POLITICA
Cercada judicialmente, CECAITRA prepara una desesperada ofensiva mediática

La Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) atraviesa su peor momento. Investigada por múltiples causas judiciales, denunciada por intendentes, cuestionada por gremios municipales y desbordada por auditorías provinciales que exponen un esquema de contrataciones dudosas, la entidad parece haber optado por una estrategia que levanta nuevas alertas: una ofensiva mediática basada en información falsa y causas ya desestimadas por la Justicia.
Detrás de esta operación aparece su presidente, Bernardino García, quien junto al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, figura en el centro de un entramado de negocios millonarios con el estado bonaerense y por estas horas apunta desesperadamente a tapar información proveniente de su teléfono móvil.
Vale recordar que, tal y como lo retrató este medio, días atrás la Justicia allanó la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional La Plata (UTN – FRLP) al encontrar inconsistencias en distribuciones realizadas por CECAITRA, en perjuicio de los municipios, lo que motivó pedidos de informes del Tribunal de Cuentas y rescisiones por parte de diversos municipios. La malversación de fondos preocupa profundamente a las autoridades de CECAITRA debido a las enormes sumas que eventualmente deberán resarcir a raíz de las diferencias retenidas en perjuicio de las comunas.
Justicia, escándalo y desesperación
La investigación liderada por el fiscal Álvaro Garganta y el juez Juan Pablo Massi reveló que CECAITRA operó más de 150 cinemómetros sin contar con las habilitaciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), lo que no solo invalida las multas emitidas, sino que podría obligar a los municipios a devolver lo recaudado. En paralelo, se investiga un esquema de “gestores” que ofrecían descuentos ilegales en multas con el guiño de jueces de faltas, y una trama de concesiones de Verificación Técnica Vehicular (VTV) con comisiones sospechosamente elevadas.
Debido a las irregularidades, la Justicia imputó a Bernardino García y allanó su domicilio particular.
Ante este escenario judicial crítico, y con el riesgo de que se desplome un negocio que mueve millones, CECAITRA decidió salir al cruce con una serie de artículos y operaciones mediáticas que buscarán instalar un relato alternativo: apuntan contra sus críticos, desacreditan a los denunciantes y reactivan causas judiciales ya archivadas para alimentar titulares funcionales a su defensa pública.
Medios funcionales y silencios sospechosos
Diversas fuentes consultadas por este medio señalan que, en las últimas semanas, representantes de CECAITRA y del entorno de D’Onofrio comenzaron a contactar a periodistas y medios de comunicación con propuestas que, más que entrevistas o gacetillas, rozan la lógica de la propaganda paga. Aunque no puede afirmarse que haya existido una compra directa de voluntades -algo que sólo la Justicia podría confirmar-, lo cierto es que varios portales se preparan para publicar contenidos claramente alineados con los intereses de la entidad, incluso cuando los hechos judiciales desmienten esa versión.
Un sistema al borde del colapso
Mientras tanto, los gremios municipales encendieron las alarmas: si las causas judiciales prosperan y las multas son anuladas, los municipios perderán una fuente clave de ingresos. En lugares como Brandsen, Campana o La Matanza, los convenios con CECAITRA y otras empresas del rubro representan hasta el 20 por ciento de la recaudación local. Sin esos fondos, peligra el pago de sueldos, los aumentos paritarios y hasta la continuidad de obras públicas.
En ese marco, el actual ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, ordenó una auditoría exhaustiva y ya detectó inconsistencias en CBU, CUIT y montos transferidos a universidades y empresas tercerizadas. En simultáneo, intendentes como Ramón Lanús (San Isidro), Julio Zamora (Tigre), Mauro García (General Rodríguez), Jorge Etcheverry (Lobos), Juan Pablo García (Dolores) y Javier Osuna (Las Heras) comenzaron a suspender los convenios, mientras que en otros distritos ya se revisan los contratos con lupa.
En suma, municipios de todos los colores políticos están en vías de rescindir los convenios con CECAITRA por las graves inconsistencias detectadas por el Tribunal de Cuentas, el ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nro. 11 de La Plata.
