Aunque la administración de Javier Mieli busca evitar comparaciones con el intento de Mauricio Macri de ordenar y endurecer los parámetros de la inmigración en la Argentina, la presentación que hizo el Gobierno de la nuevas normativas migratorias que decretaría en el tramo final de la campaña electoral porteña, muestra similitudes con aquella propuesta de Cambiemos de 2017, y derogada luego por Alberto Fernández en 2021.

Es un intento efectivamente de ordenar y hacer más duro el camino para obtener una ciudadanía o una radicación de manera fácil, pero al mismo tiempo busca mostrar como nuevos, algunos elementos que ya están en la ley migratoria argentina vigente.

Tal como lo dijo este miércoles el vocero y candidato a legislador Manuel Adorni, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich -que fue ministra de la misma cartera de Macri- y otros funcionarios nacionales, con la reforma se le denegará el ingreso al país a toda persona extranjera con antecedentes penales. Y será causal de expulsión la comisión de cualquier delito con pena privativa de libertad, sin importar su magnitud. Se acortarán los plazos de apelación administrativa y judicial en los procesos de expulsión.

Pero el artículo 29 de la ley de migraciones vigente no permite de ninguna manera que los extranjeros que hayan cometido delitos entren de cualquier manera al país. Para eso se hacen los controles de documentación en los pasos habilitados en el país, terrestres, aéreos, marítimos. Y en general las demoras que hay para expulsar a los que cometen delitos suelen ser por los plazos judiciales, o trabas administrativas, pero no por carencia de ley.

Rechazo inmediato y control: quienes ingresen al país por pasos no habilitados podrán ser expulsados en situación de flagrancia. Además, la Dirección Nacional de Migraciones contará con nuevas herramientas para constatar la situación migratoria de personas en el territorio nacional. Pero para la ley vigente entrar por un paso no habilitado es ya un ingreso irregular, por lo tanto no legal y la persona podría estar sujeta a expulsión. Lo que se endurece es la decisión política de expulsarlo.

En cuanto al punto que se anunciará sobre residencia y ciudadanía, el gobierno busca que esta se obtenga tras dos años de residencia continua y efectiva en el país, sin salidas del territorio. Se eliminarán excepciones previas y se reforzarán los requisitos para acceder a la residencia permanente, incluyendo la acreditación de medios de vida y antecedentes penales limpios.

Fuentes consultadas por Clarín afirmaron que someter a que un extranjero no pueda salir por dos años, de vacaciones o a ver a su familia en una emergencia o lo que fuera, es inviable, como también lo es la exigencia del seguro médico para entrar al país.

Ese es el punto sobre acceso a servicios públicos que presentará el Gobierno: se exigirá el pago por los servicios de salud a residentes transitorios, temporarios e irregulares, exceptuando emergencias. Y les exigirá contar con un seguro médico al ingresar al país. Las universidades nacionales podrán cobrar aranceles a extranjeros no residentes, respetando su autonomía institucional.

Acá hay un problema de origen, sostienen expertos en migraciones consultados bajo condición de anonimato. Todos los ciudadanos que pueden entrar a la Argentina sin visa -y no sólo los del Mercosur que ni siquiera precisan pasaporte- no tienen por qué decir que vienen a residir, ni a obtener ciudadanía sino que tienen un tiempo de permanencia a partir del cual lo ilegal es el tiempo de permanencia.

La pregunta es cómo discernir a quiénes se le pide o no el seguro de salud, algo que no se pide en ningún lugar del mundo. Sólo en tiempos de la pandemia del COVID algunos países llegaron a exigir los certificados de vacuna, y algunos siguen exigiendo determinado esquema de vacunación pero no seguro de salud.

Para el caso, desde el Gobierno confiaron a Clarín que se mantendrán vigentes los acuerdos de residencia del Mercosur, aunque la autoridad de aplicación evaluará el cobro de servicios de salud y educación a los beneficiarios de residencias temporarias, siempre que no existan cláusulas de reciprocidad que lo impidan.