A su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump se ha empeñado en modificar radicalmente el rumbo de la política estadounidense y deshacer el camino de su antecesor, el demócrata Joe Biden, cambios que también han dejado su rastro dorado en las paredes del Despacho Oval y cubierto con asfalto la Rosaleda de la icónica Jackie Kennedy.

En menos de seis meses desde su toma de posesión, la reconocible oficina presidencial parece otra, que recuerda cada día más a la pomposa residencia del republicano en Mar-a-Lago (Florida) y menos al sobrio centro de poder reflejado en fotografías de mandatarios anteriores.

Trump nunca ha escondido su fascinación con el oro. Su estilo grandilocuente es inmediatamente visible para quien visite el refugio floridano del neoyorquino, comparado con el Versalles de Luis XIV por su decoración recargada. A diferencia de su primer mandato (2017-2021), cuando instaló una nueva alfombra y reemplazó las cortinas rojas usadas por Barack Obama (2009-2017) por unas doradas que Biden conservó, Trump ha ido mucho más allá.

Desde su regreso en enero, ha doblado el número de cuadros en el Despacho Oval y agregado espejos con pesados marcos de color oro, además de añadir detalles dorados a las cornisas de la chimenea, las mesas y hasta las paredes. Mes a mes, los ornamentos parecen multiplicarse, y donde a primera vista parecía no existir más espacio para filigranas, surge un nuevo adorno.

La diferencia es notable si se comparan lado a lado fotografías de Trump y Biden en una reunión en la Casa Blanca en noviembre, y otras mas recientes del magnate con otros visitantes. La hiedra sueca que sirvió de fondo para importantes sucesos en el Oval desde hace más de medio siglo también desapareció del manto de la chimenea. En su lugar, Trump escogió lo que parecen ser trofeos dorados, a los que más recientemente incorporó un reloj, también color oro.

Otras adiciones notables: a la entrada del Despacho Oval colgó -en un marco dorado- la portada del diario New York Post con la foto policial tomada durante su fichaje en Georgia en agosto de 2023 por presuntamente intentar revertir los resultados electorales de 2020 en ese estado.

Los cambios no se limitan a la famosa oficina. En unas de sus redecoraciones más polémicas, Trump ordenó cubrir con asfalto el césped de la Rosaleda que rodea al Despacho Oval, diseñada en 1962 por la entonces primera dama Jacqueline Kennedy. La intención del mandatario es facilitar la celebración de eventos en el emblemático espacio de aproximadamente 40 por 20 metros, rodeado de parterres con rosas.

Bajo sus órdenes también se instalaron dos mástiles de 30 metros de altura para izar grandes banderas estadounidenses, financiados de su propio bolsillo. Además, ordenó talar una emblemática magnolia plantada durante el mandato del séptimo presidente, Andrew Jackson (1829-1837), alegando que el árbol estaba enfermo.

En una decisión que tomó por sorpresa al público, el presidente colgó un retrato suyo en la pared donde hasta hace poco estaba el retrato de la ex primera dama Hillary Clinton, como parte de la colección de pinturas de las esposas presidenciales. Trump ha adelantado que quiere construir un salón de baile en la Casa Blanca, a semejanza del que tiene en Mar-a-Lago, con un coste estimado de unos 200 millones de dólares.

Estas controversias no son nada nuevo, según el presidente de la Asociación Histórica de la Casa Blanca, Stewart McLaurin, quien recuerda en su ensayo “Una Casa Blanca en constante cambio” que el edificio ha sufrido grandes modificaciones desde su construcción en 1792. Las reformas ordenadas por los presidentes Thomas Jefferson (1801-1809) y Andrew Jackson, que añadieron las columnatas y el ahora icónico pórtico norte del edificio, fueron criticadas por su extravagancia y costo.

Irónicamente, el rediseño de Jackie Kennedy fue considerado elitista en su época. Las acusaciones también le llovieron a Richard Nixon (1969-1974), quien convirtió la piscina bajo techo de Franklin D. Roosevelt (1933-1945) en lo que es ahora la sala de prensa de la Casa Blanca.

A pesar de las críticas, “muchas de estas alteraciones se han vuelto parte integral de la identidad de la Casa Blanca”, a la que resulta difícil imaginar hoy sin estas evoluciones y adiciones”, concluye el experto McLaurin.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este domingo que su nuevo plan militar para ocupar por completo Gaza “es la mejor forma de terminar la guerra” contra Hamas.

