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POLITICA

Esteban Echeverría se suma al Plan 90/10: Fernando Gray pidió coordinación urgente para frenar el delito

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El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, encabezó una reunión clave con autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, fiscales bonaerenses y funcionarios locales para avanzar en la implementación del Plan 90/10, una estrategia federal que busca desarticular redes criminales en los territorios más golpeados por la violencia.

La jornada se desarrolló en el Centro Operativo de Monitoreo (COM) del municipio, y contó con la presencia de equipos técnicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, representantes de la Procuración bonaerense y fiscales del departamento judicial local. Durante el encuentro se delinearon los primeros pasos para aplicar esta política de seguridad integral en uno de los municipios incluidos en la primera etapa del plan.

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“Fue una reunión muy productiva. Venimos señalando hace tiempo la urgencia de una intervención estatal seria y coordinada en las zonas más vulnerables. La seguridad de nuestras vecinas y vecinos es una prioridad absoluta”, aseguró Gray, quien estuvo acompañado por el secretario de Seguridad municipal, Gabriel Villegas; el subsecretario de Gobierno, Alejandro Bonomo; y el director del Observatorio de Seguridad Ciudadana, Sergio Lautaro. También participaron los fiscales Andrés Devoto y Paula Segade Sánchez.

El Plan 90/10, impulsado por la cartera nacional que dirige Patricia Bullrich, se enfoca en los municipios que concentran el 90% de los homicidios del país, pese a representar solo el 10% del territorio. La iniciativa busca combinar prevención, control del delito y fortalecimiento institucional en zonas donde el narcotráfico y las economías delictivas tienen mayor incidencia.

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Por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación participaron el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Ignacio Civchello; el director nacional de Normativa y Cooperación con los Poderes Judiciales, Fernando Soto; y el director de Seguridad Municipal, Eduardo Creus. En tanto, la Procuración bonaerense estuvo representada por el secretario de Política Criminal, Francisco Pont Vergés; el fiscal general, Carlos Baccini; y el fiscal general adjunto, Gerardo Mohoraz.

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El PRO pidió investigar el corte de luz que afectó el cierre electoral en la provincia de Buenos Aires

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El presidente del PRO bonaerense y diputado nacional, Cristian Ritondo, presentó este martes un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación para que se investiguen los cortes de luz registrados en La Plata durante el cierre de listas electorales. “Estos apagones impidieron el normal desarrollo del proceso electoral y afectaron directamente a las sedes institucionales involucradas”, señaló el diputado.

Además, remarcó: “Los bonaerenses merecen elecciones transparentes y sin maniobras que generen sospechas. No vamos a parar hasta saber la verdad. Los atropellos tienen que terminar en la Provincia”. Y advirtió que “resulta llamativo” que la falta de suministro de luz haya sido en zonas afectadas “que coinciden con las instituciones claves del proceso electoral”, además de señalar el horario en el que fueron efectuados.

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Ritondo había anunciado en una entrevista reciente a Radio Mitre que haría dicha presentación. Y estableció: “No puede quedar en un estado democrático quienes tienen que jugar un partido hasta el sábado y otros que lo pueden jugar hasta el lunes. No es fair play, las fechas están para todos y debemos cumplirlas”.

Quien también se expresó sobre el tema fue el diputado nacional por el PRO, Diego Santilli: “No pasó nunca en la historia de la provincia en su etapa democrática. Donde estábamos haciendo los cierres no se cortó la luz, es extraño, grave y vergonzoso. Es una falta de respeto y una vergüenza total. Investigar se tiene que investigar. No se pueden poner de acuerdo, se pelean todos los días y bajan la palanca de la luz, ellos funcionan así todos los días”, apuntó.

En paralelo, el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Matías Ranzini, presentó un pedido de informes con el mismo objetivo, que es esclarecer los hechos, determinar si hubo avisos previos, identificar posibles responsables y garantizar que no se repitan situaciones que pongan en riesgo la transparencia electoral.

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El proyecto nacional impulsado por el PRO solicita al OCEBA y al ENRE que informen las causas de la interrupción del servicio, si se iniciaron investigaciones y qué medidas se prevén para fortalecer la infraestructura eléctrica.

