The Economist tituló su número del 4 de abril con la célebre humorada de Napoleón: “Nunca interrumpas a tu enemigo cuando se está equivocando”. La ilustración mostraba a Xi Jinping mirando desde atrás a un Donald Trump fuera de foco. El consejo valió por poco tiempo. China salió al rescate de los Estados Unidos en una guerra contra Irán para la que Trump no diseñó una estrategia de salida. El método elegido fue inducir la intervención mediadora de Pakistán, un satélite de Pekín. China, en realidad, se rescató a sí misma. La crisis en el suministro de hidrocarburos estaba también afectando a su economía.

La tregua incierta que se acaba de negociar se instala sobre un paisaje penoso. El feroz régimen iraní sigue en pie sin siquiera el disimulo de una Delcy Rodríguez. Es cierto, Trump se autocelebra consignando que se abrió el estrecho de Ormuz. Pero hay que recordar que estaba abierto antes del primer disparo. Israel, como era de preverse, sigue su propia estrategia belicista, dictada por razones de supervivencia. Descargó un feroz ataque sobre el Líbano y mantiene bajo amenaza a los iraníes. Trump no puede concederse esa perseverancia porque debe ganar las elecciones de noviembre, que se le presentan muy difíciles sobre todo por el aumento del precio de la gasolina que consumen los norteamericanos.

En la economía, sobre todo en el sector energético, están las secuelas más dramáticas de esta aventura del presidente de los Estados Unidos. Un informe de Goldman Sachs del 3 de abril detalló que la crisis causó en China una caída del 19% en el suministro de diesel y del 46% en el de fuel oil. Para India esas reducciones fueron de 20% y 55%. En Corea del Sur alcanzaron el 72% en el caso del diesel y el 68% en el del fuel oil. En Taiwan fueron de 86% y 68%. Estas reducciones permiten imaginar las consecuencias de la guerra en las principales industrias radicadas en esos países. Todas tienen una dimensión global.

Otro ejemplo elocuente de los efectos del conflicto está explicado en un artículo del experto Veron Wickramaginghe donde se recuerda que los misiles lanzados por Irán sobre la ciudad industrial de Ras Laffan, en Catar, destruyeron dos plantas de GNL que producían el 17% del gas que exporta ese país. La reparación de esas plantas demandará entre 3 y 5 años. La pérdida de ingresos derivada de esta catástrofe es de 20.000 millones de dólares anuales.

Otra unidad operada por Shell acusó daños que demandarán un año en ser reparados. Los contratos de venta de gas a China, Corea del Sur, Italia y Bélgica fueron suspedidos por razones de fuerza mayor. Wickramaginghe defiende la tesis de que el perjuicio más importante de la táctica iraní no se verificó en los flujos de hidrocarburos sino en el funcionamiento de las máquinas.

Esta ínfima colección de datos sólo pretende hacer pensar en que la guerra podría terminar, pero la crisis que se desató con ella es de una duración mucho mayor. Una de sus consecuencias es el clima enrarecido que se respira en la política estadounidense y que pone en peligro el poder de Trump en el Congreso. Su política exterior logró que el precio de la gasolina superara los 4 dólares por galón, que es el número fatídico que indicaría, según la tradición, la derrota de cualquier oficialismo. Un proceso que siguen con atención desde la residencia de Olivos, donde este domingo estarán con la mirada puesta en Budapest. Otro cofrade del populismo de derecha, Viktor Orban, se juega su poder sobre Hungría, ejercido con un monopolio que ya lleva 16 años.

Para Javier Milei y su gobierno la escena internacional es determinante. Existe la posibilidad de que en los Estados Unidos se produzca un reflujo inflacionario que aconseje a la Reserva Federal no reducir la tasa de interés, si no subirla. Es un problema para todo el mundo emergente, en especial para la Argentina. Cuando los bonos del Tesoro estadounidense se vuelven más atractivos, los países en los que escasean los dólares quedan expuestos a dolorosas restricciones. Y uno de los problemas del programa de Milei y Luis “Toto” Caputo es ese: no tiene acceso al financiamiento convencional.

Alfonso Prat-Gay hizo notar ayer, en una conferencia que ofreció en el Rotary, esa curiosidad: hacen todo lo que pide Wall Street pero el riesgo país sigue siendo elevado y obliga a pagar en efectivo una deuda que asciende a 20.000 millones de dólares anuales. En este contexto, la posibilidad de un Trump, mejor dicho, de un Scott Bessent fragilizado se convierte en una pésima noticia para los mercados que siguen la peripecia argentina.

