POLITICA
Elecciones en Salta: Sáenz busca consolidar su mayoría legislativa y La Libertad Avanza quiere afirmarse como la principal oposición

Salta será una de las cuatro provincias que este domingo abran el año electoral en lo que respecta a la renovación de las cámaras legislativas. También habrá elecciones en Chaco, San Luis y Jujuy. El gobernador, Gustavo Sáenz, quiere revalidar su segungo gobierno en las urnas, mietras que la La Libertad Avanza (LLA) intentará hacer pie en sus primeros comicios.
En esta provincia una de las particularidades de los comicios es que se realizarán con la Boleta Única Electronica (BUE), la misma que se usa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este sistema se empezó a utilizar en una prueba piloto en el 2009 y comenzó a utilizarse, formalmente y en forma progresiva, a partir del 2011. Por la rapidez del escrutinio, esperan que para las 20 de este domingo, haya una tendencia de resultados bien marcada.
Se renovarán 30 bancas en la Cámara de Diputados, 12 en el Senado, 121 concejales y 232 convencionales municipales. La elección se realizará en 19 de los 23 departamentos que componen la provincia norteña. En doce de ellos se renovarán senadores y en once habrá recambio de diputados.
La elección de los 12 senadores (uno por departamento) será en la Capital salteña, Cachi, Cafayate, Chicoana, General Güemes, Guachipas, La Caldera, La Poma, Los Andes, Molinos, Rosario Lerma y San Carlos. En cada uno de ellos se elegirá un senador titular y uno suplente.
En tanto, la elección de los 30 diputados tendrá lugar en la Capital de Salta, Cachi, Anta, Cafayate, Chicoana, Iruya, Metán, Orán, Rivadavia, Rosario de la Frontera y San Martín.
En total haby 1.109.673 salteños habilitados para votar. El distrito con mayor peso electoral es la Capital, con 457.642 votantes, lo que representra más del 41% del total. Detrás, en término de peso específico, lo siguen los departamentos de San Martín, con 142.428 electores y Orán con 124.747. En el otro extremo, hay localidades con un puñado de votantes como La Poma, que tiene 1.501 votantes y Guachipas, donde hay 3.272.
Lo determinante en estos comicios será el porcentaje total de legisladores que saque cada fuerza. Es decir, cuántos de las 42 bancas que están en juego entre las dos cámaras serán del oficialismo, La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio, el peronismo disidente o la izquierda. Y qué resultado obtendrán en la capital, el distrito electoral más importante.
La alianza oficialista, que conduce Gustavo Sáenz, se llama “Por la unidad de los salteños” y lleva como candidato a senador por la capital a Bernardo Biella, un diputado provincial con un pasado cercano a Alfredo Olmedo.
Debajo de la alianza hay dos frentes electorales que, en algunos departamentos compiten, pero que traccionan votos para el mismo esquema político. Los votos de las dos listas se aglutinan en un mismo lugar. Es una variante del extenso y pragmático partido provincial que construyó Sáenz.
Por el frente “Vamos Salta” la candidata a diputada por la capital es Flavia Royon, la ex secretaria de minería durante el gobierno de Alberto Fernández. Por el frente “Unidos por Salta” el candidato a diputado es Guillermo Kripper, actual concejal por el oficialismo en la capital salteña.
En el oficialismo tienen expectativas de hacer una buena elección y quedarse con más del 50% de las bancas que se ponen en juego en las dos cámaras legislativas. Apuestan a consolidar la mayoría absoluta que tienen en la Legislatura. Hicieron una campaña con foco en la provincia. Al revés de la expresión libertaria, que nacionalizó gran parte de su mensaje anclado en la necesidad de expandir el modelo de Milei por el país.
En el caso de La Libertad Avanza (LLA) el candidato a senador por la capital es Roque Cornejo, que actualmente ocupa una banca en la Cámara de Diputados provincial. La lista de diputados por la capital la encabeza Claudio Cansino.
El viernes de la semana pasada “Las Fuerzas del Cielo”, el grupo que lidera Daniel Parissini, más conocido como el “Gordo” Dan, viajó a Salta para apoyar a los candidatos locales y a su principal armadora y referente en la provincia, la diputada nacional María Emilia Orozco.
En el esquema libertario apuestan a consolidarse como la principal oposición al espacio de Sáenz y dar así un primer paso hacia la elección nacional de octubre, donde LLA aspira a polarizar con el peronismo y quedarse con el triunfo. En el balotaje presidencial Milei logró el 58% de los votos en la provincia, lo que le da una base de votos muy voluminosa para la próxima elección provincial.
Otra de las expresiones políticas que competirá este domingo es la del Frente Justicialista Salteño, que aglutina al PJ de Salta y el Partido de la Victoria, que lidera el senador nacional Sergio “Oso” Leavy. Llevará como candidato a senador por la capital a Guido Giacosa y a Verónica Caliva como candidata a diputada por el mismo distrito.
El PJ local fue intervenido en marzo por decisión de la titular del partido a nivel nacional, Cristina Kirchner, debido a que legisladores que fueron elegidos bajo el sello justicialista terminaron acompañando en el Congreso al gobierno de Javier Milei.
La decisión de la ex presidenta sacudió el esquema partidario en la provincia y gran parte de la dirigencia se corrió en esta elección bajo el techo de la alianza que lidera Sáenz. El partido quedó vaciado y en manos de lños intervendores dispuestos por CFK: el ex ministro de Seguridad Sergio Berni y la legisladora pampeana María Luz “Luchy” Alonso.
Lo que supo ser Juntos por el Cambio se fracturó. El PRO por un lado y el radicalismo por el otro. El Frente Cambiemos Salta, que está liderado por el PRO, presenta como candidato a senador por la capital a José Gauffin y como candidata a diputada a Agustina Álvarez. En tanto, el Frente Juntos, integrado por la UCR y el Frente Plural, lleva en la boleta de senadores a Matías Posadas.
POLITICA
Litio con beneficios exclusivos: Sáenz celebra el primer proyecto minero aprobado por el RIGI

