POLITICA
El Gobierno prioriza la disputa con el PRO de Macri y relega la batalla con el peronismo de Cristina Kirchner
Por la repercusión directa sobre una eventual postulación de Cristina Kirchner y por la cercanía con el calendario electoral de la ciudad de Buenos Aires, Ficha Limpia fue el detonante, pero la relación entre el Gobierno y la cúpula del PRO ya estaba herida de muerte desde hacía rato. La elección porteña aceleró un proceso de inevitable desgaste, y el proyecto rechazado el miércoles en el Senado agudizó una crisis cuyo desenlace, previsto para el domingo 18, cuando se cuenten los votos de la capital, entró en el terreno de lo impredecible.
Las últimas 72 horas fueron las peores en el vínculo entre La Libertad Avanza y el PRO desde que Javier Milei es presidente. Es difícil proyectar, según el diccionario presidencial, una tabula rasa a partir del lunes 19. “Después del 18 nos trataremos de sentar con ellos”, esbozó ayer Mauricio Macri en medio de una andana de críticas cada vez más feroces. El jueves por la noche, justo 24 horas después de que el proyecto de Ficha Limpia naufragara en el Senado, el jefe del PRO fue tan sincero que hasta Silvia Lospennato, sentada a su lado, se sorprendió por el comentario: “Lamenteblemente, con esta definición tiene más que ganar (Leandro) Santoro que nosotros”, admitió el ex presidente.
Macri está desorientado. No entiende la lógica que Milei le imprimió a su sistema de toma de decisiones, en el que resaltan su hermana Karina y Santiago Caputo, y es plenamente consciente de la crisis electoral que atraviesa al PRO en el distrito que cobijó hace casi dos décadas su proyecto presidencial, que se acabaron los bailes y los globos de colores. Sabe, además, que el avance de los Milei y de Caputo sobre un territorio que considera propio esconde una intención cada vez más evidente y perjudicial para sus intereses: y es que el Gobierno está mucho más enfocado en dañar y fagocitarse al PRO que en derrotar en esta instancia electoral al peronismo de Cristina Kirchner, con el que el presidente y sus colaboradores se sienten cómodos en la confrontación pública.
“En términos políticos, este gobierno me hace acordar mucho a nosotros”, opinó el jueves, a la mañana siguiente del traspié de Ficha Limpia, un histórico dirigente de La Cámpora que supo ser, en los mejores tiempos de Néstor Kirchner, uno de sus predilectos. En las elecciones de medio término del 2005, el fallecido ex presidente depositó buena parte de su energía en terminar con el predominio duhaldista en territorio bonaerense, para afianzar su proyecto en el Gran Buenos Aires -Kirchner denominaba “mini gobernadores” a los intendentes del conurbano-, proyectarlo a todo el país y posicionarse como único jefe del peronismo.
Veinte años después, Javier y Karina Milei quieren seguir los pasos de Néstor y Cristina Kirchner, pero con Macri y un triunfo sobre el PRO en la Ciudad como el golpe de efecto fundamental para el intento de consolidación del proyecto libertario, en la disputa por el liderazgo del electorado de la derecha y la centro derecha.
El sorpresivo rechazo al proyecto de Ficha Limpia agravó esa disputa. Sorpresivo por el desenlace, no por la historia previa: entre la media sanción de Diputados y la sesión de esta semana, el Gobierno intentó dilatar el debate. Aún existen cabos sueltos en torno a qué pasó en la discusión del miércoles, pero en la noche previa, desde la Casa Rosada le ordenaron a Ezequiel Atauche, el jefe de bloque en la Cámara alta, que saliera públicamente a instalar un escenario optimista. Minutos antes de las 21 del martes, en los estudios de Infobae en Vivo, el senador aseguró: “Yo creo que hoy tenemos los votos, hemos hecho el famoso poroteo, creo que tenemos 38 votos que mañana deberían acompañar al gobierno en esta iniciativa”.
