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ECONOMIA

La mayor distribuidora de gas de Argentina, va por todo: quiere renovar su concesión hasta 2037

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Metrogas, la distribuidora de gas natural más grande de Argentina, solicitó hoy en Audiencia Pública la prórroga de su licencia de concesión por 20 años adicionales, un paso clave para asegurar la previsibilidad y rentabilidad de su negocio de cara a una potencial venta. La empresa, que atiende a 2,4 millones de clientes en el Área Metropolitana de Buenos Aires, busca extender su actual concesión, que vence el 28 de diciembre de 2027, tras 35 años de operación desde la privatización de Gas del Estado.

El pedido fue motivo de la Audiencia Pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) en la que también presentaron la solicitud de prórroga las distribuidoras Camuzzi Gas Pampeana y Litoral Gas, un derecho que está previsto en los pliegos de concesión y que las empresas buscan asegurar ante un escenario tarifario más alentador que les permita cubrir los costos, cumplir la prestación de servicios y los planes de obra, pero también recuperar su rentabilidad.

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Como parte de la revisión de lo actuado al frente de la concesión del servicio de gas natural, Metrogas aseguró haber invertido unos u$s1.155 millones al 31 de diciembre de 2024, en los 32 años de vigencia del contrato, de los cuales 20 fueron bajo congelamiento tarifario, y a pesar de lo que calificó los «sucesivos incumplimientos del Estado nacional de los contratos de concesión».

Metrogas es la empresa encargada de distribuir el gas por redes a hogares, industrias y comercios en la Ciudad de Buenos Aires, y una decena de partidos de la zona centro y sur del conurbano bonaerense, en un área de 2.150 kilómetros cuadrados en la zona más densamente poblada del país. Allí presta servicio a un 27% de los habitantes de la Argentina, más de 69.000 comercios, 6.000 industrias, 319 estaciones de GNC y 5 de las mayores centrales termoeléctricas.

YPF es el accionista mayoritario de Metrogas, con una participación del 70% a través de Gas Argentina S.A.; mientras que Integra Gas Distribution LLC es una empresa norteamericana que posee el 9,23% de las acciones, la Administración Nacional de la Seguridad Social controla otro 8,23% y el 12,6% cotiza en bolsa.

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La rendición de cuentas de Metrogas para renovar la concesión

Esta situación se enmarca en un contexto donde otras empresas de servicios públicos privatizadas en los años 90 también están solicitando la renovación de sus licencias. Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN) ya pidieron la extensión de sus licencias de transporte por 20 años, y el Enargas y el Poder Ejecutivo aún no se han pronunciado al respecto tras la audiencia pública de octubre de 2024.

Desde la privatización en 1993 hasta 2001 la empresa aseguró haber invertido u$s500 millones, además de hacerse cargo de las deudas de la liquidada Gas del Estado por otros u$s110 millones, a pesar de lo cual logró ampliar la red de distribución en casi 4.500 kilómetros, hasta la afectación de la crisis de 2001 y las medidas de emergencia económica redujeron sus inversiones al mínimo.

La emergencia conllevó la renegociación de los contratos, el congelamiento de las tarifas de distribución que se extendió por 15 años y la pesificación asimétrica distorsionando la ecuación económico-financiera del contrato de licencia, y derivó en el proceso concursal de la compañía para evitar su quiebra. Recién en 2016 pudo volver a invertir con la implementación del fondo de consolidación y expansión de la red, pero manteniendo los resultados negativos.

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La revisión tarifaria de 2017 dio lugar a un nuevo plan de inversiones que cumplió durante los primeros 3 años invirtiendo el equivalente a u$s189 millones, a lo que devino un nuevo congelamiento de la tarifa de distribución y el abandono de los ajustes semestrales oportunamente acordados con ajustes paliativos de sus dificultades financieras.

Entre febrero de 2018, la distribuidora argumentó que la tarifa de distribución se incrementó en un 516%, mientras que el tipo de cambio escaló un 3932%, los costos de la construcción un 3672%, el Índice de precios mayoristas un 2834%, y el costo laboral un 2306%.

La promesa de inversiones en una nueva etapa

La distribuidora viene de invertir en el período 2020-2023 unos u$s127 millones, y recién con el incremento transitorio de 2024 Metrogas volvió a tener márgenes positivos, luego de sucesivos reclamos compensatorios de la empresa que a noviembre de 2024 ascendían a $1,27 billones, a lo que no distribuyó dividendos los últimos 23 años.

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Desde el comienzo del contrato la empresa asegura haber incorporado más de 760.000 nuevos usuarios para lo cual incrementó en un 66% la extensión de sus redes para alcanzar los 18.507 kilómetros de cañerías para abastecer a los más de 2,4 millones de clientes.

