POLITICA
El juez que ordenó la detención de Bailaque y un financista denunció que un policía lo intentó sobornar
El viernes 16 de mayo pasado estaba previsto que se realizara una audiencia clave para el financista Fernando Whpei, que actualmente está preso en un destacamento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desde el miércoles pasado, cuando un grupo de fiscales desgranó una serie de acusaciones contra uno de los titulares del Grupo Unión, entre ellas, que extorsionó con el juez federal Marcelo Bailaque y el extitular de la AFIP Carlos Vaudagna a un empresario que le pagó a Whpei en las oficinas del Museo de la Democracia 140.000 de 200.000 dólares a cambio de que Bailaque cerrara esa causa inventada.
El juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz presidió una audiencia en la que la defensa de Whpei iba a fundamentar que el financiste deje el calabozo en el aeropuerto de Rosario, donde llamativamente quedan recluidos imputados del mundo financiero, con buen pasar económico. Otro de los que pasó por ese lugar de reclusión fue Gustavo Shanahan, extitular del puerto de Rosario. Whpei alega que debe estar preso en su extraña casa de calle Santiago, en Rosario, -que los vecinos definen como una fortaleza- porque su hija padece una discapacidad y su esposa no está en condiciones de salud para atenderla. El juez pidió una serie de informes para evaluar esta situación y definir dónde esperará el juicio Whpei.
Antes de esta audiencia, que para Whpei era clave porque se decidirá si seguirá preso en un calabozo o detenido en su domicilio, el juez Rodrígues Da Cruz denunció que vivió una extraña situación cuando entraba a los tribunales federales con un cabo de la Policía Federal Argentina, que luego de esta presentación el viernes en la Oficina de Gestión Judicial fue pasado a disponibilidad por el Ministerio de Seguridad Nacional.
El magistrado, que también dictó la prisión preventiva para el juez Bailaque el 30 de abril pasado, describió en un escrito esta llamativa situación, que puede interpretarse como un intento de soborno por parte de este agente de la PFA. “Concretamente, siendo las 9 horas y en momentos en que procedía a ingresar al tribunal donde cumplo funciones, el cabo 1° L.M., se me acercó y manifestó lo siguiente: “Doctor, perdón lo moleste, pero no quería dejarlo afuera”, a lo cual le respondí que “no entendía lo qué me estaba diciendo”, y ante ello el citado agregó “que el otro día me quedé hasta tarde en la audiencia del empresario y como me quedé hasta tarde el abogado del empresario me dejó dinero”.
Rodríguez Da Cruz le indicó a L.M. –de acuerdo a la presentación- que “no entendía qué me estaba manifestando y que lo sucedido no correspondía de ninguna manera”. Según el escrito, el magistrado reveló que el agente policial le respondió: “que esto era de estilo y que le me quería contar para no dejarme afuera”.
Finalmente, el juez le reiteró que “no me parecía apropiado lo que había sucedido”; le explicó que “no me tenía que dejar adentro o afuera de nada porque no compartía en absoluto lo que pasó”.
Lo que se interpretó en la justicia federal es que el suboficial de la Policía Federal intentó iniciar este diálogo con el juez con alguna intención espuria. La sospecha es que esta conversación podría perjudicar al magistrado si se estaba filmando esta extraña charla, en momentos en que este juez preside las audiencias en las que se trata esta causa en la que se reveló una madeja de corrupción de alto nivel en el Poder Judicial, en ARCA, con un financista como Whpei, que no sólo tenía un fuerte poder económico, sino también influencias políticas, tanto a nivel local como nacional.
En las próximas semanas el Consejo de la Magistratura avanzará en la destitución de Bailaque, cuya investigación en ese cuerpo se reactivó después de que Rodrígues Da Cruz dictó el 30 de abril pasado la prisión preventiva contra el magistrado, luego de ser imputado por tramar una extorsión contra el empresario Claudio Iglesias. Esa maniobra se gestó en 2019, según la acusación de los fiscales, en una comida en el quincho de Bailaque en la que participaron el extitular de la AFIP Carlos Vaudagna y Whpei.
