En octubre del año pasado, a través de una contratación directa por exclusividad, Leonardo Scatturice obtuvo con su empresa OPC Tech la renovación de licencias para las redes de soporte de conectividad en todas las escuelas estatales a nivel nacional. Por ese negocio, el Gobierno le pagará US$78.650.000.

accedió al expediente de contratación completo en el que, entre otras condiciones, se revela que el mantenimiento anterior, contratado en 2021, se había hecho por licitación y por un monto menor.

Entre 2017 a 2018, Educ.ar adquirió e instaló el equipamiento de redes locales Cisco Meraki en más de 40.000 escuelas de gestión estatal a nivel nacional para el Plan Nacional de Conectividad Escolar.

Scatturice es un empresario con vínculos en el mundo de la inteligencia, de estrecha relación con el asesor presidencial Santiago Caputo. Está radicado en Estados Unidos, donde construyó nexos con el trumpismo. Este año compró la mayoría accionaria de la aerolínea lowcost Flybondi. Es, además, el dueño del avión que en febrero pasado aterrizó en Aeroparque con una pasajera, Laura Belén Arrieta, y desató una polémica porque la Aduana dejó pasar el equipaje sin controles.

Para el 16 de noviembre de 2021, Educ.ar realizó la primera renovación de 209.828 licencias de Cisco Meraki, mediante un proceso licitatorio adjudicado a Distecna SA, una de las representantes de Cisco en la Argentina, por US$16.864.496. Esta renovación se estructuró de forma escalonada (50% por 3 años, 25% por 2 años, 25% por 1 año). Se establecía para todas las licencias una fecha de vencimiento común: el 16 de noviembre de 2024. Ahí yace parte de la diferencia de precio, aunque, si se toma como referencia el valor anual que se desprende del total abonado, renovar el 100% por tres años hubiera tenido un costo proporcional cercano a US$22.482.661.

En julio de 2024, se dispuso la intervención de Educ.ar. Se designó a Eduardo Roberto González (que duró en el cargo hasta el 31 de octubre). En agosto, OCP Tech S.A. presentó una propuesta para la renovación de 223.828 licencias por 3 años, por un valor de US$78.650.000. Luego, Cisco Systems Argentina S.A. envió una carta certificando a OCP Tech S.A. como el único canal de reventa autorizado en la Argentina. La carta explica que Cisco no tiene establecimiento permanente para ventas directas en el país, y destaca la certificación GOLD de OCP Tech S.A. y su experiencia previa en el proyecto.

Sin embargo, hubo por lo menos dos presupuestos (de las empresas Dinatech S.A. y DTE S.A.) integrados al expediente. Pese a ello, porque la oferta de OCP Tech habría sido más económica, avanzaron con una contratación directa por exclusividad.

En la carpeta que circuló por las distintas dependencias públicas, no se integró para la evaluación de todos los funcionarios los presupuestos de las competidoras. En el caso de Dinatech S.A., no se subieron los documentos proporcionados con el monto total específico ni los precios unitarios de la propuesta económica. En el de DTE SA, se manifestaron los precios unitarios, que efectivamente resultaron más caros que los de OPC. Sin embargo, lo que no se explica es por qué, habiendo solicitado presupuestos a distintas compañías, no se entró en una licitación pública que permita que reajusten sus precios.

En septiembre, la Secretaría de Educación firmó un convenio de colaboración con la empresa estatal para la renovación de licencias. Allí se estableció una cláusula de confidencialidad, por la cual quedó prohibida “la divulgación, ya sea en forma oral o escrita, a persona humana o jurídica, pública o privada, de la información que surja de las acciones derivadas del presente”.

Educ.ar elaboró un informe clave que detalló argumentos técnicos, operativos y económicos para la renovación con Cisco Meraki y contra un cambio de tecnología, incluyendo la inversión en el sistema preexistente, que le costó al Estado US$227,8 millones, la dependencia crítica de los dispositivos Cisco Meraki de sus licencias, volviéndolos inoperativos (“off line”) sin ellas, generando un “apagón masivo”, y confirmando a OCP Tech S.A. como la “única opción viable y eficiente” para asegurar la continuidad del servicio sin incurrir en mayores costos ni interrupciones, dada su condición de único revendedor autorizado.

La UTN ratificó la no viabilidad de un cambio de proveedor, argumentando que implicaría una inversión considerable en nuevos equipos, reconfiguración, adquisición de software adicional, riesgos de interrupciones del servicio y una prolongada curva de aprendizaje para el personal. Concluyó que mantener al proveedor actual era la opción más viable y eficiente para evitar estos costos y riesgos, asegurando la continuidad operativa sin transiciones complejas y costosas. Esta es una validación crucial de la decisión de no cambiar de tecnología.

No es el único contrato de OPC con el Estado. La empresa de Scatturice figura en más de 260 procesos administrativos con el Estado nacional, según registros oficiales, en carácter de proveedor, contratista o representante legal de distintas sociedades.

El Plan Nacional de Conectividad Escolar, lanzado como parte del programa “Aprender Conectados” para garantizar wifi para el 100% de los alumnos en más de 50.000 establecimientos educativos públicos. Según informacion de Cisco, actualmente se registran 18.700 redes activas y más de 148.000 dispositivos conectados a través del dashboard de Cisco Meraki, la plataforma centralizada desde donde se monitorea el funcionamiento del sistema.

