POLITICA
Qué pronostica para la Provincia el encuestador que mejor anticipó el triunfo de Adorni en CABA
En la pelea estadística que enfrenta a más de una docena de consultoras ante cada elección, Jorge Giacobbe quedó como el ganador de las legislativas porteñas. Como adelantó Clarín este mismo domingo, fue el analista que mejor anticipó el triunfo del libertario Manuel Adorni sobre el radical K Leandro Santoro y la macrista Silvia Lospennato.
Giacobbe, conocido por su presencia en los medios y su perfil anti K, difundió un estudio sobre el filo de la veda que pronosticó con mucha precisión el resultado de los tres principales candidatos: le adjudicaba 31,8% a Adorni (sacó 30,1%), 30,7% a Santoro (quedó en 27,3%) y 15,7% a Lospennato (sumó 15,9%).
Por este acierto es que toma relevancia un estudio que había difundido el propio Giacobbe unos días antes y que vale la pena repasar. Se trata de una encuesta con un tramo nacional y otro bonaerense. Este último es el más atractivo, por la pregunta que cruza ahora a la política: ¿La Libertad Avanza puede ganarle al kirchnerismo en tierra bonaerense?
El trabajo de Giacobbe, basado en un relevamiento provincial de 1.500 casos, a fines de abril, con +/- 2,5% de margen de error, dice que sí.
Ante el planteo «en las próximas elecciones 2025, ¿a qué partido político te gustaría votar?», La Libertad Avanza lidera con 39,8%. Segundo queda el Kirchnerismo/Peronismo con 35,2%.
Luego vienen dos eventuales aliados: el Peronismo no K (¿irán separados tras la derrota de Santoro?) con 5,9% y el PRO (¿se lo comerá LLA tras el triunfo de Adorni?) con 5,7%. Debajo completan: Frente de Izquierda 4,3%, UCR 1,8%, Ninguno 1,7% y Ns/Nc 5,5%.
La encuesta no especifica si pregunta para la elección bonaerense del 7 de septiembre o para el comicio nacional que se hará en la Provincia (como en el resto de los distritos) el 26 de octubre.
El informe de Provincia de Giacobbe tiene otros tres cuadros. Un ranking de imágenes, más dos preguntas sobre la gestión del gobernador Axel Kicillof. Se destacan estos datos:
1) El diputado libertario José Luis Espert lidera en imagen positiva con 37,6 puntos. Lo siguen el intendente (ahora también libertario) Diego Valenzuela con 32,2% y el diputado (por el momento) macrista Cristian Ritondo con 28,7%. Valenzuela es el único que contrapone menos negativa (24,9%), aunque aún tiene alto nivel de desconocimiento.
2) Se forma una grieta sobre si las políticas de Kicillof favorecen o no a las Pymes: un 39,6% dice que sí y un 40,7% responde que no.
3) Por último, se consulta sobre la gestión del gobernador para mejorar la infraestructura y favorecer la inversión: el 52,7% califica de «mala» la administración en ese sentido.
La parte inicial del informe de Giacobbe (que trabajó cerca de Patricia Bullrich en campaña) trae los resultados a nivel nacional, en este caso basado en un relevamiento con 2.500 entrevistas, también a fines de abril.
Hay una pregunta cuyas respuestas calzan perfecto en el plan electoral del mileísmo. El consultor interroga sobre cuál es la fuerza política más capacitada para frenar al kirchnerismo. Y los resultados a nivel país dejan mucho mejor parado a La Libertad Avanza que al PRO: 47% contra 7,7%.
Otros números destacados de la encuesta nacional:
1) Javier Milei tiene diferencial positivo de imagen: 48,5% a favor y 43,1% en contra.
2) Mauricio Macri queda debajo de Cristina Kirchner: + 28,1% y – 58,3% vs. + 24,1% y – 53,2%.
3) Casi el 50% es optimista respecto a que la inflación va a bajar al 2% o menos mensual.
Elecciones 2025,Encuestas,Manuel Adorni
POLITICA
El Gobierno acató un fallo judicial y reactivó las pensiones por invalidez suspendidas en todo el país
El Gobierno nacional reactivó las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas en distintas provincias, luego de un fallo judicial que obligó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a restablecer el beneficio a todos los titulares afectados.
La decisión fue formalizada este miércoles a través de la Resolución 13.653, publicada en el Boletín Oficial, en la que el organismo confirmó que cumplirá con la medida cautelar dictada por el Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca, en el marco de la causa “Defensor del Pueblo y otro c/ANDIS s/Acción de Amparo Ley 16.986 c/Cautelar”.
El texto oficial dispone: “Restablécese las suspensiones de los beneficios de las personas identificadas en el Anexo I (…) y reanúdese los pagos correspondientes a partir del período mensual en que fueran dispuestas las suspensiones”.
La resolución instruye, además, a notificar a los beneficiarios y a la ANSES para que se reactiven los pagos y se regularicen los haberes retenidos durante los meses que duró la suspensión.
El fallo del tribunal federal catamarqueño reconoce el carácter colectivo del reclamo, al considerar que las suspensiones afectaron a miles de beneficiarios en todo el país. Por ese motivo, ordenó restituir las pensiones y frenar cualquier tipo de auditoría o revisión hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo del caso.
Según la decisión judicial, el objetivo es garantizar la protección de los derechos sociales de las personas con discapacidad y evitar que se interrumpa el cobro de un ingreso que resulta vital para su subsistencia.
