Luego de que la Fundación Apolo denunciase la existencia de una organización transnacional venezolana del régimen de Nicolás Maduro que persigue y amenaza a exiliados que viven en Argentina, con supuesta complicidad estatal, Clarín pudo acceder a la presentación que se hizo ante la justicia, en la que se detallan las amenazas que recibió la familia que impulsó la denuncia.

Según detalla el escrito, la Fundación Apolo tomó conocimiento de las amenazas a partir del contacto de José Zambrano, el hijo de una exfuncionaria del Ministerio de Cultura venezolano llamada Mery Erazo. El joven había escapado en 2017 junto a su madre y su esposa hacia Ecuador, en donde las fuerzas chavistas les hicieron notar su presencia por primera vez a través de amenazas en las que acusaban a la madre de José de haberse robado documentos de su antiguo lugar de trabajo.

En la presentación, la fundación asociada al legislador porteño Yamil Santoro detalló que los mensajes llegaban a la familia por redes sociales, Whatsapp e incluso a través cartas amenazantes dirigidas a su nuevo domicilio. Por ese motivo, menos de un año después de migrar a Ecuador, se tuvieron que volver a mudar. José y su esposa viajaron a Argentina. Su madre y su hermano se fueron a Chile y a ellos se unió la hermana de José en 2019. Pero las amenazas siguieron.

Según denuncia la Fundación Apolo, luego de mudarse a Argentina, José siguió recibiendo amenazas a través de redes sociales, mensajes de texto y cartas que iban directamente a su departamento. «En el año 2022 le llegó una carta escrita a mano al domicilio que advierte ‘sabemos el horario donde paseas a tu perra’«, especifica el escrito.

Además denunciaron que, en uno de sus paseos junto a su perra, el joven notó un auto estacionado frente a su edificio con dos personas dentro y que, cuando lo vieron, la mujer que estaba de copiloto le hizo señas al conductor para que acelere y escaparon.

En el escrito mencionan también que la persecución se llevaba a cabo paralelamente en Venezuela. José se enteró en 2024, a través de un amigo que le avisó, que lo habían incluido en una lista de personas buscadas por el régimen de Maduro, en el marco de la «operación Tun Tun», una serie de acciones coordinadas por el Estado para detener a opositores que fue creada en 2017 por Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del gobierno venezolano.

La presentación detalla también la vida del resto de la familia de Zambrano, que terminó viviendo primero en Chile, pasaron por otros países, y terminaron reuniéndose en Estados Unidos, donde residen en la actualidad.

«En la República de Chile, Mery Erazo, en los pocos meses que se encontró ahí recibió una carta con amenazas ‘sabemos que tus hijo esta en Argentina’ y posteriormente recibió amenazas vía llamadas y mensajes al celular», detalla el escrito.

En la denuncia de la Fundación Apolo se relata que luego de una de las mudanzas, la hermana de José también comenzó a padecer las amenazas de las fuerzas chavistas: recibió una llamada en la que le dieron su nombre completo, su tipo y número de documento, correo electrónico e incluso su numero de cuenta bancaria y domicilio. Además, le mencionaron, datos de su esposo, su hija, su hermano y su padre. Luego, colgaron.

«Los agresores le hacían notar que ellos estaban al tanto de todo lo que hacía«. Además, detallan que la mujer recibió un mensaje de texto en 2024 que decía «cuídate, sabemos para donde se mudaron, su hija es preciosa cuídela«, expresa el escrito.

Según detalla la presentación fundación Apolo, la hermana de José, cansada, terminó pidiendo asilo en Estados Unidos. Tomó la decisión después de que le dejasen una última advertencia, esta vez escrita a mano y en su domicilio: “les dijimos k se les acabó el tiempo tu y tu niña y tu hermano Jose en Buenos Aires tienen los días contados” (SIC).

Por su parte, José y su esposa vivieron un tiempo más en Argentina, pero también decidieron pedir asilo en Estados Unidos, no sin antes hacer la denuncia nuevamente ante las autoridades argentinas. Fue ahí que también tomaron contacto con la Fundación Apolo quienes, a través del Dr. Ignacio Falcón, hicieron una presentación propia en la que denuncian los hechos.

Desde Fundación Apolo sostuvieron a Clarín que no es el único caso que ocurrió en el país y que tienen registro de varios más que están «prácticamente confirmados». Pero que muchas víctimas no se animan a denunciar.

Argentina, Colombia, Ecuador, Chile y Perú son algunos de los países que eligen los exiliados venezolanos para vivir una vez que abandonan sus tierras. Pero la persecución de las fuerzas bolivarianos no termina en la frontera y, tras radicarse en un nuevo país, quienes escaparon del chavismo siguen recibiendo amenazas en sus nuevos domicilios.

Uno de los casos que cita Nicolás Silvera, referente de la fundación y uno de los impulsores de la denuncia, es el de Ronald Ojeda, un exteniente venezolano que escapó de su país y se radicó en Chile.

Ojeda fue secuestrado en febrero de 2024 y nueve días después su cuerpo apareció dentro de una valija, semienterrada en una barriada de la capital de Santiago. En esa ocasión, la fiscalía chilena que intervino en el caso apuntó que se trataría de «un crimen organizado desde Venezuela» y del que habría participado el Tren de Aragua.

Desde la fundación subrayaron también la aceitada logística que tienen los grupos que, mientras la madre de Zambrano vivía en Colombia, llegaron a proporcionarle datos de la rutina de su hijo, quien en ese momento residía en Argentina. Y no es el único caso. Según pudo saber Clarín, hay exiliados que viven en Estados unidos que, a modo de amenaza, siguen recibiendo información por redes sociales sobre sus hijos que quedaron en Latinoamérica.

Desde la organización precisaron también que muchos de los teléfonos desde los que contactaron a José tenían número argentino, por lo que habría personas de la organización que operan desde el país.

Aunque aún no está claro cómo consiguieron las fuerzas de espionaje ilegal los datos de Zambrano y su familia, desde la organización vinculada a Yamil Santoro apuntan por un lado a las constantes filtraciones de datos que viene sufriendo el RENAPER. Sin embargo, no descartan la existencia de un contacto dentro del Estado argentino que pueda estar colaborando y proporcionándole información a los grupos chavistas.