Una profunda espiritualidad, un estilo austero, fidelidad a los valores del Evangelio y capacidad para buscar caminos de consensos, aún en los tiempos más aciagos de la crisis de 2001, fueron rasgos muy propios del cardenal Estanislao Esteban Karlic, quien falleció a los 99 años. Representó una de las figuras más relevantes de la Iglesia argentina en el período posterior a la recuperación de la democracia. Su objetivo siempre fue el bien común.

En el interior de la Iglesia descolló como una de las mentes más lúcidas y se lo reconoce entre los teólogos más brillantes de la etapa que siguió al Concilio Vaticano II. El papa Juan Pablo II lo convocó a Roma, al seleccionarlo entre los siete redactores del nuevo Catecismo de la Iglesia Católica elaborado durante su pontificado. Al frente de ese equipo de expertos se encontraba el cardenal Joseph Ratzinger, luego Benedicto XVI, con quien Karlic tuvo una fuerte sintonía. En 2007, el papa alemán lo proclamó cardenal.

Su tarea siempre fue bien valorada en la Santa Sede. El 20 de mayo de este año Karlic recibió un llamado telefónico del papa León XIV, que había sido elegido dos semanas antes. Desde Roma, el Papa le transmitió su gratitud y cercanía. Le aseguró sus oraciones durante su convalecencia tras una cirugía y valoró los servicios que el cardenal argentino le brindó a la Iglesia.

Como presidente del Episcopado entre 1996 y fines de 2002, fue la cabeza de la Iglesia en la Mesa del Diálogo Argentino, constituida en acuerdo con el presidente Eduardo Duhalde, con el fin de reconstituir el tejido social, hecho trizas tras los excesos de la década menemista y la caída del gobierno de Fernando de la Rúa.

Karlic murió este viernes 8 de agosto en el Hogar sacerdotal Jesús Buen Pastor, donde vivía, según informó la agencia AICA.

Su abierta disposición al diálogo no implicaba dejar de lado sus convicciones. Karlic sostenía que era inmoral no interesarse en la política, especialmente en momentos de crisis, y confiaba en el trabajo y el compromiso de los laicos. Encomendó los desafíos de la Mesa del Diálogo a los obispos Jorge Casaretto, Juan Carlos Maccarone, Artemio Staffolani y Agustín Radrizzani, con el aporte del embajador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Carmelo Angulo Barturén, quienes lograron valiosos avances en materia de reforma política, justicia, salud y educación, entre otras áreas estratégicas, al conciliar posiciones de distintas expresiones partidarias, organizaciones sociales empresarias y sindicales. Al asumir el gobierno de Néstor Kirchner, esas coincidencias quedaron en un cajón.

La misma apertura y vocación al consenso desplegó en la presidencia de la Conferencia Episcopal, sin renunciar a los principios de autonomía y colaboración entre la Iglesia y el Estado. Coincidió en esa visión y en el estilo pastoral con los arzobispos de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, y de Rosario, Eduardo Mirás, quienes lo secundaron en la tarea, al promover la equidistancia de la Iglesia con el poder político, en contraste con el acercamiento que algunos obispos habían tenido con la gestión menemista.

Karlic había desarrollado su misión sacerdotal en Córdoba, donde observó siempre una prudente distancia los movimientos del cardenal Raúl Francisco Primatesta en el campo político y social, que gravitaron tanto en los años de la dictadura militar como en los gobiernos democráticos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem. Estuvo, además, al frente de la Arquidiócesis de Paraná entre 1982 y 2003, donde sucedió al arzobispo Adolfo Tortolo, quien había establecido buenas relaciones con los militares y daba cabida a los sectores más comprometidos con la derecha católica.

El arzobispo Karlic había nacido en Oliva, una ciudad del sur de Córdoba, el 7 de febrero de 1926. Hijo de padres croatas, cursó allí la escuela primaria, que lo preparó para su ingreso en el Colegio Nacional de Monserrat, en la capital de la provincia, donde obtuvo el Premio Duarte Quirós, al mejor bachiller de su promoción. Participó, además, en la Acción Católica y allí despertó su vocación por el sacerdocio. Entró al seminario en 1947, luego de estudiar un año la carrera de Abogacía.

Por la capacidad mostrada en sus años de seminarista, fue enviado a estudiar a Roma, para completar sus estudios de filosofía en la Universidad Gregoriana, junto a Enrique Angelelli y Eladio Pedro Bordagaray. Allí fue ordenado sacerdote, a los 28 años, el 8 de diciembre de 1954. Como profesor, sus clases de teología eran muy seguidas y animaba a los seminaristas y a los sacerdotes jóvenes a tener claridad en los principios de la vida espiritual.

