ECONOMIA
Alimenticias en crac: otro emblema de la lechería se suma a la crisis de SanCor y ARSA

Las alimenticias atraviesan una instancia de crisis cada vez más profunda y, dentro de ese grupo, varias de las principales lácteas de la Argentina se ubican entre las empresas más complicadas en términos comerciales y financieros. SanCor transita este momento de mayo con la incertidumbre de no saber qué ocurrirá con su concurso de acreedores, mientras que La Serenísima sigue expectante ante el tire y afloje que vienen promoviendo Arcor, Danone y la familia Mastellone. Por su parte, La Lácteo y ARSA experimentan un drama económico sin solución inmediata. Esta semana, a esos nombres se sumó el de Verónica, que cayó en un freno productivo a partir de medidas sindicales derivadas de la falta del pago completo de los salarios y la retención de aportes sociales.
La empresa dejó de producir hace poco más de una semana como consecuencia de una medida de protesta promovida por el gremio ATILRA que redundó en la parálisis de las actividades en las plantas que la firma posee en Totoras, Lehmann y Suardi, todas en Santa Fe.
Este mes, Verónica cubrió apenas el 30% de los salarios de sus 700 empleados. Fuentes cercanas a la firma señalan, también, que la cúpula de la compañía acumula dos años de efectuar retenciones a los montos que corresponden a las obras sociales y los aportes previsionales.
La compañía arrastra una crisis financiera que ahora ya se evidencia en la falta de fondos para cubrir los sueldos. Según revisó iProfesional en la base de deudores del Banco Central (BCRA), Verónica acumula 107 cheques rechazados en lo que va del año, con un monto total del orden de los 344,5 millones de pesos.
En el ámbito de la lechería afirman que la compañía ostenta una deuda financiera del orden de los 9.000 millones de pesos.
La falta de espalda financiera para sostener una producción a gran escala queda a la vista, también, si se toma en cuenta que hace menos de tres años la marca procesaba a razón de 1 millón de litros de leche diarios y en la actualidad apenas si llega a los 200.000.
Ante el incumplimiento con los salarios, los operarios alineados con ATILRA activaron una «retención de crédito laboral«, esto es, los trabajadores se presentan en las plantas pero no efectúan actividad alguna a la espera de que Verónica cancele las deudas de sueldos y regularice las contribuciones sociales.
En el transcurso de este miércoles, directivos de la empresa láctea y representantes de sus empleados se reunirán en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe para discutir un eventual acuerdo.
ARSA, otra de las lácteas en crisis profunda
La crisis en Verónica ocurre a escasos días de que Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA) frenó por completo su producción por el lapso de un mes.
La dueña de marcas por demás de conocidas como Yogs y Shimy se encuentra bajo concurso de acreedores y, en simultáneo a la merma en las ventas que padece todo el sector, el mal momento que sacude a la empresa también guarda relación directa con dos actores con incidencia directa en el destino financiero y comercial de la láctea: el gremio ATILRA y la cerealera Vicentin.
Si bien en la actualidad el gerenciamiento de la compañía corre por cuenta del grupo venezolano Maralac, ligado a La Suipachense, lo cierto es que las dificultades económicas y judiciales que golpean a Vicentin repercuten de lleno en la operatividad de ARSA.
En ese sentido, fuentes cercanas a la láctea explicaron a iProfesional que Vicentin es tanto el principal accionista como acreedor de la misma ARSA.
A la incidencia de ese primer factor hay que agregarle el peso del gremio ATILRA, que desde 2024 a esta parte viene intensificando la presión en un intento por ejercer el control de las labores dentro las plantas de ARSA en Córdoba y Arenaza, en la provincia de Buenos Aires.
En diciembre del año pasado, y por poner un ejemplo de las acciones promovidas por el sindicato, la Justicia Federal hizo lugar a un pedido de ATILRA y ordenó un embargo de $83 millones contra la empresa por deudas con la obra social del gremio.
«Con el embargo que pidió a la Justicia, ATILRA le paralizó la caja a ARSA. Se embargaron los pagos de las cuentas de proveedores como las grandes cadenas de supermercados. Hubo dos meses donde ni siquiera se pudo pagar la luz de las plantas», afirmaron las fuentes consultadas.