Uno de los referentes del peronismo durante las negociaciones para el cierre de listas

El documento

El proyecto presentado en el Congreso Nacional tiene las firmas de los diputados Alejandro Finocchiaro, Florencia de Sensi, María Sotolano, Martín Yeza, Silvia Lospennato, Silvana Giudici, Fernando Iglesias, Alejandro Bongiovani, Sabrina Ajmechet, José Núñez, Martín Ardohain, Javier Sánchez Wrba, Marilú Quiroz, Laura Rodríguez Machado, Martín Maquieyra, Sergio Capozzi, Nancy Ballejos y Patricia Vázquez, entre otros.

Allí se solicita al Poder Ejecutivo: “En los términos del artículo 204 del Reglamento de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y conforme a los artículos 71 y 100, inciso 11, de la Constitución Nacional, que se sirva remitir a esta Honorable Cámara, a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), de la Secretaría de Energía de la Nación, y de cualquier otro organismo que estime competente, en coordinación con las autoridades de la provincia de Buenos Aires, un informe detallado sobre los cortes de energía eléctrica ocurridos en la ciudad de La Plata, durante los días 19 y 20 de julio de 2025”.

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Y específicamente solicita:

  • Informe técnico detallado sobre los motivos que ocasionaron los cortes de suministro eléctrico en la ciudad de La Plata, incluyendo la cantidad de usuarios afectados y los tiempos de reposición del servicio.
  • Indique si la empresa EDELAP S.A., concesionaria del servicio de distribución eléctrica en dicha región, presentó advertencias previas sobre fallas o saturación en la red, y si cumplió con los protocolos de emergencia.
  • Detalle qué acciones de fiscalización, requerimientos o sanciones se han adoptado, o se prevén adoptar, respecto de la empresa prestataria, tanto desde el Poder Ejecutivo Nacional como en coordinación con autoridades provinciales.
  • Informe si existe articulación entre el ENRE, la Secretaría de Energía de la Nación y el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) para abordar las deficiencias estructurales en la prestación del servicio eléctrico en dicha zona.
  • Informe si, en los días previos a los cortes de suministro, se registraron reportes técnicos, advertencias o antecedentes de fallas en el sistema de distribución de energía eléctrica en la jurisdicción afectada.
  • Indique si se han identificado responsables por parte de la empresa distribuidora o de otros actores intervinientes.
  • Informe si los organismos públicos afectados en el corte de suministro de energía eléctrica disponen de generadores de energía eléctrica para no ver interrumpido su normal funcionamiento.
  • Brinde toda otra información complementaria que considere relevante para una adecuada comprensión de los hechos referidos en el presente pedido.

Entre los fundamentos del proyecto, se indica que, según medios periodísticos y organismos locales, las interrupciones del servicio eléctrico se extendieron por más de un día en algunos casos. Y agrega: “Además, se denunciaron graves demoras en la reposición del servicio, falta de cuadrillas suficientes, y escasa o nula comunicación por parte de la empresa prestataria EDELAP S.A».

Y concluye: “Este hecho reviste especial gravedad institucional, ya que afecta directamente el normal desarrollo de actividades políticas en un contexto democrático, y pone en evidencia la necesidad de garantizar condiciones mínimas de infraestructura para el ejercicio de los derechos cívicos. Este pedido de informes surge de la necesidad de garantizar la transparencia, la seguridad y la adecuada organización de los procesos electorales, pilares fundamentales de toda democracia».

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El Gobierno arranca la campaña para explicar cómo es el voto con la Boleta Única

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El gobierno nacional puso en marcha la campaña para explicar el uso de la Boleta Única Papel (BUP), aprobada en el Congreso el año pasado, y que debutará a nivel nacional en octubre próximo.

La campaña, que incluirá varios spots, irá in crescendo hasta las vísperas del 26 de octubre próximo, cuando se concreten las elecciones de medio término en los que se implementará por primera vez en todo el país, el nuevo instrumento de votación.

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Lanzada exactamente a 100 días de las elecciones, la campaña también contempla una capacitación para quienes resulten elegidos como autoridades de mesa, tanto para lo que sucederá durante la votación, como para el momento del escrutinio.

