En el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados de la Nación, se llevó a cabo esta semana un encuentro que reunió a legisladores nacionales, organizaciones civiles e instituciones religiosas en el marco del Día del Niño por Nacer que se conmemora todos los 25 de marzo.

Este sábado, desde las 14 horas se desarrolla una marcha en Plaza Italia. Es la 11ª Marcha por la Vida. Y los organizadores aclararon que no se suspendería por lluvia.

La actividad de la semana pasada en la Cámara de Diputados, que fue impulsada por el legislador Santiago de Pauli, y tuvo como principal oradora y anfitriona a Evelyn Rodríguez, presidenta de la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, fue pensada como un espacio de intercambio y reflexión en torno a la defensa de la vida desde la concepción.

Como corolario de esta actividad, al cierre del encuentro, diputados nacionales firmaron un acta compromiso para derogar el aborto y trabajar activamente en la defensa de la vida, promoviendo doiversas iniciativas en esa línea. El documento lleva las firmas de: Santiago Santurio, Rubén Torres, Gladys Humenuk, Mónica Becerra, Santiago De Pauli, Andrea Fernanda Vera, Bárbara Andreussi, Miguel Rodríguez, Carlos Zapata, María Luisa González Estevarena, Jairo Guzmán y Gabriela Muñoz.

Durante la jornada se proyectaron testimonios de mujeres en situación de vulnerabilidad que recibieron acompañamiento a lo largo de sus embarazos, destacando la importancia de las redes de contención y la asistencia.

A su turno, el pastor Christian Hooft, presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), expresó su preocupación por la fuerte caída de la natalidad en el país y señaló la necesidad de fortalecer las políticas de cuidado y acompañamiento. “Vivimos en una tragedia”, afirmó, al tiempo que compartió datos recientes sobre natalidad y aborto en Argentina.

La tasa de natalidad se derrumbó literalmente en el país. Cayó un 40% desde 2014, año que marca el punto de inflexión y coincide con la aplicación del llamado Protocolo de Aborto no punible de la Corte Suprema de Justicia y la liberalización de la distribución y consumo de drogas abortivas como el misoprostol.

Actualmente la tasa de fecundidad en la Argentina está por debajo de la tasa de reemplazo, que es la que mantiene la población en un número estable.

Lo más llamativo de estos datos es, tal vez, la indiferencia casi generalizada con que son recibidos por los representantes en el Congreso y por las sucesivas administraciones. Algo inexplicable considerando que se trata de un tema estratégico que por lo tanto debería ser de máximo interés público.

En ese sentido, Gabriel Ballerini destacó: “Volver a poner la vida en el centro del debate no es solo una consigna, sino una responsabilidad ética y política que interpela a toda la sociedad”. Asimismo, convocó a participar de la 11ª Marcha por la Vida, este sábado 28 de marzo desde 14 h en Plaza Italia, en conmemoración del Día del Niño por Nacer.

La jornada en Diputados contó también con la participación de referentes provida como Gabriel Ballerini, Fátima Silva, Patricia Soprano, Lorena Aguilar, de La Merced Vida, Ayelén Alancay y Raúl Magnasco de +Vida, Vicente Teruggi de Participar en Libertad. También acompañaron directivos de otras organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa y el acompañamiento de la vida, entre ellas Casa de la Mujer, Proyecto Vidas, Fundación Argentina, Coalición de Mujeres Argentinas, Mujeres de Fe Argentina, AMEV, y Abrazo de Vida, quienes trabajan activamente en la contención y asistencia de mujeres en situación de vulnerabilidad durante el embarazo.

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El procurador del Tesoro de la Nación Sebastián Amerio destacó hoy que el gobierno del presidente Javier Milei rechaza la expropiación de empresas como política de Estado y definió el reciente fallo de la justicia de Nueva York sobre YPF como un hito porque libera a la Argentina de un pasivo de USD 18.000 millones. Afirmó que la posición contraria a las expropiaciones responde tanto a convicciones políticas como a la incertidumbre y el costo jurídico que generan estos procesos para el país.

