ECONOMIA
La paradoja del plan para captar los dólares del colchón: ¿Caputo cumplirá el sueño de Cristina Kirchner?

La política argentina tiene esas cosas: a veces, los personajes que parecen más antagónicos pueden terminar coincidiendo de manera insospechada. Es el caso de Luis Caputo y Cristina Kirchner, que públicamente suelen trenzarse en descalificaciones y acusaciones cruzadas, pero a veces terminan pareciéndose en sus posturas.
Quién iba a decir, por ejemplo, que Caputo iba a jactarse de haber «persuadido» a supermercados y grandes empresas alimenticias de dar marcha atrás en sus aumentos de precios, con resultados mucho más efectivos que los que tantas veces intentó Cristina con iniciativas como «Precios Cuidados«.
Ya en sus extensos análisis en los que advertía sobre los peligros que corría el plan económico de Javier Milei, la expresidenta había deslizado algún elogio entrelíneas al reconocer el pragmatismo del nuevo gobierno que, pese a proclamarse liberal, no había caído en la tentación de levantar el cepo cambiario.
Pero acaso la mayor coincidencia haya sido la preocupación por transformar la enorme masa de «dólares del colchón» en dinero que lubrique la actividad económica y que, eventualmente, ayude a engrosar las reservas del BCRA.
Lo cierto es que si hay un tema en el que Cristina Kirchner ha machacado durante su carrera política es «el problema de la economía bimonetaria». Reconoció que fue uno de sus mayores obstáculos durante su presidencia y que también había afectado a gobiernos de todos los signos políticos, por lo que durante la campaña electoral de 2023 había hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas a encontrar una solución.
Igual preocupación, distintas recetas
Su diagnóstico era conocido: el país necesita dólares para industrializarse, dado que las empresas locales dependen en gran medida de insumos y bienes de capital importados. Pero los dólares que entran por la exportación no resultan suficientes, porque en gran medida se van por el turismo y, especialmente, por el ahorro informal. La consecuencia es que, tarde o temprano, los dólares escaseaban y eso llevaba a una crisis.
El año pasado Cristina Kirchner advertía los perjuicios de esa situación -que, según afirmó, solo existe en Argentina: «La utilización de dos monedas, de las cuales la que no emitimos es precisamente la más requerida para atesorar legal o ilegalmente, sustrayéndola del circuito de funcionamiento de la economía y formando activos en el exterior o, en menor medida, guardándolos en el colchón».
Nunca llegó a plantear una propuesta concreta al respecto, pero insinuó la necesidad de crear un nuevo sistema de ahorro que les inspirara confianza a los argentinos, en el sentido de que quedarían a salvo de devaluaciones o confiscaciones.
Y la desregulación que anunció Caputo va justamente en ese sentido: incentivar a los argentinos a que usen los dólares «encanutados».
Claro que la receta a la que apela el gobierno es diferente de la que pretendía Cristina. Mientras Caputo apuesta a una contracción monetaria -de manera que el peso sea una moneda escasa-, Cristina era firme defensora de la política expansiva para incentivar el consumo.
La obsesión de Cristina Kirchner por los «dólares del colchón»
En su presidencia, Cristina hizo todos los intentos para atenuar la captación de dólares por parte de los pequeños ahorristas. Fue incrementando las regulaciones hasta implementar el cepo cambiario, que tuvo una primera versión «light» y luego otra más dura.
Aun así, se seguían perdiendo reservas, por lo cual se decidió encarecer el turismo con la percepción adelantada de impuestos -en los hechos, una devaluación sectorial-.
Después, Guillermo Moreno aportó la idea del Cedin, un certificado que se debía comprar en dólares y que estaba habilitado para cancelar operaciones inmobiliarias. Al principio, se lo había planteado como para que tuviera una circulación masiva -casi como en el sistema bimonetario del CUC cubano convertible al dólar- y que, de paso, reactivara el sector inmobiliario. Fue un rotundo fracaso.