Es curioso porque el jueves por la noche, con el proyecto caído, en una charla extensísima en el streaming “La Misa” con Daniel Parisini, acompañado por Manuel Adorni, Milei confirmó: “Los votos no estaban”. Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, dijo el viernes por la mañana: “Yo personalmente chequeé con el presidente del bloque el día anterior y el día de la elección que estuvieran confirmados los 38 votos, y ahí estaban los votos, algo por lo cual con el resultado en contra nos vimos absolutamente sorprendidos».
¿Por qué el Presidente subrayó que “los votos no estaban”?
¿Qué le convenía al Gobierno? ¿Reconocer que tuvo mala praxis parlamentaria o la complicidad con un caudillo provincial, como Carlos Rovira, en beneficio de Cristina Kirchner?
La narrativa oficial naufragó entonces en un mar de contradicciones, contrariada por una frase que en Misiones se le atribuyó al legislador y ex gobernador Rovira, el jefe más poderoso de esa provincia, en la que habría admitido que los dos senadores que cambiaron su voto, y que fueron claves para el rechazo del proyecto de Ficha Limpia, lo hicieron por orden suya y por un llamado de la Casa Rosada adjudicado al propio Milei.
¿Por qué Rovira, un dirigente tan poderoso como hermético, que nunca se ocupó en dar explicaciones, decidió ventilar ese supuesto llamado? ¿Qué lo motivó, a él o a su entorno, a exponerse y a salpicar al gobierno de esa manera? Es aún más sorprendente que, hasta este sábado por la noche, ni Milei ni ninguna autoridad del Gobierno saliera a confrontar ni al jefe misionero ni a los dos senadores que, días antes, habían confirmado que acompañarían el proyecto. Por el contrario, solo se responsabilizó al PRO, y a Lospennato en particular, por incitar supuestamente a una sesión que no contaba con las mayorías necesarias para aprobar el proyecto.
Así lo instaló el propio Milei, con críticas tan duras hacia la diputada como la responsabilidad que ella misma le endilgó al jefe de Estado. ¿Por qué Atauche se paseó entonces la noche anterior al debate con un discurso tan optimista?
En las horas previas a la votación, los estrategas del Gobierno se preguntaron cómo hacer para evitar que Lospennato, abanderada de la iniciativa, capitalizara un supuesto triunfo legislativo. ¿Qué cambió en las últimas horas? ¿Pudo el Gobierno preparar quirúrgicamente un escenario triunfal, embanderarse con el proyecto, llevar al PRO y a los aliados hasta último momento con la posibilidad real de sancionar el texto y develar el truco recién al final, de manera tan obscena? ¿Puede ser que la sesión se le haya ido de las manos al Ejecutivo?
“Por eso propusimos que firmaran todos los que apoyaban la iniciativa. No era tan mala la idea… los muertos se cuentan fríos”, se regodeó el miércoles por la noche, bien tarde, una voz oficial.
Es que, más allá de la errática comunicación oficial de las horas posteriores, el Gobierno había intentado en los últimos meses evitar que el proyecto llegara al recinto: los estrategas de Milei nunca estuvieron del todo de acuerdo con una iniciativa con la que, puertas adentro, siempre plantearon serias disidencias de fondo. No querían darle a la Justicia más poder que a la política. En términos pragmáticos, y electorales, por una sencilla razón: la discusión pública con Cristina Kirchner, la principal perjudicada si Ficha Limpia era sancionada este año, le sienta bien al presidente. “Libertad o kirchnerismo” es la propuesta principal de Adorni, el candidato de Milei, en las elecciones de la capital del próximo domingo. Difícil de sostener si a la ex presidenta se le impedía volver a presentarse de por vida para un cargo público a nivel nacional.
