“Dale Carli, gracias! Tomo nota”. La respuesta del ministro del Interior, Diego Santilli, al pedido que hizo público el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, en su cuenta de X solicitándole una reunión; fue un giro irónico y la muestra de que la relación entre la administración bonaerense y el Gobierno nacional no se encauzará.

La llegada de Santilli al gabinete de Javier Milei tiene un objetivo y es conseguir el respaldo político para que el Gobierno pueda avanzar en el Congreso con las reformas que se propuso luego del turno electoral: Presupuesto 2026, Reforma impositiva, laboral, previsional. Aunque quedó con mayor robustez política después de las elecciones, requerirá también el respaldo de algunos gobernadores. Por eso, Santilli ya mantuvo encuentros con los mandatarios de Chubut (Nacho Torres), Córdoba (Martín LLaryora), San Juan (Marcelo Orrego) y Entre Ríos (Rogelio Frigerio). Este jueves se verá con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el viernes viajará a Mendoza para reunirse con Alfredo Cornejo y el sábado a Neuquén donde mantendrá un encuentro con el gobernador Rolo Figueroa. En esa hoja de ruta no aparecen los peronistas que en las últimas elecciones compitieron bajo el sello de Fuerza Patria o similares.

La relación con Kicillof será tensa, desde ya. Días atrás, Santilli planteó desde el programa de Mirtha Legrand que el mandatario bonaerense “quiere una reunión con el Presidente y votó todo en contra. Al gobernador, siempre que se lo convocó, se escondió y no vino. Quizás tiene que pedirle permiso a Cristina”. Este miércoles ratificó su posicionamiento en una conferencia de prensa que compartió con el gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio.

“Estoy citando a todos aquellos gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo. La provincia de Buenos Aires no participó del Pacto de Mayo, no adhirieron al RIGI, no adhirieron a la ley de reiterancia, no adhirieron a la ley antimafias. No escriban una cosa por redes y hagan otra en público”, amplió sobre la dinámica con Kicillof. Además, cera del ministro también plantean que en todo caso la reunión la debe solicitar el propio mandatario y no Bianco.

Según pudo saber Infobae, hasta la tarde noche del miércoles en La Plata no habían recibido respuesta formal al pedido de Bianco, más que la contestación vía redes que lanzó Santilli.

Kicillof también habló al respecto. En el marco de una entrega de patrulleros en el distrito de Azul, el gobernador aseguró que “el gobierno de Milei, después de las elecciones, planteó que iba a haber un cambio, que iba a trabajar con los gobernadores; hizo una reunión y, sin embargo, decidió no convocar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, no a Axel Kicillof”. Enfatizó también que “el problema que es un presidente de la Nación diciendo que va a trabajar con las provincias argentinas y, en total, contando a todos los demás gobernadores que no convocó, estamos hablando más del 40% de la población de la Argentina. No es contra mí, es contra cada uno de los pueblos de la Provincia”.

En el pedido de reunión de Bianco. El gobierno bonaerense busca la reactivación de las casi mil obras públicas potestad del gobierno nacional que quedaron paralizadas sobre el territorio bonaerense; además de la restitución de fondos nacionales que recibía la provincia que gobierna Kicillof hasta diciembre del 2023. En La Plata aseguran que la deuda al momento llega a los $12,9 billones. Entre programas y obras paralizadas.

En el ida y vuelta, hubo una comunicación informal entre Santilli y Bianco. Fue tras conocerse el resultado de la elección del 26 de octubre, cuando La Libertad Avanza creció catorce puntos a la cantidad de votos que había obtenido en las elecciones provinciales del 7 de septiembre y terminó imponiéndose en territorio bonaerense por un escasísimo margen. En ese momento, Bianco le mandó un WhatsApp a Santilli felicitándolo por el resultado. Santilli, según describió la mano derecha de Kicillof, le contestó con un emoji de pulgar arriba. Nada más. Tanto en La Plata como desde el ministerio del Interior y su nuevo ministro, coinciden en que el entendimiento entre ambas administraciones sobre el rumbo económico y político del gobierno nacional será por demás difícil de alcanzar.

Luego de la condena contra el clan Sena en el caso del femicidio de Cecilia Strzyzowski, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró el fallo de la Justicia. “Se hizo justicia. Y la justicia, cuando llega, tiene que ser clara y ejemplar”, remarcó la funcionaria.

“Estuve en el barrio de los Sena. Feudales, dueños del territorio y de la vida de la gente. Así se sentían”, señaló Bullrich. Y apuntó: “A Cecilia Strzyzowski la asesinaron y la quemaron durante horas. Creyeron que la protección política y el silencio de cierto ‘feminismo’ los iba a salvar. No los salvó nada. Fueron acusados. Van presos”.

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La definición llegó luego de que el debate se reanudara por la mañana, tras el cuarto intermedio dispuesto el viernes, y puso punto final a uno de los procesos judiciales más resonantes del año en Chaco.

Pasadas las 15, el tribunal convocó a las partes y dio a conocer el veredicto respecto de los siete imputados. César Sena, expareja de la joven, fue considerado responsable de homicidio doblemente agravado, tanto por el vínculo como por haber ocurrido en un contexto de violencia de género.