Quiere decir que el peligro que acecha sobre la estabilidad política de Trump es un dato de política doméstica para una administración que, como la de Milei, no se ganó todavía la confianza del mercado y tiene a Bessent como prestamista de última instancia. El ministro Caputo adjudica esta dificultad al denominado “riesgo kuka”, es decir, la perspectiva de un regreso kirchnerista. Es un argumento defectuoso, porque hacia finales de enero pasado, el índice que hoy ronda los 600 puntos estaba en 484 puntos. ¿Hubo una resurrección kirchnerista? ¿Apareció en sus filas un candidato amenazante que haga pensar en una restauración?

Tal vez Caputo debe apelar a esa falacia porque le está vedado decir en público lo que comentó en una mesa de colegas del Gobierno. El riesgo lo produce el desorden político del oficialismo. Es decir, el internismo despiadado que se combina con escándalos morales. Esta lectura, que quizá sea la correcta, es demasiado autoindulgente, sobre todo para muchos profesionales de la economía.

Prat-Gay observó ayer que no sólo los inversores extranjeros no creen en el programa, sino que los argentinos tampoco creen en el peso. Este segundo escepticismo impide el aumento del crédito, que a la vez dificulta la reactivación y, al final, impide que aumenten las reservas.

Caputo había adelantado frente a especialistas en finanzas que habría una emisión o un canje de deuda que, al final, no se produjo. Fue el motivo de la salida del secretario de Finanzas, Alejandro Lew. Tampoco lleva adelante una política agresiva de compra de reservas, porque para eso debe emitir moneda o bonos. La estanflación, por su lado, corroe el superávit por la caída en la recaudación. En síntesis, muchos expertos entienden que el riesgo país no se reduce porque los mercados no ven un programa económico sólido. Sobre este telón de fondo se recorta el posible debilitamiento de Bessent.

La necesidad de una reanimación de la economía es cada vez más evidente aun para los funcionarios del oficialismo. A esa urgencia responde el plan de construcción y operación de corredores viales que se lleva adelante en el área de Transportes, bajo la mirada de “Toto” Caputo. El ministro tendrá que lidiar con algunas incomodidades. Por ejemplo, la cantidad de oferentes que atraviesan su calvario en la causa “Cuadernos”. Una coincidencia inevitable: allí están involucradas casi todas las compañías con antecedentes para participar en este tipo de concursos. Ya se advirtió en la primera licitación de este gobierno, la de la Ruta 14, que ganó Cartellone, con una empresa que, además, está enredada en un conflicto familiar.

En las ofertas que se conocieron anteayer aparecen también celebridades de glaciaciones anteriores, como CPC de Cristóbal López, que está concursada. O figuras emblemáticas del club de amigos del Frente Renovador: desde Hugo Dragonetti, con Panedile, hasta Construcciones Electromecánicas del Oeste, de Fernando Porretta, amigo de todas las horas de José Luis Manzano, uno de los animadores de la fundación Faro, una caja en la que conviven en trabajosa calma Karina Milei y su rival Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”.

En la precalificación hay más detalles llamativos. Uno de ellos es que se presentó Autopistas Buenos Aires, que es la empresa provincial de obras viales. Para sintetizar: se presentó Axel Kicillof. Pero le rechazaron la oferta por falta de experiencia en obras viales. El mensaje de Kicillof es obvio y tiene un guiño ideológico: pretende evitar que uno de los corredores quede en manos privadas. ¿Sergio Massa deseará que ganan sus amigos constructores o su querida provincia? Un delicioso dilema para sacar, siquiera por un minuto, la cabeza de las tribulaciones de Javier Faroni y Érica Gillette en la ciénaga financiera de la AFA.

Además de las dificultades económicas, intrínsecas a la gestión de Javier Milei, a quien algunos chistosos denominan “el ministro de Economía de Karina Milei”, y de Luis Caputo, están las disputas políticas que vuelven más graves los escándalos. En primera fila sigue Manuel Adorni y sus esotéricos movimientos inmobiliarios. El jefe de Gabinete afirma que compró su departamento de la calle Miró con un adelanto de 30.000 dólares y constituyendo una hipoteca por 200.000 dólares. El préstamo sobre la hipoteca se lo concedían las dos jubiladas que le vendían el inmueble. Adorni saldaría su deuda a fin de este año, sin pagar intereses.

Las jubiladas demostraron una generosidad superior a la del Banco Nación con los tomadores de créditos hipotecarios que trabajan en el Estado. Pero esa no es la curiosidad que despierta suspicacias. Lo más raro del argumento de Adorni es el precio que dice haber pagado por el departamento: 230.000 dólares por una unidad que cuesta, según las cotizaciones convencionales, más de 400.000 dólares. Seguro se trata de un “defecto del mercado”, de esos que enfurecen a Milei. En rigor, dos defectos. Porque las jubiladas que compraron el mismo departamento seis meses antes lo pagaron todavía más barato: 200.000 dólares. ¿O lo compraron para Adorni? En este punto es clave la relación del jefe de Gabinete con los hijos de las dos señoras.