Luego intentó predicar con el ejemplo y ordenó a todos sus ministros a cancelar sus depósitos bancarios en dólares y pasarse a cuentas en pesos. Ahí Cristina detectó hasta qué punto era difícil cambiar una costumbre tan arraigada entre los argentinos: tuvo conatos de rebeldía de funcionarios a los que amonestó en público, como el recordado caso de Aníbal Fernández.
Pero luego, ya con Mauricio Macri en la presidencia, ella misma admitió que había vuelto a ahorrar en dólares por la incertidumbre que le merecía el manejo económico del gobierno macrista.
La fallida ley contra «fugadores»
Cuando volvió al poder como vice de Alberto Fernández, el tema de la economía bimonetaria se transformó en su obsesión. Se quejó en público de que el gobierno permitiera un «festival de importaciones» en vez de priorizar entre las prioritarias y las suntuarias.
También protestó por el hecho de que el Banco Central admitiera que las empresas endeudadas en dólares pudieran acceder a divisas al cambio oficial, en vez de obligarlas a que las consiguieran con un sobreprecio. Eso generó una de las primeras peleas públicas con Martín Guzmán, quien dijo que él había hecho esa propuesta y Máximo Kirchner lo había boicoteado.
Finalmente, Cristina intentó por la vía punitiva: impulsó el proyecto de ley por el cual aquellos que tuvieran dólares en el exterior se les cobrara un impuesto de hasta 35% y que con ese dinero se creara un fondo destinado a los pagos de la deuda externa. Por entonces se negociaba un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la consigna de Cristina era «que la deuda con el FMI se pague con los dólares de los que se la fugaron, de los que se la llevaron sin pagar impuestos».
Su pretensión era que el propio FMI colaborase en la iniciativa, y en aquel momento se estimó que la cantidad de activos dolarizados de argentinos en el exterior o fuera del sistema bancario superaba los u$s400.000 millones.
El resultado es conocido: la ley no tuvo andamiento y Alberto Fernández negoció un nuevo «stand by», que significó la ruptura definitiva entre el ex presidente y la líder kirchnerista.
Cuánto se puede blanquear
Lo cierto es que, si el plan de Caputo sale bien, tendrá como consecuencia que una parte de los dólares que hoy duermen en cajas de seguridad empiecen a circular y, en algún momento de la cadena, engrosen los depósitos del sistema bancario, que hoy están en torno de u$s32.000 millones.
¿De cuántos dólares «blanqueables» estamos hablando? No se conocen proyecciones oficiales, pero el ministro dejó algunas pistas al respecto: dijo que actualmente la economía tiene un grado muy bajo de monetización -la mitad del promedio histórico- y que necesitará más liquidez para seguir creciendo. Hay muchas definiciones sobre base monetaria, pero si se toma la menos abarcativa, está en $21 billones -equivalente a u$s18.000 millones-.
Es decir, hay desde el punto de vista oficial un margen de crecimiento para la circulación de dólares transaccionales que podría llegar a esa cifra. Los economistas y ejecutivos de bancos creen que el monto que se incorpore en el corto plazo será mucho menor, pero que el alto costo del crédito en pesos garantiza ciertas posibilidades de éxito para el plan oficial.
Por lo pronto, Caputo también ha dado señales de querer aprovechar ese diferencial de tasa. No por casualidad, después de reunirse con ejecutivos de la industria automotriz, aseguró que «todo el que venda en cuotas en dólares va a tener un salto importante en su demanda».
Muchos interpretaron esa frase como el preludio de una política que estimule descuentos para quien pague con dólares cash o menores costos financieros para quien tome un crédito en dólares, algo que ya está en la carpeta de las grandes empresas.
Reaparece Cristina Kirchner
Desde ya, nadie espera que haya elogios desde el kirchnerismo para el nuevo plan desregulador. Más bien al contrario, se han escuchado críticas vinculadas a una amnistía para «fugadores» y a un control más laxo para posibles delitos de lavado de activos. Cristina Kirchner, que reaparecerá en público el próximo 25 de mayo, probablemente retome este tema y no se ahorrará críticas a Caputo, a quien califica como «endeudador serial».
