ECONOMIA
El Congreso reabre el debate sobre aumentos para jubilados, moratoria y una reforma previsional del Gobierno que divide al PRO

El debate sobre los haberes de los jubilados vuelve al recinto de la Cámara de Diputados este miércoles con un paquete de proyectos que van desde el aumento para todas las jubilaciones y el bono -que se mantiene congelado en $70.000- hasta la creación de una comisión especial que trabaje en una reforma del sistema previsional, plan que impulsa el Gobierno con el apoyo de un sector del PRO en plena interna de ese espacio.
La sesión fue pedida por la oposición y convocada para este miércoles a las 12:00 por el presidente de la Cámara, Martín Menem. La lista de propuestas en materia previsional incluye la restitución por dos años de la moratoria para aquellas personas que lleguen a la edad jubilatoria sin los 30 años de aportes requeridos, impulsada por Unión por la Patria. Sin embargo, el paquete de proyectos es tan amplio (se firmaron 14 dictámenes) que por ahora ninguno tiene un consenso nítido que asegure su aprobación.
No obstante, entre Unión por la Patria y los bloques Encuentro Federal, UCR, Democracia para Siempre hay conversaciones para alcanzar un acuerdo en torno a alguno de los proyecto en danza. En caso de de lograrlo, superarían a la bancada oficialista de La Libertad Avanza (LLA), que nuevamente estará obligada a jugar con las ausencias y las alianzas circunstanciales.
Dentro del paquete de proyectos el que más le interesa al gobierno de Javier Milei es el que apunta a trabajar durante el resto del año en una reforma integral del sistema. La iniciativa fue presentada por la diputada del PRO Silvana Giudici y el sector del bloque más afín a los libertarios, que consultaron previamente al Poder Ejecutivo según revelaron fuentes de ese espacio a iProfesional.
Jubilados: ¿cómo es la reforma que quiere el Gobierno junto a un sector del PRO?
Esta iniciativa tuvo el acompañamiento de diputados de LLA como José Luis Esprt y Bertie Benegas Lynch, de indudable cercanía a Milei. Lo que propone es crear la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma Integral del Sistema Previsional Argentino con el fin de «estudiar, analizar, y proponer al Congreso un proyecto de ley que comprenda la reforma estructural del régimen de jubilaciones y pensiones».
El tema es central para Milei porque uno de los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue precisamente tener lista para 2026 una propuesta de reforma del sistema. La comisión que propone el proyecto de LLA y parte del PRO estaría conformada por los referentes en materia previsional de Diputados y el Senado, un funcionario del Ministerio de Economía, uno de la Secretaría de Trabajo y otro de ANSES.
Si bien la idea es que allí se elabore un proyecto de reforma previsional, del proyeccto se desprende que los objetivos serán simplificar el sistema vigente asegurando «la sostenibilidad financiera de largo plazo» y que los beneficios sean compatibles «con los ingresos efectivos del sistema».
También se plantan como lineamientos para la reforma la eliminación de la mayoría de los llamados «regímenes de privilegio» y promover la transferencia de las cajas previsionales que aún se encuentren en la órbita de las provincias -un tema de discusión recurrente entre los gobernadores y la Casa Rosada- para ir a un sistema nacional único.
¿Por qué el debate sobre jubilaciones tensiona al PRO en su peor momento?
Este proyecto compartido entre el Gobierno y los filo libertarios del PRO dejó expuesta la división que sufre el partido amarillo y que se agravó tras la derrota en las elecciones legislativas de CABA frente a La Libertad Avanza. Por eso la crisis interna del PRO podría incidir en el debate de este miércoles sobre las distintas iniciativas en materia previsional.
Ocurre que el sector del PRO más independiente del Gobierno presentó un proyecto diferente al de sus colegas, que propone eliminar el requisito de los 30 años y que las jubilaciones pasen a ser como la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) y se les sume una prestación proporcional a los años de aportes realizados.
Actualmente la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima y está destinada a las personas en edad jubilatoria que no cuenten con los 30 años correspondientes. Según el proyecto motorizado por la diputada del PRO Daiana Fernández Molero y acompañado por un sector del bloque, esto cambiaría.