Para el próximo quinquenio que comienza este año, la empresa comprometió inversiones por más de 170 millones que se destinarán a obras de renovación de redes de baja y media presión, de renovación y remediación de ramales de alta presión, la sustitución con equipos nuevos de medidores residenciales y el reemplazo y adquisición de medidores industriales, incorporación de tecnología informática, equipos para la red y la flota vehicular, entre otros objetivos al 2030.

Desde diciembre de 2023, Metrogas comenzó a implementar una estrategia de mejora de sus costos y sus ingresos que, a la vez, fue favorecida por los aumentos tarifarios otorgados por el gobierno nacional y ahora ratificados en la Revisión Quinquenal Tarifaria vigente desde este mes. El plan de inversiones consiste en un ordenamiento financiero y de reducción de costos y de pasivos, además de mejorar su perfil corporativo ante los inversores internacionales.

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ECONOMIA

Un contrato con la Fuerza Aérea le da aire a la fábrica de aviones estatal

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El presente de FADEA, la fábrica de aviones de Córdoba, no deja de ganar en vaivenes y, a la par del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que el Ministerio de Defensa tramitó ante el Ministerio de Trabajo cordobés y el cronograma de suspensiones de personal que comenzó a diagramar esa cartera, en la última semana surgió un contrato que le acercó un nuevo aire a la firma estatal. En concreto, FADEA selló un acuerdo con la Fuerza Aérea para promover la fabricación de aviones de entrenamiento militar Pampa III y, en simultáneo, avanzar con el mantenimiento de los aviones de transporte Lockheed C-130 Hércules. El pacto en cuestión involucra fondos por hasta u$s112 millones, y la empresa estatal se haría con un adelanto del 30% para adquirir insumos y repuestos.

El acuerdo firmado con la Fuerza Aérea incluye desde la producción de tres nuevos IA-63 Pampa III hasta la modernización de otras tres aeronaves ya operativas. Al mismo tiempo, la estatal se compromete a completar el mantenimiento de tres Hércules a más tardar para la primera mitad de diciembre, con vistas a la próxima campaña antártica.

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Contrato con la Fuerza Aérea: restan cumplir pasos administrativos

Igualmente, en torno a FADEA predomina la impaciencia dado que, para que se haga efectivo el acuerdo, deben completarse los pasos de aprobación final de la Jefatura de Gabinete que encabeza Guillermo Francos. Sólo recién de esa última escala se generaría la decisión administrativa que habilitará el primer pago.

De oficializarse en el corto plazo, el acuerdo con la Fuerza Aérea podría poner en suspenso el plan de suspensiones que Defensa ya tenía previsto para la fábrica de aviones de Córdoba.

La semana pasada, la dependencia que lidera Luis Petri comenzó a negociar con los gremios dentro de FADEA la posibilidad de cumplir con la mitad de los montos de cada salario con la condición de no llevar adelante despidos. Igualmente, desde el oficialismo dieron a entender que la continuidad de la fábrica de aviones tal como está se encuentra atada a la posibilidad del ingreso de «socios inversores» o, en todo caso, la venta total de la firma a corporaciones privadas.

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En cuanto al posicionamiento de los sindicatos, según pudo saber iProfesional de fuentes ligadas a la fábrica de aviones, tanto la Asociación Personal Aeronáutico (APA) como la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA) aún aparecen como las «abiertas» a evaluar la propuesta oficial, mientras que el Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos (STA) sigue sin fijar una posición clara.

En el último tramo de mayo, en tanto, la CGT Córdoba llevó a cabo un acto en las instalaciones de FADEA donde se firmó un documento que rechaza las propuestas promovidas por Defensa. En el texto, la organización repudia «la situación provocada por las medidas del gobierno nacional destinadas a la industria y la ausencia de políticas del gobierno provincial para paliar la grave situación».

FADEA y un endeudamiento multimillonario

En las filas del Gobierno buscan mantener por caminos separados a los gremios aeronáuticos y la CGT. Entienden que, dada la actividad que APA, STA y APTA realizan en la planta, la posibilidad de acordar suspensiones y pagos fragmentados será mucho más probable que teniendo en la mesa a los popes de la CGT provincial.

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«Hasta el momento, los cruces con los sindicatos no han pasado de escaramuzas. En líneas generales, los aeronáuticos entienden que FADEA pasa por un momento delicado y que deben tomarse medidas al respecto. En cambio la CGT tiene planes que van más por el lado de hacer mella en la situación política de La Libertad Avanza (LLA) en Córdoba», añadieron las fuentes.

