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Un abogado que defendió a Lázaro Báez se presentó como “presidente” del laboratorio que fabricó fentanilo contaminado

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En la causa que el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, investiga, se vincula a al menos 15 pacientes fallecidos (la cifra puede ser mayor) por haber sido inyectados con fentanilo de uso clínico contaminado, partida elaborada y distribuida por Laboratorios Ramallo y HLB Pharma. Ha aparecido en escena, de forma inesperada, un letrado que es funcionario de la Municipalidad de José C. Paz, a cargo del peronista Mario Ishii; ex apoderado de la lista “PJ Todos” y ex abogado del empresario kirchnerista Lázaro Báez y de su ex mujer, Norma Calismonte. Se trata de Sebastián Daniel Nanini.

A través de un escrito, el abogado asegura ser el nuevo “presidente de la firma HLB Pharma Group S.A. con domicilio en Intendente Tomkinson 2054, de la localidad y partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires”. El actual director de asuntos legales de la intendencia de José C. Paz —así se lo presenta en la página institucional— le aseguró al magistrado que el cuestionado laboratorio estaría en proceso de venta y que los empresarios detrás de la supuesta compra se vincularon a HLB Pharma y su planta elaboradora, Laboratorios Ramallo, después de diciembre de 2024, fecha en la que se elaboró el “lote 31202” contaminado con dos bacterias: Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, que producen, entre otras graves enfermedades, neumonía.

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El mismo brote fue denunciado por las autoridades del Hospital Italiano de La Plata y de inmediato lo vincularon a la partida “fentanilo HLB/ Fentanilo (citrato), concentración 0,05 mg/ml, en la forma farmacéutica solución inyectable, lote 31202, vto. SEP-26”. De los 18 pacientes infectados en esa institución privada, 14 fallecieron.

El intendente Mario Ishi a la izquierda y el abogado Sebastián Nanini a la derecha en una foto tomada en el despacho del jefe comunal de José C. Paz

Hasta ahora, el magistrado no tomó ninguna medida sobre la presentación espontánea del abogado. De hecho, el escrito de Nanini, al menos a esta altura de la instrucción del expediente, tiene poca o nula relevancia. Los primeros responsables en autorizar que los medicamentos lleguen a los usuarios, ya sean hospitales, droguerías, farmacias, pacientes, etc., son los directores técnicos de los laboratorios. Son quienes tienen la responsabilidad ante las autoridades sanitarias de aprobar o rechazar que el insumo médico salga a la venta.

Según los funcionarios de la ANMAT consultados por Infobae, en los registros del área del Ministerio de Salud que ostenta el poder de control y fiscalización sobre la fabricación de medicamentos, otro producto de uso y aplicación en medicina humana, la directora técnica de Laboratorios Ramallo y el director técnico de HLB Pharma siguen siendo los mismos, al menos hasta el día que Nanini presentó su escrito en la causa. Es más, las autoridades de la ANMAT y los policías que encabezaron los allanamientos fueron recibidos, por ejemplo en HLB Pharma, por el mismo farmacéutico que hasta el cierre de esta nota sigue figurando como director técnico del establecimiento.

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El abogado Sebastián Nanini y el ex juez de la Corte, Eugenio Zafaroni

Infobae se reserva los nombres, ya que por el momento el magistrado no tomó ninguna medida sobre ellos. El magistrado también deberá acreditar quiénes son los dueños de ambas firmas. Por trascendidos, serían: de HLB Pharma, Ariel García Furfaro —el mismo que tramitó la distribución de la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V—; y Ariel Salinas, de Laboratorio Ramallo, un empresario cuestionado por su presunta participación en el caso que se conoció como “la mafia de los medicamentos”, denunciado por la ex ministra de Salud y actual legisladora porteña, Graciela Ocaña.

Cada lote y cada partida de medicamento e insumos utilizados en la elaboración deben pasar por el departamento de control de calidad, y su asepsia debe ser debidamente controlada por estudios microbiológicos. Cada uno de esos pasos queda registrado en el denominado batch record, una acción crucial en industrias reguladas como la farmacéutica y la química.

