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Los duros términos del Procurador para pedir una pena de 12 años contra Cristina Kirchner: corrupción probada y estafa con las obras públicas

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«Estamos ante un esquema comprobado de corrupción”, sostuvo el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, cuando pidió ante la Corte Suprema de Justicia que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión, al entender que también se le debe atribuir el delito de asociación ilícita en carácter de jefa. El jefe de los fiscales habló de “rutas con avances nulos”, partidas destinadas “porque sí”, y reafirmó que no hay dudas que se trató de una asociación ilícita.

A la causa Vialidad que en diciembre de 2022 le significó a Cristina Kirchner su primera condena por corrupción, le queda una sola instancia de definición: la Corte Suprema de Justicia. Allí acudió la ex vicepresidenta para pedir la nulidad de la conformación de la sentencia que el año pasado, dictó la Cámara de Casación.

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La condena que está en manos de la Corte, sostiene que «mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”.

Se trata de los 51 contratos que le fueron adjudicados al Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez, ex socio comercial de la vicepresidenta que pasó de monotributista a ser el principal adjudicatario de obra pública vial en suelo sureño.

Las obras viales licitadas fueron “sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas” a Báez, dijo el Tribunal y añadió que la conformación de su holding y el crecimiento económico del mismo, fue “exponencial” y el mismo se vio “directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”.

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El daño ocasionado a través de la maniobra defraudatoria asciende a 85.000 millones de pesos.

Sin embargo, el Procurador General de la Nación, señaló que a esa estructura delictiva se le debe añadir otra figura penal: la de asociación ilícita y sostuvo que la máxima responsabilidad recae sobre Cristina Kirchner como cabeza del Poder Ejecutivo.

El dictamen de Casal lo que hace es avalar lo que volcó en su recurso de queja ante la Corte, el fiscal general Mario Villar. El eje central es la arbitrariedad, es decir, todo aquello que no fue tenido en cuenta a la hora de confirmar que sólo se está ante una administración fraudulenta en perjuicio del Estado y no una asociación ilícita.

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Bajo ese criterio lo primero que dijo el Procurador fue el planteo de Villar está fundado en “sólidos argumentos y clara fundamentación legal”.

Para el Ministerio Público Fiscal en todas sus instancias, la concertación de voluntades, la habitualidad del delito cometido a lo largo de doce años y la premisa de que cada proceso licitatorio constituye un hecho delictivo en sí mismo, sustentando la idea del delito indeterminado, responde a la estructura propia de una asociación ilícita.

Así lo manifestaron en sus alegatos los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola (algo que sus pares de instrucción, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques sostuvieron). Por ese motivo, el representante del Ministerio Público ante la Cámara de Casación, reiteró ese planteo que llegó hasta la Corte.

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Lo primero que señaló Casal fue que las instancias anteriores (el Tribunal de juicio y la Casación), “eludieron responder las críticas que había realizado el Ministerio Público en su recurso de casación”.

En este sentido expuso el jefe de los fiscales, que la asociación ilícita se consuma con la sola participación en una “organización con fines delictivos múltiples, independientemente de su ejecución”.

Resaltó que esta asociación ilícita del caso Vialidad, responde a una “organización contempla planes múltiples” y que “la efectiva preparación de un plan no agota los fines de la asociación, los cuales desbordan el plan concreto para dirigirse, sin total y detallada previsión, a otros hechos distintos”.

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Más adelante fue categórico al señalar de que nos encontramos ante una asociación ilícita y añadió: “de lo que se trata aquí es de la adjudicación fraudulenta de cincuenta y un contratos de obra pública dentro de un esquema comprobado de corrupción”.

Un dato temporal no fue menor en este aspecto: la maniobra de corrupción se “desarrolló durante tres administraciones presidenciales distintas, lo que produce un corte en la unidad y, en la lógica del tribunal, una multiplicidad de planes delictivos, concretamente tres”.

Fue al analizar cómo se usó el Estado a favor de un privado, en este caso Lázaro Báez quien mantenía sendos lazos comerciales con los entonces presidentes de la Nación, que el Procurador sostuvo es que esos gobierno dictaron “numerosos actos administrativos en el marco de su competencia, por los cuales lisa y llanamente se asignaron los fondos del presupuesto necesarios para que Austral Construcciones”.

