasta mediados de 2013. La compañía tenía una particularidad: tenía como clientes únicos a los hoteles de los Kirchner y pagaba mes a mes el canon acordado por la explotación y alquiler de Hotesur.

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Parte de esos pagos se hacía con cheques de pago diferido emitidos por la propia Dirección Nacional de Vialidad en favor de la empresa Austral Construcciones SA, la compañía constructora de Báez que fue la que más se benefició con la obra pública kirchnerista.

Los hoteles de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner fueron epicentro, al menos así lo determinaron 16 funcionarios judiciales (entre jueces y fiscales de diversas instancias), de operaciones de lavado de activos. El requerimiento de elevación a juicio oral del caso Hotesur – Los Sauces, sostiene que ambas compañías (hotelera e inmobiliaria respectivamente), no tenían como finalidad poseer un giro comercial real, sino ser “una pantalla” para maniobras de blanqueo.

El informe pericial que se reanudó por orden del TOF 5, tiene un importante grado de avance según la documentación a la que accedió Clarín. Entre análisis de peritos oficiales, de parte y del Ministerio Público Fiscal, hay aseveraciones que ponen en crisis el principal argumento del abogado Beraldi: “Uno alquilaba y el otro pagaba”.

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Entre los años 2008 y 2009, Néstor Kirchner y sus empresas Hotesur y Los Sauces encomendaron el gerenciamiento de los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea del Chaltén a la empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez.

Esos alquileres se “acordaron en sumas realmente significativas, superiores en conjunto a los cien mil dólares mensuales y por montos finales millonarios en pesos. No sólo les permitió a sus dueños neutralizar todo riesgo inherente al rubro (turismo) sino que, principalmente, les aseguró el sostenimiento de un emolumento constante sin contingencias posibles”, se explicó a la hora de trazar un puente entre Vialidad y Hotesur.

La pericia que aún reviste carácter de borrador, contando con puntos inconclusos, otros bajo revisión e intercambio con los demás profesionales intervinientes, analiza un aspecto central: ¿Tenía respaldo económico Lázaro Báez para administrar a Hotesur?

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Negocio exiguo

Son tres los contratos que firmaron Valle Mitre y Hotesur, y que estuvieron bajo estudio de los peritos judiciales.

El primero de ellos, de noviembre de 2008, refería a la cesión y la explotación del hotel Alto Calafate, propiedad de Hotesur. Ese contrato determinó que la cesión de los bienes y mercadería sería por 100.000 dólares y 40.000 dólares por mes en concepto de canon.

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El período siguiente, entre 2009-2010, fue por 80.000 dólares por mes, y el correspondiente a los años 2011-2012 se celebró en pesos argentinos, por 469.272 peso mensuales.

Frente a esos tres contratos los peritos oficiales trazaron una línea de tiempo que reveló datos significativos.

Como punto de partida señalaron que al 31 de diciembre de 2008 el 88,53% del activo de Valle Mitre estaba destinado a atender obligaciones con terceros -los pagos a los Kirchner- por lo que quedaba un saldo menor al 12% disponible para otros fines.

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El siguiente número da cuenta de algo que el Ministerio Público Fiscal remarcó desde la etapa de instrucción: Valle Mitre no ganó comercialmente administrando a Hotesur.

El informe pericial explica que, «por cada peso que debía la empresa, disponía de 0.55 centavos para cancelarlo”.

Contratos sin garantes, inmuebles sin seguros

Esa insostenible ecuación económica tampoco era prevista por los dueños de Hotesur con ninguna cláusula habitual en cualquier contrato de alquiler. En ninguno de los tres contratos entre Valle Mitre y Hotesur hay alguna cláusula que garantice un resguardo para la familia Kirchner.

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Otro dato: había cláusulas en los contratos donde se exigía la contratación de un seguro por 5 millones de dólares, pero los peritos y los investigadores judiciales, jamás pudieron dar con la documentación que verifique la existencia de una contratación. Tampoco hay facturas que acrediten el pago de la misma. Los peritos añadieron que en la contabilidad de Valle Mitre tampoco se registra nada.