El papa Pablo VI lo designó en 1977 obispo auxiliar de Córdoba y seis años después fue promovido a arzobispo de Paraná, donde consolidó su liderazgo, aunque enfrentó dificultades.

En la diócesis entrerriana renovó el seminario local, que se encontraba dominado por profesores y sectores eclesiásticos que sintonizaban con el pensamiento tradicionalista, heredado de la gestión de Tortolo. Molestos con el nuevo arzobispo, 12 sacerdotes y 30 seminaristas emigraron a la diócesis mendocina de San Rafael. Encarriló la conducción del seminario y ejerció un singular liderazgo en el clero.

De su mente lúcida surgieron varios documentos del Episcopado, a partir de los años 90. Fue un animador permanente de la pastoral universitaria y de la presencia de la Iglesia en el mundo de la cultura. Participó en varios sínodos de obispos y en las asambleas generales del episcopado latinoamericano realizadas en Puebla (1979), Santo Domingo (1992) y Aparecida (2008). Al concluir los dos períodos al frente de la Conferencia Episcopal, se retiró del arzobispado de Paraná en abril de 2003, cuando ya superaba los 75 años.

Retirado de la actividad pastoral, aunque no de la cátedra y el pensamiento, pasó a residir en el monasterio benedictino Nuestra Señora del Paraná y fue un hombre de referencia y obligada consulta entre los obispos. En los últimos años debió enfrentar acusaciones por presunto encubrimiento de la Iglesia de Paraná a raíz del caso del sacerdote Justo José Ilarraz, que fue condenado por abusos contra menores.

Por la baja de la inflación, la justicia laboral estableció un nuevo criterio para ajustar las inmdenizaciones y las multas en los casos de trabajadores despedidos.

Se trata de un asunto espinoso que viene enfrentado a los magistrados con la Corte Suprema, que exije a la justicia laboral fijar ajustes razonables y proporcionados después de numerosos casos de intereses exorbitantes.

En el Trinunal Superior de Justicia de la Ciudad -que debe fijar el criterio de ajuste- ya se acumulan 3000 casos a la espera de definición y no han firmado aún ninguna sentencia.

En esta ocasión, el fallo es de la Sala VIII de la Cámara del Tabajo integrada por los jueces Víctor Pesino y María Dora González. Ratificaron la condena por despido improcedente y diversas sanciones laborales pero dijeron que la tasa de interés aplicable para ajustarla debía ser el CER hasta 2023 y desde enero de 2024 la tasa activa del Banco Nación. El fallo fue en favor de Estela Santander contra la empresa Tritestta S.R.L.

El tribunal confirmó que la señora Estela Beatriz Santander, ingresó a trabajar como cocinera el 1 de febrero de 2018, desestimando la postura de la demandada Tritestta SRL, que alegaba una fecha posterior y una categoría de “ayudante de cocina”.

Esta decisión se fundamentó en la ausencia de libros contables por parte de la empresa y en la prueba testimonial de varios compañeros de trabajo quienes corroboraron la fecha de ingreso y las tareas de cocinera realizadas por Santander.

Asimismo, la Cámara ratificó la condena a Tritestta SRL por incumplimiento del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), relativo a la entrega de certificados de trabajo.

Se estableció que los certificados ofrecidos no reflejaban las características reales del contrato, lo que constituye un incumplimiento de la obligación legal, incluso si fueron puestos a disposición.

En cuanto a la responsabilidad solidaria, se confirmó la condena contra un socio gerente de Tritestta SRL según un informe de la Inspección General de Justicia (IGJ). Las irregularidades registrales verificadas en la sociedad justificaron su responsabilidad solidaria.

Por otro lado, la Cámara rechazó el reclamo de las horas extraordinarias realizado por la señora, argumentando que la demanda inicial presentaba deficiencias en su fundamentación, lo que impidió un adecuado ejercicio del derecho de defensa de la contraparte y el análisis judicial.

También se rechazó la extensión de la responsabilidad una accionista que tenía el 10 % del capital social y no formaba parte de la gerencia

La clave del fallo es la actualización de la tasa de interés aplicable a la indemnización.

Inicialmente, se había propiciado la adición del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) como interés moratorio. Sin embargo, la Cámara observó una considerable disminución de los índices de inflación en el último año, lo que llevó a reconsiderar esta postura.