Desde las filas gubernamentales, que el año pasado impulsaron el debate parlamentario que terminó con aprobación y sanción de ley en favor de la votación por medio de la boleta única, recalcaron la “sencillez” y “simpleza” del proceso, pero explicaron que, al tratarse de un nuevo sistema, quieren insistir con la explicación de los pasos del proceso, para evitar conflictos el día de la votación.

Aprobación de la ley de boleta única en la Cámara de DiputadosHernán Zenteno –

De acuerdo a estimaciones oficiales, un 33% de los votantes del país ya votaron alguna vez con este sistema, porque la BUP ya tiene antecedentes distritos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en versión electrónica, y en provincias como Córdoba, Santa Fe, San Luis, Mendoza, Salta, y las ciudades de Bariloche y Neuquén, con opciones similares.

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En las filas del Ejecutivo son férreos defensores de la implementación de la nueva herramienta, porque consideran, entre otras cosas, que “equilibra la cancha” para todos los partidos, en especial los más chicos.

La administración nacional será también la encargada de imprimir la boleta de todo el país. En cada mesa en la que se vote habrá un talonario con 350 boletas contemplando los electores y un 5% más por alguna “contingencia”.

Según datos oficiales, la nueva modalidad de votación implicará la impresión de 228.615.770 boletas menos que en las elecciones de 2023, aspecto que es destacado en el Ejecutivo como un signo tanto de “ahorro” como de “transparencia” del proceso.

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“Equilibra la cancha”, dicen en referencia a que los partidos “chicos” no quedarán en inferioridad de condiciones. Y ayuda en cuanto a que no se necesitarán tanto fiscales, algo que también complica a los partidos menores, porque al ser una única boleta, no puede haber robo de ellas. Otro punto que destacan es el de la “celeridad” que habrá al momento del escrutinio.

En el Ejecutivo resaltan el trabajo que se viene haciendo con la Dirección Nacional Electoral (DINE) dependiente del área del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con la Cámara Nacional Electoral (CNE) y con los apoderados de los partidos políticos.

Guillermo Francos Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina

“Es una boleta amigable”, transmiten en consonancia desde estos últimos.

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La boleta tendrá por primera vez en todo el país toda la oferta de candidatos nacionales en una misma boleta. El orden en que aparecerán allí los partidos será determinado por sorteo. Esa nueva distribución implicará para los votantes observar y elegir a los candidatos, en una misma boleta, en la que marcará con una o dos cruces, dependiendo de las categorías, a quienes votará.

Este año se renovará la mitad de la Cámara de Diputados, con 127 bancas de las 24 provincias, y un tercio del Senado. Se trata de 24 bancas entre 8 distritos: la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. En todos estos deberán hacerse dos marcas, para elegir representantes de ambas cámaras y en el resto, solo uno. El foco de la campaña estará puesta fundamentalmente en estos ocho distritos que votan en dos categorías.

Las boletas, que serán impresas por Nación, no contemplan cargos provinciales o municipales, como será en Santiago del Estero, que tiene elecciones a gobernador y legisladores provinciales. Por lo que allí habrá elecciones concurrentes.

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Cecilia Devanna,Conforme a

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La UCR de Córdoba quedó habilitada para un acuerdo con La Libertad Avanza y crece la tensión interna

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Marcos Ferrer, impulsado por Rodrigo de Loredo, asumirá como presidente de la UCR Córdoba el próximo 30 de septiembre

Con 75 votos a favor y 31 en contra, las autoridades de la UCR de Córdoba quedaron habilitadas para iniciar negociaciones con otros partidos para conformar un frente electoral para competir en los comicios nacionales del 26 de octubre. Según confirmó Marcos Ferrer a Infobae, titular del partido centenario local, la posibilidad de aliarse con La Libertad Avanza no está descartada con la condición de que los boinas blancas encabecen. El candidato para esa lista sería Rodrigo de Loredo, quien debe renovar su banca en la Cámara de Diputados, lo que generó el repudio de un sector que amenaza con romper. Además, denuncian supuestas negociaciones vinculadas al veto al aumento de jubilaciones y a la emergencia en discapacidad.

