POLITICA
El Gobierno oficializó la eliminación del FISU y del Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica
Tal como había anticipado el vocero presidencial, Manuel Adorni, días atrás, el Gobierno disolvió el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y el Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica (FONDOTEC). Con la medida publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 312/2025 ya son 24 los fondos fiduciarios eliminados por la actual gestión.
En el documento, que lleva la firma del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Economía, Luis Caputo, el Poder Ejecutivo justificó que las disoluciones se realizaron con el fin de “propender a la mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos”. “En la Ley N°27.742 se establecieron como bases de la delegación legislativa mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común; reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas y asegurar el efectivo control interno de la administración pública nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas”, explicó.
Más precisamente, en el caso del FONDOTEC, el argumento presentado por el Gobierno para justificar su cierre es la baja ejecución presupuestaria: de los más de $28.000 millones asignados entre 2022 y 2023, solo se utilizaron $33 millones. Por otra parte, respecto al FISU, las autoridades informaron que hubo una compra de terrenos contaminados, adjudicación de obras a cooperativas sin antecedentes y demoras en su ejecución.
El último antecedente de disoluciones de estas entidades ocurrió a raíz de la publicación del Decreto 234/2025, donde se eliminó el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF). Según explicó el Poder Ejecutivo, tomó la decisión de cerrarlo por irregularidades detectadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía.
Fue creado en 1990 a través de la Ley 23.877, con la función de financiar actividades destinadas a la generación de conocimientos científicos, tecnológicos e innovadores. Su estructura contemplaba el uso de recursos tanto del Tesoro Nacional como de fuentes de crédito externo, por lo que la subejecución detectada durante los últimos años fue uno de los motivos centrales esgrimidos para justificar su eliminación.
Se trataba de uno de los fondos más recientes, ya que fue creado en 2018, bajo el gobierno de Mauricio Macri. Su objetivo consistía en financiar proyectos de urbanización e integración socio urbana en los barrios relevados por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), un programa orientado a la formalización de asentamientos informales.
Durante la gestión de Alberto Fernández, su administración quedó bajo el mando de Fernanda Miño, dirigente del Frente de Patria Grande, el espacio que lidera Juan Grabois. Luego, tras el cambio de gobierno, el FISU pasó a la órbita de Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y hombre clave tanto en la confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como para las negociaciones electorales del partido con Pro.
Este domingo 26 de octubre se llevan a cabo las elecciones legislativas nacionales, para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores; y surge una inquietud entre los ciudadanos que cumplen un rol fundamental en los comicios, referido a cuánto cobran las autoridades de mesa en las elecciones Argentina 2025.
La Jefatura de Gabinete publicó en agosto una resolución donde se indica el monto para las autoridades de mesa y delegados, según el rol que desempeñen en el acto electoral.
La resolución 347/2025 establece los montos que percibirán los ciudadanos que cumplan tareas como autoridades de mesa en los comicios de este domingo.
La normativa detalla que los viáticos para quienes desempeñen funciones en los centros de votación oscilarán entre $40.000 y $120.000, dependiendo del rol asignado.
Las autoridades de mesa, quienes supervisan y garantizan el correcto desarrollo de la votación en cada mesa, cobrarán $40.000. Además, aquellos que participen en las actividades de capacitación reconocidas por la Justicia Nacional Electoral recibirán una compensación adicional de $40.000. Desde el Gobierno explicaron que este incentivo busca “estimular la participación en los cursos de formación para mejorar el desenvolvimiento de los comicios”.
Por su parte, los delegados en los locales de votación serán remunerados con $80.000, en tanto que los delegados judiciales, encargados de reportar eventos o incidencias solicitadas por la Cámara Nacional Electoral, percibirán $40.000.
El monto más elevado será para los delegados tecnológicos, quienes supervisarán la verificación de identidad mediante herramientas biométricas en algunos establecimientos de votación. Ellos cobrarán $120.000.
El documento oficial también establece que los ciudadanos podrán elegir diferentes formas de cobro, incluyendo opciones electrónicas, con el fin de garantizar un pago rápido y seguro. Además, tendrán hasta un año para reclamar la percepción de los viáticos correspondientes.
