POLITICA
Prosegur en la mira: Boqueteros vaciaron una joyería a metros de la Municipalidad y la comisaría en Morón

Una vez más, la firma de seguridad Prosegur quedó envuelta en la polémica tras el violento robo a una joyería ubicada en pleno centro de la ciudad. Con una audacia que sorprende, una banda de delincuentes vació el comercio mediante un boquete, sin que se activara ninguno de los sistemas de alarma ni sensores sísmicos instalados.
El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes en la joyería Litsa, ubicada sobre la calle Belgrano al 100, frente al Palacio Municipal y a tan solo dos cuadras de la Comisaría 1ª. Allí, los ladrones perforaron una pared lindera con una peluquería y accedieron al local sin ser detectados por ningún dispositivo de seguridad.
“Tenemos Prosegur, tenemos alarmas, sensores sísmicos, cámaras… nadie me llamó, no sonó nada”, relató con impotencia Jorge, el dueño del local, en declaraciones a TN. Según explicó, contaba con múltiples medidas de prevención, incluidos teléfonos preparados para recibir alertas ante cualquier anomalía. Sin embargo, todo falló.
El boquete, de aproximadamente 50 centímetros, daba a una escalera interna del local. Los delincuentes no solo lograron desactivar las cámaras, sino que además se llevaron los DVR con las grabaciones. El botín, según estimaciones, es millonario e incluye joyas, dinero en efectivo y objetos de alto valor comercial.
“Me arruinaron la vida. Si me hubieran llamado, yo mismo llamaba al 911 y los atrapaban. Pero no pasó nada. Estuvieron acá adentro horas y nadie lo notó”, lamentó el joyero de 57 años, aún en estado de shock por lo ocurrido.
El fiscal Matías Rappazzo, de la UFI Nº 7 de Morón, investiga el caso. No se descarta una posible complicidad interna, mientras la Policía Bonaerense revisa las cámaras municipales y entrevista a vecinos en busca de pistas. Se reforzó la vigilancia en los comercios de la zona ante la indignación creciente entre los comerciantes.
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POLITICA
Mauricio Macri: “Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey de hace 100 años”

Durante una entrevista en un podcast, el expresidente Mauricio Macri habló sobre la actualidad del país y generó controversia al hacer un análisis sobre lo que denominó “la revolución tecnológica” y ahondó sobre los cambios sociales que devienen de este movimiento.
“La híper comunicación que trajo la revolución tecnológica ha generado una era que llamo yo la era de la revolución de las expectativas: todo el mundo está loco por más y eso lleva a una enorme insatisfacción. Vos decís, mirás un poco y decís, ¿cómo? Si el mundo está cada día mejor y un pobre de hoy vive igual o mejor que casi un rey de hace 100 años”, cuestionó el líder de Pro.
En su visita a La Fábrica, el empresario explicó que esto sucede porque ahora gran parte de la sociedad “tiene cloaca, tiene agua corriente, tiene acceso al transporte público, tiene acceso a la educación pública”. “En los lugares en donde las cosas funcionan, no… ¿Por qué? Porque saben todo lo que les falta tener. Eso es una locura, correr detrás de lo que vos creés que deberías tener”, ejemplificó.
“No somos muy objetivos en eso; siempre creemos que nos corresponde más, que nos deberían decir que somos más lindos, más inteligentes, más fuertes de lo que realmente somos», siguió.
En la misma entrevista, el expresidente Macri también se refirió al conflicto por el cierre de la histórica planta industrial de neumáticos Fate en la localidad de Virreyes, partido de San Fernando, por el que más de 900 trabajadores quedaron despedidos.
“Lamento mucho la imprevisibilidad argentina. Y yo les digo: ‘Bueno, por favor, no abandonen. Pongan garra, reestructúrense, convóquense si hace falta’“, expresó Macri al respecto.
Al mismo tiempo, aconsejó a quienes perdieron sus puestos de trabajo que “utilicen todas las herramientas para defender su capacidad de creación, su capacidad de trabajo, su fuerza laboral”. “El Estado tiene que saber administrar”, sostuvo y añadió: “El único tributo debería ser el Impuesto a las Ganancias que paga el empresario, con el objetivo de darle una segunda mano al resto de la sociedad y garantizar seguridad al sistema”.
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POLITICA
Néstor Roncaglia habló del narco que quiso atentar contra su vida: “Se creía intocable porque tenía amigos en la política y la policía”

