Attorney General Pam Bondi vowed a federal crackdown Saturday, saying that America has entered a «new era of political violence.» Her stern warning against extremist groups targeting federal officers comes a day after she announced Department of Justice (DOJ) agents will be deployed to Immigration and Customs Enforcement (ICE) facilities nationwide.

Bondi’s announcement, posted in a video on X, comes days after suspected gunman Joshua Jahn, 29, opened fire on a Dallas ICE facility from a nearby rooftop in what the FBI has described as a «targeted attack» on federal law enforcement. 

Jahn took his own life Wednesday after allegedly killing one detainee and wounding two others.

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Bondi wrote in the post that there will be «ZERO TOLERANCE» for political violence and domestic terrorism.

«Assassins have tried to murder President [Donald] Trump twice and tried to kill Supreme Court Justice Brett Kavanaugh,» Bondi said. «In Minnesota, legislators, and even children attending Mass, were gunned down in cold blood in two separate incidents, and an assassin targeted and murdered our friend Charlie Kirk. A sniper shot three people at a Texas ICE facility, and now more than 200 violent rioters were at a Chicago ICE facility, chanting, ‘Arrest ICE, shoot ICE.’ At least one had a gun.»

Joshua Jahn allegedly shot at an ICE facility in Dallas Wednesday, and a bullet with «ANTI-ICE» written on it was found. (FBI; Contributed to Fox News)

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She noted if protesters «so much as touch one of our federal officers,» they will be sent to prison.

«We’ve seen this before. We saw it in Portland and with the LA riots. These are not peaceful protests. These are coordinated attacks by radical extremists, and they end now,» Bondi said. «Anyone who threatens or assaults our federal officers will be arrested and charged federally, not in some liberal state court. Same goes for anyone who’s funding and aiding these extremists. You will be dismantled brick by brick. We are taking our country back. Make America safe again.»

On Friday, Bondi released a statement on X saying the newly deployed Department of Justice (DOJ) agents will «safeguard federal agents, protect federal property and immediately arrest all individuals engaged in any federal crime.»

Demonstrators march past the Chicago Theatre during a protest against Trump’s administration’s immigration policies. (Scott Olson/Getty Images)

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Officials have not said how many agents will be sent, or which facilities they will secure.

Bondi also instructed the Joint Terrorism Task Forces across the country to «disrupt and investigate» all entities and people engaged in acts of domestic terrorism, including the repeated acts of violence and obstruction against federal agents.

In a statement to Fox News Digital, DHS Assistant Secretary Tricia McLaughlin described violent protesters as «domestic terrorists.»

«President Trump and Secretary Noem are taking action to restore law and order following weeks of violent riots at ICE facilities, assaults on law enforcement, and the terrorist attack at our ICE facility in Dallas,» McLaughlin wrote. 

«We are not going to allow domestic terrorists to attack our law enforcement. DHS has already arrested dozens of Antifa-aligned left-wing violent extremists who have attacked law enforcement, murdered innocent civilians, and launched a wave of violent riots throughout the Unites States. We will not allow Antifa domestic terrorists to deter us in our mission to make America safe, and those who try will be held accountable.»

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«The Department of Justice will seek the most serious available charges against all participants in these criminal mobs, including conspiracy offenses, assault offenses, civil disorder offenses, and terrorism offenses,» Bondi wrote in the statement. 

«While these never-ending attacks are designed to break our will, they only strengthen our resolve to complete the work begun. To that end, I have directed the FBI, DEA, ATF, and USMS to accelerate our efforts alongside the Department of Homeland Security (DHS) to locate, apprehend, detain, prosecute, and remove all illegal aliens present in our country. The rule of law will prevail.»

DHS and ICE did not immediately respond to Fox News Digital’s requests for comment.