Con la excepción del kirchnerismo, entre los otros bloques de la oposición moderada no termina de convencer la idea de reemplazar las jubilaciones actuales por un equema como el de la PUAM, pero sí asoma un principio de consenso en torno a la eliminación del requisitivo de los 30 años de aportes y la adopción de una prestación proporcional.
Aumentos, moratoria y una reforma distinta: las propuestas de la oposición en Diputados y el rol del PRO
Unión por la Patria y el Frente de Izquierda impulsan el proyecto para restablecer por dos años la moratoria previsional que se venció a principios de 2025 y el Gobierno decidió no renovar. Se trata del dictamen con la mayor cantidad de firmas por lo que sería el primer tema en ponerse a votación en el recinto si no hubiera antes otro tipo de acuerdo en la oposición.
Pero parte del bloque Encuentro Federal, con el diputado Nicolás Massot a la cabeza, propuso que, si no se apruebe el regreso de la moratoria, se avance con otro proyecto que plantea eliminar los 30 años de aportes y adoptar una jubilación proporcional. La idea es crear el «Programa de Prestación Proporcional a la Vejez, que busca reconocer los años que sí hayan aportado», según explicó el diputado.
Se trata de una idea similar a la del sector moderado del PRO y, según deslizaron fuentes parlamentarias a iProfesional, por estas horas es la que tiene más chances de reunir un consenso suficiente en el arco opositor como para aprobarse. De hecho, la UCR que encabeza Rodrigo de Loredo presentó otro dictamen propio que va en el mismo sentido.
En efecto, sería una reforma importante frente al sistema vigente hoy, pero no exactamente la que quiere el Gobierno, que igualmente enfrenta otro desafío: en el paquete de proyectos hay uno que propone un «incremento excepcional y de emergencia equivalente al 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones abonadas por ANSES.
A esto se le suman las propuestas que están sobre la mesa de discusión para aumentar el bono que perciben hoy los jubilados y que está congelado en $70.000. La idea de los diputados de la oposición es llevarlo a $100.000 con actualización mensual.
No obstante, el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, adelantó durante su paso por el evento de AmCham que su bancada no apoyará ningún tipo de aumento, en línea con el Gobierno. «Atenta contra el plan económico», disparó el diputado. Sin dar detalles sobre la división que el tema previsional generó en el espacio, aseguró que el PRO espera «que no haya quorum» en la sesión.
Javier Milei y un desafío repetido: ¿habrá nuevo veto presidencial?
El aumento podría encontrar consenso en la oposición según adelantaron las fuentes consultadas por iProfesional. La mayoría de los bloques intenta hace tiempo imponer una recomposición para los haberes previsionales. Por estas horas, buscan ponerse de acuerdo en un número que acerque posiciones. La postura del PRO, con Ritondo en un doble rol de contener a los propios y a su vez no chocar con Milei, podría ser determinante.
El tema es incómodo para el Gobierno no solo porque su idea es abrir un debate para una reforma previsional integral sino porque Milei rechaza de plano que el Congreso le fije un aumento sobre las jubilaciones que no esté contemplado en su plan de déficit cero. Ya el año pasado vetó una ley en ese sentido. Ahora la pelea se reabre.
El desafío para la oposición es evitar un nuevo veto presidencial, para lo cual necesitarían que el proyecto que se apruebe alcance una mayoría blindada de dos tercios, que es la que se neccesita para que una Cámara del Congreso ratifique una ley vetada por el Poder Ejecutivo.
Durante la discusión que se dio el año pasado la oposición no lo logró. Javier Milei consiguió que los diputados del Gobierno unieran fuerzas con un grupo de legisladores del PRO y la UCR -los «87 héroes», según los definió- para reunir el tercio y dejar así firme su veto. Ahora, el debate por los haberes de los jubilados vuelve a la Cámara de Diputados y todo indica que aquella pelea se reeditará, pero esta vez en pleno año electoral.