Luego del atentado fallido en su contra, el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, aseguró que “detrás del autor intelectual del hecho hay trama que combina poder económico, conexiones criminales y posibles complicidades políticas”.
Roncaglia confirmó que Leonardo Airaldi, quien se encuentra preso por narcotráfico en la Unidad Penal 9 de Diamante “era el jefe de una organización narco que operaba en la región”. Según detalló, Airaldi manejaba rutas de tráfico desde Paraná hacia Victoria, Diamante y Las Cuevas, con ramificaciones en Santa Fe y Buenos Aires.
“Su nombre aparece vinculado a la incautación de 30 kilos de cocaína en territorio santafesino y a conexiones directas con la banda rosarina Los Monos y con el histórico narco bonaerense Miguel Ángel Villalba, conocido como “Mameluco” Villalba», precisó.
Además, admitió que la figura de Airaldi rompe con el estereotipo del narco marginal. Lo describió como “integrante de una familia tradicionalmente ganadera, propietaria de miles de hectáreas que tras la muerte de su padre habría iniciado una ‘mutación’ hacia el delito organizado”.
El Ministro de Seguridad dijo que esa herencia rural se transformó, presuntamente, en capital inicial para financiar operaciones de narcotráfico. “Era un sujeto de mucho dinero, con muchos contactos y redes”, sostuvo. “Esa fortuna millonaria y su entramado de relaciones le habrían permitido moverse durante años con aparente impunidad”, remarcó.
El dato más lo inquieta es la posible infiltración en estructuras estatales. Sin afirmarlo de manera categórica, Roncaglia deslizó que Airaldi “tenía amigos en todos los ámbitos” y que “muchos comían de su mano”, en alusión tanto a sectores políticos como a integrantes de fuerzas de seguridad de la gestión anterior al gobernador Rogelio Frigerio. “Se creía intocable porque tenía amigos en la política y la policía”, agregó.
La sospecha es que esa red de protección le garantizaba información anticipada sobre movimientos judiciales y allanamientos. De hecho, el ministro reveló que antes de su detención el empresario narco se desplazaba “sin ningún inconveniente”.
La investigación que terminó con Airaldi preso comenzó a impulsarse con fuerza en 2024, cuando la nueva gestión provincial decidió avanzar sobre causas que, según Roncaglia, estaban en trámite pero requerían decisión política.
El ministro contó que se reunió personalmente con el juez federal Leandro Ríos y el fiscal Ignacio Candioti para dar impulso a la pesquisa. La detención del presunto jefe narco habría desatado la “bronca” que hoy se traduce en ese intento de matarlos a los tres.
El plan para asesinar al ministro, al juez y al fiscal surgió a partir de la declaración de otros internos en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú. Lo que encendió las alarmas fue el nivel de detalle: los denunciantes describieron rutinas personales, como el único día del año en que Roncaglia salió en moto sin custodia para asistir a un asado. Cuatro días después, esa información ya circulaba dentro del penal. “Algo raro está pasando acá”, admitió el funcionario, convencido de que existió una tarea de inteligencia previa.

La hipótesis oficial es que, aun detenido, Airaldi mantenía capacidad de mando. Roncaglia recordó que en el mundo narco no es extraño que líderes presos sigan impartiendo órdenes a través de visitas o intermediarios. Por eso, el gobierno provincial impulsa su traslado a una cárcel federal de máxima seguridad, una decisión que depende de la Justicia Federal y que se da en vísperas del juicio oral.
El ministro también puso el foco en la protección institucional. Más que su propia seguridad —asegura andar siempre armado y con custodia— le preocupa que jueces y fiscales trabajen sin presiones. En este caso intervienen magistrados federales de Buenos Aires, lo que, a su entender, otorga mayor entidad al expediente. La prioridad fue reforzar la custodia de los funcionarios judiciales y brindar protección especial a los internos que denunciaron el complot, pese a que se trata de condenados por delitos graves.
Roncaglia no es ajeno a la violencia. En 2013 fue baleado en un episodio nunca del todo esclarecido, que él vincula a una posible entrega previa para simular una entradera. “Tengo el cuero duro”, dijo, relativizando el riesgo personal. Sin embargo, reconoció que la provincia no está acostumbrada a este tipo de amenazas directas contra autoridades judiciales y políticas.
Mientras el juicio oral se aproxima, el mensaje político es claro: la actual gestión busca exhibir firmeza frente a estructuras que durante años habrían operado con protección. La investigación recién comienza y deberá determinar si el plan era una amenaza en estado embrionario o un atentado que pudo haberse concretado.
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POLITICA
El Gobierno trabaja en una nueva ley de inteligencia para convalidar el decreto que firmó Milei