En Diputados existe desde hace meses un secreto a voces: que hubo un encuentro en el despacho de Martín Menem, el presidente de la Cámara baja, en el que se negoció con enviados de la ex presidenta que no se apoye el proyecto de Ficha Limpia a cambio de no citar a Karina Milei y a Adorni a la comisión investigadora por el caso $Libra. Fue tal el empeño de los negociadores en esas dos figuras que incluso se olvidaron de pedir por el ministro Luis Caputo. La Casa Rosada aprovechó las tratativas para abordar la discusión por los pliegos de los jueces de la Corte Suprema, e incluir una supuesta ampliación del tribunal. Cuando las negociaciones llegaron a un punto muerto, desde la oficina de Santiago Caputo se intentó pedirle a Bartolomé Abdala -con Milei en Estados Unidos, Victoria Villarruel se encontraba a cargo del Ejecutivo- que abortara la sesión, pero el senador rechazó las presiones: aseguró que no tenía margen. Abdala, al que apodan puertas adentro “Pantano”, sufrió el castigo de la Casa Rosada: según trascendió, en un numero importante de delegaciones provinciales en San Luis vinculadas con empresas y organismos del Estado.
Desde el miércoles, La Libertad Avanza y el PRO quedaron cubiertos por una avalancha de acusaciones cruzadas que nunca habían tenido tanto nivel de exposición pública. Hace tiempo que en el sistema político local las disputas se libran a la luz del día. Pasa lo mismo en el peronismo. Ayer, como en los juegos de naipes por apuestas, el Gobierno volvió a jugar “a todo o nada” en el distrito insignia del PRO: sacó a las calles de la ciudad a buena parte del Gabinete para apuntalar la candidatura de Adorni en la recta final de la campaña, para culminar con un almuerzo en un restorán de Palermo. En ninguna otra elección provincial el Ejecutivo había desplegado hasta ahora semejante operativo.
En usinas porteñas se insistió en estas semanas, de manera recurrente, con que el Gobierno se encargó incluso, directa e indirectamente, en promocionar otras candidaturas por fuera de la de Adorni, para contrarrestar a la lista oficial del PRO y la que encabeza Santoro. Es vox populi en la casa matriz de quién o de quiénes se trata. Por izquierda y por derecha.
La caída de Ficha Limpia agitó, para el PRO, los peores fantasmas: la revalidación de contactos subterráneos entre el gobierno y el kirchnerismo, y la decisión de los hermanos Milei y del consultor Caputo de acelerar en un avance estratégicamente premeditado contra Macri y sus intereses.
“Solo resta ver si Mauricio pierde por puntos o por Knock out“, sentenció en estas horas un dirigente del PRO que lo frecuenta. Urgido, el ex presidente se vio obligado a recorrer a diario la capital en las últimas semanas, y a tratar de apuntalar a la lista auspiciada y financiada por el jefe de Gobierno porteño, sacar el mejor resultado posible e intentar sentarse, a partir del lunes 19, a una mesa de negociaciones en torno a un hipotético acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires que, por ahora, es una quimera.
No porque desde la dirigencia de La Libertad Avanza o la del PRO no estén de acuerdo: hay una lista de legisladores e intendentes que esperan por el 18 de mayo para negociar sin ataduras. El Gobierno quiere un acuerdo. Lo que no quiere es sellarlo con la jefatura. Es decir, con Macri.
cfk
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de comunicar la presentación judicial contra una serie de manifestantes, a los que el Gobierno identificó como los culpables de los incidentes en las inmediaciones del Congreso.
“Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional. El que las hace, las paga”, señaló el funcionario libertario en las últimas horas.
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Según dejó trascender el oficialismo, son 17 los identificados y gran parte de ellos, cuenta con antecedentes por robo agravado, lesiones y otros delitos.
Los nombres brindados por el Ministerio de Seguridad, fueron: Lucas Horacio Cabrera, Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Martín Castiñeiras, Federico Alberto Mazzagalli, Matías Enzo Roldán y Patricio Hernán Castellan.
