Las principales empresas de medicina prepaga del país están aplicando en julio aumentos que promedian el 1,5%, en línea con la inflación de mayo —último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)—. Sin embargo, en términos acumulados, estas compañías mantienen las cuotas por encima de la suba de precios al consumidor.

Con el ajuste de este mes que acaba de comenzar, el incremento acumulado entre enero y julio de 2025 alcanza un promedio del 19%, según pudo averiguar iProfesional.

Entre enero y mayo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC avanzó 13,3%, de modo que, tomando en cuenta el ritmo al que parece ir la inflación en estos últimos meses, las cuotas que pagan los afiliados vienen subiendo más.

Los aumentos de julio están siendo, en general, más bajos que los de junio, y por debajo de los ajustes que las compañías aplicaban durante el primer trimestre del año. Sin embargo, un ejecutivo del sector consultado por este medio advirtió que «en junio hubo un par de empresas que estuvieron por arriba del IPC, algo que hasta mayo pasado no había ocurrido».

En julio, las prepagas suben sus cuotras hasta 2,6%

En efecto, Medicus es la prepaga que más aumentó en julio, con un 2,65%. A esta suba ya sumó el anuncio del aumento de agosto, del 1,45%, pese a que todavía no se conoció la inflación de junio, que el INDEC informará a mediados de mes.

En el otro extremo se ubican Sancor, con una suba del 1,2%, y el Hospital Italiano, con un 1,34%. El resto de las empresas se movieron entre el 1,4% y el 1,95 por ciento.

Según pudo saber iProfesional de fuentes del sector, los porcentajes de aumento en julio por empresa son los siguientes:

El promedio de los aumentos de julio se ubica exactamente en 1,5%, mientras que el aumento acumulado de las cuotas desde enero promedia 19,09 por ciento.

Comparación con la inflación

Los aumentos continúan por encima de la inflación general, pese a que en los últimos meses se desaceleraron.

Fuentes del sector explicaron a iProfesional que los porcentajes de aumento que aplican las empresas no se definen en función del IPC, sino de lo que llaman «inflación médica», que incorpora la evolución de los salarios, los insumos y el tipo de cambio, entre otros factores.

«Es un promedio complicado que se compone entre insumos y prestaciones, en los que también influye el precio del dólar, porque muchos insumos son importados, y también influyen las paritarias de los empleados de la medicina prepaga», dijeron voceros de OSDE a iProfesional.

Además, señalaron que la medicina prepaga «tiene muy baja incidencia en el IPC». «En un país de 47 millones de habitantes, son más o menos 6 millones de personas que tienen prepaga, entonces no incide tanto», dijeron a este medio.

Los precios actualizados de los planes

Desde OSDE informaron que el aumento aplicado en julio es del 1,85%, y que el 65% de sus afiliados está en el plan 210, cuyo valor actualizado para un afiliado joven es de $205.450. El plan 310 cuesta 265.455 pesos.

En el caso de Galeno, el plan 200 cuesta $117.554,44 y es cerrado; el plan 220, con una cartilla similar pero con reintegros, cuesta $129.253,67. Ambos pertenecen a la línea Azul. Los planes 300 y 330 —de la línea Plata— ofrecen una cartilla más amplia. El plan 300 (cerrado) cuesta $153.265,60 y el 330 (abierto con reintegros) $171.659,28. Todos los valores corresponden a afiliados de hasta 25 años. Las cuotas aumentan conforme avanza la edad.

En cuanto a Medicus, además del aumento del 2,65% en julio, ya anunció un incremento del 1,45% en agosto. En ese mes, el valor de la cuota base de uno de sus planes más económicos, con copagos en todas las prestaciones, será de $142.528,60 más IVA, es decir, $172.459,61 finales.

Paritarias, impacto en costos y resolución oficial

El acuerdo paritario del sector salud también funcionó como referencia para los aumentos. En julio se aplicará el tercer tramo del arreglo firmado a mediados de año, con una suba del 1,5% para el personal, que coincide con el promedio de los aumentos de las prepagas. Según pudo saber iProfesional, se espera que ese acuerdo sea homologado por la Secretaría de Trabajo.

Fuentes de una prepaga argumentaron que «a partir de marzo la cosa se encaminó a favor del cliente» y que las subas actuales, que rondan el 1,5%, «no dejan de ser una buena noticia para el afiliado», tras los incrementos más pronunciados del año anterior.

