ECONOMIA
La mayor distribuidora de gas de Argentina, va por todo: quiere renovar su concesión hasta 2037

Metrogas, la distribuidora de gas natural más grande de Argentina, solicitó hoy en Audiencia Pública la prórroga de su licencia de concesión por 20 años adicionales, un paso clave para asegurar la previsibilidad y rentabilidad de su negocio de cara a una potencial venta. La empresa, que atiende a 2,4 millones de clientes en el Área Metropolitana de Buenos Aires, busca extender su actual concesión, que vence el 28 de diciembre de 2027, tras 35 años de operación desde la privatización de Gas del Estado.
El pedido fue motivo de la Audiencia Pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) en la que también presentaron la solicitud de prórroga las distribuidoras Camuzzi Gas Pampeana y Litoral Gas, un derecho que está previsto en los pliegos de concesión y que las empresas buscan asegurar ante un escenario tarifario más alentador que les permita cubrir los costos, cumplir la prestación de servicios y los planes de obra, pero también recuperar su rentabilidad.
Como parte de la revisión de lo actuado al frente de la concesión del servicio de gas natural, Metrogas aseguró haber invertido unos u$s1.155 millones al 31 de diciembre de 2024, en los 32 años de vigencia del contrato, de los cuales 20 fueron bajo congelamiento tarifario, y a pesar de lo que calificó los «sucesivos incumplimientos del Estado nacional de los contratos de concesión».
Metrogas es la empresa encargada de distribuir el gas por redes a hogares, industrias y comercios en la Ciudad de Buenos Aires, y una decena de partidos de la zona centro y sur del conurbano bonaerense, en un área de 2.150 kilómetros cuadrados en la zona más densamente poblada del país. Allí presta servicio a un 27% de los habitantes de la Argentina, más de 69.000 comercios, 6.000 industrias, 319 estaciones de GNC y 5 de las mayores centrales termoeléctricas.
YPF es el accionista mayoritario de Metrogas, con una participación del 70% a través de Gas Argentina S.A.; mientras que Integra Gas Distribution LLC es una empresa norteamericana que posee el 9,23% de las acciones, la Administración Nacional de la Seguridad Social controla otro 8,23% y el 12,6% cotiza en bolsa.
La rendición de cuentas de Metrogas para renovar la concesión
Esta situación se enmarca en un contexto donde otras empresas de servicios públicos privatizadas en los años 90 también están solicitando la renovación de sus licencias. Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN) ya pidieron la extensión de sus licencias de transporte por 20 años, y el Enargas y el Poder Ejecutivo aún no se han pronunciado al respecto tras la audiencia pública de octubre de 2024.
Desde la privatización en 1993 hasta 2001 la empresa aseguró haber invertido u$s500 millones, además de hacerse cargo de las deudas de la liquidada Gas del Estado por otros u$s110 millones, a pesar de lo cual logró ampliar la red de distribución en casi 4.500 kilómetros, hasta la afectación de la crisis de 2001 y las medidas de emergencia económica redujeron sus inversiones al mínimo.
La emergencia conllevó la renegociación de los contratos, el congelamiento de las tarifas de distribución que se extendió por 15 años y la pesificación asimétrica distorsionando la ecuación económico-financiera del contrato de licencia, y derivó en el proceso concursal de la compañía para evitar su quiebra. Recién en 2016 pudo volver a invertir con la implementación del fondo de consolidación y expansión de la red, pero manteniendo los resultados negativos.
La revisión tarifaria de 2017 dio lugar a un nuevo plan de inversiones que cumplió durante los primeros 3 años invirtiendo el equivalente a u$s189 millones, a lo que devino un nuevo congelamiento de la tarifa de distribución y el abandono de los ajustes semestrales oportunamente acordados con ajustes paliativos de sus dificultades financieras.
Entre febrero de 2018, la distribuidora argumentó que la tarifa de distribución se incrementó en un 516%, mientras que el tipo de cambio escaló un 3932%, los costos de la construcción un 3672%, el Índice de precios mayoristas un 2834%, y el costo laboral un 2306%.
La promesa de inversiones en una nueva etapa
La distribuidora viene de invertir en el período 2020-2023 unos u$s127 millones, y recién con el incremento transitorio de 2024 Metrogas volvió a tener márgenes positivos, luego de sucesivos reclamos compensatorios de la empresa que a noviembre de 2024 ascendían a $1,27 billones, a lo que no distribuyó dividendos los últimos 23 años.
Desde el comienzo del contrato la empresa asegura haber incorporado más de 760.000 nuevos usuarios para lo cual incrementó en un 66% la extensión de sus redes para alcanzar los 18.507 kilómetros de cañerías para abastecer a los más de 2,4 millones de clientes.