Según el Gobierno nacional, la compañía presenta una deuda acumulada del orden de los $70.000 millones y su operatividad sigue fuertemente atada a los aportados del Estado.

Como ya expuso iProfesional, en torno a Nación también se habla de promover el desembarco de capitales externos. Desde ese punto de vista, existe la posibilidad que el alineamiento de Milei con Estados Unidos, la OTAN e Israel, redunde en el arribo de inversores militares de ese eje en la planta de aviones.

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ECONOMIA

Prorrogan la emergencia energética e impactará en los subsidios a la luz y el gas

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El Gobierno prorrogó la emergencia energética hasta de julio de 2026 para transformar el esquema de subsidios, aunque este año no habrá saltos tarifarios

02/06/2025 – 12:40hs

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El Poder Ejecutivo, a través del Decreto 370/2025, extendió este lunes la Emergencia del Sector Energético Nacional en una nueva prórroga que regirá hasta el 9 de julio de 2026. Esta decisión contempla una batería de normativas y acciones que el gobierno viene implementando para sanear el sector pero en particular tiene implicancia en el futuro de los subsidios energéticos.

La medida se fundamenta en la persistencia de una «grave herencia institucional, económica y social» en el sector. Uno de los puntos neurálgicos es la política de precios mayoristas y el congelamiento tarifario, que durante años impidió que las facturas reflejaran el costo real del suministro, generando ineficiencias y desincentivando inversiones.

El decreto señala cómo los «sucesivos y superpuestos regímenes de subsidios generalizados» comprometieron seriamente las finanzas del Estado y la calidad de los servicios, por lo que está decidido a poner fin al esquema de segmentación dispuesto en 2022 por el entonces gobierno de Alberto Fernández.

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En este sentido, la actual gestión estableció el año pasado un «Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados«, que inicialmente iba de junio a noviembre de 2024 y fue prorrogado hasta el 31 de mayo de 2025. El objetivo es claro: trasladar a los usuarios los costos reales de la energía, promover la eficiencia y asegurar el acceso al consumo básico para los hogares vulnerables.

Un nuevo esquema de subsidios de gas y electricidad

La prórroga dada a conocer hoy en el Boletín Oficial explicita el camino hacia una simplificación del esquema de subsidios que pasará de la actual segmentación en tres niveles según ingresos económicos de cada hogar y que se refleja en usuarios N1 de altos ingresos, N2 más vulnerables, y N3 de ingresos medios, a un esquema mas lineal.

La reforma, entonces dejará tanto en el servicio eléctrico y de gas natural por redes los usuarios sin subsidio que pagarán el costo pleno de la energía, y aquellos con subsidios que recibirán la ayuda del Estado en lo que se anticipa podría retomarse con la figura de una tarifa social, per que aún no se sabe si reconocerá distintos niveles de subsidio según cada necesidad.

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Un dato revelador de este proceso de focalización es la identificación de 1.590.964 hogares que, estando categorizados en el Nivel 2 (Bajos Ingresos), recibían subsidios que no habían solicitado. Además, se detectaron 370.008 solicitudes de inscripción con titulares fallecidos.

Esta depuración permitió que 666.269 usuarios de electricidad y 306.409 de gas natural pasaran a otras categorías, buscando una asignación más eficiente de los recursos.

La prórroga de la emergencia busca consolidar las reformas estructurales necesarias, aseguró el Ejecutivo nacional. Si bien el segmento de altos ingresos (Nivel 1) ya cubre el 100% del costo monómico del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), los niveles 2 y 3 aún muestran una cobertura insuficiente (29,97% y 45,68% respectivamente en abril de 2025).

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El decreto subraya también que, a pesar del significativo aumento en la cobertura del costo de abastecimiento del gas para la demanda prioritaria (del 18,7% en enero de 2024 al 74,5% en marzo de 2025), el precio facturado aún no refleja plenamente los costos reales.

Al citar un histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia, el decreto citó «los principios de gradualidad, progresividad, previsibilidad y transparencia que deben regir el proceso de reducción de los subsidios y la adecuación de las tarifas que pagan los usuarios residenciales, que aún está pendiente la simplificación y mejora de los criterios de focalización de los beneficiarios».

«La anticipación y progresividad con que se deben resolver y comunicar las acciones de gobierno, en relación con la política energética en general y tarifaria y de subsidios en particular, está relacionada con el deliberado fin de dar a los usuarios previsibilidad», se aseguró,

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ECONOMIA

Energética argentina compra el 10% de petrolera colombiana

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La empresa Pampa Energía compró 10,17% de las acciones en circulación de la compañía colombiana Geopark, de acuerdo a la presentación realizada por la oferente ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

La operación realizada por la energética del empresario Marcelo Mindlin se concretó a través de su subsidiaria Generación Argentina, con la adquisición de 5.210.146 acciones ordinarias de Geopark, que acaba de tener una fallida incursión en Vaca Muerta.