El titular de la Procuración del Tesoro realizó estas declaraciones en diálogo con Radio 10, donde remarcó el reconocimiento internacional a la estrategia argentina y la participación de doce países como “amicus curiae”, entre ellos Estados Unidos, Francia, Brasil y Chile, que respaldaron la postura jurídica nacional ante la Corte de Apelaciones de Nueva York.

“La sentencia de la Cámara del Distrito Sur de Nueva York revocó la condena inicial de USD 16.000 millones más intereses, lo que ascendía a algo más de USD 18.000 millones. Ahora la Argentina no debe pagar absolutamente nada; el costo bajó a cero”, precisó Amerio, al ser consultado por el alcance concreto del fallo. El funcionario explicó que el gobierno nacional recibió la gestión con una sentencia adversa y diseñó una “estrategia distinta”, enfocada en revertir el resultado, resistir presiones para negociar y buscar apoyos diplomáticos internacionales.

Amerio puntualizó: “La expropiación es un mecanismo legal. Desde el plano ideológico o político de este gobierno, nosotros estamos en contra de la expropiación. El presidente lo manifestó ayer en cadena nacional. No la tomamos como algo apropiado para el desarrollo del país”. El funcionario sostuvo que la discusión sobre YPF excedía la mera legalidad, y que el verdadero riesgo fue la situación financiera y de inseguridad jurídica en que quedó la Argentina por la decisión de 2012.

Durante la entrevista, el procurador del Tesoro insistió en que la estrategia actual se apartó de la asumida por gestiones anteriores. “La estrategia fue distinta porque ya teníamos una condena en contra. Teníamos que hacer una apelación. Desarrollamos, bajo pedido expreso del presidente Milei, una política de no negociar cualquier cosa y de no ceder a presiones internas o internacionales para llegar a un acuerdo que no iba a favorecer a la Argentina”, detalló Amerio.

El funcionario resaltó el papel “muy relevante” de los países que se presentaron ante la Corte estadounidense para avalar la posición argentina: “Estados Unidos, Francia, Israel, Italia, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador y otros actuaron como amigos del tribunal y dijeron públicamente que Argentina tenía razón en su posición jurídica. Eso, como parte del expediente, es de mucha importancia para que los jueces escuchen”.

A la hora de evaluar si la expropiación de YPF trajo beneficios a largo plazo –por ejemplo, balances energéticos favorables gracias a Vaca Muerta–, Amerio relativizó esa lectura y profundizó en los riesgos macroeconómicos del litigio: “Tener la espada de Damocles y 18.000 millones de dólares en expectativa no es solo un monto económico. Es imposibilidad de ingresar a los mercados. Este país no tolera más la incertidumbre ni la falta de seguridad jurídica que se llevó adelante durante muchos años”.

Al abordar eventuales privatizaciones, el procurador se excusó de anticipar opiniones por su rol técnico: “Quizás desde la Procuración deba participar en dictámenes legales sobre privatizaciones que decida el Poder Ejecutivo”. Sobre las negociaciones alternativas que se propusieron antes del fallo, Amerio fue enfático: “Siempre aparecen lobistas, intermediarios, operadores, que ofrecen soluciones mágicas o acuerdos de montos siderales sobre la base de una sentencia fresca. Resistimos esas presiones internas y externas, convencidos de que nuestros argumentos eran sólidos”.

La decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York concluyó con un fallo que libera a la República Argentina de la multa por la expropiación de 2012. El fiscal del Tesoro, consultado por Radio 10, sintetizó: “Si hoy algún gobierno piensa en expropiar, se lo va a tener que pensar muchas veces, porque puede pasar que perdamos y estamos hablando de montos muy perjudiciales para las arcas del Estado. Ese riesgo que se corrió fue revertido el día de ayer”.