El Gobierno, por su parte, reforzó el control sobre los aumentos con la publicación de la Resolución 645/2025, que obliga a las empresas del sector a informar a la Superintendencia de Servicios de Salud los ajustes antes de comunicarlos a sus afiliados.

La normativa exige que las prepagas presenten el porcentaje de aumento, los nuevos valores por plan, franja etaria y región, y los cuadros tarifarios y copagos vigentes. El plazo es de cinco días posteriores a la publicación del IPC del INDEC, y al menos 30 días antes del vencimiento del pago.

Un sector que aún corre por encima de la inflación

Aunque los aumentos mensuales se desaceleraron y algunas empresas empezaron a alinearse con la inflación, los datos muestran que el desfase persiste en favor del sector privado de salud. En promedio, las cuotas de las prepagas aumentaron casi seis puntos porcentuales por encima del IPC general en lo que va del año.

La resolución oficial, el monitoreo más estricto por parte del Gobierno y la estabilidad inflacionaria juegan a favor de una contención en los próximos meses. Pero el panorama está lejos de estabilizarse: Medicus ya anticipó el ajuste de agosto y el resto de las empresas seguirán de cerca la evolución del índice de precios.

Con un universo de unos 6 millones de afiliados, el sector sigue siendo relevante en términos sanitarios, aunque marginal en el índice de precios. La tensión entre la necesidad de sostener la prestación y el costo creciente para los usuarios continúa como telón de fondo en un escenario donde las prepagas buscan no perder más afiliados y, a la vez, cubrir costos crecientes.

Desde que inició el año, exceptuando febrero y marzo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), viene bajando contundentemente. De acuerdo al INDEC, en enero marcó un 2,2%; en febrero subió a 2,4%; en marzo se disparó a 3,7%; en abril retomó la baja yendo al 2,8%; y, finalmente, en mayo marcó un 1,5%, la inflación mensual más baja en los últimos 5 años.

Así, una de las mayores preocupaciones de los argentinos comenzó a ceder, y esos «demonios de la inflación», tal como los calificó el expresidente Alberto Fernández, pareciera estar dando señales de agotamiento. Pero, lejos de celebrar, el gobierno de Javier Milei empezó a mirar con cautela un escenario que, aunque aún parece impensado para el país, podría volverse una complicación: la deflación. La caída sostenida de los precios, que en mayo ya se vio en los mayoristas con un -0,3%, está generando debates en la Casa Rosada. ¿Por qué algo que suena como un alivio para el bolsillo puede ser un problema?

Por qué una posible deflación puede suponer un problema para la economía argentina

Primero, no hay que reducir las consecuencias de la deflación a, únicamente, una inflación inexistente, sino también a una posible caída del consumo, endeudamiento y otras dificultades económicas muy perjudiciales para el país. Una de las calamidades podría desatarse si la deflación se vuelve una constante, donde los consumidores no se verán incentivados a adquirir más que lo indispensable, no comprarán casas, autos o artefactos costosos porque considerarán que continuará bajando. En consecuencia, esta actitud podría desencadenar infortunios tales como la caída del consumo, sobreabastecimiento, cierre de fábricas, y despidos masivos, entre otros.

Otro problema es el peso de las deudas. Con deflación, el valor real de lo que se debe crece, porque los ingresos de empresas y familias caen en términos nominales, pero las cuotas no. Se cancelarían paritarias y aumentos, y se comenzaría a cuidar más el salario, lo que podría complicar a un sector privado que ya está ajustado y a un gobierno que busca mantener el equilibrio fiscal.

Tal es así que, el propio Milei dejó entrever esta preocupación en mayo del año pasado donde dijo que «ya hubo semanas de deflación en alimentos» y que «los salarios vienen creciendo más que la inflación», pero en febrero de 2025, en una entrevista televisiva, soltó que «el país está en deflación hace meses» y que «la inflación tiene fecha de defunción a mitad del año que viene». Estos comentarios, aunque destacan el control de los precios, reflejan también una cautela: la deflación debe ser manejada con precisión para no descarrilar la economía.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, ponderó en diciembre de 2024 que la inflación del 2,4% era la más baja en cuatro años y que el objetivo es bajar el crawling peg del 2% al 1% para sostener la estabilidad cambiaria. Sin nombrar directamente la deflación como un riesgo, «Toto» dejó claro que se está estudiando cómo evitar que la baja de precios se salga de control, se convierta en un problema y frene la recuperación económica, que, según él, crece al 6% anual.

