Al Gobierno le quedan seis días hábiles para vetar las tres leyes que sancionó recientemente el Congreso: la que actualiza jubilaciones, la que declara la emergencia en discapacidad y la moratoria previsional. Mientras Javier Milei vocifera que “aquellos que no acompañen los vetos” serán “genocidas”, en la Casa Rosada comenzaron a hacer la matemática. Por ahora, solo asoman herramientas de negociación mínimas para evitar que el Congreso, con dos tercios de ambas cámaras, pueda insistir con las normas.

Sobre la mesa está la posibilidad de que el Poder Ejecutivo ofrezca una alternativa para paliar la situación en el área de discapacidad. También se evalúa habilitar un reparto -en un volumen a definir- de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para contener a algunos de los gobernadores “amigables” que vienen reclamando fondos.

No está claro si alcanzará. Cabe recordar que los 24 gobernadores impulsaron el proyecto que prevé el reparto del 50% de los ATN junto a una segunda iniciativa que busca coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos. Ambos proyectos tienen media sanción del Senado.

Además de mínimas concesiones en materia de fondos, La Libertad Avanza (LLA) tiene que definir su mapa de coaliciones electorales antes del 7 de agosto. Esa vía política también le permitiría sumar aliados con algún impacto en la ecuación parlamentaria.

En busca de aliados

Si se presupone que la oposición buscará insistir con las leyes este año, la única opción que tiene el Gobierno para defender los tres vetos es evitar que en Diputados se alcancen los dos tercios de los votos para imponer el criterio inicial. Al Senado ya lo dan por perdido.

En la Cámara baja, el proyecto de jubilaciones obtuvo 142 votos afirmativos, 67 votos negativos y 19 abstenciones, con 29 ausentes. El cálculo que hacen en LLA es que parten de 67 avales al veto (los que ya rechazaron el proyecto) y que necesitan un piso de 72 héroes para alcanzar el tercio “salvador”. Se trata, desde ya, del cálculo más optimista, ya que prevé que no se sumarán voluntades a la defensa de la ley, que es por demás sensible.

La ley que declara la emergencia en discapacidad, en tanto, tuvo 148 votos afirmativos, 71 negativos y 3 abstenciones, con 34 ausentes.

“Vamos a estar bien”, aseguraron en el Gobierno, pese a que todavía hay un rosario de negociaciones pendientes. La mira del oficialismo está puesta en garantizar el apoyo de “al menos 33 de los 35 diputados de Pro”, de todo el bloque MID, de los cinco radicales “peluca” y de un puñado de legisladores que responden a los gobernadores y que en la votaciones iniciales se ausentaron o se abstuvieron.

Según pudo reconstruir de fuentes oficiales, si bien Milei ratificó que va a vetar todo, la prioridad del Gobierno es sostener el veto a la ley previsional por su impacto fiscal: de acuerdo a las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), es del 0,49% del PBI para lo que resta del 2025 y un costo fiscal anualizado del 1,17% del PBI.

En el caso de la emergencia en discapacidad, en el oficialismo no descartan que el Gobierno ofrezca un paliativo a la ley que permita sumar voluntades en Diputados. Es parte de las conversaciones que Martín Menem viene manteniendo con el bloque Liga del Interior, de los cinco “radicales peluca”. Uno de ellos, el neuquino Pablo Cervi, dijo en las últimas horas en DiputadosTV: “En el caso de discapacidad estamos viendo la posibilidad de que se pueda hacer alguna revisión o algún gesto desde el Gobierno. Es un tema delicado”.

Respecto a la negociación con los gobernadores, altas fuentes del Poder Ejecutivo señalaron a que el Gobierno no admitirá la coparticipación del impuesto a los combustibles pero que “se podría buscar una diagonal” en el caso de los ATN. “Eso puede ser”, dijo un funcionario en las últimas horas.

Por ahora no hubo gestiones concretas. Al menos no con los mandatarios de Juntos por el Cambio, pese a que tres de ellos -Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco)- se aprestan a cerrar alianzas electorales con LLA. “Cero diálogo por este tema”, dijo uno de los mandatarios de ese grupo. “Ninguna propuesta aún”, ratificó uno de sus pares.

Si LLA logra sentar a sus 39 diputados para defender los vetos, necesita, de mínima, sumar a los tres legisladores del MID (dos se habían ausentado en la votación de jubilaciones) y a casi todos los diputados de Pro. Originalmente hubo nueve legisladores de ese bloque que se ausentaron y tres que se abstuvieron. “Eso lo va a trabajar Cristian Ritondo”, dicen en el oficialismo, donde esperan que la alianza electoral con los amarillos en la provincia de Buenos Aires comience a rendir sus frutos.

Además, el Gobierno necesita el apoyo de un puñado de diputados que obedezcan a los gobernadores. LLA, por caso, acaba de confirmar su alianza electoral con Cornejo. Los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri se abstuvieron en la ley de jubilaciones pero ahora podrían acompañar a Milei.

