LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof tendrá el control operativo de la elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre: designó al jefe de Policía de la provincia, Juan Carlos Villar, a cargo del comando electoral. Como encargado de la seguridad de los comicios, vigilará el traslado de boletas, urnas y bolsines.

Históricamente, con elecciones unificadas, el comando electoral lo controló el Poder Ejecutivo Nacional a través el Ejército Argentino. En particular, en esta provincia, la tarea quedó en cabeza del Regimiento de Tandil, dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación, precisaron fuentes de la Justicia. Pero esta vez las elecciones son desdobladas.

“Es la primera vez que el Jefe de Policía tiene el control del comando electoral”, dijo una fuente con más de 40 años en la justicia, que conoce los movimientos de armado y desarmado de cada elección desde el regreso de la democracia.

Kicillof dispuso que el Ministerio de Seguridad de la provincia designe al titular del comando electoral para los próximos comicios. La resolución es de principios de mes, pero se dio a publicidad hoy, horas después de conocido el desplazamiento de 24 policías vinculados -según la gobernación- con el candidato de La Libertad Avanza Maximiliano Bodarenko.

Por orden de Kicillof, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, designó al jefe de la Policía de la provincia, comisario mayor Javier Carlos Villar, como jefe del comando electoral, con poder para “disponer de personal desde el inicio de la actividad preelectoral hasta su finalización”.

El Comando Electoral Provincial tendrá unos 22.000 policías bonaerense, más otros 6000 policías federales.

Tomará a su cargo las funciones de coordinación y ejecución referentes a las medidas de seguridad, así como también, las destinadas a facilitar la observancia de las demás disposiciones legales vinculadas al acto comicial, en particular la vigilancia de los establecimientos donde funcionen las mesas receptoras de votos, de las sedes de la Junta Electoral Provincial, de la Justicia Federal con competencia electoral, de la custodia de urnas y de la documentación en su depósito y durante su transporte hasta la finalización del escrutinio definitivo, informaron fuentes oficiales.

Podrá adoptar medidas para asegurar el mejor cumplimiento de su cometido y mantener relación directa con los ministerios y sus dependencias involucradas en la realización del acto comicial, los que prestarán la máxima colaboración posible dentro de sus áreas.

De igual modo, podrá emitir reglas operativas de actuación que respeten los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad conforme el marco normativo vigente.

El comando electoral será el encargado de mover todo el material de los comicios. Urnas y bolsines deberán ser trasladados en vehículos de seguridad, por separado, con seguimiento georeferenciado en tiempo real.

En tanto, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires dio a conocer una resolución destinada a evitar fraude en los próximos comicios del 7 de septiembre; en particular, el voto cadena, una de las trampas más habituales en el Gran Buenos Aires, según las autoridades electorales.

Otra trampa frecuente que se busca combatir es que las agrupaciones electorales distribuyen boletas de sus opositores de elecciones anteriores para que los electores las usen y sus votos sean anulados por tratarse de boletas inválidas.

La Junta Electoral dispuso que las boletas deben tener una clara diferenciación con los modelos presentados por las demás asociaciones políticas. Además, deberán contener la fecha de la elección y ser presentadas con el color reservado o en blanco y negro, en caso de corresponder.

Además se les exigió a los partidos “presentar la certificación emitida por la imprenta, en la que conste que el color utilizado en la muestra papel, corresponde al código Pantone reservado”.

Los modelos de boleta deben ser del mismo e idéntico modo de impresión, clase de papel y especificaciones indicadas en la ley (…) que las que utilizarán para la confección de las que serán depositadas en los cuartos oscuros el 7 de septiembre, sostiene lo dispuesto por las autoridades.

En la provincia de Buenos Aires, a diferencia de las elecciones nacionales, se utilizará el tradicional modelo de listas sábanas.