Pero, ¿realmente es posible que el país caiga en una deflación generalizada? Los datos del INDEC muestran que la deflación se limita a sectores como los mayoristas, pero el IPC general, aunque mayormente a la baja, sigue en terreno positivo. Aunque, si la tendencia continúa, podría verse una caída del consumo, menos inversión empresarial y un freno en el crecimiento, justo en el año donde la administración libertaria más se jacta de sus triunfos. En otras palabras, el gobierno analiza minuciosamente que la inflación permanezca a la baja, resguardando el poder adquisitivo y el valor de la moneda, pero no pareciera querer arriesgarse ante los contras que podría generar una deflación en el IPC.

Un ejemplo histórico

En 1990 y a principios de la década de los 2000, Japón experimentó fuertes problemáticas económicas en un período conocido como «década pérdida», aunque en realidad se extendió por más de una década. Puntualmente, por el final de los ’80 este país vivió una burbuja económica impulsada por un auge en los mercados inmobiliarios y bursátil. Pero, cuando esta burbuja estalló a principio de la otra década, la situación económica entró en una fase de estancamiento, marcado por una deflación persistente.

Allí, el Índice de Precios al Consumidor comenzó a registrar caídas sostenidas a partir de 1998, con tasas de deflación que oscilaron entre -0,5% y -2% anual en varios años. Lo que inició como una caída positiva y que favorecía a los consumidores, se volvió en una caída de los precios de las acciones y propiedades, generando que muchas empresas y bancos tomaran deudas o se dieran a la quiebra.

Mientras esto ocurría, el Banco de Japón no reaccionaba acorde a esta nueva realidad y mantuvo tasas de interés relativamente altas, lo que agravó la contracción del crédito. Incluso, con tasas cercanas a cero. Además de esto, los consumidores japoneses se amoldaron a que los precios continuarían bajando, lo que desincentivó brutalmente el consumo y la toma de créditos. Porque, ¿por qué adquirir un producto hoy que mañana podría estar más accesible?

Con ese espíritu, las compras de electrodomésticos, automóviles o viviendas quedaron relegadas, lo cual generó que el consumo privado creciera apenas un 0,7% anual, entre 1992 y 2002, según el Banco Mundial. En una línea similar, el PBI de Japón también se vio afectado, logrando crecer a una tasa promedio de menos del 1% anual; durante la década de 1990, contrastando negativamente con el 4-5% anual de los decenios previos.

Empeorando la situación, la deflación también incrementó el valor de las deudas reales, ya que los ingresos nominales de las empresas y los trabajadores disminuían, pero las obligaciones financieras seguían constantes o aumentaban en términos reales. Afectando así a las empresas que ya estaban endeudadas con grandes sumas, como el sector bancario, y presionándolos a enfrentarse a una toma de préstamos que serían incobrables, acto que se denominaría «préstamos zombies».

En conjunto y a largo plazo, la deflación no solo afectó la década de los ’90, sino que tuvo efectos adversos prolongados durante los siguientes años que las administraciones de turno, tal como ocurrió en 2010, debieron tratar aplicando medidas como «Abenomics» que consistía en: inyectar grandes sumas de dinero en la economía para combatir la deflación y estimular el crecimiento; y aumentar los gastos gubernamentales, como programas sociales y asistencia.

Con estos antecedentes es evidente porqué al gobierno de Milei le preocupa que el país pueda llegar a experimentar la deflación, sobre todo si no está gestionada cuidadosamente y en contextos de fragilidad financiera.

Hace unos años, Venezuela colmaba los titulares internacionales por sus dramáticos índices de inflación, manifestaciones violentas en las calles que terminaban con represión y miles de ciudadanos que emigraban ante la imposibilidad de tan siquiera comprar alimentos. Uno de sus picos más críticos fue en 2018, cuando el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) anunció una hiperinflación que ascendió a 1.698.488%, lo que generaba que los ciudadanos debieran salir a hacer sus compras más simples con carretillas repletas de bolívares.

Las imágenes de billetes apilados, siendo utilizados para manualidades artísticas o simplemente tirados en las calles, eran postales de cada día. Así como también la emigración masiva, donde más de 7,7 millones de venezolanos, según la ONU, huyeron a países vecinos en busca de estabilidad económica. Pero, el panorama cambió radicalmente en 2024 cuando, sorpresivamente, logró estabilizar su situación, con una inflación acumulada 48%, «la más baja en más de una década», destacó Nicolás Maduro en enero de este año.

