El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para modificar la Ley Penal Tributaria (27.430) y de Procedimiento Fiscal (11.683) y propondrá reducir de cinco a tres años la prescripción penal de delitos tributarios.

Con esta iniciativa, buscará darle seguridad jurídica a las personas que ingresen al nuevo esquema que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo. “Se está terminando de cerrar lo técnico. Lo vamos a mandar apenas esté listo”, expresan en Nación.

La Casa Rosada busca incentivar la regularización voluntaria de contribuyentes que hayan evitado declarar parte de su capital en los últimos años.

En Balcarce 50 quieren sancionar el proyecto este año para que las personas que no hayan blanqueado ingresos antes de 2023 estén liberadas de la penalidad desde el 1 de enero de 2026. “No es una puerta entrada para el lavado de activos porque no va a aplicar para casos en los que haya indicios de narcotráfico o delincuencia”, agregan.

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El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, expresó: “Vamos a enviar un proyecto de ley para blindar a los ahorristas argentinos de acá al futuro. Va a incluir un cambio de la Ley Penal Tributaria y de procedimiento tributario donde se reduzcan los plazos de prescripción y va a blindar los derechos de los argentinos que se adhieran al régimen de declaración jurada simplificada de Ganancias”.

Según el artículo 56 de la Ley 11.683, el fisco puede exigir el pago de impuestos y aplicar multas junto a clausuras por el transcurso de cinco años en el caso de contribuyentes inscriptos, así como en el caso de contribuyentes no inscriptos que no tengan obligación legal de inscribirse ante ARCA. El plazo llega hasta diez años para los no inscriptos sin la condición anterior.

El Gobierno planea además modificar el monto bajo el cual se califica la evasión fiscal. El marco actual dispone penas de dos a seis años de prisión para personas que evadan el pago de tributos en casos en que el monto sea mayor a $1.500.000. La evasión agravada contempla una pena de tres a nueve años cuando se trata de sumas que superan los $15.000.000.

El artículo 58 de la Ley de Procedimiento Fiscal establece que el término de la prescripción para aplicar sanciones comienza a correr desde el 1 de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la omisión fiscal. Fija también que la prescripción no tendrá efecto sobre las multas e infracciones que se cometan luego del vencimiento de los plazos generales para el pago de los tributos.

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La Casa Rosada dejó afuera de la reforma a la Ley Penal Cambiaria y asegura que no la modificará en el mediano plazo. En Balcarce 50 ponen la mira sobre 2026 y sostienen que si lo hacen antes puede “perjudicar” la secuencialidad del programa económico. Se trata del marco que fija como ilegal la compra de moneda extranjera en el mercado informal.

El equipo económico del oficialismo apunta a darle un marco legal más estructurado al ingreso de dólares no declarados con una vía de transparencia sin “persecución fiscal ni penal”. Es por eso que no modificarán la Ley de Prevención del Lavado de Activos. Según el último informe del INDEC, los dólares que están afuera del circuito financiero se estiman en alrededor de 250.000 millones.

El Gobierno anunció este jueves el “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, que incluye la derogación de los regímenes de información en los que los comercios y los profesionales remiten datos financieros. Aplica para las las tarjetas de débito y crédito, la compra-venta de autos y la adquisición de bienes inmobiliarios, entre otros casos.

El Ejecutivo también modificará los umbrales a partir de los cuales se registrarán informaciones financieras. Abarca topes de $50.000.000 para transferencias de individuos, de $10.000.000 para extracciones y para compras informales sin requisitos de presentación de papeles y de $100.000.000 para tenencias en sociedades de bolsa y para plazos fijos.

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Nación comunicó, además, que ARCA creará un régimen simplificado de Ganancias, en el que no se va a requerir información sobre el consumo y el patrimonio de los adhesores. El esquema estará habilitado en los próximos días y entrará en vigencia a partir del 1 de junio. “La gente se va a poder adherir con un sólo click”, explicó el titular del organismo en conferencia de prensa.

En la Casa Rosada aseguran que el paquete de medidas cumple con los lineamientos que fija el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En su última revisión, el organismo le sugirió al Gobierno que mejore los niveles de “comprensión de los riesgos del lavado de dinero proveniente de la corrupción y a través de servicios financieros informales”, y manifestó que enfrenta riesgos de lavado de dinero por el narcotráfico, la evasión fiscal, la corrupción, el contrabando, el fraude y la trata de personas.

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