¿Final anunciado?
La estrategia de CECAITRA parece clara: mientras la Justicia avanza, intenta ganar tiempo instalando un relato alternativo en medios que, por conveniencia o convenios, reproducen sin cuestionar. Pero las causas penales, los allanamientos, las auditorías y la presión de la opinión pública configuran un panorama sombrío.
ETIQUETAS DE ESTA NOTA
Tigre, Brandsen, Campana, Javier Osuna, Las Heras, INTI, Juan Pablo García, Álvaro Garganta, San Isidro, La Matanza, Dolores, Julio Zamora, Jorge D’Onofrio, General Rodríguez, Mauro García, Martín Marinucci, Lobos, Jorge Etcheverry, Ramón Lanús, CECAITRA, Bernardino García, Juan Pablo Massi
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POLITICA
Para el presidente de la UIA, hoy es “más barato” producir en Paraguay que en Tierra del Fuego
CÓRDOBA.- “Tenemos una visión cuando el régimen fueguino genera competencia desleal, como en el caso de la industria textil, con fábricas instaladas en el continente. Es un debate que nos tenemos que dar. Pero, hoy es más barato producir en Paraguay que en Tierra del Fuego”. De esta manera respondió Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), a una consulta puntual que le hizo sobre si la ley especial de la isla es parte de la agenda de conversaciones con el Ministerio de Economía. Varias veces insistió sobre los problemas de competitividad argentinos.
Rappalini estuvo en Córdoba, donde acompañado por su par local, Luis Macario, y varios integrantes de la mesa directiva de la UIA se reunió con el gobernador Martín Llaryora. En esta ciudad, el 2 de setiembre, la entidad conmemorará el día de la Industria.
El empresario subrayó que el “debate” con el gobierno nacional en este momento pasa por las velocidades en que se bajan los aranceles [a la importación] y el avance en la agenda industrial: “Hay que emparejarla. A medida que vayan bajando los aranceles entendemos que deberían ponerle a los importados un impuesto parecido al que tenemos acá. Lo que pedimos es que se nivele la cancha».
En ese contexto, apuntó que en las reuniones con funcionarios de Economía les mostraron los registros de inflación en el que la industrial es del 1% mensual promedio versus el 3% de otros sectores. “Estamos acompañando, no pedimos ningún privilegio. Queremos competir, pero dennos las mismas condiciones. Así, que el mercado defina”, sintetizó.
Cuando este diario le consultó sobre si desde Economía les dieron alguna señal sobre los tiempos para las reformas fiscal y laboral, Rappallini precisó que no, pero que la UIA entiende que después de las elecciones tiene que “avanzarse. Las reformas estructurales son de altísima urgencia. Tenemos un problema de competitividad grave, no solo con China sino con Brasil, independientemente el tipo de cambio. En la Argentina no se abordaron en los últimos años aspectos en los que nuestro principal socio comercial sí trabajó, como es lo laboral, el costo financiero. Hay que nivelar las condiciones”. Con relación a Brasil, apuntó que la Argentina está “25% a 30% más cara”.
Planteó que el Gobierno hizo foco fundamentalmente en “ordenar la economía, ir a una normalización, bajar el déficit y la inflación. Ahora viene la etapa de la microeconomía, trabajar para lograr competitividad y bajar el costo argentino. Al bajar la inflación se hicieron evidentes distorsiones y esos son los problemas de la mayoría de las empresas. En la Argentina no es solo caro producir, lo es transportar, vender, distribuir. Todos los eslabones tienen ese problema”.
De la misma manera que el último estudio de la consultora Kantar reveló las distintas velocidades de la recuperación del consumo, Rappallini sostuvo que esa grieta también los preocupa. Hay un repunte “muy heterogéneo. Los bienes durables, relacionados con el corto plazo mejoran, pero los vinculados con el consumo masivo -como el sector textil y la construcción- vienen atrás”.