El Sistema Cantareira, principal complejo de reservas hídricas que abastece a la región metropolitana de San Pablo, registró en septiembre el nivel de agua más bajo de los últimos diez años, cuando el estado de San Pablo sufrió una de las sequías más trágicas de su historia. Las consecuencias en aquel momento fueron graves: racionamiento de agua y daños significativos a la agricultura y la ganadería. Pero, sobre todo, la crisis se extendió a toda la región sudeste de Brasil, afectando también a los estados de Minas Gerais y Espírito Santo. Según un estudio publicado en la revista científica Science, fue la novena sequía más grave del mundo entre 1980 y 2018.

Este fenómeno extremo se debió principalmente a un cambio anómalo en la posición de un gran sistema de alta presión en el Atlántico Sur (denominado ASAS). Este sistema se desplazó más cerca del continente, funcionando como una especie de “barrera” que bloqueaba la llegada de nubes cargadas de humedad al sureste de Brasil. Como consecuencia, las lluvias que normalmente caen en abundancia en esa época no llegaron o fueron muy irregulares. Además, el fenómeno climático El Niño, que altera aún más el régimen de lluvias, contribuyó a empeorar la situación.

La sequía de hace 10 años fue solo una de las varias señales de alarma que también explican la situación actual. De hecho, desde los años 90, los periodos de interrupción de la temporada de lluvias, los llamados veranillos, son cada vez más largos. La semana pasada, según los datos difundidos por Sabesp, la empresa pública de servicios básicos de saneamiento del estado de San Pablo, el volumen operativo del Sistema Cantareira alcanzó apenas el 29,5%, mientras que en el mismo período de 2024 el nivel era del 53%.

El Sistema Cantareira está formado por cinco grandes embalses artificiales conectados entre sí, los de Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Atibainha y Paulo de Paiva Castro, que juntos acumulan y regulan el suministro de agua de gran parte del estado de San Pablo. Ante esta situación crítica, Sabesp declaró el estado de “escasez” de agua y anunció nuevas medidas para contener el consumo.

A partir del 22 de septiembre, la empresa amplió de 8 a 10 horas la reducción de la presión del agua en los hogares. La situación se supervisa constantemente y, en caso de que empeore aún más, ya se ha anunciado que podrían adoptarse medidas adicionales. En comparación con hace diez años, Sabesp ha ampliado las interconexiones entre los sistemas, lo que permite la redistribución de los trasvases de agua para reequilibrar los niveles hídricos, y ha trabajado para restaurar manantiales, embalses y fuentes.

Sin embargo, algunas cuestiones críticas siguen planteando problemas. En primer lugar, el 29,5% del agua tratada se desperdicia debido a filtraciones o conexiones ilegales. A esto se suma el comportamiento de los consumidores, que solo muy lentamente están empezando a utilizar el agua de forma más consciente, con una reducción per cápita desde 2015 de apenas el 15%.

Como subraya un editorial del diario Folha de São Paulo, “la combinación del crecimiento demográfico y las condiciones climáticas inestables exige ahora una planificación urbana a largo plazo, soluciones integradas de conservación y grandes inversiones en infraestructuras: otras áreas metropolitanas de todo el mundo ya están experimentando la escasez de agua como algo cotidiano”.

El caso de San Pablo no es más que la punta del iceberg. Un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de las Naciones Unidas, publicado estos días, ha dado la voz de alarma sobre un ciclo hidrológico global cada vez más desequilibrado, caracterizado por sequías prolongadas e inundaciones devastadoras.

El documento, titulado “Estado de los recursos hídricos mundiales 2024”, muestra que solo un tercio de las cuencas hidrográficas del mundo ha registrado condiciones normales, mientras que las demás han sufrido exceso o escasez de agua. 2024 fue el año más caluroso jamás registrado, con un papel determinante del fenómeno de El Niño.

El informe dedica un amplio espacio a Brasil, subrayando cómo los extremos climáticos se han manifestado con fuerza en los últimos años. Por un lado, la severa sequía que desde 2023 ha afectado a la Amazonia hasta alcanzar el 59% de su territorio en 2024, con graves repercusiones medioambientales y sociales. Por otro lado, las devastadoras inundaciones que el año pasado afectaron al sur del país, en particular al estado de Rio Grande do Sul, y que causaron casi 200 muertos y miles de desplazados, en lo que ha sido una de las peores catástrofes climáticas nacionales.