Para el próximo quinquenio que comienza este año, la empresa comprometió inversiones por más de 170 millones que se destinarán a obras de renovación de redes de baja y media presión, de renovación y remediación de ramales de alta presión, la sustitución con equipos nuevos de medidores residenciales y el reemplazo y adquisición de medidores industriales, incorporación de tecnología informática, equipos para la red y la flota vehicular, entre otros objetivos al 2030.
Desde diciembre de 2023, Metrogas comenzó a implementar una estrategia de mejora de sus costos y sus ingresos que, a la vez, fue favorecida por los aumentos tarifarios otorgados por el gobierno nacional y ahora ratificados en la Revisión Quinquenal Tarifaria vigente desde este mes. El plan de inversiones consiste en un ordenamiento financiero y de reducción de costos y de pasivos, además de mejorar su perfil corporativo ante los inversores internacionales.
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ECONOMIA
El Gobierno inició la privatización de Enarsa: puso en venta acciones de la principal transportadora eléctrica del país

El ministerio de Economía dispuso la venta de las acciones que la empresa posee en Citelec, como primer paso en el proceso de privatización
25/07/2025 – 13:27hs
El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, oficializó el inicio del proceso de privatización de Energía Argentina S.A. (ENARSA), una de las principales compañías estatales del sector energético.
A través de la Resolución 1050/2025, publicada este viernes 25 de julio en el Boletín Oficial, se dispuso la venta de las acciones que la empresa posee en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (CITELEC S.A.), como primer paso del proceso.
El Gobierno inició el proceso de privatización de Enarsa
La operación se enmarca dentro de lo dispuesto por la Ley 27.742 -conocida como «Ley de Bases»- y los decretos 695/2024 y 286/2025, que autorizaron la privatización completa de ENARSA. La venta se llevará a cabo mediante un concurso público con alcance nacional e internacional, y representa el primer tramo de un esquema por etapas para desprenderse de las distintas unidades de negocio de la empresa, que actualmente son 15.
CITELEC S.A., que será el eje de esta primera licitación, controla el 52,65% del paquete accionario de Transener S.A., la principal operadora de redes de alta tensión del país. Esta participación incluye el total de las acciones clase A (51%) y un 1,65% de las acciones clase B. Transener está a cargo del transporte del 85% de la electricidad que circula por el sistema interconectado nacional, con más de 14.000 kilómetros de líneas de alta tensión bajo su gestión.
El Estado participa en Transener de forma indirecta: ENARSA es dueña del 50% de Citelec (la otra mitad está en manos de Pampa Energía, de Marcelo Mindlin), lo que representa el 26,32% de la transportista. El resto del capital accionario de Transener se reparte entre la ANSES (19,57%) y acciones que cotizan en la Bolsa local (27,79%).
Según estimaciones oficiales, la venta de la participación de ENARSA en Citelec podría representar ingresos de al menos u$s200 millones, en función de la valuación bursátil de la compañía. No obstante, el Gobierno confía en que ese monto podría incrementarse si se concreta una nueva actualización tarifaria y se consolida cierta estabilidad macroeconómica.
Cómo se llevará adelante el procedimiento
El procedimiento será coordinado por la Unidad Ejecutora Especial Temporaria denominada «Agencia de Transformación de Empresas Públicas», que tendrá un plazo máximo de ocho meses para completar la operación. La Subsecretaría de Energía Eléctrica, en tanto, estará encargada de confeccionar la documentación técnica y contractual para la licitación, y podrá solicitar la colaboración técnica de ENARSA.
La operación se realizará a través del sistema CONTRAT.AR, la plataforma electrónica de compras del Estado, conforme lo previsto en el Decreto 416/2025. Además, se contratará a una entidad bancaria estatal para llevar adelante la tasación de la participación accionaria, debido a que el Tribunal de Tasaciones de la Nación se excusó de intervenir, alegando que la valoración de Citelec se basa en proyecciones de ingresos y no en activos tangibles.
La resolución también aclara que la privatización no contemplará los beneficios del artículo 16 de la Ley 23.696, es decir, no se aplicará ningún esquema de propiedad participada ni se reservarán acciones para los trabajadores.
Con esta decisión, el Gobierno profundiza su programa de reformas estructurales y desinversión en empresas públicas estratégicas, en línea con su objetivo de reducir la presencia estatal en la economía y fomentar la llegada de capitales privados, especialmente en el área energética.
El ministro Caputo rubricó la resolución, que entró en vigor de forma inmediata, y que contó con el aval del servicio jurídico del Ministerio de Economía, así como la participación de la Secretaría de Energía y de la agencia creada para liderar la transformación de las empresas públicas.
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ECONOMIA
Luis Caputo se sinceró ante la dirigencia del campo: «El FMI no nos permite»

El ministro dijo que no hay espacio para una baja de las retenciones, aunque habrá otros anuncios para el sector. ¿Milei lleva una sorpresa a la Rural?