Del diálogo que mantiene la entidad con el Gobierno, el empresario insistió en que hay temas de corto y mediano plazo, pero el eje está siempre en la “urgencia” de ganar competitividad.
Rappallini viene realizando visitas a distintas provincias con una agenda “federal” y en ese contexto sostuvo que la reforma impositiva tiene que “abarcar a todos los niveles del Estado” pero, además, se tienen que contemplar los problemas de logística, costos energéticos e infraestructura que enfrentan los sectores productivos.
Sobre el encuentro con Llaryora, sostuvo que detectó en el mandatario una “vocación y entendimiento de lo que significa la industria en la sociedad, el impacto económico que tiene”. Ya más en general, dijo que todos los gobernadores tienen interés por una más rápida recuperación de la actividad porque detectan los efectos en sus propios territorios.
Ante las consultas sobre las expectativas del efecto del plan del Gobierno para que los argentinos usen los dólares “del colchón”, manifestó que esperan la “letra chica para ver cómo se integran” esos recursos, pero también admitió que “los que cumplieron deberían tener algún reconocimiento. Insistimos en un plan que tenga equilibrio».
POLITICA
“Noche de velas”: el reclamo de los residentes del Garrahan, a la espera de que se formalice el anuncio salarial del Gobierno

Mientras continúa las idas y vueltas entre el Gobierno y los residentes del Hospital Garrahan, este lunes se lleva a cabo una nueva manifestación en el centro porteño con una “Noche de Velas”. Desde el Ejecutivo presentaron una propuesta para que los sueldos lleguen a 1.300.000 a partir del 1 de julio, pero los profesionales sostienen que no recibieron ninguna comunicación oficial todavía.
El evento tiene en el Obelisco de Buenos Aires. Se trata de una nueva demostración del descontento de los profesionales de la salud ante la ausencia de una propuesta clara y concreta por parte del Ejecutivo respecto a su situación salarial.
“Encendé una vela con nosotros o desde tu casa. Encendé una vela como símbolo de defensa del Hospital Garrahan”, rezó la convocatoria para las 18 en la intersección de avenida 9 de julio y avenida Corrientes.
Bajo el mensaje de “precarizados no vamos a trabajar”, cerca de las 19 los médicos que estaban en el centro levantaron las velas y volvieron a reclamar por una recomposición salarial.
Según pudo saber Infobae, durante la tarde de este lunes, representantes del Ministerio de Salud y de los profesionales del centro de salud pediátrico se reunieron para intentar un nuevo acercamiento en lo que pretenden los residentes.
“Lo que más queremos es volver al Hospital”, destacaron desde el sector de los profesionales que votarán en una asamblea si están de acuerdo con la propuesta que acerque el Ejecutivo.
Ayer mismo, el Gobierno anunció que, a partir del 1 de julio, los sueldos de los profesionales de la salud alcanzarán los $1.300.000. Sin embargo, los residentes manifiestan que esta comunicación carecía de detalles esenciales y se difundió sin ser oficializada. “No hay propuesta oficial hasta el momento”, señalaron.
En ese sentido, los profesionales cobraban $ 797.000 en mano hasta este mes. Según explican fuentes gubernamentales, sobre ese número el Garrahan transfería unos $ 200.000 de bono, pero se decidió que ese monto ascienda a $ 500.000, es decir, un incremento nominal de $ 300.000.
En un comunicado emitido por las Jefaturas de Servicio del Hospital, se expuso que el reciente anuncio gubernamental “carece de fecha, destinatarios y firmas”, y fue percibido con un tono “agresivo y amenazante” para aquellos que sostienen el funcionamiento diario del hospital.
Incluso, desde una comunicación que enviaron este lunes al Ministerio de Salud, los residentes reiteraron los reclamos. Piden por un “inmediato aumento salarial acorde a nuestra formación profesional, la complejidad de las tareas que desempeñamos y la alta responsabilidad que asumimos”.