En tanto, en Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de manera urgente para analizar el conflicto. Allí, el secretario general adjunto de la ONU, Miroslav Jenca, advirtió que el plan israelí “probablemente desencadenará otra calamidad”.

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En la reunión, el representante adjunto israelí, Jonathan Miller, dijo que el gobierno israelí “no planea ocupar Gaza permanentemente”.

Israel “no tiene planes o el deseo de ocupar permanentemente Gaza”, sostuvo Miller. El representante israelí recibió el respaldo de Estados Unidos, uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Benjamin Netanyahu enfrenta una fuerte presión

Después de 22 meses de guerra, Netanyahu enfrenta una fuerte presión en Israel por el destino de los 49 rehenes todavía en manos del movimiento islamista palestino.

También recibe presiones del extranjero para que termine con la guerra en la devastada Franja de Gaza, donde más de dos millones de palestinos están amenazados de una “hambruna generalizada” según la ONU.

“Hemos completado gran parte del trabajo. Tenemos entre el 70% y el 75% de Gaza bajo control militar israelí”, declaró durante una rueda de prensa en Jerusalén. “Pero nos quedan todavía dos bastiones: son Ciudad de Gaza y los campos” del centro de la Franja, agregó.

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Este plan “no tiene como objetivo ocupar Gaza, sino desmilitarizar Gaza”, repitió Netanyahu. “Esta es la mejor forma de terminar la guerra y la mejor forma de terminarla rápido”, indicó.

“En primer lugar, desarmar a Hamas. En segundo lugar, liberar a todos los rehenes. En tercer lugar, desmilitarizar Gaza. En cuarto lugar, Israel ejercerá un control de seguridad preponderante. En quinto lugar, una administración civil pacífica no israelí”, resumió.

Hamás reaccionó acusando a Netanyahu de “mentir”.

“Sigue mintiendo, engañando y tratando de inducir a error al público. Todo lo que dijo en la conferencia de prensa constituye una serie de mentiras. Es incapaz de enfrentarse a la verdad y, en cambio, se dedica a distorsionarla y ocultarla”, declaró Taher al-Nunu, asesor de medios del jefe de la oficina política de Hamas.

La ONU advirtió sobre una “nueva calamidad”

En tanto, un importante funcionario de la ONU advirtió que el plan de Israel para tomar el control de la ciudad de Gaza “probablemente desencadenará otra calamidad” con consecuencias más allá del territorio asediado.

“Si estos planes se implementan, probablemente desencadenarán otra calamidad en Gaza, con derivas en toda la región y más desplazamientos forzados, asesinatos y destrucción”, dijo Miroslav Jenca, secretario general adjunto de la ONU, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebra este domingo una reunión de urgencia para abordar el plan de Israel, criticado por numerosos países y considerado por el jefe de la organización, Antonio Guterres, como una “peligrosa escalada”.

El embajador de Eslovenia ante la ONU, Samuel Zbogar, hablando en nombre de los cinco miembros europeos del Consejo de Seguridad antes de la reunión, dijo que “esta decisión del gobierno israelí no hará nada para asegurar el regreso de los rehenes (en poder de la organización palestina Hamas, ndlr) y corre el riesgo de poner aún más en peligro sus vidas.”

“También agravará la ya catastrófica situación humanitaria en Gaza y corre el riesgo de causar más muertes y desplazamientos masivos de civiles palestinos”, añadió.

(Con información de EFE y AFP)

Un alto funcionario del organismo de control nuclear de la ONU viajará el lunes a Teherán para encauzar la crisis de acceso de la agencia, sin verificaciones in situ desde junio. Pero el régimen iraní adelantó que no habrá acceso a instalaciones. “Mañana se celebrarán negociaciones con el OIEA para determinar un marco de cooperación”, escribió el canciller Abbas Araghchi en Telegram.

“Un director general adjunto de Grossi vendrá a Teherán (…) no hay planes para visitar ningún sitio nuclear hasta que lleguemos a un marco”, agregó el canciller iraní.

El viaje llega tras un quiebre: desde los ataques israelíes de junio contra complejos nucleares iraníes, en el marco de una guerra de doce días, los inspectores del OIEA no han podido entrar a las plantas. El director del organismo, Rafael Grossi, dijo que restablecer las inspecciones es su prioridad, pero reconoció que, desde los bombardeos, no hubo verificaciones sobre el terreno.