Paradójicamente, este año la Amazonia corre el riesgo de vivir una situación opuesta. El pasado mes de julio, el río Negro, cerca de la ciudad de Manaos, en el estado de Amazonas, registró una bajada de las aguas de 53 centímetros, con una media de 1,71 cm al día, según los datos del puerto de Manaos, que supervisa diariamente el nivel del río.

El 1 de agosto, el nivel era de 28,49 metros. Además, en los últimos meses, el río alcanzó un máximo de 29,05 metros, solo cinco centímetros por encima del umbral de inundación grave, que se sitúa a partir de los 29 metros. El proceso de crecida comenzó en octubre de 2024, tras la peor sequía de los últimos cien años en el estado de Amazonas. Otro ejemplo de cómo los fenómenos climáticos se manifiestan de forma cada vez más extrema lo demuestra también el estado de San Pablo.

El lunes, una violenta tormenta de lluvia, aunque no fue suficiente para elevar el nivel de las reservas de agua, sí causó destrucción. Emblemático es el caso de la fábrica de Toyota en Porto Feliz, en el estado de San Pablo. Todo el techo de la fábrica fue arrancado por las violentas ráfagas de viento. Según informó la misma multinacional japonesa, los daños paralizarán la producción al menos hasta enero del próximo año.

Un estudio publicado en septiembre en Nature Communications señala a la deforestación, especialmente en la Amazonia, como responsable, según la investigación realizada por científicos brasileños e internacionales, del 75% de la reducción de las lluvias en la estación seca en la Amazonia desde 1985.

La destrucción de la selva conlleva una pérdida de al menos 15,8 mm de lluvia por estación seca y un aumento medio de la temperatura de unos 2 °C. Sin embargo, los investigadores también han alertado de que los efectos de la deforestación se extienden más allá de la selva.

La Amazonia alimenta a todo Brasil con humedad a través de los llamados “ríos voladores”, corrientes de vapor de agua que abastecen de lluvia a las regiones agrícolas del centro-oeste y el sureste del país. La disminución de este flujo reduce la productividad agrícola, afecta a la pesca y a las comunidades que dependen de los cursos de agua, y contribuye a que se produzcan períodos de sequía más frecuentes e intensos, además de incendios y olas de calor.

Si el ritmo actual de deforestación continúa, se prevé que para 2035 las temperaturas máximas aumenten 2,64 °C y las precipitaciones disminuyan 28,3 mm por estación seca en comparación con 1985.

Por su parte, un editorial publicado el pasado mes de marzo en Science atacó las políticas medioambientales del Gobierno brasileño, que pondrían en peligro el equilibrio climático e hídrico de Brasil. Según los investigadores Philip Fearnside y Walter Leal Filho, gran parte de los sectores gubernamentales promueven actividades que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero. Entre los ejemplos citados se encuentran las subvenciones para transformar pastos en cultivos de soja y la asfaltada de la carretera BR-319 que atraviesa la Amazonia, iniciativas que fomentan la deforestación.

Por no hablar de la apertura de pozos petrolíferos en la Amazonia, un proyecto que parece estar cada vez más cerca de realizarse, ya que esta misma semana el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) ha aprobado una prueba realizada en agosto por Petrobras, en el marco de un amplio ejercicio de emergencia solicitado por el organismo medioambiental para obtener una licencia de perforación en la cuenca del río Amazonas.

Incluso el sistema de previsión adoptado por el Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS) en Brasil ya es considerado obsoleto por los expertos, ya que se basa en datos históricos de 90 años y no tiene en cuenta los efectos del cambio climático. El modelo no logra detectar nuevos patrones de escasez o abundancia de agua, lo que dificulta la gestión de las cuencas hidrográficas y aumenta la fragilidad del sistema energético. Esto conlleva un mayor riesgo de cortes de electricidad y contribuye al aumento de los costes energéticos, con consecuencias para toda la economía y los hogares.

La secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo, ha dado recientemente la voz de alarma. “El agua sustenta nuestras sociedades, alimenta la economía y es fundamental para los ecosistemas. Pero cada vez está más bajo presión. Sin datos precisos, avanzamos a ciegas”, afirmó.

EXCLUSIVE: As the Sept. 30 government funding deadline looms, the Trump administration is warning that millions of Americans could lose flood insurance coverage if Democrats refuse to back a House-passed spending bill that also extends the National Flood Insurance Program (NFIP).

The White House supports the continuing resolution (CR) approved by House Republicans, which would avert a shutdown and reauthorize the NFIP. 

Administration officials said they worked to ensure NFIP was part of the current funding package, reflecting what they call the urgency of protecting millions of policyholders during hurricane season.

Democrats have said they will not support the measure, citing broader spending disputes. Trump administration officials argue the standoff puts homeowners, the housing market and disaster recovery funds at risk just as peak storm season arrives.

GOP SENATOR BLASTS SCHUMER, DEMS AS ‘FORCING’ SHUTDOWN WHILE DEMANDING PRICE TAG REPORT

«In an exclusive statement to Fox News Digital, a White House official said: ‘The NFIP is a vital program utilized by millions of Americans, and it’s not a hard call to extend it – which is exactly why the administration supports the House-passed CR that would do so. Unfortunately, Democrats are happy to shut down the government and hurt the many thousands of Americans who rely on this program in the process.’»

According to administration figures reviewed by Fox News Digital, a lapse in NFIP authorization could disrupt about 1,300 property sales every day. That’s roughly 40,000 closings in a single month, all in areas where flood insurance is required to secure a mortgage.

More than 400,000 policies are set to expire in October. Officials say about 152,000 of those have been prepaid, but more than 250,000 households could still lose coverage if the program stalls.

TRUMP-APPROVED PLAN TO AVERT GOVERNMENT SHUTDOWN SCUTTLED BY SENATE

White House officials warn of flood insurance lapses if Democrats block a spending bill. (Getty Images)

Administration officials also pointed to October 2024 as a warning sign. That month saw more than 427,000 new or renewed policies. Roughly 41,000 homeowners bought new policies while about 33,000 dropped coverage, leaving a net gain of nearly 9,000. Officials warn that similar growth this year could collapse if NFIP lapses.

Administration officials told Fox News Digital that FEMA currently has $2.6 billion available to pay valid claims, including $1.5 billion in the National Flood Insurance Fund and $1.1 billion in reserves. But they warned the agency would be unable to borrow additional money from the Treasury if a major disaster exceeded those reserves, a scenario they described as «dangerous and avoidable.»

The National Association of Home Builders (NAHB) echoed those concerns. 

«Past disruptions of the NFIP have caused immediate and widespread negative impacts on property sales, home values and consumer confidence,» NAHB said in an exclusive statement to Fox News Digital.

House Minority Leader Hakeem Jeffries speaks during a news conference on Capitol Hill in Washington. (Nathan Posner/Anadolu/Getty Images)

«Home sales would cease in areas where flood insurance is mandatory in order to obtain a mortgage. What the housing market needs now is stability and certainty. NAHB calls upon the House to act quickly to continue to fund the operations of the federal government including the extension of the NFIP.»

The NFIP has a long history of stopgap extensions. Since 2017, Congress has reauthorized the program more than 30 times, often through short-term measures. Lawmakers have typically made coverage retroactive to prevent permanent gaps, but even brief lapses have stalled real estate closings and left homeowners in limbo. The program currently serves about 4.5 million policyholders nationwide.

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Unless lawmakers strike a deal, FEMA will be barred from selling or renewing flood insurance policies starting Oct. 1, a lapse that could leave millions of homeowners in limbo as Washington hurtles toward a shutdown. Administration officials argue the risk is especially acute this year as hurricane season continues.

FEMA, Schumer and Jeffries did not immediately respond to Fox News Digital’s request for comment.