En el entorno más cercano a Javier Milei circula una pregunta que, al mismo tiempo, contiene su propia respuesta: cuánto más puede durar el affaire Adorni. En la Casa Rosada creen que el episodio todavía condiciona la agenda oficial, pero confían en que el impacto será acotado y que podrá superarse en los próximos días.

El Presidente está decidido a sostener a Manuel Adorni como jefe de Gabinete. Aunque el escándalo generado en torno al vocero presidencial se instaló en la conversación pública y todavía no logra disiparse, en el oficialismo consideran que no tendrá efectos duraderos sobre la gestión.

Los funcionarios más cercanos a Karina Milei sostienen que Adorni no incurrió ni en un delito ni en un error grave. Sin embargo, admiten que las dificultades para explicar las denuncias lo debilitaron políticamente. Ese deterioro, reconocen, obligó a activar un esquema de contención y control de daños.

En ese marco, Milei lo recibió en la Quinta de Olivos y dejó trascender un respaldo total. El gesto se reforzó con una imagen pública: lo abrazó de manera efusiva durante el acto de homenaje a los caídos en Malvinas. Además, el Presidente le diseñó una agenda intensa para los próximos días. Adorni encabezará este lunes una reunión de todo el Gabinete y, entre ese día y el miércoles, mantendrá encuentros con tres ministros.

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En paralelo, en el oficialismo analizan el impacto del caso en la opinión pública. Hace una semana se difundió una encuesta de la consultora CB, de Cristian Buttie, que mostró una caída de 20 puntos en la imagen de Adorni, quien aspira a ser jefe de Gobierno porteño. No es un dato menor: se trata de un encuestador que anticipó con alta precisión los resultados electorales de octubre.

A partir de ese informe, en la Casa Rosada revisaron mediciones de distintas consultoras para evaluar si el tema también afectó la imagen presidencial. La conclusión fue que el daño sobre Milei es limitado. Según la encuesta de CB realizada en marzo, el Presidente registró una caída de 4,5 puntos.

La economía, eje de las preocupaciones

El dato central, sin embargo, pasa por otro lado. La principal preocupación de los consultados sigue siendo económica: el 46% señaló a los bajos salarios y la pérdida de poder adquisitivo como el principal problema. En ese contexto, en el Gobierno concluyen que el caso Adorni no representa un golpe significativo para la figura presidencial.

Aun así, reconocen que se trata de un tema instalado en la calle que opaca los logros de la gestión y dificulta retomar la iniciativa política. Nadie en el entorno de Milei plantea la salida del jefe de Gabinete. El objetivo es, en cambio, administrar la crisis hasta que pierda centralidad.

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La estrategia oficial apunta a cambiar el eje. El Gobierno busca volver a poner en primer plano dos hechos que considera hitos recientes: el fallo de la justicia estadounidense que revocó la condena contra la Argentina por 16.000 millones de dólares y la baja del índice de pobreza al 28,2%, según el INDEC. “Dato mata relato”, celebró Milei.

Para el Presidente, esos resultados deben funcionar como punto de partida para el último tramo de la gestión. En esa línea, la apuesta es doble: reforzar la acción de gobierno y avanzar con la agenda legislativa.

Por un lado, se busca mostrar a Adorni al frente de la gestión, con protagonismo en reuniones de Gabinete y encuentros con ministros. Por otro, el oficialismo intenta ordenar el frente parlamentario: constituir la Bicameral de Inteligencia, con Sebastián Pareja —un dirigente cercano a Karina Milei— al frente, y avanzar con la aprobación de la ley de glaciares prevista para el miércoles.

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Además, el Gobierno proyecta impulsar un paquete amplio de leyes antes del Mundial. El calendario juega a favor: en junio la actividad política entra en pausa y luego quedará un período breve antes del inicio de la etapa electoral.