La evidencia demuestra que los Kirchner no requerían un garante: sabían que esa contabilidad no presentaría retrasos ni ausencia de los millonarios depósitos mes a mes.

¿Una empresa con respaldo económico?

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“El nivel de incertidumbre con respecto a la cobranza resulta inversamente proporcional, en parte, al nivel de conocimiento y confianza que existe entre las partes”, entendieron los peritos oficiales.

Lázaro Báez iba a pagar sí o sí. Esa certeza era preexistente a cualquier contrato, posiblemente, porque como se entenderá en números, Valle Mitre sólo fue creada para garantizar pagos mensuales -durante años-, a sus únicos clientes: Néstor y Cristina Kirchner.

Ni siquiera hizo falta procurar alguna historia profesional. La empresa de Lázaro Báez “no demuestra haber contado con un nivel de antecedentes relevantes en el campo de la administración hotelera en forma previa a la firma de los respectivos contratos con Hotesur”, se volcó en el documento.

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Esta certeza se confirmó con el análisis de los estados contables. A diciembre de 2007, en su primer ejercicio con movimiento comercial, el monto total de ventas que de Valle Mitre es de 430.095,080 pesos, mientras que el resultado del mismo es de 10.619,86 pesos.

“Ambas cifras demuestran que hasta ese momento el nivel de negocios de Valle Mitre era pequeño en movimiento y casi nulo en resultado. El patrimonio neto a la fecha mencionada era de 287.598,21 pesos, lo que también denota una capacidad propia de negocios bastante exigua”, contemplaron los especialistas.

Dinero “sólo para un mes de alquiler”

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En ese mismo año 2007 ocurrieron más cosas raras. En diciembre, Austral Construcciones le prestó a los ex presidentes 8.329.596,60 pesos. Esos fondos permitieron concretar la adquisición de Hotesur, dueña del hotel Alto Calafate, en febrero de 2008. Hacia mayo del mismo año, firmaron un contrato de locación con Valle Mitre, sin experiencia en el rubro y sin actividad comercial.

Pero los peritos consideran que Valle Mitre poseía un movimiento económico “sumamente escaso para encarar un contrato como que el que regiría a partir del 10 de noviembre de 2008” con la firma hotelera.

La ecuación no cerraba: sólo el alquiler mensual ascendía a 40.000 dólares -lo que equivalía en aquella época aproximadamente a 133.000 pesos- y el monto correspondiente a la transferencia de inventarios era de 100.000 dólares, lo que resultaba equivalente a 332.000 pesos. O sea que su patrimonio neto de438.093,27 pesos “sólo alcanzaba para cubrir esa transferencia y un único mes de alquiler”, se consignó.

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Ningún número cierra en esta trama de negocios. El porcentaje de utilidad final que tuvieron Valle Mitre y Hotesur sobre las ventas de cada ejercicio económico es dispar: la firma hotelera llegó a tener como máximo un 61,52% en el año 2011, mientras que Los Sauces llegó a un 4,04% en el año 2010.

Respecto de los gastos operativos (salarios, alquiler, etc.), en «Los Sauces su porcentaje mínimo fue de 55,36% en 2012. Mientras que Hotesur su porcentaje mínimo fue del 5,36% en 2011”, se analizó.

Por eso los peritos concluyeron que hubo “considerables diferencias en los beneficios totales recibidos por cada empresa, siendo Hotesur la más beneficiada durante el cumplimiento de los contratos referidos”.

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La sentencia del caso Vialidad había arribado a una conclusión parecida: “en contraste con las extraordinarias ganancias obtenidas por Cristina Kirchner, se calcula que la firma Valle Mitre sufrió pérdidas en promedio de 6.179.286,35 pesos, al valor de esa época”.

