Javier Milei llegará a la apertura de sesiones del domingo próximo con un dato político que buscará exhibir como propio: el quiebre del peronismo en el Senado. Tres gobernadores alineados en distintos niveles con la Casa Rosada impulsarán la ruptura del interbloque del PJ, después de haber contribuido al avance de la reforma laboral en Diputados.

Se trata de Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), mandatarios que sostienen una relación pragmática con el oficialismo y que resultan claves en la aritmética parlamentaria. Esta vez, su movimiento impactará en la Cámara alta: tres senadores dejarán el interbloque que conduce José Mayans y el PJ quedará reducido a 25 integrantes. Los que abandonarán el espacio son: Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán).

Desde 1983, el peronismo mantuvo el control del Senado y funcionó como un actor con poder de veto. Esa mayoría comenzará a resquebrajarse justo cuando Milei inaugure el período legislativo, en un discurso que el Gobierno prepara para el prime time televisivo.

Los tres senadores forman parte del bloque Convicción Federal, junto a Fernando Salino (San Luis) y Fernando Rejal (La Rioja). Hasta ahora convivían dentro de un interbloque con 21 legisladores kirchneristas y los dos santiagueños referenciados en el exgobernador Gerardo Zamora.

“Por ahora son solo tres, aunque van a tratar de convencer a los demás”, admitieron referentes del espacio a . Tanto Salino como Rejal se mueven con cautela entre sus agendas provinciales y las tensiones nacionales: el primero responde al armado del exgobernador Alberto Rodríguez Saá, enfrentado tanto al kirchnerismo como al oficilalismo de Claudio Poggi en San Luis; el segundo, alineado con Ricardo Quintela, busca el equilibrio entre una agenda federal crítica del “ambacentrismo” de Cristina Kirchner y la disputa local con el armado de los Menem.

La salida se formalizará esta tarde, según fuentes parlamentarias. En el entorno del grupo no descartan ampliar el espacio con otros referentes provinciales sueltos, como la salteña Flavia Royón, la tucumana Beatriz Ávila y los dos misioneros aliados a Carlos Rovira.

Detrás de la ruptura asoma un factor común: la relación de los gobernadores con la Casa Rosada. Con recursos escasos, la mayoría depende del margen de negociación que les otorgue la Nación.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), dirigido por Nadin Argañaraz, registró en enero una caída real interanual del 6,6% en las transferencias automáticas a provincias y la Ciudad. La baja se explica, en gran parte, por la retracción del consumo y del IVA. Con un Gobierno que recortó obra pública y administra los fondos con criterio político, los mandatarios negocian caso por caso, sin coordinación colectiva.

Jalil es uno de los ejemplos más claros. Busca destrabar el financiamiento del Acueducto Albigasta, una obra hídrica conjunta entre Catamarca y Santiago del Estero. El Banco Internacional de Desarrollo (BID) prevé desembolsar más de 200 millones de dólares, pero el contrato requiere una garantía nacional que todavía no fue firmada. El aval implica que, ante insolvencia provincial, el Tesoro responda y luego descuente el monto de la coparticipación. Esa firma -clave para el proyecto- permanece frenada, aunque ahora podría aparecer.

El antecedente más reciente fue la Ciudad de Buenos Aires, que necesitó un aval similar para un préstamo del BID destinado a fortalecer el sistema de salud. Aunque el proyecto había sido aprobado en noviembre de 2024, la garantía nacional llegó recién tras el acuerdo electoral entre Pro y LLA.

Jalil ya había mostrado su pragmatismo en Diputados. En diciembre retiró a tres legisladores de Unión por la Patria, armó el bloque Elijo Catamarca y contribuyó a que el oficialismo desplazara al peronismo como primera minoría. Poco después, la provincia recibió el control de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), una caja clave que concentra el 60% de las utilidades netas provenientes de explotaciones de oro, plata y litio. El actual presidente de la entidad es Fernando Miguel Jalil, hermano del gobernador.

Tucumán también obtuvo beneficios concretos. En noviembre, en la previa del debate presupuestario que Jaldo terminó respaldando, la Nación giró $20.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el monto individual más alto entregado durante la gestión de Milei. Salta, en paralelo, se ubicó entre las provincias más favorecidas por las transferencias discrecionales del Gobierno.

La ruptura venía madurando desde hace tiempo. En Jujuy y Salta, Cristina Kirchner intervino el PJ con dirigentes propios que definieron las listas en la última elección. A Moisés, incluso, la expulsaron del partido. Jaldo y Jalil lograron contener sus territorios con listas de unidad, pero la tensión nunca desapareció.