Pero la realidad es que, desde que Cristina está reclamando una solución para que los argentinos voluntariamente se desprendan de sus dólares del colchón, nadie como Caputo se había mostrado tan en sintonía.
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ECONOMIA
Moody’s subió la nota crediticia de ocho importantes empresas argentinas: el motivo detrás de la mejora

Son firmas que se desarrollan en sectores clave como energía, alimentos, telecomunicaciones y bienes raíces. Cómo quedaron ahora sus calificaciones
23/07/2025 – 21:04hs
Luego de que la semana pasada la deuda soberana de la Argentina recibiera una mejora en su calificación, la agencia Moody’s Ratings anunció que subió también la nota de ocho grandes compañías no financieras que operan en el país. Las beneficiadas pertenecen a sectores clave como energía, alimentos, telecomunicaciones y bienes raíces, y en conjunto representan una porción relevante de la economía local.
Las empresas que recibieron mejores calificaciones son: YPF, Arcor, Pan American Energy, Tecpetrol, Telecom Argentina, Vista Energy Argentina, Pluspetrol y Raghsa. Todas, según Moody’s, cuentan ahora con una perspectiva estable.
La mejora, explicaron desde la calificadora, está directamente relacionada con la reciente suba de la nota soberana de la Argentina, que pasó de Caa3 a Caa1, con una visión también estable. Además, se elevó el techo de calificación en moneda local de B3 a B1 y el de moneda extranjera de Caa1 a B2. Estos techos marcan el límite superior que pueden alcanzar los instrumentos financieros emitidos por compañías domiciliadas en el país.
Moody’s mejoró la nota crediticia a ocho grandes empresas argentinas
«La mejora de la calificación soberana de Argentina refleja la liberalización del mercado cambiario, el alivio de los controles de capital y la adopción de un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional, lo que ha mejorado la liquidez en moneda fuerte y reducido las vulnerabilidades externas», explicó Moody’s en su informe. También señaló que la desinflación y ciertas reformas económicas «respaldan una transición gradual hacia la sostenibilidad externa», aunque persisten desequilibrios estructurales y «una débil posición de reservas internacionales».
Sobre la relación entre la nota del país y la de las empresas, la calificadora fue enfática: «La solvencia de estas compañías no puede desvincularse totalmente de la calidad crediticia del gobierno argentino, por lo que sus calificaciones deben reflejar de cerca el riesgo que comparten con el soberano».
Las nuevas calificaciones empresariales
- Arcor: sube de Caa1 a B2.
- Pan American Energy: la casa matriz pasa de B3 a B1. Su filial local también mejora la nota de sus bonos garantizados.
- Pluspetrol: tanto la calificación general como la de sus títulos senior sin garantía pasan de B3 a B1.
- Raghsa: mejora de Caa1 a B2, tanto en su calificación corporativa como en sus bonos.
- Tecpetrol: pasa de B3 a B1, al igual que sus instrumentos financieros.
- Telecom Argentina: de Caa1 a B2.
- Vista Energy Argentina: la empresa y sus bonos suben a B2 desde Caa1.
- YPF: pasa de Caa1 a B2 en todas sus calificaciones: deuda garantizada, no garantizada, programa de notas de mediano plazo y evaluación crediticia base (BCA), que mejoró de caa1 a b2.
La metodología de Moody’s establece que las notas corporativas no pueden quedar totalmente aisladas del riesgo soberano del país de origen. Por eso, el movimiento en la nota argentina tuvo un efecto directo en estas empresas.
¿Qué podría cambiar en el futuro?
Según la agencia, «una mejora adicional en las calificaciones dependerá en gran parte de la evolución de la nota soberana y de la capacidad de las compañías para diversificar operaciones fuera del país y mantener sólidos indicadores financieros y de liquidez».
En el caso de Arcor, por ejemplo, se requerirá una mayor resiliencia frente a los vaivenes macroeconómicos y un crecimiento internacional sostenido. Para Pan American Energy, serán clave la diversificación geográfica y la robustez de su posición financiera.
En cambio, un deterioro en la liquidez de las compañías o en sus métricas financieras -sumado a una eventual caída en la calificación de la deuda soberana- podría arrastrar las notas empresariales a la baja.