Una caja asegurada

Desde 2009 a julio de 2013, Lázaro Báez pagó a la ex presidenta 27.592.110 pesos a través de Valle Mitre, por la explotación del hotel Alto Calafate, la hostería Las Dunas (que originalmente perteneció a Lázaro Báez y la vendió a los Kirchner para después alquilarlo) y La Aldea de El Chaltén, que se construyó sobre un terreno a nombre del dueño del Grupo Austral.

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El alquiler del Alto Calafate incluyó otro valor significativo: entre 2010 y 2011, el 50% de lo facturado por el complejo turístico fue gracias a seis empresas de Báez que alquilaron habitaciones y el salón de conferencias del lugar.

¿De dónde provenían los ingresos de Valle Mitre y de las demás empresas de Báez? de Austral Construcciones. ¿Y los ingresos de Austral? De las obras públicas que le daban los gobiernos K y Báez no terminaba.

Hubo otro circuito: Austral otorgó créditos internos a Valle Mitre por 71 millones de pesos. Con ese flujo de fondos que provenían de la obra pública vial, Báez garantizó el pago mensual a Néstor y Cristina Kirchner por el alquiler y explotación de Hotesur.

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Corrupción K,Caso Hotesur,Cristina Kirchner,Máximo Kirchner,Lázaro Báez

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La Casa Rosada busca apoyo de los gobernadores para frenar la ofensiva opositora contra los DNU de Milei

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CÓRDOBA.- Mientras la Cámara de Diputados se dispone a tratar esta semana en comisión el proyecto de ley para limitar los decretos de necesidad y urgencia (DNU), ya se iniciaron gestiones del presidente de la Cámara, Martín Menem, y del ministro del Interior, Lisandro Catalán, para que algunos gobernadores impulsen a sus legisladores a no aprobarlo. Hasta ahora ese número no está −por lo que podría demorarse el tratamiento en el recinto−, aunque sí tienen los votos necesarios para sostener el seguro veto presidencial.

El proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, establece un plazo de 90 días de corrido para que los DNU sean aprobados “con mayoría absoluta” por las dos cámaras del Congreso. Ante el silencio del Congreso o el voto negativo de una de las dos cámaras, el DNU cae de manera automática.

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En la actualidad, los DNU rigen desde su publicación y si el Congreso no se pronuncia, son convalidados, lo que se conoce como “sanción ficta”. También alcanza para ratificarlos que una sola de las cámaras lo apruebe. Así lo establece la Ley 26.122, impulsada en 2006 por la entonces senadora Cristina Kirchner, en beneficio del presidente Néstor Kirchner. Desde que rige esa ley, el Poder Ejecutivo tiene más herramientas y facilidades para legislar que el Congreso.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, uno de los negociadores del oficialismo con los gobernadoresSoledad Aznarez

Los números que todas las partes usan como base del cálculo de lo que podría pasar con la iniciativa es el de la votación que se registró en Diputados cuando la oposición pidió tratar el expediente sin dictamen. No logró la mayoría especial necesaria: sobre 231 legisladores (26 ausentes), 142 levantaron la mano a favor y 88 en contra.

De repetirse ese esquema el sostenimiento del veto está garantizado, pero además el oficialismo descuenta que podría sumar algunos apoyos más entre los ausentes. En cambio, para conseguir que se rechace directamente el proyecto tienen que dar vuelta votos de un número más amplio de diputados. “En plena campaña, es difícil”, plantearon desde una gobernación que varias veces jugó aliada con los libertarios.

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“Hay gobernadores a los que no les gusta nada esa iniciativa, menos los que tienen posibilidades o aspiraciones de llegar a la Casa Rosada”, sostienen desde Interior. El tema fue parte de las conversaciones que Catalán tuvo con algunos de los mandatarios con los que se reunió, como el tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz. Los diputados que responden al salteño rechazaron tratar el proyecto, mientras que los tres del tucumano estuvieron ausentes.

Reunión de los Gobernadores Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio y Leandro Zdero con Guillermo Francos, Luis Caputo y Lisandro CatalánPresidencia

Por supuesto, alineados con la Casa Rosada están los socios electorales de La Libertad Avanza (LLA): Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco). Los libertarios también cuentan como propios los votos de los legisladores que responden al misionero Hugo Passalaqua y al sanjuanino Marcelo Orrego.