En paralelo, persisten otros frentes de tensión. Uno de ellos es la decisión de varios jueces laborales de frenar la reforma impulsada por el Ejecutivo. A pedido de la CGT, un magistrado dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación de 82 artículos de la ley de modernización laboral, aprobada por amplia mayoría en el Congreso y considerada un eje de la gestión.

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Pero la principal preocupación sigue siendo la economía. El ministro Luis Caputo ya anticipó que la inflación de marzo será superior al 3%. Al mismo tiempo, comienzan a registrarse remarcaciones de precios y la UIA informó una caída del 3% en la producción industrial.

Caputo reiteró que no habrá devaluación, aunque reconoció que la recuperación no se distribuye de manera homogénea. “El crecimiento del PBI y del consumo no está llegando a todos al mismo tiempo”, admitió. Algunos sectores todavía no perciben mejoras y empiezan a preguntarse cuándo verán los efectos del programa económico.

La respuesta oficial se mantiene sin cambios: el Gobierno sostiene que corrigió los desequilibrios macroeconómicos y que ahora la adaptación depende de cada empresa y de cada individuo.

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Mientras tanto, el Ejecutivo intenta evitar un rebrote inflacionario. En los últimos días adoptó medidas para contener el precio de los combustibles: promovió un acuerdo de compensación entre petroleras y refinadoras, redujo el precio del biodiésel, postergó el cobro del Impuesto a los Combustibles Líquidos y habilitó cortes con hasta 15% de biocombustibles.

Se trata de un paquete orientado a evitar que una suba en las naftas impacte en el índice de precios de abril. En ese equilibrio entre gestión, economía y política, el Gobierno busca dejar atrás el affaire Adorni y recuperar el control de la agenda.

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El Gobierno pasó casi sin escalas de la euforia por la aprobación de leyes como la reforma laboral en el Congreso a la actual preocupación por los fallos judiciales que suspendieron la aplicación de los cambios en la legislación del trabajo que tanto quería Javier Milei.

Que los jueces laborales iban a fallar en contra de la Ley 27.802 de Modernización Laboral era demasiado evidente. El Gobierno apelará el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que frenó la norma tras un planteo de la CGT, pero en el ambiente empresarial, por ejemplo, quedó sobrevolando la sensación de que la estrategia jurídica de los libertarios fue “improvisada y poco adecuada para lo que está en juego”, según opinó ante Infobae el directivo de una importante compañía del sector de servicios.

Los juzgados laborales nacionales son vistos por los empresarios como “enemigos” porque suelen dictar fallos en favor de los trabajadores y son parte de un fuero clave en el que hay muchos magistrados que tienen lazos con el kirchnerismo y con los sindicalistas.

Fuentes oficiales admitieron a Infobae que en la Casa Rosada “había una expectativa clara de que la reforma laboral se iba a judicializar, pero no se preveía que algunos jueces se iban a animar a tanto”, en referencia al titular del Juzgado del Trabajo N° 63, Raúl Horacio Ojeda, que entre 2004 y 2012 se desempeñó como asesor de Carlos Tomada, el ministro de Trabajo de Néstor y Cristina Kirchner en sus 12 años de gestión.

“Ojeda debió haberse excusado porque es parte del kirchnerismo, como alguna vez se excusó otro juez laboral en una causa porque había cobrado honorarios para dar una conferencia en un sindicato», dijo la fuente.

Esta semana, además, el titular del juzgado del trabajo N° 74, José Ignacio Ramonet, dictó un fallo que, tras un planteo de la Unión Docentes Argentinos (UDA), suspendió la aplicación del artículo de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial y obliga a los sindicatos del sector a mantener un 75% de prestación normal de la actividad en caso de huelga.

Este magistrado fue el que atormentó a la pyme Lácteos Vidal en su batalla contra el sindicato ATILRA, ya que el año pasado ordenó el embargo por unos $168 millones contra la empresa por haberse negado a reincorporar a 26 empleados despedidos por su participación en violentas protestas y en amenazas contra sus propios compañeros. “El fallo es funcional a la mafia sindical, me quieren fundir”, denunció Alejandra Bada Vázquez, la dueña de Lácteos Vidal, en alusión a Ramonet.