La Lácteo, también en un momento de dificultades
Otra firma que situación complicada, y también fuertemente enfrentada con el sindicato, es La Lácteo, con operaciones concentradas también en la provincia de Córdoba. A principios del año pasado, la lechera sufrió un bloqueo por parte de ATILRA que, extendido por un lapso de dos meses, pegó de lleno en la endeble situación financiera de la compañía.
El conflicto redundó en la pérdida de proveedores, una caída en la comercialización por demás de pronunciada, y la merma en los fondos para cubrir los salarios. Al día de hoy, la operatividad de la empresa sigue comprometida y La Lácteo continúa haciendo esfuerzos por recuperar su caudal de producción.
Dada la dificultad para hacerse con financiamiento fresco, y mientras hace malabares para cubrir los sueldos, la cúpula de la compañía mantiene el diálogo con otra láctea, esto es, la santafesina La Ramada, que según medios como Bichos de Campo, podría hacerse con el 50% de las acciones de La Lácteo.
¿En qué situación se encuentra SanCor?
Mientras tanto, siguen los interrogantes respecto de qué ocurrirá con el futuro de SanCor, otro de los emblemas de la lechería nacional.
El 29 de este mes vence el plazo para que los acreedores de la láctea presenten la documentación requerida para verificar créditos. Lo que sigue a esa instancia será delimitar el pasivo de la unión de cooperativas. Se estima que SanCor debe al menos 400 millones de dólares.
Mientras tanto, la compañía prácticamente desapareció de la escena comercial. Su nivel de procesamiento es el más bajo del que se tenga registro: se ubica por debajo de los 60.000 litros diarios, una sombra de los 4 millones constatados en sus mejores épocas.
La compañía sigue adelante con la reducción de su plantel de trabajadores y, a través de jubilaciones, despidos y retiros voluntarios, achicó el número de empleados de 1.350 a 850 en el lapso de un año.
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ECONOMIA
Tras el pico de inflación de enero, el Tesoro retiró pesos del mercado para limitar la suba de precios

En una rápida reacción tras el pico de inflación de enero, el Tesoro optó por refinanciar el 123,4% de los vencimientos en la licitación realizada ayer. En la práctica significa que además de refinanciar los títulos que vencía absorberá adicionalmente 1,7 billones de pesos.
Un dato no menor es que a diferencia de lo que había sucedido en enero, esta vez no necesitó incrementar las tasas de las colocaciones. Muchos inversores fueron tentados con bonos ajustados por CER a plazos largos, que pagan más de 7% anual por encima de la inflación.
La decisión del Tesoro reafirma la voluntad del Gobierno de limitar la cantidad de pesos a la verdadera demanda del mercado. Ante el salto inflacionario de los últimos meses se optó por un ajuste monetario que al menos por el momento no tuvo impacto en los niveles de tasa.
Esto implica que el programa de remonetización avanza pero un poco más lento de lo planeado. El Banco Central ayer compró USD 214 millones, la cifra más alta desde que arrancó el año.
Sin embargo, una buena parte de los pesos que emite para comprar dólares luego termina siendo retirados por el Tesoro, como sucedió en la licitación de ayer. Si bien técnicamente no implica una absorción por parte del Central, se trata de dinero que deja de circular y por ende se demora la reactivación de la actividad.
Por otra parte, seguir retirando pesos del mercado implica que el dólar seguirá débil. Ayer el tipo de cambio oficial volvió a caer hasta $1.420 en el caso del minorista, mientras que el mayorista quedó al borde de perforar los 1.400 pesos. Las compras del Central son las que están impidiendo que perfore al menos por ahora ese nivel.
Recién cuando la inflación dé señales claras de descenso se avanzaría con la expansión monetaria producto de la compra de divisas. La fase 4 del plan implica, justamente, que los pesos que emite el BCRA para adquirir dólares no serán luego esterilizados.
La marcha del plan para acumular reservas y la suba de la inflación es obviamente uno de los temas centrales de las conversaciones que se está llevando adelante con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se encuentra en Buenos Aires.
La preocupación del organismo es que el Central logre acumular reservas para poder enfrentar mejor los shocks externos. Una vez aprobada la revisión, más allá del incumplimiento en la acumulación de reservas en 2025, el organismo desembolsará USD 1.000 millones como parte del programa en marcha.
