El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, que intervino en la operación de compra del departamento del barrio de Caballito que hizo el año pasado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Tal como reveló ayer de , Adorni adquirió ese inmueble por un monto declarado de 230.000 dólares gracias a un préstamo de 200.000 dólares que -siempre según quedó asentado en los registros públicos- le hicieron las propias vendendoras, dos mujeres de 64 y 72 años sin relación previa conocida con él. A cambio, se constituyó una hipoteca sobre el departamento.

Nechevenko participó de esta operación y también de la compra de la casa de Indio Cua a nombre de la mujer de Adorni, Bettina Angeletti, justo un año antes, el 15 de noviembre de 2024.

Consultada por , Nechevenko respondió esta mañana que no iba a dar información sobre el caso porque está en juego el “secreto profesional”.

El fiscal Pollicita -que tiene delegada la investigación por disposición del juez Ariel Lijo– ya le pidió toda la documentación a la escribana. Antes de tomarle declaración (la citó para después de Semana Santa), quiere hacerse de los documentos disposibles en los registros de la propiedad.

Por el momento, no planea citar a las mujeres que figuran como quienes le prestaron el dinero a Adorni para que les comprara el departamento, dijeron fuentes vinculadas con la investigación. Todo indica que el fiscal quiere tener primero los elementos necesarios para saber si deben presentarse como testigos o como partícipes de un posible delito.

Las mujeres identificadas como prestamistas de 200.000 dólares a Adorni fueron Beatriz Viegas, jubilada de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64 años y que aparece en registros públicos como empleada de una editorial. se comunicó ayer con Viegas, que dijo que no conoce a Adorni.

En cuanto a Sbabo, la mujer que atendió su teléfono celular sostuvo no ser ella, pero respondió que no conocía a Adorni y que no sabía si Sbabo lo conocía o no.

Con la causa delegada en su fiscalía, Pollicita ordenó decenas de medidas de prueba para investigar el patrimonio del jefe de Gabinete y su mujer.

Pidió todas las declaraciones juradas de bienes que Adorni presentó en la Oficina Anticorrupción (OA), incluidos los anexos reservados -hasta hoy no conocidos- donde están los bienes declarados a nombre de su mujer. En ese documento debería constar la compra de la casa de Indio Cua, su valor y el origen de los fondos con los que se adquirió.

En cuanto a la casa del country, el fiscal ordenó además medidas para investigar si es cierto que el matrimonio Adorni hizo una obra importante antes de ocupar la casa. Para eso, le pidió a la administración del club que informe si “se ha gestionado o aprobado algún plano, permiso de obra, remodelación, ampliación o declaración de mejora respecto del lote 380 o de cualquier otro inmueble asociado a esas personas, y la fecha de inicio y finalización de eventuales obras”. Algo similar preguntó en la municipalidad de Exaltación de la Cruz, donde además pidió que le informaran sobre posibles “mejoras declaradas sobre el inmueble”.

Mientras investiga los gastos y el patrimonio de Adorni, el fiscal reúne la información sobre sus ingresos. Le pidió a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, “el detalle mensual de haberes, suplementos, adicionales, viáticos, gastos de representación, reintegros, compensaciones, movilidad y toda otra suma liquidada a su nombre desde que se desempeña en la función pública hasta la actualidad, con indicación de período, concepto, importe bruto y neto, cuenta pagadora, fecha de acreditación y acto administrativo de sustento”.

Además, Pollicita le solicitó a la Anses que remita la historia laboral completa de Manuel Adorni y su mujer, “incluyendo aportes registrados, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, actividad autónoma o monotributista”.

Y lo mismo solicitó respecto de Silvia Pais y Norma Zuccolo, otras dos mujeres que Adorni declaró ante la OA que le prestaron dinero. En el caso de ellas, el fiscal dijo que la medida tenía como objetivo “establecer los ingresos previsionales o laborales registrados que pudieran guardar relación con los préstamos invocados”.