Salvo que haya sucedido algo distinto, sobre lo que sólo se puede especular sin prueba alguna. ¿Y si el departamento costó, en realidad, alrededor de 430.000 dólares? Eso despejaría las dudas sobre la conducta de las jubiladas. Sólo como hipótesis imaginaria: las dos señoras cobraron 230.000 dólares en negro y aceptaron financiar a los Adorni por 200.000, con una hipoteca constituida sobre un bien de 430.000 dólares. Dos águilas las jubiladas.

Esta versión de los hechos cobija un inconveniente: Adorni debería explicar cómo atesoraba esa suma en negro. Podría alegar que es un patriota, eso que su jefe, el anarcocapitalista Milei, piensa de cualquier evasor. El departamento anterior, de la calle Asamblea, en Parque Chacabuco, también fue hipotecado, esta vez para conseguir 100.000 dólares. Fueron la base para comprar la casa en el country Indio Cua. Adorni aportó esta vez 20.000 dólares más de sus ahorros.

La conjetura sobre una jugada con plata negra vuelve más racional la operación en términos inmobiliarios. Pero la enturbia desde el punto de vista ético y político. ¿De donde sacó Adorni esas sumas de dinero? El fiscal Gerardo Pollicita quiere saberlo, para lo cual analiza la posibilidad de pedir a instituciones bancarias las cámaras que registran el movimiento de personas y bienes en las cajas de seguridad. Algo parecido a lo que ocurrió en la causa $Libra con las manualidades de la madre y la hermana de Mauricio Novelli, el financista de Milei.

Este camino, que es sólo especulativo, conduce a interrogantes poco edificantes. Si hubo dinero negro, ¿pudo haber salido del Gobierno? En tal caso, que es nada más que conjetural, ¿lo sabrían los Milei? ¿Habrá en alguna zona del gabinete remuneraciones especiales? Y la pregunta más enojosa: si fuera así, ¿será por eso que a Adorni no lo echan? Estas incógnitas son teóricas. Pero no tanto: se las están planteando el fiscal Pollicita y, en especial, el juez Ariel Lijo, que es un especialista en este tipo de experiencias financieras.

La crisis que plantea la repentina pasión de los Adorni por los bienes raíces se ve exacerbada por los enfrentamientos internos del gabinete. El desplazamiento de Santiago Caputo, en la persona de Sebastián Amerio, del Ministerio de Justicia, exacerbó la crueldad de los rivales del nuevo titular de la cartera, Juan Bautista Mahiques. Lijo, que aspira como Mahiques a la Procuraduría General de la Nación, que es la jefatura de los fiscales, vapulea a Adorni con una severidad que se le conocía poco. Hay que remontarse a las hostilidades contra Amado Boudou, a quien mandó detener en pijama con las cámaras de televisión, para encontrarse con un Lijo despierto, expeditivo.

La furia de quien fuera el candidato oficial para la Corte, con la invalorable colaboración de Pollicita, está por voltear al jefe de Gabinete, dejando a Milei sin vocero y sin candidato para competir contra los Macri en la ciudad de Buenos Aires. Por la Jefatura de Gabinete compite Pablo Quirno, con alguna ventaja sobre Sandra Pettovello, quien quedó dañada por la exoneración atolondrada de su mano derecha, Leandro Massaccesi. Pero la vacante más dramática en lo inmediato es la de alguien que exponga con inteligencia el relato del oficialismo. Quien mejor desempeña esta tarea es la excéntrica Lilia Lemoine, a pesar de cierta carencia de confianza en su propio talento.

Asociadas a estas ambiciones de Lijo están las del tenebroso Antonio Stiuso, hacia quien el juez Marcelo Martínez de Giorgi profesa una lealtad canina. Martínez de Giorgi controla, con el temeroso fiscal Eduardo Taiano, la causa $LIBRA, que tiene en vilo a los Milei. Para mortificación de los hermanos brotan del juzgado la playlist interminable de los audios de Novelli.

En los tribunales federales muchos interpretan que esta hiperactividad tiene componentes extorsivos. Es un poco fuerte la sospecha. Exista o no esa intención, Karina Milei, aconsejada por el viceministro de Justicia, Santiago Viola, llegó a una conclusión: no se puede controlar la Justicia sin el instrumento de la SIDE. Viva la Libertad Carajo.