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La consecuencia inmediata además de los fondos volcados a las rutas otorgadas a través de procesos irregulares, la empresa constructora de Lázaro Báez terminó siendo “la única contratista de obra vial» que se impuso en los procesos licitatorios.

Se sumó otro dato en el dictamen. Casal reseñó que cuando terminó el gobierno kirchnerista, a Austral Construcciones «no se le adeudaba dinero, pese a que la mayoría de los trabajos registraban nulo avance o demoras inexcusables».

Así, retomó una de las premisas centrales de la acusación: el ex socio comercial de Cristina Kirchner se impuso en la totalidad de los procesos licitatorios, compitió contra sí mismo (nadie lo objetó) y se le otorgaba fondos con sobrecostos y a través de resoluciones “sin el control de los avances a de las obras”. Lázaro Báez abandonó el 50% de los contratos adjudicados.

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Hubo otro concepto determinante en el dictamen de Casal: todo lo reclamado por el fiscal general, Mario Villar, tiene “pleno valor y efecto doy aquí por reproducida y, atento sus sólidos argumentos y clara fundamentación legal, mantengo en todos sus términos”.

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El oficialismo aprobó la modernización laboral en Diputados y envió una fuerte señal promercado

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El oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de modernización laboral. Ahora, la iniciativa deberá ser tratada en el Senado. El politólogo Juan Negri dialogó con Infobae en Vivo A las Nueve y afirmó que la propuesta representa una fuerte señal política y promercado para el Gobierno argentino. Según Negri, este avance evitó un escenario negativo para la administración: “Para el Gobierno hubiese sido un cachetazo tener un traspié ayer, porque más allá de lo específico de la reforma, era incógnita sobre la viabilidad de las reformas que el Gobierno se está planteando”.

Negri remarcó la importancia simbólica de la reforma: “Hay una dimensión, insisto, desde la idea de fuerza política, señal hacia afuera, señal hacia las inversiones, que para el Gobierno es importante y también de fortaleza política”. También advirtió sobre la complejidad de los desafíos que enfrenta el oficialismo, considerando que el debate sobre la viabilidad de las reformas continúa vigente.

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El politólogo anticipó una intensa judicialización tras la sanción de la reforma: “Esto va a generar un conflicto en tribunales muy alto, como pasó con la ley base, es un conflicto sindical bastante persistente”. Explicó que el debate se trasladará al ámbito judicial y sindical, más allá de lo parlamentario. “Las preguntas concretas sobre si esto crea empleo, sobre si el FAL va a terminar fondeando al Estado, sobre si en realidad hay facilidad para despedir o también va a haber facilidad para contratar”, puntualizó.

En materia económica, Negri señaló que la atención está puesta en el Ministerio encabezado por Toto Caputo: “en este caso, el Ministerio de Economía, es el que tiene la pelota”. Manifestó su escepticismo sobre el impacto inmediato en la creación de puestos de trabajo: “Me da la impresión de que las reformas no crean empleo por sí solas. El ciclo económico va a determinar mucho el éxito de esta reforma”.

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Respecto al panorama político, el politólogo indicó en Infobae en Vivo que “la oposición, en sentido amplio, está mostrando pérdida de fortaleza y está desarticulada”. Describió una situación de fragmentación en el peronismo: “Veo un peronismo muy fragmentado en lo provincial, liderazgos provinciales que, ante la falta de liderazgo nacional, hacen un poco la suya”. Sobre el kirchnerismo, precisó: “Lo vemos cada vez más pequeño, pasando de ser la mitad a ser el veinte por ciento”.

Negri consideró que el presente año será determinante para el futuro de la oposición: “Este va a ser un año clave en ese sentido. Mi impresión es que esta cosa frentista, la voluntad de ir todos juntos y negociar espacios de poder, va a primar para no quedarse afuera”. Al analizar la dinámica interna, explicó: “Me parece que hay un peronismo del interior que tiene como esta cosa de: ‘Bueno, hasta acá llegamos’”. Asimismo, apuntó que “los gobernadores del norte van a empezar a terciar más” ante el nuevo proyecto geográfico del Ejecutivo.

