El teléfono de Alberto Fernández, abierto hace un mes por la causa de violencia contra su ex pareja Fabiola Yañez, podría ser clave en otro expediente que preocupa al ex presidente: el escándalo de los seguros. La Justicia le pidió a los peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) que extraigan todos los chats de Fernández con los imputados y que busquen más de 50 palabras clave vinculadas a ese caso de corrupción.

El teléfono y la tablet del ex presidente fueron secuestrados el 9 de agosto del año pasado de su departamento del complejo River View, en Puerto Madero. Desde entonces estuvieron guardados en una caja fuerte en la Fiscalía de Ramiro González, que investigó el caso de violencia de género. Hace tres semanas, el juez Julián Ercolini finalmente ordenó que se extraigan “todas las conversaciones mantenidas entre Alberto Ángel Fernández y Fabiola Yañez en las aplicaciones WhatsApp, Telegram y Signal, como así también por mensaje de texto, mensajes y Facetime, la que deberá ser resguardada en un dispositivo de almacenamiento distinto”.

Ese informe, según pudo saber este medio de fuentes judiciales, se presentaría la semana próxima en la causa de violencia de género, donde Fernández ya fue procesado.

Antes de que eso ocurra, la Justicia le pidió a los peritos de la DATIP, que depende de la Procuración General, una búsqueda de palabras claves sobre la copia forense del teléfono celular y la tablet de Fernández. Entre esas palabras aparece el nombre y el apodo de Héctor Martínez Sosa y su pareja María Cantero, la histórica secretaria del ex presidente. En el listado también están Daniel “El Gordo” Rodriguez, el ex intendente de la quinta de Olivos y un hombre clave en la vida de Fernández, los ex directores de Nación Seguros investigados, y los brokers y las empresas mencionados en la causa.

Además, hay palabras clave como “bróker”, “intermediario”, “intermediación”, “nación seguros”, “póliza”, “pas” y “máster”.

Los teléfonos son una prueba clave para la causa que investiga la trama de los seguros durante el gobierno de Alberto Fernández. Desde que arrancó la investigación, en marzo de 2024, se secuestraron más de 100 celulares. Algunos de ellos, como el de María Cantero, aportaron pruebas determinantes sobre las maniobras para elegir a los brokers.

El nuevo juez de la causa, Sebastián Casanello, espera el resultado de esas pericias y sigue recolectado información en distintos organismos antes de resolver si procesa a los principales imputados.

Todavía hay 40 teléfonos que no lograron abrirse. “Hay 30 en poder de la PSA para intentar desbloquear y otros 10 en los que se aguarda la actualización de software (del programa UFED)”, explicó uno de los investigadores. En ese último lote se destaca el celular de Daniel Rodriguez.

Los celulares fueron determinantes desde el comienzo de la causa Seguros. En el celular de Cantero se encontró una foto del ex presidente y Martínez Sosa en la quinta de Olivos. La escena fue retratada el 3 de julio de 2021 en el despacho del intendente de la quinta de Olivos, Daniel Rodríguez.

Ahora es el turno del teléfono de Fernández. El fiscal Rívolo había pedido en agosto del año pasado que el contenido de ese aparato se utilice como prueba en la causa Seguros, pero esa medida nunca se activó porque el celular quedó guardado en una caja fuerte. Ahora, a instancias de la Fiscalía, el juzgado de Casanello le pidió a la DATIP que genera un informe específico para su expediente. Además de las palabras clave, los peritos deberán copiar todas las conversaciones que Fernández mantuvo con los imputados.

En ese listado aparecen María Cantero, Héctor Martínez Sosa, el ex presidente de Nación Seguros Alberto Carlos Pagliano, Sebastián Díaz Bancalari, Gustavo Carlos García Argibay, Federico D’Angelo Campos, Santiago Fraschina, Andrés Severino, y Mauro Damián Tanos, entre otras personas.

La orden judicial detalla que los chats pueden ser extraídos de todas las aplicaciones de mensajería pero deben ser mensajes emitidos durante el mandato de Fernández.

¿De qué lo acusan?

En la causa de los Seguros, Fernández está acusado de controlar un “mecanismo de direccionamiento” para elegir a los brokers que tuvieron contratos con el Estado entre 2019 y 2023. “Aprovechándose de su investidura, el nombrado habría retenido la potestad de adoptar la última decisión en caso de controversia entre los demás miembros del grupo y se habría ocupado del direccionamiento en los casos en que las gestiones previas resultaban infructuosas”, argumentó el juez Ercolini cuando lo llamó a indagatoria.

Toda esa maniobra benefició a un grupo reducido de empresas.

Bachellier encabezó el ranking de las comisiones. El año que más cobró fue en 2022, con $700.416.803. Solo el contrato con Gendarmería le significó un ingreso de $1.363 millones, aunque también tuvo las pólizas del Ministerio de Seguridad, PFA, PSA y Prefectura.

Los chats encontrados en los teléfonos de los imputados revelaron que Martínez Sosa, amigo de Fernández, gestionó esa póliza. El broker le contaba a su mujer detalles de las reuniones y hasta se sacaba fotos con Andrés Severino, por entonces director nacional de la fuerza.

Cuando le tocó declarar, “Hecky” no negó la amistad con Fernández, pero habló en pasado. La relación entre ambos se quebró cuando comenzó el escándalo y el ex presidente responsabilizó a su secretaria de toda la vida, María Cantero: “Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”. Esa frase enfureció a Martínez Sosa y a su mujer, que decidieron interrumpir el vínculo con el ex presidente.

Infobae reveló la semana pasada que la amistad entre Martínez Sosa y Fernández incluyó un vínculo comercial. Entre 2010 y 2019, el ex presidente le facturó al broker por supuestos servicios profesionales. La última factura está fechada el 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de la asunción. Ese año, Fernández facturó por $1.422.000. Los datos figuran en un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) a pedido de la Justicia.