La caída de la inflación en Venezuela, la más baja en 12 años

La evolución de la inflación según el OVF, desde el 2018 -el pico más alto- hasta el 2024 fue así: en 2018 marcó un 1.698.488%, casi 1700%; en 2019 bajo a 7.374,4%; en 2020 se redujo a 2.959%; y en 2021, cuando el país salió de la hiperinflación, se situó en 686%. A partir del 2022 fue bajando rápidamente, tocando el 305,7%; en 2023 a 193%; y en 2024 cerró el año con 48% (según los datos gubernamentales), pero el Observatorio aseguró que en realidad cerró en 85%. Aún así, sigue siendo la más baja en 12 años.  

Pero, ¿cómo lo logró? La respuesta es la dolarización endógena y un giro de 180° en las políticas económicas, un modelo que, irónicamente, coincide con las medidas que quiere aplicar el presidente Javier Milei, pese a su rechazo hacia Maduro y las claras diferencias ideológicas.

Intervención estatal

En 2018, el panorama venezolano era desolador. La hiperinflación hacía que los precios se duplicaran cada pocos días, y el bolívar había perdido prácticamente todo su valor. Las políticas de control de precios, como la Ley Orgánica de Precios Justos implementado sugerida personalemente por Maduro, con la que buscaba fijar los costos de productos de la canasta básica, pero terminaron generando escasez y un mercado negro donde los bienes se vendían a precios imposibles.

Estas medidas, que implicaban una intervención directa del Estado para contener de manera artificial los precios, no lograron contener la inflación, sino que empeoraron la situación. Casualmente, un programa similar, también llamado «Precios Justos», fue adoptado en nuestro país por el exministro de Economía y excandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa en 2022. Y también de igual forma, en lugar de estabilizar y garantizar que se puedan seguir adquiriendo productos baratos, la inflación argentina se disparó al 211,4% en 2023, confirmando el fracaso de este tipo políticas intervencionistas en ambos países.

Respondiendo a la premisa, el punto de inflexión en el país comandado por Maduro llegó a partir de 2019, cuando su gobierno relajó los controles estatales que asfixiaban al sector privado y que provocaban el desabastecimiento, y también cesó las expropiaciones masivas. Además, abandonó el rígido control cambiario, permitió la circulación de divisas extranjeras y redujo las restricciones de precios. Esto dio paso a la dolarización endógena, un proceso espontáneo donde los ciudadanos y comerciantes comenzaron a usar el dólar como moneda de facto, sin un marco legal formal dictado por el Ejecutivo.

De acuerdo a la consultora venezolana Ecoanalítica, en 2021, casi el 70% de las transacciones comerciales se realizaban en dólares, incluyendo la compra de los productos de la canasta básica, indumentaria, y pago de servicios, entre otros. Este cambio permitió estabilizar los precios, ya que el dólar, a diferencia del bolívar, no estaba sujeto a la devaluación constante, y logró hacer salir a Venezuela de la híper. Los «bodegones», tiendas de productos importados, proliferaron, y los supermercados volvieron a llenarse de bienes, aunque a precios accesibles solo para quienes tenían dólares, ya fuera por remesas o actividades informales.

Es decir, la dolarización revitalizó el comercio y los servicios, haciendo que también resurjan los conciertos, las actividades recreativas y el turismo, –pero lo más importante– devolviéndole la estabilidad a la economía. Otro condimento necesario fue, sin dudas, el alivio de las sanciones estadounidenses en 2023 que permitieron un aumento del 17,2% en la producción petrolera del 2024, incrementando los ingresos del país, que centra su actividad en un 87% en la exportación del petróleo.

Y, en Argentina, donde la inflación llegó a tocar picos históricos y la presión de la llegada de la hiperinflación era cada vez más inminente, el gobierno libertario propuso la misma fórmula: avanzar hacia una dolarización popular incentivada en su totalidad por la gente. El paralelismo es inevitable, y las consecuencias positivas de esta posible aplicación tendrían también.

Si en Venezuela logró dejar atrás el uso de carretillas de bolívares y alcanzar una inflación del 48% el año pasado, ¿por qué no funcionaría en Argentina, que está avanzando con la reducción en el uso de los fondos públicos, se eliminaron las políticas intervencionistas y todo ente gubernamental que, a consideración del Ejecutivo, no eran útiles? Sin embargo, la administración libertaria aún tiene complicaciones para llevar a cabo este plan, pese a que se otorgaron incentivos para blanquear y usar sin problemas los «dólares del colchón».