También figuran Denis Alejandro Figueredo, Néstor Alejandro Flores, Lucas Ezequiel Lobato, Nahuel Ezequiel Britos, Carlos Nicolás Kipper Amalfi, Manuel Edgardo Barrios, Natanael Benjamín Aguirre, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez y Roberto Daniel Tassano.
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La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Gobierno presentará una denuncia por terrorismo contra los responsables de los hechos violentos registrados durante el debate de la reforma laboral en el Congreso.
Según explicó, los incidentes no fueron “una agresión más contra las fuerzas de seguridad, sino una acción organizada destinada a desestabilizar el orden institucional”.
Monteoliva subrayó que los actos excedieron “el marco de las manifestaciones tradicionales”. “Gente con bidones de nafta y bombas molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos. ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar”, afirmó. Y agregó: “Fue un acto de terrorismo”.
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La funcionaria precisó que la denuncia invocará la Ley Antiterrorista (N° 26.734), que contempla penas más severas, detenciones sin excarcelación inmediata y una investigación federal.
“Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotoves una bomba. Es un arma, y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, enfatizó.
Sobre el accionar policial, Monteoliva explicó que la prioridad fue dispersar los focos de violencia con agua y gases para minimizar daños. “La intención primera es dispersar precisamente para desconcentrar ese conflicto que se había focalizado en dos o tres puntos”, dijo. También destacó la dificultad de detener a los agresores en flagrancia: “No había manera de detenerlos con brigadas en ese momento cuando están tirando bombas molotov”.
Hasta el momento se identificaron más de diecisiete personas, con edades que van de 20 a más de 60 años, provenientes de distintas provincias. La ministra aclaró que no todos tienen antecedentes, aunque algunos presentan historial delictivo extenso, y mencionó la posible vinculación de algunos con barras bravas o agrupaciones de izquierda combativa y anarquistas.
Monteoliva rechazó rumores sobre policías infiltrados: “Eso de estar diciendo que es un policía o que es un expolicía, no sé de dónde lo sacan. Es un disparate”. Según el balance oficial, hubo más de setenta detenidos y heridos leves, principalmente efectivos y civiles.
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Alejandra Monteoliva,Bomba del día,Congreso,Ley Antiterrorista,Reforma Laboral
POLITICA
“Una de más”: el Gobierno reconoce que los cambios a las licencias por enfermedad podrían traer problemas en las negociaciones
El proyecto de reforma laboral que el oficialismo logró aprobar en el Senado había pasado casi desapercibido en uno de sus aspectos: la reducción sustancial de los plazos de las licencias pagas y la redefinición del porcentaje salarial que percibirán los trabajadores ante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo.
En el bloque legislativo de La Libertad Avanza reconocen que ese apartado había pasado “por debajo del radar” hasta el mismo día de la sesión en el Senado. Pero señalan que el tema cobró relevancia la mañana siguiente a la media sanción, cuando el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, brindó un ejemplo para explicar el alcance de la medida.
“Si te lastimaste jugando al fútbol, es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”, indicó. “La idea es que esto también apunta a reducir las licencias que se volvían prácticamente eternas, porque en la práctica no implicaban ningún costo para la parte que ingresaba en ese esquema”, agregó.
Dos miembros del Poder Ejecutivo reconocieron que ese ejemplo catapultó el tema de discusión a la agenda pública. “Se mandó una de más, como siempre”, afirmó una fuente del bloque de La Libertad Avanza a Infobae.
“Eso fue lo que calentó, como cada vez que sale a hablar Sturzenegger”, comentó un miembro del oficialismo. La molestia dentro del Gobierno no se debe al contenido del ejemplo, con el que están de acuerdo, sino a que no era el momento de instalar esa cuestión en la agenda pública.
Los especialistas en comunicación ya analizan cómo revertir la carga negativa que tuvo ese caso en los medios y en las redes. El Gobierno cuenta con más de una semana antes de que se trate esta cuestión en una sesión en el recinto, y La Libertad Avanza debe conseguir adhesiones en la Cámara de Diputados para que el proyecto remitido desde el Senado no sufra modificaciones.