La agencia advirtió sobre esta conexión: «Cualquier cambio en la nota del gobierno argentino puede trasladarse directamente a las compañías locales«.
La decisión de Moody’s llega en un momento donde varias empresas del sector energético, como YPF, Tecpetrol o Pluspetrol, están desarrollando fuertes inversiones en Vaca Muerta, con colocaciones de deuda recientes que incluso lograron mejores calificaciones que la del propio país. La mejora también impacta en firmas del sector alimentos como Arcor, que necesita financiamiento externo para expandirse.
Para los analistas, estas mejoras -aunque modestas- muestran un mayor margen de maniobra para empresas argentinas con buenos fundamentales en un contexto donde la credibilidad macroeconómica sigue siendo frágil, pero en proceso de recomposición.
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ECONOMIA
¿Qué beneficios trae el nuevo sistema de compra directa de electrónica desde Tierra del Fuego?

El nuevo esquema de comercialización dispuesto por ARCA promete ventajas concretas para los consumidores. Te contamos los puntos clave del régimen
23/07/2025 – 17:08hs
En línea con una política de apertura comercial, ARCA implementó un mecanismo que permite a consumidores y usuarios adquirir productos electrónicos directamente desde Tierra del Fuego, dentro del Área Aduanera Especial, con menores costos al evitar intermediarios.
La Resolución 5027 establece un sistema de compras online que incluye tanto productos importados como aquellos ensamblados en la provincia.
Estos son sus principales aspectos:
- Ventas online obligatorias: las empresas que adhieran al régimen deberán habilitar plataformas de venta online. El objetivo es promover la compra directa, sin intermediarios comerciales.
- Límites a la importación individual: cada usuario podrá adquirir hasta tres productos idénticos, por un monto total de hasta u$s3.000. Esta medida busca desalentar el uso del sistema por parte de revendedores.
- Beneficios impositivos: las operaciones realizadas bajo este régimen contarán con ventajas fiscales, lo que impactará en una reducción del precio final para el consumidor.
- Controles aduaneros posteriores: la Aduana podrá realizar verificaciones una vez concretada la operación para asegurar el cumplimiento de la normativa.
En síntesis, el nuevo sistema elimina la necesidad de contar con locales físicos, personal de ventas o estructuras logísticas complejas. Pone en contacto directo al proveedor con el comprador final, reduciendo costos y agilizando el proceso.
Además, este régimen se complementa con el esquema de compras internacionales «puerta a puerta», ampliando aún más la competencia y diversificando la oferta de bienes y servicios disponible en el país.
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ECONOMIA
Caputo confirmó el sexto proyecto aprobado del RIGI y anunció el primer rechazo

El Gobierno nacional anunció este miércoles la aprobación de un nuevo proyecto dentro del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de una iniciativa de la firma Galán Lithium, que prevé destinar u$s217 millones a la producción de litio en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca. Según estimaciones oficiales, el proyecto comenzaría a exportar más de u$s180 millones anuales a partir de 2029.
Así lo informó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta en X, donde destacó que «es el sexto proyecto RIGI aprobado, por un total de u$s12.800 millones».
En paralelo, también se conoció la primera denegación dentro del régimen: el comité evaluador rechazó el ingreso del proyecto «Mariana«, impulsado por la empresa Ganfeng. Según explicó Caputo, «el proyecto había arrancado en 2022 y fue inaugurado a principios de este año, casi al mismo tiempo que presentó su solicitud de ingreso. Por lo tanto, no cumplía con los requisitos, entre ellos las inversiones mínimas requeridas para los próximos dos años».
Los proyectos que entraron al RIGI, por más de u$s12.000 millones
Ayer, el Ministerio había oficializado otro ingreso al RIGI: el de Sidersa, que prevé construir una planta siderúrgica en San Nicolás, con una inversión de u$s286,3 millones, de los cuales u$s142,8 millones se desembolsarán durante el primer año. El proyecto apunta a reforzar la capacidad productiva del polo metalúrgico ubicado en esa ciudad del norte bonaerense.