¿El Gobierno pensaba que los jueces del trabajo no iban a fallar contra la Ley 27.802 porque tenían temor de que sus decisiones aceleraran el traspaso del fuero laboral al ámbito porteño y querían cuidarse? Es lo que deslizan en voz baja en algunos despachos oficiales, aunque otros funcionarios lo niegan y aseguran que, en realidad, la Casa Rosada entendió que no había manera de evitar que algún juez laboral suspendiera la ley: “Lo dieron por perdido porque en ese fuero hay una parte muy moderada y otra representa al kirchnerismo puro”.

Ahora, tras la apelación oficial, la revisión del fallo de Ojeda estará a cargo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que tampoco garantiza nada para el Gobierno porque, como dicen en Balcarce 50, “depende de qué sala de la Cámara te toque; algunas son imparciales y otras siguen siendo radicalizadas”.

La estrategia que analizan los expertos jurídicos libertarios es que todo lo vinculado con la Ley 27.802 confluya en el fuero contencioso administrativo, que, tras un planteo del Gobierno, ya tomó la causa en la que la justicia del trabajo suspendió el traspaso del fuero laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

Esa jugada oficial, si sale bien, permitiría que también la presentación judicial de la CGT contra los cambios laborales individuales y colectivos pase a un fuero que “no está contaminado por la ideología y el sectarismo”, como resaltó un referente de la Libertad Avanza.

La misma fuente reveló a Infobae que la Procuración del Tesoro de la Nación, dirigida por Sebastián Amerio y que agrupa al cuerpo de abogados del Estado, “está estudiando pedir directamente un per saltum para saltear esas instancias judiciales previas y llegar por la vía rápida a una sentencia definitiva de la Corte”.

Todo este escenario, más allá de su componente de incertidumbre sobre la decisión final, implica que la reforma laboral estará atrapada en el laberinto judicial durante un tiempo que nadie puede prever.

Aun así, en medio de este complejo cuadro, abogados experimentados interpretan que la ley está vigente pese a los fallos contrarios ya que fue sancionada por el Congreso Nacional y que los jueces a lo sumo pueden analizar si algún artículo es inconstitucional, pero lo que dictamine regirá únicamente en su jurisdicción.

Conclusión: la flamante ley provocará una acentuada litigiosidad, que es, paradójicamente, lo que buscaba evitarse cuando sus impulsores la elaboraron. Milei apuntó varias veces contra “la industria del juicio” y sus beneficiarios, pero ahora quizás deba resignarse a la multiplicación de presentaciones judiciales vinculadas con la legitimidad de los artículos de la Ley 27.802.

Sin embargo, en algunos sectores del Gobierno imaginan que los recientes fallos de la justicia laboral pueden terminar beneficiando al Presidente: “La sociedad va viendo lo que pasa cuando aparece un juez más fanático que los sindicatos tomando una decisión desmadrada, como suspender de un plumazo más de 80 artículos de una ley votada por mayoría en el Congreso”.

¿Será realmente beneficioso para Milei? Se suponía que la reforma laboral iba a generar más fuentes de trabajo. Hasta ahora, sólo le está dando más trabajo a los abogados que representan al Gobierno y al sindicalismo.

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El gobierno parece estar atravesando su peor crisis política desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023. La acumulación de casos resonantes como $Libra, Andis, los créditos hipotecarios a funcionarios del Banco Nación y la escasa explicación respecto de su crecimiento patrimonial del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni; conformaron una tormenta que deja a La Libertad Avanza casi sin margen para poder festejar las buenas noticias.

Este descontrol, que hizo que durante el 2 de abril no quedara claro si el Presidente iba a hacer uso de la cadena nacional o no, está haciendo que el férreo control que tenía la Casa Rosada sobre el resto de los miembros libertarios muestre signos de fisura. Esto quedó más a la vista en la Cámara de Diputados en donde la organización que mostró LLA para hacerse de las comisiones claves no se reflejó en el accionar de algunos de sus legisladores que mostraron signos de independencia que generaron discusiones internas.