Si se rechaza o modifica un solo título del proyecto, el oficialismo debe devolverlo a la Cámara alta, lo que demoraría la sanción definitiva de toda la reforma. Milei ya firmó el decreto para extender un día más el período de sesiones extraordinarias para que la reforma laboral pueda tener sanción el 28 de febrero, un día antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias en la que hablará Javier Milei.
El temor en el oficialismo es que la discusión que se generó sobre este punto desincentive a actores de la oposición dialoguista para avalar ese apartado. Una alta fuente reconoció a Infobae su preocupación por no poder conseguir los votos necesarios para ratificar ese punto.
Tras la media sanción de la reforma, el oficialismo afirmaba tener asegurados los votos para la aprobación en general y altas posibilidades para las votaciones en particular. Actualmente, esto no está garantizado: el primer bloque que expresó su desacuerdo fue el PRO, al pedir que se reincorpore el artículo que permite recibir el sueldo a través de una billetera virtual.
El bloque de Provincias Unidas mantiene serias diferencias con más aspectos del proyecto. “Vamos a marcar diferencias en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), en el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Con lo de las licencias por enfermedad no hay fisuras, nos oponemos”, remarcó uno de sus integrantes, informando que solo hay apoyo de ese bloque en 9 de los 26 títulos.
Las críticas sobre la modificación de las licencias surgen por lo que podría ocurrir en casos de enfermedades más graves y que no necesariamente tengan vínculo directo con el desempeño en el lugar de trabajo. Además, se discute si esto traerá mayor judicialización o no, un aspecto que el proyecto busca reducir. El abogado laboralista Julián de Diego afirmó a Infobae En Vivo que la reforma provocará una mayor cantidad de conflictos legales en las empresas.
Qué dice la modificación de las licencias por enfermedad
Las nuevas reglas establecen límites de entre 3 y 6 meses para las licencias pagas, según si el trabajador tiene personas a cargo, y reducen los porcentajes de sueldo abonados durante la baja.
El texto prevé que, cuando la imposibilidad de trabajar derive de una actividad voluntaria y consciente que implicara un riesgo para la salud, el empleado percibirá el 50% de su remuneración básica. Este período será de 3 meses si no tiene cargas de familia y de 6 meses si las tuviera. Para situaciones donde no hubo voluntad ni conciencia del riesgo, el porcentaje de pago sube al 75%, manteniendo el mismo plazo de licencia.
Estas modificaciones resultaron de extensas negociaciones entre el Gobierno y las empresas. En el esquema vigente, un trabajador con menos de 5 años de antigüedad y sin cargas de familia accede a una licencia paga de 3 meses, y de 6 meses si tiene cargas de familia. Si la antigüedad supera los 5 años, actualmente la licencia por enfermedad o accidente es de 6 o 12 meses según el grupo familiar, y se paga el 100% del sueldo. La reforma elimina la extensión a 12 meses y el pago total, limitando la licencia a un máximo de 6 meses y ajustando el porcentaje abonado.
Estas disposiciones también abarcan los accidentes o enfermedades psiquiátricas originadas fuera del trabajo y obligan al trabajador a informar de inmediato cualquier imposibilidad para asistir al primer día laboral por enfermedad o accidente, salvo motivos de fuerza mayor. Si el aviso no se realiza y no se comprueba la causa posteriormente, se pierde el derecho a la remuneración.
Las inasistencias deberán justificarse mediante certificados médicos emitidos y firmados digitalmente por profesionales habilitados. El trabajador deberá someterse a controles médicos designados por el empleador; si existiera una discrepancia insalvable entre diagnósticos, la ley prevé la intervención de una junta médica en entidad oficial o la solicitud de un dictamen en institutos reconocidos, cuyo costo asumirá el empleador.