Desde ese sector califican a la iniciativa de “sin sentido” y sostienen que no sólo afecta a la actual gestión sino a los próximos gobiernos. Enfatizan que, en el caso del libertario, es todavía más necesario que el proyecto no avance, porque aun con un triunfo en octubre no va a tener mayoría en el Congreso.

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Para el oficialismo es clave poder frenar la iniciativa. La ponen en el mismo nivel de importancia que la aprobación del presupuesto 2026. En las conversaciones que vienen teniendo con gobernadores e incluso con diputados, los representantes del oficialismo subrayan que se encuentran con otra disposición al diálogo.

Hemos aprendido”, le aseguró un negociador a un mandatario e inmediatamente añadió que “después del 26 de octubre” podrán comprobar que es así. Después de la promesa de auxilio financiero de los Estados Unidos, que descomprimió la crisis cambiaria, la capacidad de gestión política del oficialismo está en el centro del análisis.

Los gobernadores Llaryora y Pullaro, de Provincias UnidasMarcelo Manera

En el bloque de mandatarios de Provincias Unidas hay posiciones diferentes. Los diputados que responden al correntino Gustavo Valdés y al cordobés Martín Llaryora ya votaron por la afirmativa cuando se intentó aprobar el proyecto, que en el Senado fue impulsado por la cordobesa Alejandra Vigo. En cambio, los legisladores alineados con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) no apoyaron.

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Gabriela Origlia,Cámara de Diputados,Martín Menem,Javier Milei,Conforme a,Cámara de Diputados,,Juan Schiaretti. “No queremos que el Gobierno se caiga ni que el país estalle; venimos a aportar racionalidad”,,»Debe gobernar hasta el último día». Cecilia Moreau reclama un peronismo que vuelva a representar y dice que Milei está «desesperado»,,Presupuesto 2026. La oposición exige la presencia de Caputo y reclama que el salvataje de EE.UU. se discuta en el Congreso

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La oposición presiona para sesionar en Diputados y aprobar los cambios en la ley de DNU

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La Cámara de Diputados de la Nación tiene previsto avanzar en una nueva sesión en la que los bloques de la oposición buscarán seguir marcando la agenda parlamentaria y el gobierno podría enfrentar una nueva derrota con un proyecto de ley que, según adelantaron desde el oficialismo, tendría como destino el veto presidencial.

La confirmación de la intención de ir al recinto el próximo miércoles 1 de octubre se dio esta semana en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cuando la oposición le pidió a José Luis Espert liberar los miércoles porque “es muy probable” que haya sesión. Pero en las últimas horas, en las negociaciones entre los secretarios parlamentarios, apareció el 8 de octubre como la opción más viable.

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El temario tendrá como eje principal una ley que viene negociando la oposición y que ya cuenta con media sanción del Senado que modifica el Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia -DNU-, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes.

El próximo martes -así quedó establecido en el emplazamiento que se realizó en la última sesión- se dictaminará la norma en el plenario de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamentos que presiden Nicolás Mayoraz (LLA) y Silvia Lospennato (PRO) respectivamente.

El proyecto establece que sólo con el rechazo de una de las dos Cámaras el DNU pierde validez. Hoy la ley marca que debe ser rechazado por los dos tercios de ambas Cámaras, lo que significa que es más simple aprobar una ley que rechazar un decreto.

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La Mesa Federal tiene como misión restablecer el diálogo con los gobernadores

La intención de la oposición -conformada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, la izquierda, Democracia y hasta un sector del PRO– es avanzar rápido con el tema porque entienden que tiene como destino, de aprobarse, el veto presidencial y quieren contar con el tiempo suficiente para ir con la insistencia de la norma antes del próximo 10 de diciembre cuando cambie la conformación del Congreso de la Nación.

