“En 2011, Argentina era el país con mayor PBI per cápita de América Latina. Trece años después retrocede posiciones y queda por detrás de Chile, Uruguay y Panamá. Entre 2011 y 2024, el ingreso por habitante se redujo en un 9,8%, retornando a niveles similares a los de 2007”.

Así dice el último informe mensual de la consultora Economía y Energía, según el cual “la caída argentina es comparable a la de economías pobres o frágiles a nivel mundial que atravesaron crisis humanitarias severas. En contraste, incluso países con elevados niveles de informalidad o violencia —como El Salvador, Nicaragua, Bolivia y Colombia— registraron incrementos del ingreso durante el mismo período”.

De hecho, precisa el informe, el mal desempeño relativo de la economía argentina respecto al resto de los países se dio en el marco de una trayectoria poco satisfactoria de la región en general, con un PIB per cápita que creció sólo al 1% anual entre 2011 y 2024.

En ese lapso precisa, el PBI per cápita argentino se redujo a un ritmo del 0,8% anual, para encogerse entre 2011 y 2024 un 9,8 por ciento. Tomando una selección de países vecinos y Haití, solo esta, la nación más pobre del Hemisferio Occidental, asolada por sangrientos conflictos internos y arrasadores desastres naturales, como este mismo año el Huracán Melissa, tuvo entre 2011 y 2024 una evolución económica y del ingreso medio más desfavorable.

Aunque no hay mención al caso de Venezuela, cuya econoía se desplomó más o menos desde el punto de partida que toma el informe, la caída del PBI per capita en el país caribeño fue atenuada por el masivo exilio de venezolanos ante la dictadura chavista.

“Las tres economías más grandes de América Latina (Brasil, México y Argentina) fueron las de peor desempeño con la excepción de Haití, aunque sólo nuestro país registró un retroceso en términos absolutos. En este sentido, la Argentina es el único país grande de la región cuyo ingreso por habitante es hoy menor al de hace más de una década. Aun así, se mantiene dentro del cuartil superior de ingreso por habitante en la región”, dice un pasaje del informe.

A pesar de eso, aclara Economía y Regiones, que encabeza el economista y experto en Energía Nicolás Arceo, quien integró el equipo económico del actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof y fue también director financiero de YPF, aclara que la Argentina es todavía un país de ingresos medios. Pero -agrega- “es uno de los pocos casos cuyo PBI per cápita se redujo en los últimos años, junto a los países en situaciones de conflicto y los de menor ingreso”.

De hecho, como muestra uno de los gráficos del informe, entre 2011 y 2024 la media y la mediana regional se desplazaron hacia arriba, mientras la Argentina retrocedió. “Ello no se debe tanto al crecimiento en el resto de las economías que fue modesto, sino al estancamiento secular de nuestro país”, explica el informe.

Además, prosigue, ”a diferencia de las economías que se vieron afectadas por conflictos armados, colapsos institucionales o emergencias humanitarias, el descenso argentino refleja un proceso económico autónomo vinculado al persistente desequilibrio en su sector externo, el cual se hizo patente a partir de 2011 con el establecimiento de las restricciones cambiarias”.

En cuanto a contexto y funcionamiento de la economía internacional, la consultora señala que el desplazamiento de buena parte de la industria manufacturera al este de Asia afectó a las economías que habían logrado un grado significativo de industrialización (entre las que se contaría la Argentina) y benefició relativamente a aquellas basadas casi exclusivamente en producciones primarias.

Pero también hay mérito local. “A ello se le sumaron las restricciones propias del país, que hicieron que el proceso de desindustrialización argentino haya sido de los más profundos (…) la dinámica de crecimiento en la Argentina se parece más a la de países como Lesotho, Haití, Congo o Timor-Leste que a la de Chile, Uruguay o Brasil”, dice el informe.

En un giro positivo, Economía y Energía también destaca la reciente mejora del tipo de cambio multilateral, que estima en niveles similares a los de principios de 2022 “pero aún 14% por debajo del promedio de los últimos 20 años”. Mientras, el tipo de cambio bilateral con EEUU “mostró una recuperación más marcada debido a la depreciación global del dólar desde la asunción de Trump, ubicándose en octubre un 4% por encima del promedio de las últimas dos décadas”.

Según el informe, la estabilidad financiera post-electoral es una oportunidad para eliminar restricciones cambiarias, mejorar aún más el tipo de cambio y acumular reservas. De no ocurrir así, advierte. “se incrementarán los problemas del entramado productivo local y se mantendrá la incertidumbre sobre la sostenibilidad del esquema económico en el largo plazo”.

Sucede, concluye, que la regularización del frente externo es una condición necesaria para comenzar a revertir el ciclo de decadencia en el que se encuentra sumida la economía argentina desde hace casi 15 años. De otra forma, el país seguirá descendiendo peldaños en el escenario regional y mundial”.