Aunque enfrentados en lo político, Karina Milei y Santiago Caputo se cuidan bien de no inmiscuirse en las parcelas del Estado que cada uno comanda. Por compartir junto al presidente Javier Milei el exclusivo “triángulo de hierro” del poder, ambos manejan cajas millonarias que, por lo demás, tuvieron suculentos aumentos presupuestarios en lo que va del año. Muy superiores, incluso, al del resto de la administración pública.

La hermana del presidente hizo de la Secretaría General de la Presidencia su bastión de poder. Con casi 800 empleados a su cargo, Karina Milei controla una caja de $72.463 millones; un presupuesto que, a fuerza de decretos de necesidad y urgencia (DNU), se incrementó un 46,3% durante el primer semestre del año según datos oficiales del Ministerio de Economía. Un porcentaje muy por encima de la inflación acumulada en el mismo lapso (15.1% según el Indec).

El asesor presidencial no le va a la zaga. Entre los varios resortes del poder que controla por medio de sus adláteres se destaca la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), dirigida por Sergio Neiffert. Con la gestión libertaria el presupuesto del organismo escaló más que ningún otro; sólo en los seis primeros meses del año creció un 67,6% y totaliza $80.872 millones.

Pero el rubro que tuvo un crecimiento verdaderamente exponencial fue el de los gastos reservados que manejan los espías: desde enero hasta la fecha aumentó un 254%, ya que según los datos oficiales que publica el Ministerio de Economía, en enero pasado los gastos reservados de la SIDE sumaban $3794 millones y hoy totalizan $13.436 millones.

De acuerdo con el último informe de ejecución presupuestaria que elaboró la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), tanto la SIDE como la Secretaría General de la Presidencia ocupan los primeros lugares en el ranking de subas presupuestarias en lo que va del año, detrás del Ministerio de Capital Humano. Muy por encima del incremento promedio que, al cierre del primer semestre, fue del 33,2%, según ASAP.

El poder del asesor

Aunque salió maltrecho en su disputa con Karina Milei por el armado de las listas de candidatos bonaerenses, Caputo no perdió –por ahora- un ápice del control que viene ejerciendo, por mandato del presidente Milei, sobre importantes áreas de la administración pública. Algunas de ellas por demás sensibles: además de la SIDE, el asesor presidencial asumió el manejo político de los ministerios de Salud y Justicia, del organismo recaudador (ARCA) y de la agencia de privatizaciones de las empresas públicas, donde el Gobierno deposita grandes expectativas como potencial proveedora de divisas a las exhaustas arcas del Tesoro.

Asimismo, Caputo extendió su influencia hasta el área de comunicación de YPF, que sorteó el cerrojo que impuso Milei a la pauta publicitaria. Allí colocó a un exsocio suyo, Guillermo Garat, quien, según un informe de la ONG Chequeado, distribuyó publicidad por $32.617 millones solo en el primer trimestre, lo que representa un incremento del 55,2% real respecto del mismo período de 2024. Así se desprende de los datos que publicó la empresa en sus estados financieros, única información disponible ante su negativa de responder a los sucesivos pedidos de informes que presentó la ONG y la oposición en el Congreso.

Por medio de Mario Lugones, el asesor presidencial ganó influencia en el Ministerio de Salud, el tercer presupuesto en volumen -$6,7 billones- detrás de los ministerios de Capital Humano y de Economía. Otro alfil suyo, Sebastián Amerio, controla el Ministerio de Justicia, más relevante por el nivel de interlocución que tiene en los ámbitos tribunalicios que por la caja que maneja ($206,4 millones).

Caputo también colonizó el área de las empresas públicas; allí apadrina a Diego Chaher, a quien no solo se le encomendó la tarea de privatizarlas sino que, además, realiza un seguimiento de sus planes de acción y de sus partidas presupuestarias; según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), este año las empresas estatales tienen asignadas transferencias del Tesoro por un total de $4,2 billones.

El asesor también clavó bandera en dos reductos claves. Uno de ellos es nada menos que el organismo recaudador, ARCA, donde colocó a un hombre de su confianza, Andrés Vázquez, quien maneja un presupuesto anual de al menos $3 billones, una caja que se nutre de un porcentaje de la recaudación neta total de los gravámenes y de los recursos aduaneros.

Menos visible en el radar de la administración pública, la empresa Educ.ar cobró reciente notoriedad por la contratación directa para la renovación de licencias de tecnología por más de US$60 millones, proceso en el que participó una firma del empresario trumpista Leonardo Scatturice. Convertida en una sociedad del Estado liberada de los controles de la SIGEN, esta firma es comandada por Gastón Martín, quien maneja una caja de $90.824 millones: el doble el año pasado.