“La Libertad Avanza no va a contar con una mayoría a partir de diciembre, pero sí le puede alcanzar para tener un bloque propio de más de un tercio de la Cámara de Diputados. Si lo logran, el presidente Javier Milei va a poder seguir gobernando por decreto como hasta ahora y va a saltear el Congreso. Nos va a convertir en algo peor que una escribanía”, explicó un diputado de uno de los bloques de la oposición que empujan la ley.

Otro punto fundamental que modifica es que los DNU pasarían a tener un plazo de 90 días de corrido para ser aprobados sin excepción y “con mayoría absoluta” por Diputados y el Senado. Además, el texto incorpora que, ante la votación negativa de un solo Cuerpo, también caerían, salvo los derechos adquiridos durante el potencial y corto tiempo de vida. Y, por último, que los decretos sólo pueden versar sobre una materia específica, lo que prohibiría DNU como el 70/23 de desburocratización del Estado.

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Otros dos proyectos que también están en el temario que se negocia por estos días son los proyectos de ley de los gobernadores: las modificaciones al reparto del impuesto a los combustibles líquidos y la insistencia de la norma que establece la forma de pago de los Adelantos del Tesoro para que se paguen de manera diaria y justo a la coparticipación. En este último caso, el Senado ya aprobó la insistencia.

José Luis Espert. La oposición busca establecer vía emplazamiento un cronograma de reuniones para tratar el Presupuesto 2026

Estos proyectos son impulsados por los gobernadores y el flamante Ministerio del Interior busca reactivar el diálogo con los jefes de los estados provinciales para intentar que se caiga el reclamo en busca de una solución alternativa.

En las últimas horas, se metió en la discusión el acuerdo con los EEUU y el reclamo de parte de los organismos internacionales de crédito para que el gobierno tenga una plataforma política más amplia que le permita llevar adelante las reformas. Para que esto suceda es fundamental para el Ejecutivo reconducir la relación con las provincias, por eso se hizo circular un nuevo llamado al diálogo.

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Según publicó Infobae, varios de los gobernadores presentes en una cumbre en Bariloche se mostraron permeables a un diálogo con el Ejecutivo, pero después de las elecciones.

El temario tendría los pedidos de interpelación al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la forma en la que se reglamentó la Ley de Discapacidad que hace imposible su aplicación. En este último punto, hay varios proyectos y todavía no hay acuerdo respecto de por cuál de todos se volcarían los bloques de la oposición.

Por último, y en un clima de falta de confianza de los diputados de la oposición respecto del rol de José Luis Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto y de las intenciones del Gobierno de tener o no ley para el año que viene, los bloques opositores buscarán emplazar a la comisión de Presupuesto y Hacienda.

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La intención es la de proponer un cronograma de encuentros y de asistentes del Poder Ejecutivo, con fecha de inicio y de cierre, con el fin de que el oficialismo no tenga este año la opción de cancelar el debate como hizo el año pasado Espert.

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Los gobernadores de Provincias Unidas se reunirán en Puerto Madryn con reclamos para incentivar al sector industrial

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COMODORO RIVADAVIA.- Con una agenda de sello industrial y una lista de gestos políticos en bloque para demostrar “músculo político”, Puerto Madryn será el epicentro el próximo martes de un nuevo encuentro de Provincias Unidas. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres recibirá a Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Vidal (Santa Cruz) y se espera la confirmación de Claudio Sadir (Jujuy).

Más que una foto conjunta, el objetivo es dejar en claro que los mandatarios tienen capacidad de coordinación y que no están dispuestos a quedar atrapados en la grieta entre kirchnerismo y mileísmo. Se espera sumar a la lista de presentes al candidato a diputado nacional por Córdoba Juan Schiaretti.

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El gesto de Provincias Unidas llega en un momento cargado de tensión. La Casa Rosada decidió limitar la vigencia de las “retenciones cero” a las exportaciones, una medida que encendió los reclamos de varias provincias productoras. Torres apuesta a poner sobre la mesa el malestar de Chubut frente a lo que considera un incumplimiento del Gobierno nacional: la promesa de eliminar los derechos de exportación al petróleo no convencional. “Se hicieron sacrificios locales, incluso con los gremios y Nación no cumplió”, insisten en su entorno.