El debate por la reforma laboral terminó por quebrar la convivencia. La discusión tocó el corazón discursivo del peronismo -la representación de los trabajadores- y dejó expuestas las diferencias internas. Sin una conducción unificada, prevaleció la fragmentación.

Durante el debate, Moisés denunció presiones internas y reivindicó su autonomía política. “Siempre voy a votar lo que sea mejor para los jujeños”, dijo, tras relatar una campaña de cuestionamientos dentro de su propio espacio. También ensayó una autocrítica: sostuvo que el peronismo se alejó de la realidad social y quedó atrapado en una lógica de resistencia permanente.

En Diputados, el clima fue similar. Los legisladores tucumanos, catamarqueños y salteños que dieron quorum para habilitar el tratamiento fueron señalados como “traidores” por sectores del PJ. El caso más visible fue el del tucumano Javier Noguera: tras las críticas, abandonó la sesión y no volvió al recinto. En las votaciones siguientes figuró como ausente. En Diputados, el PJ cuenta con 93 legisladores propios.

La investigación criminal sobre la “memecoin” $LIBRA registró un nuevo traspié en los tribunales argentinos. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó como querellantes a dos inversores bielorrusos que habrían perdido más de US$ 2 millones por el controvertido colapso del criptoactivo. Y lo hizo con dos argumentos singulares: los reclamantes no aparecen en los padrones tributarios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ni en los registros de la Dirección Nacional de Migraciones. Y porque son, precisamente, bielorrusos.

El abogado de Sviatlana Krasutskaya y Vladislav Lapchenko -quienes reclaman perjuicios por 1.768.079 y 240.048 dólares, respectivamente- apeló hoy la resolución de Martínez de Giorgi, que en su resolución del miércoles pasado también sostuvo que los reclamantes no acreditaron de manera fehaciente ser los verdaderos titulares de ese dinero ya que no están a sus nombres las billeteras virtuales informadas, Phantom Wallets.

Martínez de Giorgi aplicó, además, un “enfoque basado en riesgo” al subrayar que alidad de los presuntos afectados es un factor determinante, apoyándose en una resolución del Consejo de la Unión Europea que sancionó a Bielorrusia en 2006. “De acuerdo con el enfoque basado en riesgo establecido por la normativa de prevención de lavado de activos, la vinculación con una jurisdicción sujeta a sanciones [por Bielorrusia] constituye un factor relevante que debe ser especialmente considerado”, sostuvo. “Conlleva extremar los recaudos en la identificación de las personas físicas y/o jurídicas involucradas, así como en la verificación del origen de los fondos mencionados”.

Para el letrado que patrocina a los bielorrusos, Nicolás Oszust, el argumento de juez resulta “arbitrario”, lo que plantó al apelar la decisión. “¿Qué tiene que ver la Unión Europea (y sus normas) en esto? ¿Si la Unión Europea sancionó a Bielorrusia, eso puede ser fundamento para rechazar una querella por una estafa en Argentina?”, planteó. “Si la Unión Europea (o Estados Unidos o Mongolia, o el Reino de Lesoto o el país o ente del mundo que sea) decide sancionar a Bielorrusia por una cuestión geopolítica (por ejemplo, por un supuesto alineamiento con Vladimir Putin), eso jamás puede resultar en un rechazo a una querella en una causa de Argentina, en la cual se perjudicaron a nacionales bielorrusos”, remarcó.

La pulseada por la aceptación o rechazo como querellantes de Krasutskaya y Lapchenko en la “causa $LIBRA” que tramita en Comodoro Py excede a los presuntos damnificados. Por un lado, porque impactaría en el patrimonio de los imputados: aceptar a los bielorrusos podría elevar los embargos contra Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy en otros $3000 millones para asegurar eventuales resarcimientos.

Por el otro, el ingreso como querellantes ambos afectados permitiría proponer medidas de prueba independientes, dándole un nuevo impulso a un expediente que tramita en el juzgado de Martínez de Giorgi y cuya instrucción está delegada en el fiscal Eduardo Taiano, quien ha enfrentado múltiples cuestionamientos de otros damnificados y de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por la parsimonia de la pesquisa.

Ahora, la Cámara Federal deberá decidir si confirma el criterio restrictivo que adoptó el juez Martínez de Giorgi para rechazar como querellantes a los bielorrusos, o si, como sostiene el abogado de ambos, aplica una “interpretación amplia” de la legitimación activa, tal como la propia Sala II ya dispuso en marzo de 2025, en resoluciones previas en el mismo expediente judicial vinculadas al escándalo cripto.