En marzo pasado, el exjefe de ARCA Rosario se presentó como arrepentido y admitió que en esa cena le dijeron que le iba a llegar una denuncia anónima contra Iglesias, que era falsa, y que él debía llevar, cuando Bailaque estuviera de turno, al juzgado federal. El magistrado no delegó el caso en la Fiscalía Federal, como acostumbraba hacer con todos los expedientes, y ordenó allanamientos contra Iglesias. A la par, Whpei le pidió al empresario extorsionado el pago de 200.000 dólares para que la causa no avanzara. Iglesias pagó una parte de ese monto, en dos reuniones que mantuvo con el financista en sus oficinas en el Museo de la Democracia, en pleno centro de Rosario.
Esta no fue la única maniobra que compartieron Bailaque y su “amigo” Whpei. Esta trama tiene que ver con el manejo de los fondos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín, que tras la caída de Herme Juárez, alias Vino Caliente, a quien lo habían procesado por lavado de dinero, fue intervenida.
Los miembros de la cooperativa, por fuera de Vino Caliente, pretendían que se normalizara la compleja situación legal, luego de dos intervenciones. En mayo de 2021 trabajadores de la cooperativa denunciaron ante la Cámara Federal de Rosario que la intervención, a cargo de Rubén Pasqualino primero y Daniel Sorrequieta después, había transferido 10.000.000 de pesos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, una financiera que pertenecía al Grupo Unión, que está controlada por los hermanos Fernando y Guillermo Wphei.
En la recusación, los miembros de la cooperativa de estibadores señalaron que tuvieron una conversación con Fernando Whpei en el Museo de la Democracia en la que les dijo que era amigo del juez Bailaque y que ofrecía tomar el dinero de la cooperativa porque reportaría mejor interés. El dinero había sido transferido al Grupo Unión y al Banco Coinag.
“Fernando Whpei les informó que tenía muy buena relación con el juez Bailaque, jactándose de una estrecha amistad y confianza de muchos años, que habría ofrecido ayudarlos con la normalización de la cooperativa a raíz de su relación con el magistrado y que les iba a facilitar el proceso de regularización de la entidad. Sostuvieron que para lograr ese objetivo Whpei les manifestó que uno de sus abogados sería designado interventor de la cooperativa”, señala la recusación presentada por los estibadores.
Bailaque rechazó en ese momento la recusación al argumentar que la inversión, es decir el manejo de los fondos por parte de la mutual a cargo de Whpei, decidida por la intervención de la cooperativa, había sido buena y que los fondos estaban protegidos. Pagaban una tasa de interés más alta que los bancos.
La camarista federal Elida Vidal mantuvo el caso en manos de Bailaque, aunque después un fallo de la Cámara Nacional de Casación ordenó, con argumentos lapidarios de Angela Ledesma, revisar el caso. Lo tomó el camarista Fernando Barbará, que consultó a Bailaque si era como decían los estibadores denunciantes amigo personal de Fernando Whpei. El magistrado respondió: “Nunca negué que somos amigos”.
El fiscal Federico Reynares Solari acusó a Bailaque que no expuso su relación con el financista Fernando Whpei cuando era relevante que lo hiciera: en el momento en que los gremialistas denunciaban que precisamente por ese vínculo no podía ser el juez que dispusiera los destinos de fondos millonarios de la cooperativa portuaria. Lo que aparece como trasfondo es que los financistas guionaron la causa para beneficiarse. Y que en esa trama fue clave la relación de “amistad” que tenían con el magistrado.
Whpei ya fue investigado en otras causas de lavado de dinero, y que –según se comprobó- una de las mutuales de ese conglomerado, llamada Siempre Joven, giró fondos millonarios a la firma Los Sauces SA, que administraba los bienes de la familia Kirchner.
Con base en Rosario, Whpei tuvo un despegue económico descomunal en las últimas dos décadas, a partir de obtener otorgar créditos con las mutuales a empleados públicos de 16 provincias, a través de códigos de descuento. Es decir, los préstamos a suma fija se descontaban de los salarios de los empleados estatales. Se sospecha que Whpei financió varias campañas políticas en Santa Fe, de un arco ideológico transversal, con respaldos económicos a La Cámpora y a sectores de Juntos por el Cambio.
POLITICA
Causa por la evasión de $19.000 millones: la Justicia rechazó el pedido que hizo «Chiqui» Tapia para suspender su indagatoria
La Justicia rechazó el pedido del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y ratificó el llamado a indagatoria en medio de la investigación por presunta evasión de más de $19.000 millones.