Durante toda la jornada hubo especulaciones respecto al posteo del ministro de Economía Luis Caputo del martes, cuando señaló que “habrá novedades” luego de reunirse con el presidente, Javier Milei, y el titular del BCRA, Santiago Bausili. Una posibilidad, se especulaba ayer, es que se tomen medidas que alivien el cepo cambiario para las empresas. Sin embargo, nada fue confirmado oficialmente.
El equipo económico recibió ayer por la tarde a representantes de Alyc, con el objetivo de alentar operaciones con dólares tras la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal. Los funcionarios explicaron a los ejecutivos el espíritu de la ley de inocencia fiscal y les pidieron que generen más instrumentos para invertir en moneda dura.
Por ahora, los bancos se muestran reticentes a recibir dólares sin exigir una justificación de los fondos y aluden a las normas vigentes antilavado. Por lo pronto, para tener tapón fiscal el ahorrista debe inscribirse en el régimen simplificado de Ganancias.
Quien tomó la delantera para alentar a los inversores a depositar dólares del colchón en una cuenta es el Banco Nación, que en los próximos días saldrá con campañas activas con ese objetivo.
ECONOMIA
Carrefour vende televisores con hasta 45% de descuento y 12 cuotas sin interés

Como ya es habitual, la cadena de supermercados Carrefour lanzó una fuerte promoción en la que ofrece descuentos en televisores de distintas marcas y tamaños. Incluso, está la posibilidad de pagar en hasta 12 cuotas sin interés.
Así, mientras define si continúa operando en Argentina y se analizan las propuestas de los distintos interesados, Carrefour dispuso en febrero una nueva oportunidad para quienes busquen renovar su televisor o comprar uno más grande, justo en año de Mundial.
Carrefour vende televisores con hasta 45% de descuento y en cuotas
Dentro de sus habituales promociones para productos de consumo masivo, como alimentos y bebidas, desde hace tiempo Carrefour lanza periódicamente rebajas en artículos de tecnología y electrodomésticos.
En este caso, además, lanzó rebajas para comprar televisores de distintas marcas, modelos y tamaños. De acuerdo a un relevamiento realizado por iProfesional, en febrero los descuentos alcanzan el 44% y en algunos casos se puede pagar en hasta 12 cuotas sin interés.
Algunas de esas promociones son solo para compras online, con la modalidad «solo envío». Otros, en cambio, se pueden comprar por la web y retirar en alguna de las sucursales o directamente adquirirlos en la tienda física.
A continuación, algunas de las mejores promociones y descuentos de televisores en Carrefour:
Algunos de los televisores en oferta en Carrefour durante febrero 2026
Smart TV Noblex 43’’
- Precio en oferta: $389.000
- Descuento del 34%
- Se puede comprar en 6 cuotas sin interés
Smart TV BGH 43’’
- Precio en oferta: $429.000
- Descuento del 28%
- Se puede comprar en 6 cuotas sin interés
Smart TV 50’’ LG 4K
- Precio en oferta: $679.000
- Descuento del 15%
- Se puede comprar en 12 cuotas sin interés
Smart TV LED 4K Philips 55’’
- Precio en oferta: $749.999
- Descuento del 24%
- Se puede comprar en 6 cuotas sin interés
Smart TV Phillips 43’’
- Precio en oferta: $429.000
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- Se puede comprar en 6 cuotas sin interés
Smart TV Noblex 43’’
- Precio en oferta: $389.000
- Descuento del 34%
- Se puede comprar en 6 cuotas sin interés
Smart TV 60’’ BGH
- Precio en oferta: $999.000
- Descuento del 16%
- Se puede comprar en 12 cuotas sin interés
TV 24’’ HD Noblex
- Precio en oferta: $199.000
- Descuento del 27%
- Se puede comprar en 6 cuotas sin interés
Smart TV BGH 50’’ 4K
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Smart TV Quint 43’’
- Precio en oferta: $329.999
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Hasta 44% de descuento en algunos modelos, ofrece Carrefour en febrero
Qué pasará con la salida de Carrefour de Argentina
Más allá de las ofertas puntuales en televisores o distintos artículos tecnológicos, la situación de Carrefour Argentina genera incertidumbre. La anunciada salida de la cadena francesa del país, anunciada oficialmente en julio del año anterior, parece haberse enfriado considerablemente. Todo indica que la operación de venta está empantanada, mientras la empresa continúa su plan de inversiones, expandiendo servicios y tecnología a nivel local. Estas señales sugieren una posible continuidad de Carrefour en el mercado argentino a mediano plazo, desvirtuando las expectativas iniciales de desinversión.