Respecto a la recidiva de enfermedades crónicas, la reforma aclara que no serán consideradas nuevas enfermedades, salvo que la reaparición ocurra después de 2 años desde el primer episodio. La normativa también establece que la suspensión del trabajador por motivos económicos o disciplinarios no afecta el derecho a cobrar la remuneración parcial correspondiente a la licencia paga por enfermedad o accidente.
POLITICA
Coimas en la ANDIS: la Cámara Federal obligó a revisar el embargo multimillonario contra la empresa aérea Baires Fly
La investigación judicial por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo. La Cámara Federal porteña dispuso recalcular el embargo millonario que pesaba sobre la firma de aviación privada Baires Fly SA, una de las compañías señaladas en el expediente por supuestos movimientos financieros vinculados al pago de medicamentos.
El embargo había sido fijado por el juez federal Sebastián Casanello por una suma superior a los $7.000 millones. Sin embargo, los camaristas entendieron que el monto carecía de fundamentación suficiente y resultaba desproporcionado frente al estado actual de la causa, por lo que ordenaron emitir una nueva resolución con criterios más precisos.
Los magistrados remarcaron que la medida cautelar debe mantenerse, pero con un cálculo acorde a la evidencia reunida hasta el momento. En otras palabras, la empresa continuará afectada patrimonialmente, aunque el monto será redefinido.
El rol de la empresa en la causa
La investigación gira en torno a presuntas maniobras de facturación simulada y lavado de dinero vinculadas a la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad. Según la hipótesis fiscal, parte de los fondos habría sido canalizada a través de distintas empresas, entre ellas la aerolínea privada.
Coimas en la ANDIS: la Justicia procesó a Diego Spagnuolo por corrupción
El expediente incluye comunicaciones y transferencias bancarias bajo análisis judicial. De acuerdo con la pesquisa, algunas droguerías habrían enviado dinero a cuentas relacionadas con la compañía aérea, tras lo cual se emitían comprobantes por supuestas horas de vuelo o kilómetros aéreos.
La Justicia sospecha que esos servicios no se habrían prestado realmente y que las facturas podrían haber servido para justificar movimientos financieros. En el expediente se detectaron comprobantes emitidos entre 2023 y 2025 por montos millonarios, lo que motivó la intervención del juzgado y la posterior medida de embargo.
En paralelo, el magistrado procesó al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, junto a otros imputados, por delitos que incluyen asociación ilícita, cohecho y defraudación contra la administración pública. La causa continuará bajo la subrogancia del juez Ariel Lijo, quien deberá tomar nuevas declaraciones indagatorias.
Entre las personas citadas figura un empresario vinculado a la compañía aérea, sospechado de haber participado en la circulación del dinero investigado. La fiscalía considera que su intervención pudo haber sido clave para canalizar transferencias provenientes de empresas proveedoras del Estado.
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Los cuestionamientos de la Cámara
El tribunal de apelaciones señaló que, si bien existen elementos que justifican la cautelar, la suma fijada inicialmente no guarda relación clara con la responsabilidad que, por ahora, se le atribuye a la firma. Incluso destacó que la empresa no fue imputada formalmente como persona jurídica al momento de dictarse la medida.
Por ese motivo, los jueces indicaron que el juzgado debe volver a analizar la afectación patrimonial y establecer un monto razonable sustentado en pruebas concretas. Uno de los camaristas, en minoría, consideró suficiente aceptar como garantía una aeronave ofrecida por la empresa.
Además, en otra resolución vinculada al expediente, la Cámara dispuso revisar cómo se incorporaron al proceso ciertos audios que mencionarían presuntos pagos ilegales a funcionarios, una decisión que podría incidir en la validez de parte de la prueba.
La causa ANDIS se transformó en uno de los expedientes judiciales más delicados en materia de corrupción vinculada al sistema de salud y asistencia social. Con nuevas indagatorias en puerta y medidas bajo revisión, el avance de la investigación podría tener impacto político y judicial en los próximos meses.
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