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Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, también fueron hallados culpables. Ambos recibieron la calificación de partícipes primarios del mismo delito, según la lectura realizada por la jueza técnica Dolly Fernández.

Las reacciones de la política

En la misma línea, la diputada nacional Sabrina Ajmechet afirmó: “No es casualidad que la justicia funcione mejor sin el kirchnerismo en el poder, amigos. Entendamos que no es casualidad”. Y añadió: “Merecías justicia, Cecilia. Llegó“.

Por su parte, el integrante de la vocería presidencial, Javier Lanari, indicó: “El crimen de Cecilia fue el más atroz y macabro que se recuerde. El colectivo feminista le dio la espalda. Eligieron encubrir al poder político. Ni siquiera hoy, con la condena, manifiestan un mínimo sentimiento en su memoria». Y agregó: “Este juicio, y esta condena, serían imposibles con el kirchnerismo en el poder. El Clan Sena gozó de un poder inconmensurable de la mano de Capitanich. Argentina cambió para siempre. Cecilia hoy sí descansa en paz”.

“Comienza a cerrarse un ciclo de impunidad, corrupción, y desprecio por la vida humana, encarnado en el régimen de Capitanich y todo su círculo vicioso de poder”, expresó la dirigente radical y exintendenta de La Rioja Inés brizuela y Doria. Y sentenció: “Los feudos NO son eternos. Chaco nos enciende una luz de esperanza. Que Cecilia descanse en paz”.

Patricia Bullrich, Cecilia Strzyzowski, Justicia

La Casa Rosada entró en la recta final de uno de los movimientos más relevantes de su plan económico: la privatización del Belgrano Cargas y Logística. Según confirmaron fuentes oficiales, el pliego con las condiciones de participación será publicado en diciembre y definirá el destino de más de 7.600 kilómetros de vías férreas que atraviesan 17 provincias.

La estrategia, considerada clave por el Ejecutivo, pretende atraer inversiones privadas para modernizar el transporte ferroviario de cargas y mejorar la competitividad logística del país.

Altos funcionarios del Gobierno aseguran que el documento técnico “ya está prácticamente terminado” y que todas las áreas involucradas trabajan para que la licitación se active antes de fin de año. En paralelo, equipos especializados ultimaron en los últimos días la valuación de los activos, una tarea compleja por la diversidad del material disponible: desde locomotoras y vagones hasta talleres, inmuebles y corredores estratégicos.

A diferencia de las privatizaciones realizadas en los años 90, el esquema que proyecta el Ejecutivo se basa en una desintegración vertical de la empresa estatal. La estructura actual será dividida en bloques, con procesos de adjudicación independientes.

Por un lado, el material rodante será subastado mediante remates públicos; por otro, las vías y los terrenos serán concesionados por décadas bajo el régimen de obra pública. Los talleres ferroviarios también quedarán bajo concesión, con la obligación de permitir el acceso a distintos operadores.

La propuesta contempla un modelo de infraestructura de acceso abierto, donde el adjudicatario de cada tramo deberá garantizar la circulación de cualquier empresa habilitada para transportar cargas. El Estado, en tanto, mantendrá la propiedad de las tierras y de todas las trazas ferroviarias involucradas. Con el dinero obtenido por la venta del material rodante, se conformará un fideicomiso destinado a financiar obras de modernización.

El interés empresario ya comenzó a tomar forma. Tres grandes grupos se preparan para competir por los segmentos más estratégicos de la Línea Belgrano y del ramal San Martín. El primer conglomerado está encabezado por Aceitera General Deheza (AGD), acompañado por ACA, Bunge, Cargill, COFCO y Louis Dreyfus, que ven en el ferrocarril una vía decisiva para abaratar costos logísticos.

El segundo actor es la minera británica Río Tinto, que apunta a reforzar su presencia en las provincias del NOA y Cuyo, donde el sistema ferroviario es clave para el traslado de minerales críticos. El tercero en juego es el gigante Grupo México Transportes (GMXT), que desembarcará en el país con planes de invertir alrededor de USD 3.000 millones.

En este contexto, la mira también está puesta en Vaca Muerta. Los técnicos del Ejecutivo consideran que la privatización puede ser el puntapié inicial para avanzar, más adelante, en obras que conecten la formación neuquina con trazas ferroviarias aptas para trasladar insumos críticos, como la arena de fractura, que hoy depende casi por completo del transporte vial. Esa limitación es vista como un cuello de botella para el crecimiento energético.

La operatoria estará a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), liderada por Diego Chaher, en coordinación con el Ministerio de Economía. ATEP también será la responsable de responder consultas y elaborar la letra chica del proceso junto con la conducción del Belgrano Cargas, encabezada por Alejandro Núñez.

Actualmente, la empresa estatal emplea a 4.233 personas y recibe alrededor de 4.000 millones de pesos mensuales en inversión de capital. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, las transferencias del Estado crecieron 8,8% en términos reales respecto del año pasado, un indicador de la centralidad que mantiene el servicio incluso en plena transición.

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