Un claro ejemplo de esta apuesta por el mercado local es la notable expansión de su sistema de Entrega Inmediata. Este servicio, que permite a los clientes recibir sus compras de supermercado en solo una hora, ya está operativo en 50 tiendas a lo largo del país. La modalidad mantiene los mismos precios y promociones que se ofrecen en las sucursales físicas, brindando una alternativa rápida y conveniente. Se extiende por la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires Norte, Córdoba, Mendoza y Tandil.
Asimismo, Carrefour Argentina reforzó su estrategia tecnológica con la implementación de un mecanismo de Computer Vision en sus cajas. Esta solución con inteligencia artificial busca reducir los tiempos de espera y optimizar los pagos en cuatro tiendas específicas: Vicente López, San Fernando, Rincón de Milberg y el Carrefour Market de Vicente López. La iniciativa pretende mejorar la experiencia de compra y sumar valor con nuevas funcionalidades de cara al año 2026.
Estas inversiones, sumadas a la falta de avances concretos, permiten inferir una demora significativa en la elección del comprador para las más de 700 sucursales que el conglomerado europeo puso en venta. El objetivo inicial de Carrefour era concentrar sus operaciones en mercados considerados más estables y rentables, como Francia y España, para optimizar la eficiencia y los márgenes de ganancia.
Sin embargo, las negociaciones con los diversos interesados se complicaron en los últimos meses. Fuentes del sector señalan que existe una alta probabilidad de que el proceso de venta se anule, lo que implicaría que Carrefour continúe operando en el mercado argentino. Esta situación desdibujó las expectativas de un traspaso inminente.
El board de Carrefour en Francia contrató al Deutsche Bank para gestionar la venta de sus operaciones locales. La oferta incluía, además de las 700 sucursales en distintos formatos, una financiera, más de 17.000 empleados y una porción considerable del mercado, cercana al 21% del share total. El banco alemán confeccionó una short list de potenciales compradores.
Lo cierto es que, mientras analiza la salida del país, la cadena de supermercados Carrefour mantiene sus ofertas en distintos productos, entre los que se destacan electrodomésticos y televisores, con rebajas que alcanzan el 45% y se pueden pagar en hasta 12 cuotas sin interés.
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ECONOMIA
Industria del juicio: las demandas por accidentes de trabajo crecieron más de 4.300% en los últimos 20 años

La cantidad anual de juicios laborales por accidentes de trabajo en la Argentina registró un incremento de 4.353% entre 2003 y 2025. En ese período, las demandas iniciadas en el sistema de Riesgos del Trabajo pasaron de 3.012 casos en 2003 a 134.131 en 2025, el nivel más alto desde la creación del régimen.
Los datos surgen de la información oficial del sistema y fueron analizados por la consultora Libertad y Progreso (LyP), que advirtió sobre el fuerte aumento de la litigiosidad en los últimos años. Según el informe, durante 2025 se iniciaron más de 134.000 juicios, cifra que implica que los litigios se multiplicaron por 44 desde 2003. En promedio, eso equivale a más de 350 nuevas demandas por día hábil.
Las estadísticas muestran una ascendente de largo plazo en la cantidad de juicios por ART. La serie presentada por la consultora arranca con 3.012 casos en 2003, sube a 6.805 en 2005 y alcanza 27.170 en 2008. En 2012 ya sumaban 64.093 demandas y en 2016 llegaban a 127.503. Un año después, en 2017, se registraron 130.679 juicios.
Tras una baja transitoria en 2020, cuando se contabilizaron 44.600 casos, la litigiosidad volvió a crecer: 79.100 en 2021 y 134.131 en 2025, el máximo de la serie.