La Junta Electoral no tiene fecha límite para oficializar a los candidatos, pero para el 8 de agosto, una vez que se presenten las boletas, debería tener resuelto si hará lugar o no a las candidaturas testimoniales.

Uno de esos casos es el de la vicegobernadora, Verónica Magario, que se candidatea a diputada provincial por la tercera sección electoral. El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, lidera un grupo de intendentes peronistas que se presentan como candidatos a concejales en sus distritos.

La presidenta de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires es Hilda Kogan, ministra de la Suprema Corte de Justicia. A ese tribunal podrían llegar impugnaciones por las candidaturas testimoniales.

La Justicia de Campana suspendió los efectos de una polémica resolución del municipio de Escobar que preparaba el terreno para el desembarco de un bingo de Daniel Angelici en Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar.

La jueza en lo contencioso administrativo Mónica Ayerbe hizo lugar a una medida cautelar que presentó un grupo de vecinos disconformes con el proyecto que el Concejo Deliberante aprobó de manera exprés entre navidad y año nuevo de 2024. La polémica resolución habilitaba el emplazamiento de un salón de juegos en un terreno residencial,

La iniciativa resultó de un acuerdo entre Pro y el PJ de Escobar, que lidera el intendente del municipio, Ariel Sujarchuk.

La jueza Ayerbe dictaminó la incompetencia de su juzgado para resolver la cuestión de fondo y ordenó el traslado de las actuaciones a la Corte Suprema bonaerense. No obstante, avaló suspender los efectos de la ordenanza que a fin de año, en una sesión extraordinaria, autorizó un “Desarrollo Comercial, Recreativo y Sala de Bingo”.

La magistrada argumentó que la resolución del Concejo Deliberante no fue precedida por un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que el proyecto implicaría una “alteración significativa de los parámetros urbanísticos vigentes” y que tampoco contaba con un plan respecto a las parcelas elegidas para su desarrollo.

Uno de los puntos en que los vecinos sustentaron su reclamo fue que al menos tres de las parcelas elegidas para la instalación del bingo no se encuentran habilitadas para usos comerciales, al estar clasificadas como Zona Residencial Exclusiva 1 (RE1).

Con la ordenanza, el municipio apuntaba a generar las condiciones para recibir allí la relocalización del bingo Ramallo, una firma presidida por Fabio Fernández, un hombre ligado a la vida política de Independiente, que opera hoy en la ciudad homónima, a pocos kilómetros de la ruta 9, y que entre sus dueños tiene a Daniel Angelici.

La empresa fue dirigida en el pasado por el propio Angelici, y por un socio suyo en el mundo del juego, Daniel Darío Matuone, con el que compartió directorio en otras firmas, como Desarrollos Maipú SA.

Acuerdo

El Concejo Deliberante responde al intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, pero la propuesta fue llevada por un edil de Pro, Leandro Goroyesky, cercano a Cristian Ritondo, que vio en el pedido de traslado que hizo el Bingo Ramallo, una oportunidad para el municipio, según dijo a cuando el caso tomó trascendencia en enero del año pasado.

Remarcó que, además del bingo, el proyecto incluiría el desarrollo de un hotel, un auditorio y un centro comercial, todo lo cual podría redundar en la creación de 500 nuevos puestos de trabajo.

Los vecinos salieron al cruce y promovieron la demanda contra el municipio y el Concejo, al argumentar que la velocidad del trámite -“inusitadamente rápido”, dijeron- constituía un “claro atropello institucional y una falta de deliberación democrática”.

Y repitieron lo dicho ante los medios locales: que el Bingo se encontraba próximo a establecimientos educativos y a un centro de rehabilitación para personas con adicciones.

Con su resolución, la jueza les dio la razón. “La opacidad que surge respecto de las circunstancias que rodean a la aprobación urbanística de la ordenanza en cuestión, no hace más que fortalecer la evidencia de una afectación al derecho a la información pública ambiental de raigambre constitucional y convencional”, remarcó.