Mario Lugones, ministro de Salud, se insertó en el debate al expresar que los recursos del hospital deben ser utilizados para el personal de salud, no para lo que él denominó “militancia rentada”. Lugones declaró vía redes sociales: “El mandato popular es muy claro: los recursos de los hospitales deben destinarse al personal de salud, no a la militancia rentada”.
Esta declaración fue respaldada por el presidente Javier Milei, quien replicó el mensaje en apoyo a la gestión transparente y eficiente de recursos hospitalarios.
“Este incremento forma parte de una nueva etapa orientada al orden, la eficiencia y el reconocimiento al mérito, impulsada por el Ministerio de Salud en todos los hospitales nacionales. Resulta relevante mencionar que, a pesar de los cientos de administrativos contratados en el Hospital Garrahan, la mencionada medida será comunicada a través del sistema de comunicación interna el día lunes porque los domingos ‘no están disponibles’”, compartió el titular de la cartera sanitaria.
En cuanto a la propuesta económica divulgada, si bien incluye un aumento significativo en los ingresos de los residentes, algunos sectores dentro del centro de salud insisten en que la solución debe ser integral, abarcando al personal de planta permanente que también enfrenta desafíos similares. Desde la Junta Interna de ATE, se enfatiza que la suba excluye al 90% del personal del hospital, señalando que “lejos de cerrar el conflicto, lo agrava”.
POLITICA
Otras dos provincias se sumaron al convenio de Nación para sacar los dólares del colchón

Luego de que Catamarca y Tucumán picaran en punta, ahora el Gobierno nacional firmó convenios de intercambio de información fiscal con las provincias de Chubut y Entre Ríos, en el marco de la implementación del nuevo Régimen Simplificado de Ganancias con el que la Casa Rosada busca que se saquen los dólares del colchón y se vuelquen al consumo.
La firma del acuerdo contó con la participación del jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos; el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo.
Por parte de las provincias presentes los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). De este modo, se sumaron a Catamarca y a Tucumán, que la semana pasada había sido la primera en adherir al convenio.
«El objetivo es claro: que el Estado no sea una amenaza para el ahorro y la inversión, y garantizar que los argentinos puedan disponer de sus recursos en libertad», sostuvo Francos en un mensaje publicado en su cuenta de X.
Tal como lo habían informado en un primero momento, el Gobierno recordó que las provincias que no adhieran al Régimen perderán el acceso a información clave, como los datos de facturación de personas físicas y jurídicas, y los consumos que superen los umbrales establecidos por ARCA, actualmente fijados en $50.000.000.
Junto al ministro de Economía, @LuisCaputoAR, el vicejefe de Gabinete del Interior, @catalanlisandro, y el director ejecutivo de @ARCA_informa, Juan Pazo, firmamos los convenios de adhesión con los gobernadores @frigeriorogelio (Entre Ríos) y @NachoTorresCH (Chubut) al régimen de… pic.twitter.com/tN3mN9xNd9
— Guillermo Francos (@GAFrancosOk) June 2, 2025
El vocero presidencial, Manuel Adorni, había indicado al presentar el régimen que la apuesta del Gobierno es «devolverles a los ciudadanos la libertad de usar su dinero como quieran, convocando a los gobernadores a ser parte de esta nueva era donde todos son inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario».
El martes pasado Francos y Caputo habían mantenido reuniones virtuales con representantes de 17 provincias para que se sumen al paquete de medidas destinado a atraer los dólares del colchón de monotributistas, autónomos, pymes y trabajadores en relación de dependencia.
Aunque en un inicio el gobierno de Axel Kicillof había puesto reparos y sugerido que podría no adherir al régimen y cobrar impuestos sobre los dólares de los ahorristas, este lunes el titular de ARBA le bajó el tono al tema y planteó la posibilidad de sumarse.
Cristian Girard reconoció en una conferencia de prensa desde La Plata que hubo de un encuentro «cordial» con Juan Alberto Pazo, de ARCA, para tratar este tema.
«No es que vayamos a perseguir a nadie que tenga un canuto, ni que estemos en contra que usen dolares, ni que se mueva la actividad», manifestó.
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