El objetivo del programa es permitir que todos los niveles educativos —inicial, primario, secundario y formación docente— cuenten con conectividad permanente, que sea gestionada, escalable y segura. Educar S.E. administra este proceso a través del Centro Integral de Monitoreo de Tecnología Educativa (CIMTE), desde donde se diagnostican fallas, se emiten alertas y se coordinan soluciones técnicas, incluso a distancia.

Según la información provista por la empresa, el sistema permite realizar desde pruebas de conectividad hasta reseteos remotos y diagnósticos automatizados, lo que reduce los costos operativos y permite dar soporte técnico sin necesidad de intervenir físicamente en cada escuela.

WASHINGTON.- La saga por el juicio por YPF sumó esta madrugada una nueva fecha a marcar en el calendario. La Corte de Apelaciones de Nueva York decidirá el 5 de agosto próximo si acepta, suspende o rechaza la apelación de la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG) de anular el fallo que ordenó a la Argentina pagar una indemnización de US$16.100 millones a los fondos Burford —que compró en España el derecho a litigar en la quiebra de las empresas Petersen— y a Eton Park. También deberá decidir si recomienda al Departamento de Justicia norteamericano iniciar una investigación sobre la manera en la cual fueron adquiridas las acciones de la petrolera entre 2008 y 2011, antes de alización.

“Esta decisión ocurrirá el día después de que la Argentina y los beneficiarios del fallo presenten sus escritos por primera vez en diez años sobre el tema corrupción en el caso YPF”, señaló Sebastián Maril, director de Latam Advisors y quien sigue de cerca los juicios contra el país en el exterior. Esa presentación es como consecuencia del reclamo que hizo la ONG norteamericana.

RA4ARG busca que se desestime el caso en la Justicia norteamericana por corrupción en el proceso de nacionalización de la compañía petrolera. La de la ONG es una de las cuatro apelaciones paralelas en el juicio.

“Lo importante de la breve presentación de este sábado es que alguien -no se especificó quién- fijó la decisión de aceptar, cancelar o reenviar el caso a la jueza Loretta Preska para el 5 de agosto, mediante lo que se conoce como dispositive motions“, una decisión que se toma de manera inmediata sin necesidad de argumentos orales o de recibir ningún tipo de escrito adicional, señaló Maril a .

Lo que pide el dispositive motion es que se suspenda la apelación y se lo devuelva a Preska, jueza del Segundo Distrito Sur de Manhattan, para acciones legales adicionales. Generalmente cuando esto ocurre es que la Corte de Apelaciones no tratará en este momento la apelación, y le devolvería el caso a la corte inicial, de Preska, para que decida qué hacer, indicó el especialista.

Anteriormente, Preska ya decidió que no iba a definir nada con el reclamo de RA4ARG sin instrucción de la Corte de Apelaciones. “El hecho que esta decisión la vayan a tomar el día después de que se presenten los escritos de la Argentina y los demandantes es un indicio de que lo más probable es que ponga en suspenso o rechacen temporariamente este pedido de la ONG”, agregó Maril. Se desconoce si los motivos de la decisión del próximo 5 de agosto serán explicados ese mismo día.

Juan Ignacio Carranza, de la consultora Aurora Macro Strategies, con sede en Nueva York, considera “difícil” que la Corte de Apelaciones le indique al Departamento de Justicia que “se ponga a investigar” las denuncias de corrupción en el proceso de nacionalización de YPF.

“En primera instancia Preska ya rechazó in limine el pedido de esta ONG, por lo que veo poco probable que eso prospere“, evaluó el analista a .

“Eso sin perjuicio de que el propio Departamento de Justicia inicie alguna acción y eventualmente tenga alguna intervención en el expediente, aunque también lo veo complicado», indicó Carranza, que cree que el Gobierno por ahora no activará esta vía de apelación que impulsa RA4ARG. “Es un esfuerzo de esta ONG, que está tratando de instalar este tema”, agregó.

El 18 de julio pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó ante la Justicia de ese país el apoyo a la Argentina en la causa por YPF. La decisión se efectivizó a través de un amicus curiae presentado ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

Como punto principal, el descargo se referenció en la necesidad de una correcta aplicación de los principios de inmunidad soberana extranjera en virtud de una ley que regula esta cuestión, sancionada en Estados Unidos en 1976 (la FSIA), y del derecho de usos y costumbres federal de ese país.

El Gobierno fue condenado en septiembre de 2023 a pagar US$16.100 millones en el juicio principal iniciado por Burford, que compró los derechos de los demandantes originales. La sentencia de Preska determinó que la Argentina incumplió con la obligación de lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a todos los accionistas minoritarios luego de nacionalizar el 51% de la compañía en 2012, como marcaba el estatuto de la propia petrolera, una compañía con cotización en la Bolsa de Nueva York.

Esta semana, la Corte de Apelaciones fijó audiencias orales para la semana del 27 de octubre por la apelación de la sentencia de fondo en el caso YPF, que tendrán lugar luego de las elecciones legislativas del domingo 26.