“Nadie presenta nada sin que se autorice”, se escuchó decir en la última reunión del bloque de LLA en la Cámara baja. “Las prioridades las marca el Ejecutivo y no hay que meter ruido con nada”, agregaron en modo reto las autoridades del bloque frente a la mirada de buena parte de los 95 legisladores que conforman el bloque.

Desde el 1 de marzo hasta el pasado 2 de abril se presentaron 853 proyectos en la Cámara de Diputados. La Libertad Avanza presentó de ese total el 7% -63 proyectos-, de los que 28 fueron declaraciones de beneplácito, otros 11 que incluyen pedidos de modificación de decretos, derogación de normas, pedido de informes, solicitud de liberación de personas, al Ejecutivo; 20 que señalan modificación, creación o derogación de leyes nacionales y 1 de ratificación o aprobación de tratados internacionales.

Buena parte de estos presentan una gran cantidad de firmas del bloque, pero hubo algunos que se presentaron en soledad y que generaron discusión interna por la intención de llevar adelante una agenda propia y diferenciada a la que marca la Casa Rosada.

El mal humor de las autoridades libertarias llegó a su punto máximo luego de un nuevo error en redes sociales de la diputada Juliana Santillán, quien posteó que estaba con el embajador de Checoslovaquia, país que no existe desde 1992. “Hay que tener más cuidado, nos están mirando con lupa, ya no podemos hacer boludeces con el argumento del desconocimiento”, dijo un diputado libertario. “Hay que reordenarse y concentrarse, va a ser un año complejo”, agregó.

En el bloque generó discusión una andanada de proyectos por afuera de la línea oficial que aparecieron en las últimas semanas como por ejemplo el primero que presentó como autora la diputada Karen Reichardt el cual propone que el feriado del 24 de marzo pase a denominarse “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa”.

A pesar de que el proyecto está en línea con el discurso oficial, las autoridades de la Cámara entienden que genera ruido en un recinto que está totalmente polarizado y en donde sumar voluntades será fundamental para avanzar con la agenda oficial.

Otro punto que generó mucho ruido fue la presentación por parte de 10 diputados de La Libertad Avanza de una carta de intención en donde se comprometen a impulsar una agenda que hoy es inexistente en el Congreso: la derogación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

El texto convoca lleva las firmas de los libertarios Santiago Santurio (Buenos Aires), Santiago Pauli (Tierra del Fuego), Jairo Guzmán (Santa Cruz), Rubén Darío Torres (Buenos Aires), Gladys Humenuk (Buenos Aires), Mónica Becerra (San Luis), María Luisa González Estevarena (Buenos Aires), Bárbara Andreussi (Jujuy), Andrea Fernanda Vera (Buenos Aires), Miguel Rodríguez (Tierra del Fuego) y Carlos Zapata (Salta).

En este paquete de leyes que se presentaron sin la anuencia de las máximas autoridades del bloque de La Libertad Avanza resaltó también el de Virginia Gallardo que declara de interés los premios Martín Fierro por su “aporte al desarrollo de la producción audiovisual, radial y digital en la República Argentina”. El proyecto además pega en la línea de flotación de la pelea cultural en donde la comunidad artística suele apuntar a la administración libertaria por la falta de apoyo a la industria.

En medio de una crisis política en la que el oficialismo no encuentra, por lo menos por ahora, una salida y con sus principales figuras cuestionadas legalmente, las autoridades parlamentarias bajaron una línea única de acción en referencia a que nadie se “corte solo” y avance con presentaciones que abra nuevas discusiones. La famosa frase que supo utilizar en la campaña de 2023 el presidente Milei “no vine a guiar corderos, vine a despertar leones” dejó paso a la de la obediencia parlamentaria que implica una profesionalización del bloque.