Luego de haber transcurrido un mes de la prórroga informada para la implementación de la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA), el Gobierno finalmente oficializó su lanzamiento a través de la disposición 832/2025. De esta manera, se centralizarán los pagos y trámites vinculados a la radicación, transferencia y registro de automotores en todo el país.

La medida avanzó luego de que se aprobaran los requerimientos técnicos y procedimientos para que las jurisdicciones provinciales, municipales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lograran la integración plena de sus sistemas con el VUPRA.

La iniciativa se enmarcó en el proceso de modernización que promueve servicios más ágiles y simplificados para los usuarios, a partir de una plataforma digital única para concentrar trámites como el pago de aranceles registrales, impuestos de radicación o transferencia de dominio, impuestos de sellos y multas por infracciones de tránsito.

El sistema fue creado bajo la Resolución 572/2025 del Ministerio de Justicia con el objetivo de evitar que ciudadanos y empresas deban realizar pagos de varios conceptos en lugares y plataformas diferentes, favoreciendo la “ventanilla única” como solución integral.

La norma establece “la utilización obligatoria del sistema” para los conceptos mencionados, y detalló los requisitos y obligaciones en cada uno de los anexos que acompañan a los artículos que la componen.

“Apruébase el cuadro tarifario para la operación del sistema Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA)”, fijaron mediante la medida respecto al Anexo II en donde los valores dependen de la modalidad de pago, el tiempo de acreditación y los porcentajes de comisión por cada uno de estos.

En tanto, en el Anexo III detallaron cómo debe redactarse un Formulario de Solicitud de Adhesión, el cual “deberá ser remitido a esta Dirección Nacional por conducto de la plataforma digital Trámites a Distancia (TAD)”, de acuerdo con lo indicado por la cartera de Justicia. A su vez, en el primer Anexo describieron los requisitos técnicos de interoperabilidad de la ventanilla.

En paralelo, mediante la disposición 831/2025, introdujeron una modificación clave en los requisitos para la inscripción virtual de vehículos cero kilómetro a través del Registro Único Virtual (RUV). La medida ajusta el inciso g) del artículo 1° de la Disposición 93/2025 y habilita ahora la operatoria de inscripción electrónica cuando el modelo-año del vehículo consignado en los certificados de fabricación o importación corresponda al año de inscripción o al siguiente.

El fin de estos cambios es agilizar el registro digital de automóviles tanto nacionales como importados, facilitando la adecuación a los ciclos industriales, comerciales y logísticos del sector automotor.

Esta reforma profundiza la utilización del Registro Único Nacional del Automotor (RUNA), un sistema creado para canalizar trámites digitales y validar controles registrales de manera automática por interconexión con bases de datos oficiales.

“En esta instancia, el uso de esas herramientas digitales permite ampliar el universo de trámites alcanzados por esta modalidad”, argumentaron desde el Gobierno.

Por su parte, a través de la disposición 829/2025, aprobaron los Términos y Condiciones de Uso de este último sistema para todos los usuarios ciudadanos y comerciantes habitualistas -dedicados a la compra y venta de auto, como parte de su negocio-. El organismo definió que la aceptación digital de esos términos será un requisito imprescindible para operar en el sistema y acceder a los servicios en línea, alineándose con la estrategia de administración digital de la cartera de Justicia.

Estas medidas se suman al proceso de transformación digital, que incluyó la creación del legajo digital único y el certificado digital automotor, y buscan eliminar trámites presenciales, duplicidad de pasos y costos.

Desde hoy regirá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) un nuevo aumento de las tarifas de colectivos, subtes y peajes. Será del 4,3%, producto del último dato de inflación conocido que alcanzó el 2,3%, más un extra de 2 puntos porcentuales hasta que se llegue a la eliminación de subsidios. En la Provincia el ajuste será mayor, debido a la aplicación de un ajuste adicional que llevará el aumento al 14,8%.

De esta manera, en CABA el boleto mínimo de colectivos pasará a costar $593,52 y en la provincia 658 pesos. Así, habrá tres tarifas distintas en las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dado que las nacionales ya habían aumentado hace dos semanas, estableciendo un boleto mínimo de 494,83 pesos. A su vez, el subte pasará a costar $1.206 por viaje.

Por su parte, el costo del peaje para autos en hora pico será de $4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $2.042,38 en la Autopista Illia. Fuera de horas pico los valores serán respectivamente de 3.466,55 y 1.444,25 pesos. Los argumentos se basan en un plan de obras a cargo de AUSA, hoy en sus etapas iniciales y que ganaría ritmo en los próximos meses.