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De acuerdo a la documentación pública, la operación se concretó a través de la compra acordada de una serie de acciones relizadas desde el 15 de mayo por un monto acumulado superior a los u$s34 millones, de acuerdo al detalle reportado por Geopark.

La venta accionaria se concreta luego de la frustrada incursión de la compañía con sede en Bogotá en activos de Vaca Muerta, en una operación por cerca de US$324 millones con la local Phoenix Global Resources, lo que le habilitaba a la participación de 50% en cuatro bloques no convencionales.

GeoPark opera principalmente en Colombia, donde es el segundo mayor operador petrolero del país, pero además tiene otros activos en Brasil y Ecuador cuya producción venía en declino, por lo cual la expectativa de su llegada a Vaca Muerta permitía una mejor perspectiva.

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El divorcio de negocios entre Phoenix y Geopark

Phoenix Global Resources, compañía de exploración y producción de petróleo y gas no convencional en Argentina, en mayo dio por terminado el acuerdo con Geopark para la adquisición de los bloques Mata Mora Norte y Sur y Confluencia Norte y Sur, lo que contemplaba una inversión de u$s1.000 millones.

La medida se adoptó el cumplirse el plazo de un año del entendimiento sin que se lograran avances por lo que el acuerdo «quedó legalmente sin efecto», afirmó Phoenix, poco después que Geopark dejará trascender que la falta de aprobación por parte del Gobierno de Neuquén ponía en riesgo la inversión proyectada por la empresa en el país.

El contrato establecía que, si algunas de las condiciones contractuales allí establecidas no se cumplían en cierto plazo, cualquiera de las dos partes podría darlo por terminado. En consecuencia, Phoenix anunció hoy que decidió «finalizar el acuerdo y continuará de manera individual en los bloques no convencionales«.

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Phoenix -liderada por el ex ejecutivo de YPF Pablo Bizzotto, considerado uno de los responsables del desarrollo de Vaca Muerta- es una compañía subsidiaria de Mercuria Energy Trading en Argentina, y a partir de la caída del acuerdo con Geopark anunció que planea invertir u$s2.000 millones en los próximos 5 años para sus activos no convencionales.

Para la compañía local, esta situación no afecta la normal ejecución de las actividades en las áreas, que seguirán siendo operadas como hasta ahora. Ante este escenario, el plan de inversiones que lleva adelante la compañía, y que fuera informado oportunamente a las autoridades, será financiado íntegramente por Phoenix.

Ahora, el plan de inversiones de la empresa subsidiaria de Mercuria incluye la incorporación de un segundo equipo de perforación, ya contratado, para comenzar a operar en enero de 2026 y la ya iniciada obra de construcción de una planta de procesamiento de crudo (CPF) con capacidad de tratamiento de 40 kbbl/d que se pondrá en marcha en mayo del año próximo.

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Pampa Energía y su nuevo desafío en Vaca Muerta

Pampa Energía es uno de los cinco mayores productores de gas de la Argentina y el tercer mayor productor de gas no convencional del país, pero este año encaró el desafío de ingresar en el negocio del petrolero, favorecido por la mayor disponibilidad de inesfraestrcutura y la rápida monetización del recurso, para lo cual decidió potenciar el bloque Rincón de Aranda.

El desarrollo de Rincón de Aranda cuenta con una inversión estimada de u$s800 millones para 2025 y una cifra similar en el 2026, la mayor en un solo proyecto en la historia de Pampa Energía. Ante el nuevo desafío, la empresa está ejecutando la primera etapa de ese proyecto y ya conectó cuatro pozos para alcanzar los 6.000 barriles por día.

Para fines de año las proyecciones implican alcanzar los 20.000 barriles, es decir multiplicar por 20 la producción anual. Para ello, durante el primer trimestre concentró sus inversiones en el desarrollo de una planta de tratamiento de crudo, un oleoducto y un gasoducto de evacuación, con lo cual en los próximos meses, conectará otros 24 pozos para alcanzar los 45.000 barriles para 2027.

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La compañía de Mindlin genera energía eléctrica a través de sus centrales térmicas, hidroeléctricas y parques eólicos y con controla la empresa Transener, que transporta el 86% de la electricidad de la Argentina.

En el segmento de hidrocarburos, explora y produce gas y petróleo en 11 áreas de producción y 4 de exploración en las cuencas más importantes del país, y es co controlante de Transportadora de Gas del Sur (TGS), que transporta el 60% del gas consumido en el país.

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