El juez Pesino, en su voto, afirmó: “Desde esta óptica, no considero prudente mantener sine die la utilización del CER, como tasa de interés, por advertir que ese procedimiento puede llevar a la obtención de resultados desproporcionados, comparados con el poder adquisitivo de los créditos en la época en que se devengaron.”.

Por lo tanto, la propuesta final adoptada por el tribunal para la actualización de la indemnización es la siguiente:

“En consecuencia propongo que, desde la exigibilidad del crédito hasta el 31 de diciembre de 2023 se utilice el CER como tasa de interés y, a partir del 1 de enero de 2024, al resultado que se obtenga se adicionen los intereses del Acta 2658 de esta Cámara (tasa activa efectiva anual vencida, Cartera General Diversas del Banco Nación), hasta el efectivo pago.”.

La sentencia de Cámara confirmó el monto principal de la condena de primera instancia, sin modificar la base de la indemnización. La “salvedad” introducida por el tribunal se refiere exclusivamente a la metodología de cálculo de los intereses moratorios, que es lo que afecta el valor final del monto a pagar al trabajador.

El cálculos de ajuste en las sentencias de los juicios laborales, uno de los asuntos que más preocupa a los empresarios, serán definidos ´de ahora en adelante de manera definitiva Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, donde ya se acumulan 3000 demandas de juicios y no hubo ninguna resolución aún.

El criterio de la “Corte porteña” será la guía para los tribunales inferiores. La novedad de que las causas sean resueltas por el TSJ es parte del avance del proceso de traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad, que es resistido por las jueces nacionales.

La Ciudad, en tanto, ya empezó a armar su fuero laboral propio con sus códigos, en un proceso impulsado por el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia. Peor está frenado por un amparo de los jueces nacionales.

La pelea por cómo se calculan los intereses en las condenas que recaen sobre las empresas determinó que la Corte Suprema dictara dos fallos en los anuló sentencias de la Cámara del Trabajo porque los montos eran desproporcionados.

En uno de los casos se aplicaban intereses sobre intereses no previstos en la ley y luego una tasa de interés que multiplicó por 20.000 los montos establecidos en los fallos de primera instancia.

Todo esto provocó un cambio en la manera de fallar en los tribunales laborales.

Ahora, según un relevamiento realizado por entre abogados laboralistas, funcionarios del fuero y magistrados de todas las instancias, los criterios quedaron determinados de este modo: los jueces de primera instancia están dictando fallos, reduciendo u obviando la aplicación de algunas multas, y determinando mecanismos de ajuste limitados, sin hacer crecer de manera desproporcionada las indemnizaciones con el cálculo de intereses.

Cuando la parte apela ante la Cámara Laboral, allí hay varios criterios. La mayoría de las salas aplica un coeficiente de ajuste basado en el Índice de Precios del Consumidor (IPC) más un 3 por ciento. Excepto la Sala 10, que aplica un ajuste solo por IPC y la Sala 8, que aplica el CER.

Ahora, la Cámara laboral dijo que desde 2024 hay que aplicar la tasa activa del Banco Nación.

La Cámara Laboral es un tribunal donde el sindicalismo pesa. La CGT de Hugo Moyano y su histórico abogado, el fallecido Héctor Recalde, maniobraron para ocupar casilleros en el fuero de modo de conseguir sentencias en beneficio de los trabajadores.

La camarista Graciela Craig es la esposa de Recalde. Diana Cañal es una camarista cercana al kirchnerismo y denunciada por el macrismo. Quien tenía ascendencia sobre sus colegas en la cámara era Gregorio Corach, juez que llegó a la edad límite para la jubilación y a quien no le dieron un nuevo acuerdo en el Senado.

Los intereses a aplicar son de dos tipos: moratorios, por las demoras en el pago de la sentencia, y compensatorios, por el tiempo transcurrido. El DNU 70 de 2023 de Javier Milei fijaba un tope para el cálculo de interés: el 3% más el Índice de Precios al Consumidor. Pero ese DNU en el capítulo laboral fue declarado inconstitucional. Hoy, la mayoría de las salas de la Cámara falla con ese índice.

Tras el fallo en el caso Levinas, la Corte estableció que todos los juicios de la Justicia nacional (comerciales, penales, civiles, laborales) deben ser apelados ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad y, eventualmente, luego en la Corte nacional.

La “Corte porteña” aún no falló en ninguno de estos casos, pero se prepara para hacerlo.