En medio de cuestionamientos crecientes al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, celebró públicamente la aprobación del primer proyecto minero del país bajo ese esquema, a cargo de la multinacional Rio Tinto, en el Salar de Rincón, departamento Los Andes.
“Desde el Norte, Salta se consolida como líder en minería responsable”, aseguró Sáenz, destacando la generación de empleos y la promesa de crecimiento económico para la provincia. Sin embargo, mientras el mandatario salteño aplaude la llegada de dólares, organizaciones ambientales, comunidades originarias y sectores académicos alertan por las consecuencias a largo plazo de estos acuerdos que garantizan beneficios fiscales, libre disponibilidad de divisas y escasos controles por 30 años.
El proyecto, que prevé una inversión de 2.700 millones de dólares para alcanzar una capacidad de producción de 60.000 toneladas anuales de litio grado batería, es el primero del sector minero aprobado dentro del RIGI. La empresa proyecta construir una planta procesadora en plena Puna salteña a partir de este año.
Rio Tinto —la segunda minera más grande del mundo— se consolida como un actor dominante en el negocio del litio argentino, tras haber adquirido a Acardium Lithium y operar ya dos de los seis proyectos en producción en el país. Su expansión en Salta, celebrada en el marco de la feria ArminerA, representa también un símbolo de la profundización del modelo extractivista en el norte argentino.
El costo invisible del «progreso»
Aunque el gobierno provincial resalta la generación de empleo y el ingreso de divisas, los cuestionamientos apuntan a los impactos ecológicos de la megaminería, especialmente en zonas como el Salar de Rincón, donde el equilibrio hídrico es frágil y la explotación del litio implica el uso intensivo de agua, recurso escaso en la región.
Además, las condiciones del RIGI permiten a empresas como Rio Tinto repatriar utilidades sin restricciones, importar bienes sin aranceles y eludir regulaciones locales, debilitando la capacidad del Estado para incidir en el control de los recursos estratégicos.
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El Gobierno asegura que solo avanzará con la reforma previsional luego de cambiar el régimen fiscal y laboral

Este miércoles la oposición no logró el quórum necesario para debatir distintas reformas al sistema previsional. En este contexto, integrantes del Gobierno aseguraron que no buscarán una modificación en las jubilaciones en el corto plazo.
“Nada se puede cambiar hasta que no esté la parte laboral e impositiva”, agregó un funcionario del Ejecutivo.
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La Libertad Avanza –junto al MID y el PRO- se mostró a favor de la creación de una comisión para la elaboración del proyecto de Ley de Reforma Integral del Sistema Previsional Argentino.
La iniciativa, que fue presentada por la diputada Silvana Giudici (PRO) busca estudiar, analizar y proponer en el Congreso un documento que comprenda la reforma estructural del régimen de jubilaciones y pensiones.
Sin embargo, tras la caída de la sesión, en el Ejecutivo tampoco respaldarían esa medida. “Trabajamos en muchas cosas, pero no podemos encarar esa reforma hasta que no haya un cambio en el régimen fiscal y de trabajo”, sostuvo un funcionario en Balcarce 50.
El funcionario que habló de la reforma jubilatoria y tuvo que renunciar
Durante los primeros días de febrero, el por entonces titular de Anses -Mariano de los Heros- aseguró a los medios que la gestión de Javier Milei avanzaría con una reforma previsional “antes de fin de año”.
Con respecto a la moratoria, y a las personas que ya no pueden acceder a ella, el funcionario sumó: “Hay gente que no llega a los 30 años de aportes porque ha cambiado el mundo laboral. Entonces, quien hoy no llega a los 30 años de aportes no tiene derecho a la jubilación».