Mientras la cantidad de juicios siguió esa trayectoria, la evolución de los accidentes laborales mostró un comportamiento distinto. De acuerdo con el gráfico elaborado en base a datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART), los siniestros laborales crecieron en una primera etapa de la serie, pero luego tendieron a estabilizarse e incluso a descender en los últimos años. Esa divergencia evidencia que el aumento de las demandas no fue acompañado por un incremento equivalente en los accidentes registrados.
El informe de LyP señala que “la brecha entre ambas dinámicas vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de ordenar el régimen laboral, en un contexto en el que el Gobierno impulsa una reforma del sistema”. En ese sentido, remarca que “en la práctica, la cantidad de demandas crece muy por encima de los accidentes efectivos”.
El año 2025 marcó un nuevo récord de litigiosidad. Con 134.131 juicios iniciados, se alcanzó el valor más elevado desde la puesta en marcha del sistema de Riesgos del Trabajo.
La comparación internacional también muestra diferencias significativas. Según datos difundidos en informes sectoriales, la Argentina registra 132,8 juicios cada 10.000 trabajadores, frente a 5,8 en Chile y 8,5 en España. Esa relación ubica a la litigiosidad local en niveles varias veces superiores a los de esos países, aun con esquemas de cobertura que presentan estándares similares.

En paralelo, las estadísticas de siniestralidad muestran una tendencia de largo plazo a la baja. De acuerdo con datos del sistema, los accidentes laborales y los casos fatales disminuyeron en las últimas dos décadas, en el marco de la consolidación del régimen de ART y de políticas de prevención. Sin embargo, esa reducción no se reflejó en una menor judicialización.
El desajuste en el sistema tiene consecuencias económicas concretas. “El aumento de la litigiosidad eleva los costos del sistema de ART, se traslada a mayores cargas para las empresas y afecta especialmente a pymes y sectores intensivos en empleo formal”, sostiene el documento de LyP. Además, agrega que “la incertidumbre judicial se convierte en un factor que desalienta la contratación registrada y la inversión”.
El debate sobre los juicios laborales volvió a cobrar relevancia en el marco de la discusión sobre una reforma del sistema. Para la consultora, “el desafío es reducir la judicialización sin debilitar la protección del trabajador, corrigiendo incentivos que hoy favorecen el conflicto legal aun cuando los niveles de accidentes no lo justifican”.
La experiencia de otros países de la región aparece como referencia en ese análisis. En Chile, por ejemplo, el sistema de accidentes de trabajo presenta niveles de litigiosidad considerablemente más bajos. Según el informe, “la mayor resolución administrativa de los casos y reglas más claras permiten alinear mejor accidentes y reclamos, reduciendo costos y dando mayor previsibilidad al empleo formal”.

Un análisis reciente de la UART intenta explicar por qué hubo un aumento tan pronunciado en la cantidad juicios. Desde la entidad sostienen que el fenómeno no se explica por un aumento de los accidentes, sino por factores vinculados al funcionamiento del esquema judicial. En particular, señalan que la Ley 27.348 dispuso la creación obligatoria de Cuerpos Médicos Forenses en cada jurisdicción con el objetivo de unificar criterios técnicos y reducir la litigiosidad. Sin embargo, advierten que esa estructura no fue implementada plenamente en todo el país.
De acuerdo con el planteo de la UART, esa situación habilitó la intervención de peritos externos sin un marco homogéneo de supervisión, cuyos dictámenes establecen porcentajes de incapacidad por fuera de los baremos oficiales. Esas pericias, agregan, suelen ser convalidadas en sede judicial, lo que incrementa el volumen de reclamos.
A ese esquema se suma la modalidad de cálculo de los honorarios periciales, que se determinan como un porcentaje del monto de la sentencia. Según el informe, ese mecanismo introduce incentivos económicos que impactan en el nivel de las incapacidades reclamadas y, en consecuencia, en el monto final de los litigios.
El efecto también se refleja en los costos del sistema. La UART estima que el 45% de lo que abonan las ART en concepto de juicios corresponde a intermediación, es decir, honorarios de abogados, peritos y gastos judiciales. En términos prácticos, por cada millón de pesos destinado a una demanda, alrededor de $450.000 se canalizan a través de ese circuito.
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