La Justicia Nacional Electoral será la encargada de verificar el cumplimiento efectivo de funciones de cada participante y notificará al Correo Argentino quiénes están habilitados para cobrar. Por su parte, la vicejefatura de Gabinete del Interior coordinará la organización y ejecución de estas tareas.
La Boleta Única Papel (BUP) reúne a todos los candidatos en una boleta y garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación. En el diseño elegido, los partidos figuran en las columnas (verticales) y los cargos a elegir en las filas (horizontales) para facilitar la visualización. Al lado de cada cargo se dispone una casilla en blanco para que el elector tilde el o los candidatos de su preferencia.
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POLITICA
La Corte Suprema confirmó la condena a tres personas que vendían certificados truchos para cancelar deudas fiscales
La Corte Suprema confirmó la condena a tres personas que vendían certificados truchos para cancelar deudas fiscales. El jefe de la banda quedó detenido en la cárcel de Gualeguaychú. Ahora avanzarán decomisos que incluyen propiedades y cuentas en EE.UU. y hasta un viñedo.
El Máximo Tribunal rechazó un recurso extraordinario de la defensa de dos contadores, Salvador Luis Morelli (alias “Lucho”) y Sergio Oscar De Araquistain y un abogado, Roberto Mario Izaguirre (alias “Roy”). Los tres resultaron condenados en primera instancia como coautores del delito de asociación ilícita fiscal. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal de Paraná en junio de 2023. La Cámara de Casación Penal confirmó la decisión, pero redujo las penas.
La asociación fiscal ilícita está tipificada en el Régimen Penal Tributario, Ley 24.769. Apunta a sancionar a organizaciones de tres o más personas que se complotan para realizar ilícitos de este tipo de manera habitual.
En el juicio se probó que Morelli, De Araquistain e Izaguirre habían montado un negocio ilegal que consistía en la venta de certificados falsos de créditos fiscales ficticios. La operación involucró a empresas constructoras con deudas de IVA, con supuestas retenciones que habían sufrido otros contribuyentes.
Con este falso crédito de libre disponibilidad ante la AFIP (hoy ARCA), se cancelaban saldos negativos que tenían estas empresas. El mecanismo se implementó entre 2010 y 2015.
“Lucho” Morelli y “Roy” Izaguirre recibieron penas de 5 años y 3 meses en primera instancia. A De Araquistain le correspondió una sanción mayor, 6 años y 3 meses, porque fue considerado el líder de la gavilla. Todos comenzaron a cumplirla en sus domicilios. Casación, al analizar el caso, confirmó las sentencias pero rebajó las penas; de allí que Morelli e Izaguirre hayan conseguido en agosto la salida condicional.
De Araquistain no estaba en situación de acceder al beneficio. Por eso este jueves, al revocársele la domiciliaria, lo alojaron en la Unidad Penal de Gualeguaychú. Allí deberá estar, al menos un año, compartiendo pabellón con delincuentes comunes.
Decomisos
Lo sustancial de la causa es la recuperación del dinero de los contribuyentes que se apropió la banda. El Tribunal Federal de Paraná dispuso que el decomiso de los bienes de los implicados se concrete una vez que el fallo quede firme. A fin de evitar que vacíen el patrimonio, la Justicia ordenó la inhibición de bienes de Morelli e Izaguirre y la anotación de litis en los de De Araquistain. Esta última medida lo habilitaba a transferir sus propiedades, pero el adquirente recibía una advertencia de que podían ser decomisados.
La denegatoria de la Corte dio firmeza a las condenas. Por eso ahora se abre el incidente para determinar qué bienes recupera el Estado. Esto se resolverá en una audiencia con presencia de las partes, según indicaron fuentes judiciales consultadas por este medio.
El fallo recopiló una larga lista de propiedades en los Estados Unidos y en la Argentina, vehículos y depósitos en el país y en Norteamérica. Entre ellas se cuentan:
- 1 Inmueble en la zona de Malagueño, cerca de Córdoba Capital.
- 1 Inmueble ubicado en Cape Coral, Florida, Estados Unidos.
- 1 Inmueble localizado en Fort Myers, Florida, Estados Unidos.