El primer paso fue la resurrección y reorganización de la SIDE, que en julio de 2024 reemplazó a la entonces AFI. En el último día de 2025, y ya con el contador Cristian Auguadra al frente de la inteligencia nacional en reemplazo de Sergio Neiffert, llegó el segundo cambio, que corrió los límites de los espías con el polémico DNU 941, que les brinda amplias facultades para detener personas sin la intervención de un juez y les da acceso a datos personales.
Estas y otras modificaciones generaron polémica y presentaciones judiciales de inconstitucionalidad contra el decreto.
Por estas horas, y sin dar detalles, el gobierno de Javier Milei avanza en una tercera etapa de reformas en el ámbito de la inteligencia nacional, que sin cargo formal maneja el asesor presidencial Santiago Caputo. A diferencia de las dos anteriores, sería a través del Congreso.
En el Gobierno confirmaron a que se avanza en una nueva ley de Inteligencia que prevé incluir ítems del polémico decreto y sumar otros en la nueva legislación. La iniciativa no tiene una fecha de presentación prevista, informaron las fuentes.
“Se está trabajando”, confirmaron a este diario cerca del Presidente, aunque aclararon que la nueva ley “no está terminada y no está definido cuándo se manda”. Otras fuentes con conocimiento del proyecto agregaron que probablemente “se intentará plasmar estos cambios de aquel decreto y alguna cosa nueva” en una norma “más abarcativa”, según expresara la propia SIDE en un comunicado, en enero pasado y luego de la difusión del decreto.
La nueva composición del Congreso, dónde la Libertad Avanza ya consiguió avanzar en proyectos de ley como la reforma laboral o el régimen penal juvenil, son un aliciente para intentar plasmar en una ley los cambios dispuestos por decreto.
El primero de ellos, que en los comienzos del gobierno de Milei habilitó a los espías a actuar como auxiliares de la Justicia y eliminó la obligatoriedad del acuerdo del Senado para nombrar al titular del organismo, fue cuestionado en la Justicia por el CELS, sin resultado hasta el momento.
El decreto 947, en tanto, generó inquietud en organismos de derechos humanos al establecer que uno de los objetivos es el de “reorientar las actividades de la citada Agencia en materia de contrainteligencia para identificar y analizar, con enfoque preventivo, amenazas a la seguridad estratégica nacional, incluyendo acciones de espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia”. Aunque la propia SIDE lo negó en un comunicado, y tal como publicara , estos párrafos podrían terminar justificando tareas de inteligencia sobre actividades legítimas, como la militancia política o el periodismo.
También generó alarma la habilitación al entrecruzamiento e intercambio de información entre dependencias del Estado que manejan datos personales sensibles, como Migraciones, Aduana, Renaper, Justicia, Renar y ARCA. Este punto fue cuestionado por el CELS y otras entidades en un amparo colectivo.
Los eventuales aliados en el Congreso siguieron con atención el artículo 2 de ese decreto, agregado a la Ley de Inteligencia Nacional, que establece que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”. La Comisión Bicameral de Seguimiento de Actividades de Inteligencia, encargada del control parlamentario de la SIDE, quedó acéfala a fines del año pasado por el paso de su hasta entonces presidente, Martín Lousteau, del Senado a la Cámara de Diputados, y aún no se constituyó.
Otro de los puntos que contiene el decreto –por ahora la herramienta legal con la que cuenta la central de espías- dispone la disolución de la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar (Dniem) y el traslado de sus funciones al Estado Mayor Conjunto, lo que reduciría la injerencia del ministro de Defensa y refuerza el peso de la SIDE en el esquema de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
El decreto generó la previsible oposición de Unión por la Patria y la izquierda, aunque se sumó también el rechazo de los provinciales de Provincias Unidas y de la Coalición Cívica. En Pro y la UCR se mostraron expectantes, sin tomas de posición concretas.
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