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ECONOMIA
Moody’s subió la nota crediticia de ocho importantes empresas argentinas: el motivo detrás de la mejora

Son firmas que se desarrollan en sectores clave como energía, alimentos, telecomunicaciones y bienes raíces. Cómo quedaron ahora sus calificaciones
23/07/2025 – 21:04hs
Luego de que la semana pasada la deuda soberana de la Argentina recibiera una mejora en su calificación, la agencia Moody’s Ratings anunció que subió también la nota de ocho grandes compañías no financieras que operan en el país. Las beneficiadas pertenecen a sectores clave como energía, alimentos, telecomunicaciones y bienes raíces, y en conjunto representan una porción relevante de la economía local.
Las empresas que recibieron mejores calificaciones son: YPF, Arcor, Pan American Energy, Tecpetrol, Telecom Argentina, Vista Energy Argentina, Pluspetrol y Raghsa. Todas, según Moody’s, cuentan ahora con una perspectiva estable.
La mejora, explicaron desde la calificadora, está directamente relacionada con la reciente suba de la nota soberana de la Argentina, que pasó de Caa3 a Caa1, con una visión también estable. Además, se elevó el techo de calificación en moneda local de B3 a B1 y el de moneda extranjera de Caa1 a B2. Estos techos marcan el límite superior que pueden alcanzar los instrumentos financieros emitidos por compañías domiciliadas en el país.
Moody’s mejoró la nota crediticia a ocho grandes empresas argentinas
«La mejora de la calificación soberana de Argentina refleja la liberalización del mercado cambiario, el alivio de los controles de capital y la adopción de un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional, lo que ha mejorado la liquidez en moneda fuerte y reducido las vulnerabilidades externas», explicó Moody’s en su informe. También señaló que la desinflación y ciertas reformas económicas «respaldan una transición gradual hacia la sostenibilidad externa», aunque persisten desequilibrios estructurales y «una débil posición de reservas internacionales».
Sobre la relación entre la nota del país y la de las empresas, la calificadora fue enfática: «La solvencia de estas compañías no puede desvincularse totalmente de la calidad crediticia del gobierno argentino, por lo que sus calificaciones deben reflejar de cerca el riesgo que comparten con el soberano».
Las nuevas calificaciones empresariales
- Arcor: sube de Caa1 a B2.
- Pan American Energy: la casa matriz pasa de B3 a B1. Su filial local también mejora la nota de sus bonos garantizados.
- Pluspetrol: tanto la calificación general como la de sus títulos senior sin garantía pasan de B3 a B1.
- Raghsa: mejora de Caa1 a B2, tanto en su calificación corporativa como en sus bonos.
- Tecpetrol: pasa de B3 a B1, al igual que sus instrumentos financieros.
- Telecom Argentina: de Caa1 a B2.
- Vista Energy Argentina: la empresa y sus bonos suben a B2 desde Caa1.
- YPF: pasa de Caa1 a B2 en todas sus calificaciones: deuda garantizada, no garantizada, programa de notas de mediano plazo y evaluación crediticia base (BCA), que mejoró de caa1 a b2.
La metodología de Moody’s establece que las notas corporativas no pueden quedar totalmente aisladas del riesgo soberano del país de origen. Por eso, el movimiento en la nota argentina tuvo un efecto directo en estas empresas.
¿Qué podría cambiar en el futuro?
Según la agencia, «una mejora adicional en las calificaciones dependerá en gran parte de la evolución de la nota soberana y de la capacidad de las compañías para diversificar operaciones fuera del país y mantener sólidos indicadores financieros y de liquidez».
En el caso de Arcor, por ejemplo, se requerirá una mayor resiliencia frente a los vaivenes macroeconómicos y un crecimiento internacional sostenido. Para Pan American Energy, serán clave la diversificación geográfica y la robustez de su posición financiera.
En cambio, un deterioro en la liquidez de las compañías o en sus métricas financieras -sumado a una eventual caída en la calificación de la deuda soberana- podría arrastrar las notas empresariales a la baja.