El trasfondo del conflicto
En los últimos meses, diferentes organizaciones de personas con discapacidad y defensores del pueblo habían denunciado suspensiones masivas de pensiones sin previo aviso ni evaluación técnica adecuada.
La resolución también busca evitar que se repitan prácticas administrativas que vulneren los derechos reconocidos por la Ley 22.431 y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional.
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POLITICA
La UBA irá a la Justicia para que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario
La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional para exigir el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, sancionada por el Congreso y promulgada por decreto, pero con su aplicación suspendida hasta que el Poder Legislativo defina las fuentes de financiamiento.
El Consejo Superior de la institución adoptó la decisión por unanimidad durante su sesión del 22 de octubre de 2025. En su resolución, la UBA sostuvo que “este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.
El texto aprobado agrega que la medida del Ejecutivo “implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley”.
La resolución, registrada bajo el expediente EX-2025-04995445-UBA-DME#REC, instruyó al rector a iniciar las acciones judiciales pertinentes “a fin de exigir la inmediata implementación efectiva de la Ley 27.795”. También dispuso que se comunique la medida a todas las unidades académicas, colegios secundarios, hospitales universitarios e institutos dependientes de la universidad.
El Consejo Superior fundamentó la decisión en la situación económica que atraviesa el sistema universitario nacional. En los considerandos se expresó que “esta Universidad ha manifestado reiteradamente su profunda preocupación ante la grave situación presupuestaria que afecta a las Universidades Nacionales y ante el menoscabo salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes”.
Asimismo, recordó que la UBA “ha declarado la emergencia tanto en materia salarial como presupuestaria” y que la norma aprobada por el Congreso “tiene por objeto garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina y la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes”.
En otro tramo del documento, el cuerpo colegiado enfatizó que “la Ley da respuesta a la situación crítica tanto de funcionamiento de las universidades nacionales, como salarial de sus trabajadores y trabajadoras, y por tanto su no aplicación arbitraria solo sigue profundizando esta crisis”.
El texto señala también que “la no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”.
Por último, el Consejo remarcó que resulta “imprescindible que de manera inmediata el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con la efectiva ejecución de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del salario, asignándose en forma urgente los recursos presupuestarios necesarios, en cumplimiento con las obligaciones constitucionales y legales vigentes”.
El máximo órgano de gobierno de la UBA, que integran el rector, los decanos de las trece facultades y representantes de los claustros de profesores, graduados y estudiantes, consideró que el cumplimiento de la ley es esencial para garantizar la educación pública y la institucionalidad democrática en el país.
Este martes, el Gobierno promulgó la Ley N° 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, y la Ley N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud en la República Argentina por un año. Sin embargo, la aplicación de ambas quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional. Hace un mes ocurrió lo mismo con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Esta decisión fue oficializada en la madrugada de este martes, con la publicación de los decretos 759/2025 y 760/2025 en el Boletín Oficial. Así, el Poder Ejecutivo suspendió la aplicación de las legislaciones, debido al impacto fiscal que, consideran, traería a las cuentas del Estado.
marcha universitaria congreso
Las elecciones 2025 son este domingo 26 de octubre. Durante la jornada, los argentinos se deben acercar a las mesas electorales a emitir su voto. Para hacerlo, hay que entregar documentación válida que las autoridades presentes puedan utilizar para confirmar los datos personales y la identidad.
Tal como informa el Gobierno a través de su sitio oficial, los siguientes tipos de documentos, expedidos por el Estado nacional a lo largo de los años, son válidos para emitir el sufragio en las elecciones legislativas del 26 de octubre:
Desde la cartera confirman que los documentos que contienen la leyenda “No válido para votar” sí son válidos para sufragar, aunque estas tarjetas no informan de qué tipo de ejemplar de DNI se trata. También se recuerda a los electores que el documento a presentar en la mesa de votación debe ser el mismo que figura en el padrón o uno posterior.
Asimismo, desde la cartera oficial advirtieron que no se puede votar con un certificado de DNI en trámite, ni tampoco si el DNI está en el celular.
Para conocer el establecimiento, la mesa y el número de orden asignado para votar, los electores pueden consultar el padrón electoral online siguiendo estos pasos:
El padrón electoral se encuentra disponible a través de la plataforma oficial de la CNE.
El consultante deberá completar un formulario con su número de Documento Nacional de Identidad (DNI), su género y el distrito electoral al que pertenece.
Antes de enviar el formulario, el sistema solicitará la introducción de un código de validación captcha. Una vez completado, se debe hacer click en el botón “Consultar”.
Instantáneamente, el sistema proporcionará de manera precisa la dirección del establecimiento donde se debe votar, el número de mesa asignado y el número de orden dentro del padrón.
La Boleta Única de Papel (BUP) es un modelo de votación que reúne a todos los candidatos en una sola boleta. De esa forma, se garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación y se elimina la posibilidad de que falten boletas de algún partido.
El elector debe entregar su DNI para que se verifique su identidad y si puede votar. Una vez chequeado esto, el votante recibirá la boleta, firmada por la autoridad de mesa, y una lapicera.
En la cabina de votación, se debe marcar el casillero correspondiente al candidato o lista elegida. Es importante recordar que se debe realizar una sola marca por categoría.
Luego de marcar la preferencia, se dobla la boleta por la línea punteada y se deposita en la urna. Al finalizar, el elector debe firmar el padrón y recibirá la constancia de voto junto con su DNI.
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