La votación del congreso partidario se hizo de forma virtual, se inició este lunes a las 19 y culminó a las 2 de la mañana de este martes. La modalidad ya había generado malestar en el sector enfrentado a De Loredo ya que consideraban que la única intención era evitar reproches y tensiones. De todos modos, el oficialismo partidario consiguió 2/3 de los apoyos para aprobar dos cosas: la cancelación de las internas para elegir los candidatos para octubre y la habilitación a Ferrer para conformar un frente electoral con otras fuerzas.

“Era una locura ir a una interna, como también lo era competir solos con la Lista 3″, expresó Ferrer, en diálogo con este medio. Consultado específicamente por la posibilidad de acordar con La Libertad Avanza, el intendente de Río Tercero no lo descartó y resaltó la necesidad de conformar una “alianza competitiva”. En las próximas elecciones legislativas, Córdoba renovará 9 de las 18 bancas en Diputados, donde la UCR arriesga tres: la de De Loredo, la de Soledad Carrizo y la de Gabriela Brouwer de Koning.

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“El candidato natural para la lista es Rodrigo”, dijo Ferrer, aunque aclaró que todavía no se resolvió la forma para definir las postulaciones. También descartó que se haya avanzado en conversaciones con los libertarios, aunque reconoció que la decisión del congreso partidario es importante porque “ahora podemos hablar en serio”, dijo.

Dante Rossi, uno de los legisladores radicales enfrentado a De Loredo, denunció que existe un “preacuerdo” entre el jefe del bloque de la UCR en Diputados y Karina Milei para darle lugar en la nómina de octubre a cambio del apoyo del bloque al veto presidencial a las leyes que aumentan el 7,2 % a los jubilados, que llevan el bono a $110 mil y que declara la emergencia en materia de discapacidad. “Esa es la razón por la cual se avanzó en la convocatoria al pleno del congreso partidario utilizando modalidad virtual. La UCR no puede canjear sus valores por una candidatura”, alertó. Su sector analiza los pasos a seguir, aunque vaticinan una ruptura.

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También se sumó Ramón Mestre, al denunciar que tanto De Loredo como Ferrer “siempre tuvieron un solo objetivo: arrastrar al radicalismo de Córdoba a una alianza con La Libertad Avanza”. El ex intendente cordobés repasó las irregularidades, según su mirada, en los manejos de los tiempos partidarios para conseguir “un cheque en blanco”. “Eligieron no escuchar e intentaron por derecha e izquierda que los radicales de toda la provincia les firmaran un cheque en blanco que les allanara el camino para asegurarse lugares en las listas libertarias”, expresó en sus redes sociales.

Rodrigo de Loredo y Marcos Ferrer busca reeditar el armado que en el 2025 los dejó cerca de la Gobernación de Córdoba

“Si bien somos respetuosos de la democracia interna de nuestro partido, sepan que nunca seremos cómplices de la entrega que están haciendo del radicalismo de Córdoba. Deberán, algún día, darles explicaciones a los jubilados, a los docentes, a los trabajadores, a los que empujan nuestra economía y a los argentinos que peor la están pasando. Van por la entrega del radicalismo de Córdoba y de gran parte de la sociedad argentina. Van por una libertad menos y una vergüenza más», concluyó.

Entre las autoridades partidarias le bajan el tono a las acusaciones. De hecho, resaltan que el congreso logró un récord de representación, al asegurar que lograron la legitimidad con los 170 intendentes, los 400 concejales y otras organizaciones como la Juventud Radical. “Es un sector minoritario el que denuncia”, aclaran. De hecho, comparan lo sucedido en la provincia de Buenos Aires, donde la interna partidaria sigue judicializada y en el cierre de listas hubo fuertes enfrentamientos que dejó al partido roto.

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“Nosotros no estamos peleando por una banca”, alertan y aseguran que el objetivo final es que la UCR gane la Gobernación en el 2027 ya que consideran que podrán rearmar en 2027 una alianza como la de 2025, cuando con Luis Juez quedaron fuera por pocos puntos.

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