Teherán culpa al OIEA de “allanar el camino” para esos ataques al divulgar un informe el 31 de mayo. Semanas después, la Junta de Gobernadores del organismo —integrada por 35 Estados miembros y reunida en la sede del OIEA en Viena— aprobó una resolución que declaró a Irán en incumplimiento de sus obligaciones de no proliferación nuclear. Este órgano, con representación rotativa y funciones ejecutivas, es el principal foro de decisión entre los plenarios anuales del OIEA. Grossi defendió el contenido del informe y negó que hubiera servido como cobertura diplomática para una acción militar.

El régimen de Irán defiende que su programa es pacífico, niega buscar armas y reafirma su apego al Tratado de No Proliferación (TNP). Sin embargo, el país ha acumulado uranio enriquecido al 60 %, un nivel extremadamente elevado para un Estado sin armas nucleares, lo que despierta sospechas. Según la OIEA, el stock estimado alcanzó alrededor de 408 kg, suficiente para varias cabezas nucleares si se refinara más. El director general, Rafael Grossi, advirtió que “solo países que están fabricando bombas llegan a ese nivel”, y manifestó que el organismo aún no sabe si ese material fue destruido o desplazado durante los ataques: “Puede que parte haya sido destruido como parte del bombardeo, pero otra parte podría haber sido trasladada. Habrá que aclararlo en algún momento”.

La nueva normativa iraní establece que cualquier inspección futura del OIEA requerirá la aprobación del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, un filtro político que dota al régimen de un veto efectivo sobre las visitas a sitios sensibles. El Parlamento aprobó el proyecto el 25 de junio y, tras la promulgación presidencial, entró en vigor la semana siguiente.

Para el OIEA, el acceso es más urgente que nunca: la agencia debe determinar cuánto queda del inventario de uranio enriquecido hasta el 60%, y recomponer cadenas de custodia que se rompieron en junio. Sin inspectores ni monitoreo continuo, las estimaciones se vuelven menos precisas y aumenta el riesgo de percepciones erróneas.

En ese contexto, el anuncio de Araghchi funciona como un tanteo. La misión del alto funcionario busca acordar un marco, pero el canciller ya fijó límites: “No hay planes para visitar ningún sitio nuclear hasta que lleguemos a un marco”. Sin claridad sobre qué incluiría ese entendimiento —reinstalación de cámaras, agendas de verificación o visitas acotadas—, el margen de actuación del OIEA continúa restringido.

Fuera de Irán, gobiernos como los de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido consideran que el cierre de acceso marca el mayor retroceso en la verificación nuclear de la última década. Washington calificó de “inaceptable” la suspensión de cooperación, mientras que Israel presiona a las potencias europeas para que activen el mecanismo de restablecimiento de sanciones previsto en el acuerdo nuclear de 2015. El retiro temporal de inspectores por razones de seguridad dejó al OIEA sin capacidad de observación directa, advirtieron funcionarios, recordando situaciones críticas vividas en crisis anteriores.

En paralelo, la diplomacia regional actúa con extrema cautela. Araghchi dijo recientemente que Irán está “abierto” a conversaciones con Estados Unidos, aunque descartó por ahora contactos directos y condicionó cualquier diálogo a los intereses de Teherán, una señal de que la puerta no está cerrada pero tampoco entreabierta.

El informe del 31 de mayo —en el centro de la disputa— se publicó dos semanas antes del estallido de la guerra de 12 días entre Israel e Irán. El 12 de junio, en vísperas del conflicto, la Junta de Gobernadores del OIEA declaró a Irán en incumplimiento de sus obligaciones de no proliferación, decisión que Teherán calificó de “parcial” y “políticamente motivada”. Al día siguiente, Israel lanzó una ofensiva contra instalaciones militares y nucleares iraníes, luego Estados Unido también se uniría a los bombardeos. Según cifras oficiales, los ataques dejaron más de mil muertos en Irán, entre ellos civiles y miembros de las fuerzas armadas. La respuesta iraní incluyó más de 500 misiles balísticos y un millar de drones contra territorio israelí, con un saldo de 28 muertos y miles de heridos.

El desenlace de la visita de este lunes será un termómetro. Si las partes acuerdan un marco que permita restituir pasos básicos —acceso a registros, inspecciones focalizadas y un calendario verificable—, la OIEA podría empezar a recomponer la confianza. Si fracasa, el mundo seguirá sin visibilidad sobre un programa que, sin inspecciones, resulta más difícil de medir y más fácil de malinterpretar, con todos los riesgos que ello entraña para la estabilidad regional.