La viabilidad de las reformas del Gobierno se pone a prueba con el avance del proyecto laboral en el Congreso - RS Fotos

Consultado sobre las prioridades económicas del Gobierno de Javier Milei, Negri fue directo: “La actividad está muy caída, los salarios están muy bajos. Hay que meterle ahí”. Cuestionó la visión oficialista sobre el vínculo entre los equilibrios macro y microeconómicos: “El Gobierno tenía esta cosa de ‘yo te ordeno la macro, la micro se ordena sola’. Eso está faltando”.

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El politólogo también mencionó los riesgos de agotar la paciencia social frente al actual escenario: “Esa factura al gobierno en algún momento se la van a cobrar, no hay ninguna duda”. Destacó el perfil reformista del Ejecutivo: “Es un gobierno que ha logrado bastante. En algunos puntos se decía: ‘No va a poder pasar nada’. Y la verdad es que tenemos ley bases, decreto vigente, casi reforma laboral y un gobierno que en principio está fuerte para el 2027”.

No obstante, Negri hizo una advertencia sobre la autopercepción en el oficialismo: “A veces el problema no es saber perder, sino saber ganar. En esa cresta de la ola, los gobiernos argentinos suelen pensar que la gente está conmigo, esto es un cambio cultural. Y la verdad es que la gente mira una ecuación muy simple: ‘¿Estoy mejor o peor?’”, señaló en diálogo con Infobae.

En este contexto, el futuro del oficialismo dependerá de su capacidad para ofrecer resultados concretos que impacten en la vida cotidiana antes de la próxima cita electoral.

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Asume un administrador en la obra social militar, que mantiene una abultada deuda y cortes de prestaciones

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Con la designación del coronel mayor retirado Ariel Guzmán como administrador, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, dio el primer paso hacia la liquidación de la obra social de los militares, cuya disolución fue dispuesta por un decreto de necesidad y urgencia y arrastra todavía una deuda de $200.000 millones.

“El coronel Guzmán conducirá el período de transición del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), que se extenderá por un año”, dijo a una fuente del ministerio. Cerca de Presti recordaron que la decisión del ministro es que el Estado se haga cargo de la deuda. El titular de Economía, Luis Caputo, intervendrá en la definición de los pagos a los acreedores de la obra social, en su mayoría prestadores.

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Según pudo saber , en varios puntos del país se mantienen cortes en las prestaciones que dificultan, incluso, la atención de de cuadros graves, como el de una niña de 7 años cuya familia enfrenta demoras en la entrega de alimentación especial que necesita por prescripción médica, dijeron fuentes de Iosfa. También revelaron que la obra social tiene aún un déficit mensual operativo de $12.000 millones y varias prestaciones permanecen cortadas.

El coronel mayor retirado Ariel Guzmán, designado administrador para la etapa de liquidación de IosfaMinisterio de Defensa

Por el decreto 88/2026, el IOSFA ingresó en un período de transición hasta su liquidación definitiva, al tiempo que se dispuso la división de la entidad que había sido creada por el decreto 637/2013, durante la presidencia de Cristina Kirchner.

Ahora, los militares y sus familias se atenderán en la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), en jurisdicción del Ministerio de Defensa. En tanto, el personal de la Gendarmería y la Prefectura quedó encuadrado en la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (Osffeseg).

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En el período de transición, el coronel Guzmán deberá llevar adelante el traspaso progresivo de los casi 600.000 afiliados de Iosfa a las dos nuevas obras sociales creadas, además de la transferencia de activos y el reordenamiento de la administración.

Con casi cuarenta años de servicio activo en el Ejército, Guzmán fue director operativo del Hospital Militar Central en 2020 y 2021, durante la pandemia, y en 2024 se incorporó a Iosfa como gerente de Pre4staciones.

A comienzos de este mes, Petri concurrió a la sede de la obra social, donde funcionará la nueva OSFA, que aún debe constituirse con la integración del Directorio. “El objetivo es trazar el mapa de la situación actual, especialmente en lo referente a los cortes de ciertas prestaciones. Hay más de 100 espacios de atención en todo el país”, deslizaron en la obra social”, se explicó.

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El Directorio se integrará con cinco representantes designados por el ministro, a propuesta de cada fuerza: dos por el Ejército, uno por la Armada, uno por la Fuerza Aérea y un representante del personal civil de las Fuerzas Armadas. De ese elenco surgirá el presidente. La idea del gobierno es designar al general de brigada retirado Sergio Maldonado, que fue director del Hospital Militar Central y gerente general de la obra social.


Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Javier Milei,Conforme a,Fuerzas Armadas,,Actualización salarial. Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en febrero,,En comodato por 10 años. El ministro Presti entregará 534 viviendas a militares en actividad,,»Terminó siendo un engendro». Presti apuntó contra el kirchnerismo tras la disolución de IOSFA

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“La paz es el premio”: la foto de Javier Milei y Marco Rubio que publicó el Departamento de Estado de EEUU

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En las últimas horas, el Departamento de Estado de EEUU publicó una foto oficial que ratifica la buena sintonía con el gobierno de Argentina. Con el lema “la paz es el premio”, grafica una conversación entre el presidente Javier Milei y el canciller nortemaricano, Marco Rubio, en el marco de la sesión inaugural de la denominada Junta de la Paz, que se realizó ayer en Washington.

Milei fue invitado por el propio Donald Trump a participar del foro multitaleral, que tiene por objetivo garantizar la reconstrucción de Gaza, entre otros conflictos mundiales, y durante su breve intervención ofreció el envío de los Cascos Blancos como misión humanitaria.

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“Ponemos a disposición la colaboración de nuestros cascos blancos, la trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la fuerza de estabilización”, subrayó Milei, al tiempo que destacó la necesidad de una “diplomacia que asume riesgos para alcanzar la paz” y resaltó el liderazgo de Trump.

Por su lado, el presiente norteamericano anunció la creación de un fondo de 7.000 millones de dólares, aportado por Kazajistán, Azerbaiyan, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistán y Kuwait.

La publicación en X del Departamento de Estado de EEUU  (@StateDept)

La jornada estuvo marcada por la ausencia de países centrales de la Unión Europea, así como de Rusia, China, Japón, Canadá, México y Brasil, que no participaron activamente en la Junta de la Paz. Italia asistió en calidad de observador especial, hecho que generó malestar dentro de la estructura europea debido a su afinidad política con Trump.

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Durante su discurso, Trump se refirió a la relación que mantiene con Milei. “Respaldo cuando me cae bien alguien”, indicó, y recordó que ganó las últimas elecciones “de manera aplastante”.

En medio de su exposición, sorprendió a la audiencia cuando empezó a buscar al líder de La Libertad Avanza entre los invitados. “¿Dónde está el presidente Milei?“, preguntó varias veces con una sonrisa.

“Yo lo apoyé (a Milei), lo respaldé. No se supone que deba respaldar a personas, pero respaldo cuando me cae bien alguien. Tuve un muy buen historial apoyando candidatos dentro de los Estados Unidos. Pero ahora respaldo a líderes extranjeros, incluido Viktor Orbán, que está acá, y a otros», señaló Trump.

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Y recordó que en las elecciones legislativas del 2025 Milei “estaba un poco atrás en las encuestas” pero “terminó ganando por goleada”, tras su apoyo.

Por su lado, anunció que Estados Unidos contribuirá con 10.000 millones de dólares para el plan que contempla, además de la asistencia financiera, el despliegue de contingentes internacionales de estabilización y policía, ante la preocupación de que la Junta pueda constituirse en un órgano alternativo o rival para la ONU.

La sesión inaugural permitió que los representantes analizaran no solo el alcance inmediato de la ayuda, sino también la logística para canalizar los recursos a través de organismos multilaterales y la colaboración con entidades humanitarias en el terreno. Trump subrayó que el trabajo de la Junta incluirá la supervisión y coordinación de los fondos, así como la definición de criterios para seleccionar los proyectos prioritarios en Gaza y, eventualmente, en otros puntos de crisis. La atención se centró en la restauración de infraestructura crítica, la provisión de servicios básicos y la protección de la población civil en un escenario de alto riesgo.

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Durante su intervención, Trump reiteró sus críticas hacia la ONU en conflictos recientes, afirmando que la Junta de Paz tendrá la función de “supervisar” el desempeño del organismo internacional y velar por su eficacia. No obstante, matizó que Estados Unidos buscará mantener una relación de cooperación con Naciones Unidas en áreas donde sea posible la convergencia de esfuerzos, especialmente en la reconstrucción y estabilización de zonas afectadas por la guerra.

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