La agencia advirtió sobre esta conexión: «Cualquier cambio en la nota del gobierno argentino puede trasladarse directamente a las compañías locales«.
La decisión de Moody’s llega en un momento donde varias empresas del sector energético, como YPF, Tecpetrol o Pluspetrol, están desarrollando fuertes inversiones en Vaca Muerta, con colocaciones de deuda recientes que incluso lograron mejores calificaciones que la del propio país. La mejora también impacta en firmas del sector alimentos como Arcor, que necesita financiamiento externo para expandirse.
Para los analistas, estas mejoras -aunque modestas- muestran un mayor margen de maniobra para empresas argentinas con buenos fundamentales en un contexto donde la credibilidad macroeconómica sigue siendo frágil, pero en proceso de recomposición.
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ECONOMIA
¿Qué beneficios trae el nuevo sistema de compra directa de electrónica desde Tierra del Fuego?

El nuevo esquema de comercialización dispuesto por ARCA promete ventajas concretas para los consumidores. Te contamos los puntos clave del régimen
23/07/2025 – 17:08hs
En línea con una política de apertura comercial, ARCA implementó un mecanismo que permite a consumidores y usuarios adquirir productos electrónicos directamente desde Tierra del Fuego, dentro del Área Aduanera Especial, con menores costos al evitar intermediarios.
La Resolución 5027 establece un sistema de compras online que incluye tanto productos importados como aquellos ensamblados en la provincia.
Estos son sus principales aspectos:
- Ventas online obligatorias: las empresas que adhieran al régimen deberán habilitar plataformas de venta online. El objetivo es promover la compra directa, sin intermediarios comerciales.
- Límites a la importación individual: cada usuario podrá adquirir hasta tres productos idénticos, por un monto total de hasta u$s3.000. Esta medida busca desalentar el uso del sistema por parte de revendedores.
- Beneficios impositivos: las operaciones realizadas bajo este régimen contarán con ventajas fiscales, lo que impactará en una reducción del precio final para el consumidor.
- Controles aduaneros posteriores: la Aduana podrá realizar verificaciones una vez concretada la operación para asegurar el cumplimiento de la normativa.
En síntesis, el nuevo sistema elimina la necesidad de contar con locales físicos, personal de ventas o estructuras logísticas complejas. Pone en contacto directo al proveedor con el comprador final, reduciendo costos y agilizando el proceso.
Además, este régimen se complementa con el esquema de compras internacionales «puerta a puerta», ampliando aún más la competencia y diversificando la oferta de bienes y servicios disponible en el país.
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ECONOMIA
Caputo confirmó el sexto proyecto aprobado del RIGI y anunció el primer rechazo

El Gobierno nacional anunció este miércoles la aprobación de un nuevo proyecto dentro del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de una iniciativa de la firma Galán Lithium, que prevé destinar u$s217 millones a la producción de litio en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca. Según estimaciones oficiales, el proyecto comenzaría a exportar más de u$s180 millones anuales a partir de 2029.
Así lo informó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta en X, donde destacó que «es el sexto proyecto RIGI aprobado, por un total de u$s12.800 millones».
En paralelo, también se conoció la primera denegación dentro del régimen: el comité evaluador rechazó el ingreso del proyecto «Mariana«, impulsado por la empresa Ganfeng. Según explicó Caputo, «el proyecto había arrancado en 2022 y fue inaugurado a principios de este año, casi al mismo tiempo que presentó su solicitud de ingreso. Por lo tanto, no cumplía con los requisitos, entre ellos las inversiones mínimas requeridas para los próximos dos años».
Los proyectos que entraron al RIGI, por más de u$s12.000 millones
Ayer, el Ministerio había oficializado otro ingreso al RIGI: el de Sidersa, que prevé construir una planta siderúrgica en San Nicolás, con una inversión de u$s286,3 millones, de los cuales u$s142,8 millones se desembolsarán durante el primer año. El proyecto apunta a reforzar la capacidad productiva del polo metalúrgico ubicado en esa ciudad del norte bonaerense.