- Dólares depositados en una caja de ahorro del JP Morgan Chase Bank. EE.UU.
- Dólares depositados en una cuenta corriente del JP Morgan Chase Bank. EE.UU.
- Dólares depositados en una cuenta corriente del Ocean Bank de Miami, Florida, EE.UU.
- Un viñedo de 1.200 hectáreas en Divisadero, General San Martín, Mendoza.
El tiro por la culata
Muchos de estos bienes fueron detectados por las autoridades a raíz del blanqueo de capitales que se concretó en la gestión de Mauricio Macri en 2016, a través de la ley 27.260.
Morelli e Izaguirre se adhirieron a ese beneficio fiscal. Durante el juicio, las defensas de ambos reclamaron que esos bienes estaban protegidos por la legislación de regularización de activos. El Tribunal entendió que la ley sólo los resguardaba de las acciones por los impuestos no pagados.
La protección de la 27.260 “no alcanza a todas las acciones penales emergentes de la ley 24.769 (penal tributaria) sino solamente a aquéllas que estén vinculadas a una obligación susceptible de ser cancelada mediante pago, en el caso de autos, al delito de evasión en que Morelli e Izaguirre habían incurrido”. Ese fue el razonamiento de la jueza Noemí Berros al que adhirieron los otros dos miembros del Tribunal, Roberto López Arango y Mariela Rojas (subrogante). “Dicho de otro modo: el delito de AIF (asociación ilícita fiscal) no es susceptible de ser cancelado en términos de punibilidad por la ley 27.260”, abundó la magistrada.
En el juicio de primera instancia intervinieron el fiscal general José Ignacio Candioti y el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy. En representación de Afip/Arca actuaron las abogadas Diana Marina Núñez y María Florencia Sieber.
Los candidatos de la provincia de Buenos Aires
Habrá 13.353.974 electores que elegirán 35 diputados en 135 secciones electorales.
Los candidatos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Habrá 2.520.249 electores que elegirán 13 diputados y 3 senadores en 15 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Córdoba
Habrá 3.120.707 electores que elegirán 9 diputados en 26 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Santa Fe
Habrá 2.846.454 electores que elegirán 9 diputados en 19 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Mendoza
Habrá 1.523.848 electores que elegirán 5 diputados en 18 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Catamarca
Habrá 347.282 electores que elegirán 3 diputados en 16 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Chaco
Habrá 1.013.621 electores que elegirán 4 diputados en 25 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Chubut
Habrá 485.052 electores que elegirán 2 diputados en 15 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Corrientes
Habrá 951.732 electores que elegirán 3 diputados en 25 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Entre Ríos
Habrá 1.155.693 electores que elegirán 5 diputados y 3 senadores en 17 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Formosa
Habrá 491.558 electores que elegirán 2 diputados en 9 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Jujuy
Habrá 602.380 electores que elegirán 3 diputados en 16 secciones electorales.
Los candidatos de la privincia de La Pampa
Habrá 304.693 electores que elegirán 3 diputados en 22 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de La Rioja
Habrá 310.155 electores que elegirán 2 diputados en 18 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Misiones
Habrá 1.006.564 electores que elegirán 3 diputados en 17 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Neuquén
Habrá 581.437 electores que elegirán 3 diputados y 3 senadores en 16 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Río Negro
Habrá 611.533 electores que elegirán 2 diputados y 3 senadores en 13 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Salta
Habrá 1.117.076 electores que elegirán 3 diputados y 3 senadores en 23 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de San Juan
Habrá 620.823 electores que elegirán 3 diputados en 19 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de San Luis
Habrá 429.732 electores que elegirán 3 diputados en 9 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Santa Cruz
Habrá 272.027 electores que elegirán 3 diputados en 7 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Santiago del Estero
Habrá 826.361 electores que elegirán 3 diputados y 3 senadores en 27 secciones electorales.
Los candidatos de Tierra del Fuego
Habrá 153.120 electores que elegirán 2 diputados y 3 senadores en 4 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Tucumán
Habrá 1.341.563 electores que elegirán 4 diputados en 17 secciones electorales.
Elecciones 2025
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