El planteo fue presentado por los abogados de Tapia, que argumentaron ante la Cámara que no existió delito y que la deuda ya fue cancelada. Pese a esos fundamentos, este martes, el juez Diego Amarante mantuvo la convocatoria para que el dirigente declare como imputado.
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La causa se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo acusó a Tapia y a otros dirigentes de la AFA, entre ellos el tesorero Pablo Toviggino, por la supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de $19.353 millones.
El cronograma judicial establece que Tapia debe presentarse el jueves 5 de marzo, mientras que la indagatoria de Toviggino, prevista para el día siguiente, fue postergada.
La resolución del juez incluyó también la prohibición de salida del país para los imputados. Sin embargo, días atrás, Tapia solicitó autorización para viajar al exterior por tres días para asistir a un partido de la Conmebol en Brasil y a un evento de la Federación Colombiana de Fútbol.
Amarante habilitó el viaje, pero fijó una caución real de 5 millones de pesos como garantía para suspender temporalmente la restricción.
Cómo se originó la causa y qué pruebas analiza la Justicia
ARCA detectó retenciones impositivas y aportes a la seguridad social que no habrían sido depositados dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento. Los períodos bajo análisis van de marzo de 2024 a septiembre de 2025 e incluyen retenciones de IVA, Ganancias y contribuciones previsionales.
Según la denuncia inicial, el monto no ingresado era de $7.593.903.512,23, pero luego se sumaron otros $11.759.643.331,62, llevando el total investigado a más de $19.300 millones.
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ARCA sostuvo que las maniobras encuadran en el delito de omisión por parte de un agente de retención. “Los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos”, argumentó el organismo.
Desde el punto de vista penal, la figura prevé penas de dos a seis años de prisión para el agente de retención que no deposite, total o parcialmente, dentro de los 30 días corridos del vencimiento, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado supere los $100.000 por mes.
Qué pruebas complican a Tapia y la AFA
Para fundamentar el llamado a indagatoria, el juez Amarante valoró un informe técnico que detalla el movimiento de fondos de la AFA. Según ese documento, en diciembre de 2024 la entidad registró acreditaciones por más de $45.072 millones y durante 2025 los ingresos superaron los $453.449 millones. Además, en ambos años se constituyeron varios plazos fijos en pesos y dólares.
Entre las pruebas incorporadas figuran informes bancarios que muestran acreditaciones en cuentas de la AFA y la constitución de depósitos a plazo por sumas significativas.
Otro elemento clave fue la declaración de la contadora Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control de la entidad. Bouvet explicó que las tres autoridades principales son el Presidente, el Secretario y el Tesorero, quienes firman los estados contables.
También detalló que su área confecciona la declaración jurada a través del sistema SIRE y que, una vez realizada, informa por mail el vencimiento del pago. “Todos los vencimientos son informados vía mail y después le mando un cuadro con la deuda acumulada, cuando lo solicita o como recordatorio, y él me transmite la instrucción de pagar”, declaró.
La defensa de Tapia sostiene que no hubo delito y que la deuda fue cancelada, por lo que pidió la nulidad del llamado a indagatoria. Sin embargo, el juez Amarante rechazó el planteo y ratificó la citación.
Chiqui Tapia, AFA
El juez en lo Penal Económico Diego Amarante rechazó un intento del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, para suspender su indagatoria de este jueves y la del resto de los dirigentes investigados en la causa que revisa las deudas de la entidad con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Así, Tapia deberá presentarse este jueves en el expediente en el que se investiga una presunta evasión.
“Por recibida la presentación efectuada en el día de la fecha porla defensa técnica de la Asociación del Fútbol Argentino y de los señores Claudio Fabián Tapia, Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Roberto Lorenzo, por la cual solicita que se dejen sin efecto las audiencias indagatorias fijadas respecto de sus asistidos hasta tanto se concluya con la sustanciación y se resuelva el planteo de nulidad absoluta en el marco del incidente N° CPE 1182/2025/6, agréguese y a lo solicitado, por improcedente, no ha lugar“, dice la resolución.
Noticia en desarrollo
Diego Amarante,Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
El Gobierno desmiente a Victoria Villarruel, redobla las críticas y le reclama alineamiento político
La tensión abierta entre el presidente Javier Milei y la vice Victoria Villarruel escaló en las últimas horas, cuando la titular del Senado reveló a través de un mensaje de X que el Gobierno quiere su renuncia, pero que no dará el brazo a torcer. A horas de la publicación, en Casa Rosada desmienten la posibilidad, pero redoblan las críticas al sostener que Villarruel “no hace bien” su trabajo.