El martes, Torres se subirá otra vez al reclamo: según aseguró, eliminar las retenciones a la exportación de petróleo apunta a completar el esquema de incentivos que ya generó la provincia, a través de la baja de regalías en determinadas áreas, para recuperar la actividad en una cuenca madura como San Jorge.

Referentes de Provincias Unidas se reunirán en Puerto Madryn y, antes de fin de año, en Jujuy y CABA.

Por eso, Torres dice que Chubut ya hizo el esfuerzo y también lo hicieron los sindicatos del sector, al aceptar determinadas modificaciones en esquemas de trabajo y al pasar rubros remunerativos a no remunerativos, entre otras medidas acordadas para bajar costos de producción del sector. Según sostiene y en un contexto en el que todas las grandes inversiones son absorbidas por Vaca Muerta, la quita de retenciones al petróleo convencional significaría una mejora indirecta para el pecio del petróleo de Chubut en el mercado interno.

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Comparativamente, producir un barril de petróleo en Vaca Muerta cuesta entre 5 y 7 dólares. En la cuenca San Jorge, dependiendo de las áreas, los costos de producción pueden ir desde los 40 a los 60 dólares. Con las políticas de incentivo buscarían acercar ese costo por debajo de los 30 dólares, ya que no se puede aspirar a igualar a Vaca Muerta, por razones vinculadas a su mayor productividad.

La jornada en Madryn pretende comenzar, según anticiparon los organizadores en Chubut, con una visita a la planta de Aluar. Se espera que los gobernadores recorran las instalaciones de Javier Madanes, dueño de la compañía y referente de un sector particularmente golpeado por los aranceles que Estados Unidos impuso a las importaciones.

En el armado de Provincias Unidas creen que Aluar sintetiza la narrativa que quieren instalar: industria nacional que reclama reglas claras para competir en el exterior y protección frente a decisiones externas.

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La conferencia de prensa posterior, programada en el Hotel Rayentray, tendrá a Torres como anfitrión y a sus aliados. Estarán presentes la diputada Ana Clara Romero y el vicegobernador Gustavo Mena, referentes de Despierta Chubut, la fuerza con la que el mandatario competirá en las elecciones de octubre.

Vista aérea de la planta de Aluar en Puerto Madryn

En el corto plazo, el espacio tiene previsto llevar su agenda a Jujuy y a la Ciudad de Buenos Aires, territorio del senador Martín Lousteau. No todos están de acuerdo con un encuentro porteño: mientras algunos confían en que la presencia de dirigentes con recorrido legislativo amplíe el espectro, otros advierten que el verdadero capital del espacio está en la gestión concreta de cada provincia.

En paralelo, circula la idea de extender la experiencia a nivel municipal. Algunos intendentes patagónicos ya tantean la posibilidad de conformar un bloque de “Ciudades Unidas” que replique, en escala local, la dinámica de los gobernadores.

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En este contexto, Provincias Unidas enfrenta tres dilemas inmediatos. El primero, llegar fortalecidos a las elecciones de octubre y romper con la lógica de la polarización. El segundo, persuadir a gobernadores que hoy juegan en solitario para que se sumen al bloque: se mencionan los nombres de Marcelo Orrego (San Juan), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén). El tercero, construir volumen legislativo, en particular en el Senado, donde imaginan un interbloque que pueda aglutinar a radicales no alineados con La Libertad Avanza, Pro y peronistas no kirchneristas. Los más optimistas proyectan un grupo de hasta veinte senadores.

El entusiasmo, no obstante, convive con advertencias. Una incorporación equivocada, que termine respondiendo a acuerdos con la Casa Rosada, podría derivar en fracturas, reconocen puertas adentro. Para Torres, la reunión del martes es algo más que un encuentro institucional. Es la oportunidad de mostrarse como articulador de un frente que busca construir identidad propia y capitalizar el malestar con el Gobierno nacional.


Ana Tronfi,Conforme a

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