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ECONOMIA
Puerta a puerta desde Tierra del Fuego: qué provincia no podrá realizar compras

Con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 286/2025, el Gobierno nacional puso en marcha un nuevo sistema de ventas digitales directas desde Tierra del Fuego, que permitirá adquirir productos electrónicos con entrega puerta a puerta y condiciones impositivas especiales.
La medida busca facilitar el acceso a bienes de origen nacional a precios competitivos y contribuir a la reactivación de la industria fueguina, afectada por la eliminación de aranceles a productos importados en mayo pasado.
El régimen se encuentra disponible actualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 22 provincias del territorio argentino. La única jurisdicción excluida, al menos por el momento, es la propia provincia de Tierra del Fuego, donde residen las empresas fabricantes que participan del programa.
Compras digitales directas a fabricantes fueguinos
A través del nuevo régimen, las personas pueden comprar productos fabricados en Tierra del Fuego sin intermediarios, en una modalidad similar a la que utilizan plataformas internacionales como Amazon. Las compras se realizan en plataformas digitales autorizadas o directamente desde los sitios web de los fabricantes habilitados.
Para completar la operación, el comprador debe ingresar sus datos personales y la documentación correspondiente en un formulario digital a través del Sistema ARCA, utilizado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Una vez verificada la información, el producto es despachado mediante un operador logístico autorizado y entregado en el domicilio declarado.
La Resolución 286/2025 establece que cada persona podrá realizar hasta tres compras por año calendario bajo este sistema, con un límite de tres mil dólares por envío. Además, los bienes adquiridos deben ser para uso personal, por lo que está prohibida su reventa o comercialización posterior.
Productos disponibles y características del catálogo
El catálogo de productos incluidos en el régimen puerta a puerta comprende más de 40 artículos de uso tecnológico y electrodoméstico. Entre ellos se encuentran televisores, notebooks, tablets, teléfonos celulares, parlantes, cafeteras, equipos de aire acondicionado y lavarropas.
El objetivo central del programa es fomentar el consumo de productos nacionales elaborados en la provincia bajo el régimen de promoción industrial vigente en Tierra del Fuego. Esta herramienta se presenta como una alternativa para competir con los productos importados que ingresan al país con arancel cero desde mediados de 2025, tras la modificación de la política comercial aplicada por el Gobierno nacional.
Según explicaron desde la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande (CCIP), este nuevo mecanismo busca fortalecer el vínculo directo entre los consumidores del continente y los fabricantes fueguinos, eliminando costos asociados a la intermediación y promoviendo mayor competitividad para la producción local.
Amazon nacional: cuál es la provincia que no tendrá compras puerta a puerta de productos de Tierra del Fuego
El contador Ramón Gallardo, asesor impositivo de la CCIP, explicó que la iniciativa excluye a dos sectores importantes dentro del entramado industrial fueguino. Por un lado, el régimen no alcanza a las empresas textiles radicadas en la provincia, que no podrán comercializar sus productos bajo esta modalidad. Por otro, quedan fuera del programa aquellas empresas que utilizan más del 50% de insumos provenientes de fuera de la zona franca para la elaboración de sus bienes.
Gallardo también observó que algunos de los productos incluidos en el listado ya no se fabrican en Tierra del Fuego. En ese sentido, consideró que la selección de artículos habilitados para el régimen no estaría plenamente alineada con la capacidad productiva actual de la isla.
Otra limitación relevante es que los propios residentes de Tierra del Fuego no pueden acceder a este beneficio. La modalidad está habilitada únicamente para compradores domiciliados en el continente. Si bien en el pasado algunas empresas aplicaron condiciones similares para ventas locales en la provincia, actualmente la entrega puerta a puerta está restringida a jurisdicciones continentales.
Funcionamiento y perspectivas del nuevo régimen de ventas digitales
El nuevo esquema de ventas digitales representa un mecanismo adicional de comercialización para los fabricantes radicados en la provincia, en un contexto en el que el sector atraviesa una caída en la demanda debido a la apertura de las importaciones. La posibilidad de llegar de forma directa a consumidores de todo el país, mediante plataformas digitales y con logística a domicilio, amplía las alternativas de comercialización para empresas del polo tecnológico fueguino.
Por el momento, el sistema contempla límites estrictos tanto en cantidad como en monto por operación. Las condiciones fijadas por la resolución están pensadas para consumo final, evitando la reventa y promoviendo el uso individual de los productos. Esta restricción forma parte de los controles fiscales y aduaneros para mantener el orden en la implementación del régimen.
Desde el sector empresarial de la provincia anticiparon que podrían plantearse modificaciones al alcance del programa en el futuro, con el objetivo de incorporar más rubros y flexibilizar ciertas condiciones. También se espera que se analicen ajustes en la composición del catálogo, en función de la evolución de la producción local y la demanda del mercado nacional.
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