Sus declaraciones no causaron gracia en Casa Rosada. Es por eso que Javier Milei decidió desvincular a Mariano De los Heros de Anses. “No es para este momento (la reforma)”, afirmó el Presidente tras el despido del abogado.
Para el jefe de Estado, el proyecto de las jubilaciones sigue “sin estar en carpeta”.
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“Se decidió correrlo porque no entendió cómo tienen que ser los pasos a seguir”, explicó un integrante de la mesa chica del Ejecutivo, rememorando el episodio.
Jubilaciones, Congreso., Gobierno
POLITICA
Por decreto, el Gobierno se corre de la paritaria docente, pero mantiene el poder de vetar los aumentos

Mediante un decreto firmado este miércoles, el Gobierno nacional modificó el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo, que es el que rige para la negociación por el salario básico de los docentes de todo el país, y que comúnmente se conoce como “la paritaria nacional docente”.
Hasta este miércoles, ese articulo de la Ley de Financiamiento Educativo establecía que el Ministerio de Educación (ahora Secretaria), junto al Consejo Federal de Educación y los sindicatos docentes con representación nacional, “acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente”.
Lo importante acá es el punto c, salario mínimo docente. Lo que hace el Decreto 341/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, es quitar a la Secretaría de Educación de esta negociación. Pero conservará la capacidad de refrendar el acuerdo “únicamente si este es compatible con los recursos previstos en el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. En caso de no serlo, podrá solicitar una nueva propuesta”, difundió el Gobierno en un comunicado.
En concreto, la Secretaría de Educación “podrá refrendar el Convenio, o requerir que se realice una nueva propuesta cuando por razones presupuestarias no fuera posible su implementación en el marco del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente”, dice el nuevo decreto.
La llamada paritaria nacional docente siempre estuvo en disputa entre los gremios docentes y los distintos gobiernos provinciales y nacional. Las provincias, que son las que pagan los salarios docentes de la educación básica, muchas veces se quejaron que allí surgían cifras que después ellos no podían afrontar.
Y para los gobiernos nacionales esta paritaria también era un dolor de cabeza, porque sentían la presión de negociar una cifra de salarios que ellos no pagaban.
Con esta medida, el Gobierno nacional se quita la responsabilidad de negociar esos salarios, pero al mismo tiempo se reserva la potestad de dar de baja un aumento que esté por encima de las pautas establecidas a nivel nacional.
La medida generó fuertes críticas del sector gremial, especialmente de los cinco gremios docentes que tienen representación nacional.
En un comunicado, CTERA -que es uno de estos gremios nacionales- expresó “su más enérgico repudio a la modificación del Artículo 10° de la Ley Nº 26.075 de Financiamiento Educativo, que elimina la participación del Estado nacional, a través de la Secretaría de Educación de la Nación, de la negociación del salario mínimo docente”.
“Esta decisión representa un gravísimo retroceso en materia de derechos laborales, un atentado contra la Paritaria Nacional Docente y una violación del espíritu federal y democrático de nuestro Sistema Educativo. Desde su sanción, el Artículo 10° garantizó la intervención del Estado nacional como garante de un piso salarial común para todxs lxs Docentes del país, en una mesa de negociación tripartita junto a las provincias y los Sindicatos nacionales. Eliminar esta instancia es desentenderse del derecho a un salario digno, es fragmentar aún más el sistema educativo y consagrar la desigualdad”, escribieron.
Los otros cuatro gremios docentes nacionales son AMET, CEA, Sadop y UDA. En un comunicado, expresaron que “si algo le faltaba hacer al Gobierno en contra de la educación era firmar un decreto que lo excluye de la paritaria nacional docente y, además, le otorga un poder de veto sobre lo que eventualmente se acuerde. Reconoce que deben pagar, pero se niegan a sentarse a negociar buscando volver abstracta las negociaciones”.
“El Gobierno cae en una abierta contradicción y arbitrariedad con poco ingenio jurídico. La Ley de Financiamiento Educativo establece que el Estado nacional, junto a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, es responsable de la planificación, organización, supervisión y financiación del sistema educativo. La normativa obliga al Gobierno a acordar con los gremios docentes un convenio marco para establecer condiciones laborales, calendario escolar, salario mínimo y carrera docente”, agregaron.
“Ponemos énfasis que este Decreto viene a voltear leyes del Congreso, nacidas con amplio consenso, y pone a los actuales legisladores en una situación de mero espectadores del desguace”, finalizaron.
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