CÓRDOBA.- “Estamos empezando a ponernos nerviosos”, afirman desde una de las gobernaciones peronistas que más cooperaron en el Congreso con La Libertad Avanza (LLA). Y el nerviosismo es contagioso. El rol de los legisladores que responden al tucumano Osvaldo Jaldo, al catamarqueño Raúl Jalil y al salteño Gustavo Sáenz es clave para que, con sus presencias o ausencias, el oficialismo nacional avance con leyes que le son de interés. El nerviosismo que mencionan se vincula con que, una vez más, hay “promesas incumplidas” por la Casa Rosada a lo que se suma la pérdida de recursos por la caída de la recaudación y, por ende, de la coparticipación.

Los tres mandatarios conforman un núcleo dialoguista que la Casa Rosada suele priorizar. Antes de las elecciones legislativas tomaron distancia con los libertarios, pero después volvieron a las alianzas. En el caso de Sáenz, además, viene profundizando sus críticas al kirchnerismo y confrontando directamente con Cristina Kirchner.

LLA volverá a necesitar de su ayuda para avanzar en las reformas que ingresaron al Congreso en los últimos días. “Todo lo que mandan tiene que ver con lo que les interesa a ellos, no abren el juego a las provincias. Cero federalismo. Ningún guiño a temas que son de interés del interior”, plantea uno de los gobernadores del NOA a . Por ejemplo, el jueves pasado el Ejecutivo envió la “Ley Hojarasca”, impulsada por Federico Sturzenegger desde 2024, que propone la eliminación de más de 70 normas.

Poco antes de conversar con este diario, según cuenta el gobernador norteño, había tenido un diálogo tenso con un funcionario nacional a quien venía buscando hacía varios días por un reclamo específico. “La mayoría de las veces no saben lo que pasa en las provincias, no vienen al interior, no conocen en detalle los problemas que muchas veces se atraviesan”, enfatiza.

Respecto de los reclamos por infraestructura −liderados por el arreglo de las rutas− la respuesta de Nación pasa porque ya se autorizaron licitaciones, las que continuarán en el marco del proyecto Red Federal de Concesiones, que prevé transferir al sector privado la operación y el mantenimiento de tramos de la red vial nacional con el objetivo de reducir el déficit y equilibrar las cuentas públicas.

Sáenz, Jaldo y Jalil tuvieron varias reuniones con el ministro del Interior, Diego Santilli. Mantienen buen diálogo institucional con él, pero advierten que en cuestión de fondos debe esperar que lo habiliten.

En las últimas semanas viene planteando la preocupación de las provincias por el debilitamiento de su frente fiscal. Los economistas que siguen sus números estiman que ya habrían caído en déficit. En febrero, los giros de coparticipación nacional a Salta, Tucumán y Catamarca registraron una caída real interanual de 3,2%, 5% y 5,3%, respectivamente. Aunque esas contracciones están por debajo del promedio general.

En lo que va del año, Salta recibió $7500 millones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y Catamarca con $2500 millones. Para Tucumán no hubo ATN.

Al igual que en el resto de las jurisdicciones, la menor disponibilidad de recursos complica las negociaciones salariales con los sindicatos provinciales. Incluso dos de las tres provincias aliadas en el NOA −Salta y Catamarca− cuentan con proyectos mineros, uno de los sectores de la economía que muestra datos de crecimiento.

Desde los tres distritos insisten en que con la caída del poder adquisitivo aumentan las demandas sobre servicios provinciales como educación y salud, por lo que también deben incrementarse esas partidas. Además, enfatizan, ya vienen financiando otros programas de los que la Nación se retiró.

El mendocino Alfredo Cornejo, aliado electoral de LLA, cuestionó el régimen de coparticipación por favorecer a provincias sin actividad económica propia y reclamó un paquete integral de reformas. Habló en la Insurance Week, organizada por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro.

Sobre la coparticipación, Cornejo aseguró que el esquema vigente es “perverso” porque penaliza a las provincias que generan actividad económica y recaudan ingresos propios, mientras subsidia a aquellas que no lo hacen. A su entender, esta distorsión estructural no puede analizarse de forma aislada. Enfatizó que Mendoza lleva “años de equilibrio fiscal” en un contexto en que eso era “contracultural”.

“La Argentina no puede depender de un presidente, sino de un sistema institucional sólido”, añadió. Como un mérito de Nación es el haber instrumentado reformas “sin ruptura de contratos, lo que envía una señal positiva al mercado”.