Desde la entrada en vigencia plena del régimen, en octubre de 2024, se presentaron 15 proyectos de inversión, de los cuales seis ya recibieron luz verde.
El primer caso aprobado fue el del parque solar El Quemado, que YPF Luz desarrollará en Mendoza con una inversión de u$s211 millones. Luego se sumó un megaproyecto en Vaca Muerta: el Oleoducto Sur, que impulsan en conjunto YPF, PAE, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Shell y Tecpetrol. Esa obra, pensada exclusivamente para exportar petróleo desde Neuquén a Río Negro, demandará u$s3.000 millones y permitiría exportar hasta 500.000 barriles diarios a partir de 2027, lo que podría generar ingresos por u$s13.000 millones anuales.
El tercer proyecto aprobado apunta al negocio del gas natural licuado (GNL). Involucra la instalación de dos buques de licuefacción frente a las costas de Río Negro. Estará a cargo de la sociedad Southern Energy, compuesta por PAE (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%). La inversión estimada es de u$s2.825 millones en diez años, con u$s105 millones a desembolsar en 2025 y u$s354 millones en 2026.
El cuarto proyecto aprobado fue el de Rio Tinto, que expandirá su producción en el proyecto Rincón de Litio, en Salta, con una inversión de u$s2.724 millones. El objetivo es alcanzar una producción de 60.000 toneladas anuales de litio de grado batería.
En la lista de propuestas aún en evaluación figuran otros proyectos mineros, energéticos e industriales. Rio Tinto también presentó otro plan de u$s818 millones para desarrollar una nueva operación en Catamarca. Por su parte, Posco, empresa surcoreana, solicitó ingresar al RIGI con una inversión de u$s633 millones para ampliar su producción en el proyecto Sal de Oro, en Salta.
La propia Galán Lithium, cuyo proyecto fue aprobado este miércoles, había propuesto anteriormente otra etapa del desarrollo en el Hombre Muerto Oeste, en Catamarca, donde buscará producir cloruro de litio de alta pureza que luego se convertirá en carbonato de litio.
En tanto, el proyecto de Ganfeng, conocido como «Mariana«, planeaba u$s273 millones para desarrollar una nueva operación litífera en Salta, pero quedó fuera del régimen por no cumplir con los requisitos.
También hay iniciativas en el sector del oro: Minas Argentinas, del grupo AISA, propuso invertir u$s665 millones para reactivar la mina Gualcamayo, en San Juan.
En el sector cobre, McEwen Copper, en sociedad con Stellantis y Rio Tinto, impulsa el proyecto Los Azules, también en San Juan, con una inversión de u$s227 millones para avanzar con los estudios de factibilidad, con miras a producir desde 2029.
En paralelo, el área energética suma otros tres proyectos en análisis: un parque eólico en Olavarría de 180MW (PCR y Acindar), con u$s255 millones; La Rincona, un parque eólico de 94,5MW que Tenaris (Techint) quiere construir para abastecer su planta de Siderca (u$s206 millones); y un plan integral de Pampa Energía para sumar infraestructura de transporte y procesamiento en el yacimiento Rincón de Aranda.
Además, Terminales y Servicios busca construir una terminal portuaria multipropósito en Timbúes, Santa Fe, con una inversión de u$s290 millones.
¿Qué ofrece el RIGI?
El régimen, impulsado por el Gobierno para atraer inversiones de gran escala, otorga beneficios clave:
- Reducción de Ganancias del 35% al 25%.
- Devolución acelerada de IVA mediante certificados de crédito fiscal transferibles.
- Exención parcial de retenciones (durante los primeros tres años).
- Posibilidad de libre disponibilidad de divisas, en una escala creciente: 20% en el primer año, 40% en el segundo, 100% desde el tercero.
- A cambio, los proyectos deben comprometer un mínimo de u$s200 millones y desembolsar al menos el 40% en los dos primeros años.
Con esta nueva aprobación, el Gobierno busca reforzar el impacto del RIGI como herramienta clave para atraer divisas, generar empleo e impulsar exportaciones en sectores estratégicos como la energía, la minería y la industria.
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