A partir de esta premisa, la señorita Milei se prepara para cortar cabezas en el cuerpo de espionaje. En estos días comenzó a ausentarse de reuniones importantes José Lago, ojos y oídos del “Mago” Caputo en el bunker de la calle 25 de Mayo. Caputo tendría la expectativa de una negociación que permita encontrar una intersección entre sus colaboradores y los de la hermana del Presidente. Es más fácil lograr una tregua en el estrecho de Ormuz. El poder es veleidoso: quienes se ofrecieron como ejecutores fieles de las iniciativas del “Mago”, Stiuso y su amanuense Lucas Nejamkis, estarían buscando ahora el timbre de la oficina de Karina. Gente que cambia de bando desde hace diez reencarnaciones.

La intransigente guerra interna se suma a las deficiencias de la política económica hasta lograr que la oposición se desperece. El primer signo de los tiempos fue la irrupción de Elisa Carrió dictaminando ante Luis Novaresio, con todas las letras: “Milei es un corrupto”. Fue la que inauguró esa caracterización sobre Néstor Kirchner, en los tempranos 2000.

El peronismo podría agitarse también con novedades relevantes: la jueza federal María Servini estudia intervenir el partido y designar allí a Darío Ruiz para que organice una interna con varios candidatos. Ruiz hereda esa función de su fallecido padre, Ramón, quien hizo el mismo trabajo a pedido de Servini cuando los Kirchner empezaron a reemplazar a los Duhalde. Expertos en transiciones los Ruiz. Ahora la misma Servini sueña con decapitar a Cristina Kirchner.

Mientras tanto, los que no coinciden con Kicillof buscan un candidato alternativo. Massa finge demencia y dice que no está para otra “patriada”. Conserva el sentido del humor. Sin embargo, teme el ascenso de un amigo suyo: el banquero Jorge Brito, que viene de presidir River Plate. Brito tiene el aliento de dirigentes experimentados, como Emilio Monzó o Nicolás Massot. Y el aval de otro extrapartidario: el “Gato” Gastón Gaudio. Todos devotos de San Germán. La proximidad de Gaudio haría pensar en la participación de Mauricio Macri en el proyecto. Ambos comparten una animada camaradería cuyas raíces se extienden hasta la castigada Catar. Pero entre Macri y Gaudio habrían surgido algunas diferencias filosóficas. Típico de gatos.

La Cámara de Diputados sancionó este jueves por la madrugada la reforma de la Ley Nacional de Glaciares, que reduce el alcance de las prohibiciones mineras en la zona cordillerana. El Gobierno impulsó la modificación con el fin de fomentar inversiones que impulsen la extracción de cobre y litio. El trámite parlamentario obtuvo 137 votos positivos, 111 negativos y 3 abstenciones, que se sumaron a la media sanción del Senado.

La reforma establece que solo las formaciones que cumplan una función hídrica relevante contarán con amparo legal, excluyendo al ambiente periglacial de aquellas formaciones que actúan como “reservas estratégicas de agua». Las provincias incorporan nuevas facultades para determinar qué cuerpos integran el Inventario Nacional de Glaciares.

El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) conserva la titularidad del registro técnico, pero las autoridades locales asumen la responsabilidad de retirar o incorporar áreas del listado de protección oficial, siempre de acuerdo con criterios científicos que lo justifiquen.

Quienes apoyaron este cambio legislativo afirman que se busca “destrabar” proyectos mineros que contribuyen al desarrollo energético nacional y se encontraban anteriormente paralizados por la normativa vigente. Según esta postura, las prohibiciones de exploración y explotación quedan ahora únicamente circunscritas a zonas con importancia hídrica comprobada.

“No se trata de elegir entre ambiente o desarrollo, sino de tener ambos. Una ley mejor diseñada con criterios técnicos claros, con mayor participación provincial y controles efectivos puede lograr ese equilibrio”, dijo el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, en una reciente audiencia pública realizada en el Congreso.

Por otro lado, distintos sectores ambientalistas rechazaron la propuesta y manifestaron su reclamo en las inmediaciones del Congreso. Estos opositores advirtieron sobre lo que generará consecuencias permanentes en las cuencas hídricas.

Las evaluaciones de impacto ambiental quedan, a raíz de la nueva normativa, bajo control de cada jurisdicción. Aun así, se exige que los estudios técnicos determinen si una zona cumple o no con los servicios hídricos previstos. Aquellos glaciares que no reúnan estas condiciones pierden la protección especial de la ley 26.639.

El texto sancionado incluyó el principio precautorio, que establece que todos los cuerpos de hielo incluidos en el inventario actual mantendrán su resguardo hasta que la autoridad competente verifique la inexistencia de funciones hídricas.

Además, la reforma determina que las actividades productivas “deben satisfacer las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras” y aclara que cualquier omisión de la actualización por parte del Ianigla no afectará la validez de las autorizaciones provinciales.