Las autoridades de la Ciudad en colectivos y subtes argumentan que los aumentos sirven para recomponer el atraso tarifario, pues en los colectivos la actual tarifa cubre solo el 70% del costo del servicio, en tanto en el subte la cobertura supera levemente el 76 por ciento.

En las 30 líneas de colectivos reguladas por CABA el boleto mínimo será de $593,52 para trayectos de hasta 3 kilómetros, aumentará a $659,50 para trayectos de 3 a 6 kilómetros, a $710,31 para viajes de 6 y12 kilómetros y a $761,15 en recorridos superiores a los 12 kilómetros.

La administración del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostiene que además de descontar el atraso respecto de los costos de operación, la actualización tarifaria apunta a sostener un programa de modernización de más de 1.600 unidades, incorporando validadores que aceptan tarjetas de crédito y débito, la SUBE y teléfonos celulares, además de la colocación de cámaras y mejoras en los recorridos.

Por otro lado, la Ciudad apunta a una “migración” hacia energías limpias, brindando incentivos para que las empresas incorporen colectivos a gas o eléctricos a medida que renueven su flota. El propio Gobierno porteño ya lanzó a la calle, en áreas turísticas como el Microcentro y San Telmo, unidades eléctricas, que además se distinguen por su andar completamente silencioso.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, el aumento del 14,8% responde a un nuevo esquema tarifario que eleva el costo de los colectivos urbanos, a partir de una consulta ciudadana que se hizo a mediados de noviembre. El nuevo cuadro de tarifas rige exclusivamente para las líneas que circulan íntegramente por territorio bonaerense y no ingresan a CABA.

Sucede que las líneas que recorren sólo la provincia usan tarifas fijadas por la Gobernación, mientras los colectivos que solo viajan por CABA dependen del gobierno porteño y los servicios nacionales, que atraviesan ambos distritos, tienen sus tarifas definidas a nivel federal.

El Ministerio de Transporte bonaerense explicó que el ajuste incluye un aumento extraordinario del 10%, sumado a un mecanismo de actualización mensual vinculado a la inflación más dos puntos porcentuales, en línea con el sistema vigente desde marzo. De este modo, la suba total para diciembre llega al 14,8 por ciento.

El nuevo cuadro tarifario se detalla según las escalas de kilómetros recorridos. Para servicios urbanos del Gran Buenos Aires, el pasaje mínimo (correspondiente a trayectos de 0 a 3 kilómetros) se establece en $658,44. Los tramos escalonan los precios en función de la distancia: 3 a 6 kilómetros, $733,50; 6 a 12 kilómetros, $790,00; 12 a 27 kilómetros, $846,57; y trayectos mayores a 27 kilómetros, $902,73.

Para quienes abonan el pasaje con una tarjeta SUBE sin nominalizar, el costo resulta considerablemente mayor, con valores mínimos que parten desde $1.046,92 y alcanzan un techo de $1.435,34 según la distancia recorrida. Este diferencial busca incentivar la nominalización de la SUBE para establecer una correspondencia entre usuario y tarjeta, y limita el uso de subsidios a cada pasajero registrado.

Existe también una categoría específica para beneficiarios del Atributo Social, destinada a personas en situación de vulnerabilidad, quienes conservan descuentos en el boleto. Para diciembre, el cuadro social propone los siguientes montos: hasta 3 kilómetros, $296,30; de 3 a 6 kilómetros, $330,08; de 6 a 12 kilómetros, $355,50; de 12 a 27 kilómetros, $380,96; y, por encima de los 27 kilómetros, $406,23.

En el segmento de colectivos interurbanos de media distancia, que conecta áreas aledañas a CABA y cumple un rol estratégico en la conexión metropolitana, también se observan nuevos valores. El boleto mínimo para este tipo de servicio se modifica: antes costaba $753,99 y ahora asciende a $866,28 con SUBE nominalizada. Si el pasajero utiliza SUBE sin registrar, el boleto mínimo llega a $1.377,39. Además, el cobro por kilómetro fija una base de $33,46 (SUBE nominalizada) frente a $53,20 (no nominalizada), mientras que la tarifa base en terminales inicia en $219,05 ($348,29 con SUBE sin nominalizar).

El alcance del aumento es exclusivo para las líneas provinciales, es decir, en aquellas que no ingresan en Capital Federal, y por tanto no afectan a los servicios regidos por el gobierno porteño y el nacional. El esquema implementado responde a la necesidad, según especificaron fuentes oficiales, de recomponer el equilibrio operativo de las empresas de transporte, que actualmente sufren presiones por el costo de insumos clave. Entre los factores señalados, aparecen la volatilidad del tipo de cambio, los ajustes frecuentes del precio del combustible y el incremento en los insumos para el mantenimiento y renovación de flotas.