“Lo único que queremos es que haga su trabajo. Empujar y defender la agenda del Gobierno en el Senado. Para eso la votaron y no lo hace”, sentenció una importante voz con acceso al despacho presidencial a Infobae. Es que, pese a no considerarla parte del Gobierno, en Balcarce 50 descartan promover una salida anticipada de quien supo ser la exitosa compañera de fórmula del libertario.
Luego de varios meses de sufrir la marginación del Poder Ejecutivo, Villarruel, quien vio como el propio Milei le acusaba en vivo de querer atentar contra su presidencia, en medio del discurso que pronunció en el Congreso Nacional el pasado domingo para inaugurar formalmente el año legislativo, decidió responder los dardos que, en esa oportunidad, propició el diputado Luis Petri. “Cuando el Presidente habla de aquellos que desde la oposición o el Gobierno se relamían por sentarse en el sillón de Rivadavia, hacía alusión a una Vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias”, aclaró el exfuncionario en declaraciones televisivas.
Inmediatamente, pero a través de las redes sociales, la titular del Senado recogió el guante y se hizo eco de los cuestionamientos. “Quieren mi renuncia, pero no se les va a dar. Hasta el 10 de diciembre ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta, vota lo que quiere en el próximo turno”, sentenció junto a una serie de críticas contra el radical que lideró el Ministerio de Defensa, uno de los cargos que le habían prometido a ella antes del 10 de diciembre de 2023.
El día después del tenso cruce, un integrante de la mesa política tomó distancia de los dichos de Petri, pero admitió que las diferencias con Villarruel son irreconciliables, al tiempo que remarcó que no hay intenciones de correrla de su rol antes del 2027. “No tiene la más mínima gota de dignidad. ¿Si me gustaría tener un Vice alineado, que defienda las políticas del Presidente en Senado? Sí, claro. Ahora, ¿eso se traduce en que vamos a promover la renuncia? Por supuesto que no”, enfatizaron ante Infobae.
Lo cierto es que en el corazón de la administración libertaria aseguran que el eje del conflicto surgió en diciembre de 2023, cuando Villarruel “repartió” cargos en las carteras que el mandatario le había prometido con otras fuerzas. Por esta razón, y a raíz de la constante intención de la Vicepresidenta de desmarcarse de la política del Gobierno es que analizan nuevas opciones para acompañar a Milei en su aventura reeleccionista.
“Necesitamos un perfil puro. Alguien que garantice la continuidad del modelo”, se sinceró un alfil que está en tema. Con mucho tiempo para la definición, cobra fuerza el nombre del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que responde directamente a Javier y Karina Milei, y en segunda instancia el de la titular de bloque libertario en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich, aunque hay quienes la resisten.
En el mientras tanto, sobran los embates de la administración libertaria contra la titular del Senado, a la que acusan de levantar el perfil y profundizar sus críticas porque “quiere fama”. “Está bien. Es peronista, con ansias de poder y antiliberal”, la definieron el día después de que la abogada se mostrara junto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, uno de los principales opositores de la Casa Rosada.
La respuesta del entorno de Villarruel se repite frente a todas las acusaciones que le machacan en Balcarce 50: “Es la más institucionalista de todas”. Bajo esa expresión intentan justificar la foto con el mandatario provincial riojano, que se acumula a otras tantas con representantes de las provincias, y su desempeño en la Cámara de Senadores.
“El Vice es parte del binomio electo para gobernar el país. Por eso no tiene capacidad para evitar una sesión de mayoría. Vulneraría el principio de división”, supo explicar la propia Victoria a Bullrich, luego de que la acusara de ser funcional al kirchnerismo por habilitar la sesión en el Senado de proyectos vinculados a jubilaciones y discapacidad en julio de 2025.
De esta forma, en la Cámara Alta diferencia la figura de la Vicepresidenta del titular de Diputados, lugar que ocupa actualmente Martín Menem, quien integra la bancada y sostienen que el mote de “golpista” que acuñó públicamente Petri debe estar sustentado por pruebas. “Victoria es intachable. Es algo que podría terminar en la justicia”, deslizaron.
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