Desde la entrada en vigencia plena del régimen, en octubre de 2024, se presentaron 15 proyectos de inversión, de los cuales seis ya recibieron luz verde.
El primer caso aprobado fue el del parque solar El Quemado, que YPF Luz desarrollará en Mendoza con una inversión de u$s211 millones. Luego se sumó un megaproyecto en Vaca Muerta: el Oleoducto Sur, que impulsan en conjunto YPF, PAE, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Shell y Tecpetrol. Esa obra, pensada exclusivamente para exportar petróleo desde Neuquén a Río Negro, demandará u$s3.000 millones y permitiría exportar hasta 500.000 barriles diarios a partir de 2027, lo que podría generar ingresos por u$s13.000 millones anuales.
El tercer proyecto aprobado apunta al negocio del gas natural licuado (GNL). Involucra la instalación de dos buques de licuefacción frente a las costas de Río Negro. Estará a cargo de la sociedad Southern Energy, compuesta por PAE (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%). La inversión estimada es de u$s2.825 millones en diez años, con u$s105 millones a desembolsar en 2025 y u$s354 millones en 2026.
El cuarto proyecto aprobado fue el de Rio Tinto, que expandirá su producción en el proyecto Rincón de Litio, en Salta, con una inversión de u$s2.724 millones. El objetivo es alcanzar una producción de 60.000 toneladas anuales de litio de grado batería.
En la lista de propuestas aún en evaluación figuran otros proyectos mineros, energéticos e industriales. Rio Tinto también presentó otro plan de u$s818 millones para desarrollar una nueva operación en Catamarca. Por su parte, Posco, empresa surcoreana, solicitó ingresar al RIGI con una inversión de u$s633 millones para ampliar su producción en el proyecto Sal de Oro, en Salta.
La propia Galán Lithium, cuyo proyecto fue aprobado este miércoles, había propuesto anteriormente otra etapa del desarrollo en el Hombre Muerto Oeste, en Catamarca, donde buscará producir cloruro de litio de alta pureza que luego se convertirá en carbonato de litio.
En tanto, el proyecto de Ganfeng, conocido como «Mariana«, planeaba u$s273 millones para desarrollar una nueva operación litífera en Salta, pero quedó fuera del régimen por no cumplir con los requisitos.
También hay iniciativas en el sector del oro: Minas Argentinas, del grupo AISA, propuso invertir u$s665 millones para reactivar la mina Gualcamayo, en San Juan.
En el sector cobre, McEwen Copper, en sociedad con Stellantis y Rio Tinto, impulsa el proyecto Los Azules, también en San Juan, con una inversión de u$s227 millones para avanzar con los estudios de factibilidad, con miras a producir desde 2029.
En paralelo, el área energética suma otros tres proyectos en análisis: un parque eólico en Olavarría de 180MW (PCR y Acindar), con u$s255 millones; La Rincona, un parque eólico de 94,5MW que Tenaris (Techint) quiere construir para abastecer su planta de Siderca (u$s206 millones); y un plan integral de Pampa Energía para sumar infraestructura de transporte y procesamiento en el yacimiento Rincón de Aranda.
Además, Terminales y Servicios busca construir una terminal portuaria multipropósito en Timbúes, Santa Fe, con una inversión de u$s290 millones.
¿Qué ofrece el RIGI?
El régimen, impulsado por el Gobierno para atraer inversiones de gran escala, otorga beneficios clave:
- Reducción de Ganancias del 35% al 25%.
- Devolución acelerada de IVA mediante certificados de crédito fiscal transferibles.
- Exención parcial de retenciones (durante los primeros tres años).
- Posibilidad de libre disponibilidad de divisas, en una escala creciente: 20% en el primer año, 40% en el segundo, 100% desde el tercero.
- A cambio, los proyectos deben comprometer un mínimo de u$s200 millones y desembolsar al menos el 40% en los dos primeros años.
Con esta nueva aprobación, el Gobierno busca reforzar el impacto del RIGI como herramienta clave para atraer divisas, generar empleo e impulsar exportaciones en sectores estratégicos como la energía, la minería y la industria.
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