Mario Ishi, derecha, firma convenios con un laboratorio ruso. Lo secundan, entre otros, el director de legales de la intendencia de José C. Paz (mira hacia el otro lado) Sebastián Nanini (Prensa municipalidad de José c Paz)

Los referentes en la materia consultados por Infobae entienden que es “prácticamente imposible” que, si se respetaron todas las normas de bioseguridad impuestas por la ANMAT, “tendría que haber saltado la contaminación cruzada en los estudios microbiológicos”. ¿No se hicieron? ¿Se realizaron de manera criminal y se distribuyó igual? ¿En los allanamientos ordenados por el juez Kreplak en los laboratorios se secuestraron esos documentos, o se los hizo desaparecer después de que la ANMAT inhibió a Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, esto es, antes del procedimiento judicial? Por ahora, las preguntas no tienen respuestas, pero se avanza en ese sentido.

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¿Quién es Sebastián Nanini?

Así como la importancia de la aparición de Nanini en la causa como presunto presidente de HLB Pharma, por ahora no es de interés, allegados a la causa y al Ministerio de Salud les genera suspicacias saber quién podría estar detrás de este abogado que se codea con lo más marginal del peronismo y el kirchnerismo.

Algunos datos para tener un acercamiento al personaje:

  • El 11 de noviembre de 2013, junto a Ignacio Lugones, se presentó como apoderado legal de la lista del peronismo bonaerense “PJ de Todos” que llevaba al entonces senador bonaerense Mario Ishii como candidato a presidir el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Al referirse a la denominación de la nómina de Ishii, el abogado Nanini respondió: “Este es el peronismo que va de Perón hasta Néstor”. El 15 de diciembre de ese año, el elegido para presidir el PJ bonaerense fue el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien contaba con un amplio apoyo, incluyendo el de la ahora expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
  • Mucho más acá en el tiempo, Sebastián Nanini, tal como lo publicó de manera exclusiva este medio, le ofrecía al condenado empresario kirchnerista Lázaro Báez sus “contactos” en Comodoro Py para colaborar en su defensa en el juicio por “la ruta del dinero K”. Nanini se habría acercado a Báez años atrás, de la mano del polémico intendente Mario Ishii. “Iba con Ishii al mausoleo de Néstor en el aniversario de su muerte, lo conoció por la política”, relató una fuente de la familia. El empresario K nunca terminó de confiar en las promesas de Nanini. La relación se quebró cuando el abogado pasó a defender a su exmujer, Norma Calismonte, en la causa que tramita en Río Gallegos por la división de sus bienes.

  Ernesto Kreplak, el juez federal de La Plata que instruye la causa del fentanilo clínico contaminado

  • Sebastián Nanini es funcionario en la intendencia que conduce el “barón del conurbano”. El 19 de agosto de 2024, se fotografió junto a Ishii como director de asuntos legales de la Municipalidad de José C. Paz en la firma de acuerdos comerciales “con representantes de la empresa farmacéutica BIOCAD (rusa), una de las más grandes del mundo, y rubricó convenios para impulsar el desarrollo industrial, científico y productivo en materia sanitaria para el distrito”, según publicó en su página de internet la intendencia ubicada en la zona oeste del conurbano profundo. El relato de la nota institucional de la Municipalidad dice así: “Acompañado por los gerentes de la compañía rusa en Brasil y LATAM, Richard Moralez y Rodrigo Teixeira da Silva; también estuvieron el Consejero Internacional de la Embajada Rusa en Argentina Poli Cousiño; la Directora General del Instituto Municipal de Medicamentos, Lic. Florencia Heinecke; y de Asuntos Legales Abog. Sebastián Nanini”.
  • El 30 de noviembre de 2024, Nanini también aparece junto a Ishii al recibir “a una destacada delegación de la Universidad de Hubei, República Popular China, para profundizar los lazos educativos y culturales que unen a ambas regiones”. El comunicado institucional también destaca que: “La comitiva china estuvo encabezada por el rector Liu Jianping y compuesta por académicos de renombre, como el decano de Lengua y Literatura China, Zhang Pengfei, y la directora del Departamento Internacional, Deng Xiaoming, entre otros. También participaron autoridades locales, como el rector de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), Darío Kusinsky, y el Dr. Sebastián Nanini”. En la red social Facebook se suele mostrar con figuras vinculadas al poder, como por ejemplo el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, y se ufana de tener algún tipo de relación con Cristina de Kirchner y Alberto Fernández.

Mientras Nanini se presenta en la causa como el supuesto nuevo presidente del laboratorio involucrado en la fabricación del fentanilo contaminado, fuentes oficiales abrieron la puerta a que en los próximos días u horas se confirmen más pacientes afectados por el opiáceo contaminado que se utiliza en dosis reducidas como analgésico en medicina. Por ejemplo, en terapia intensiva o enfermedades que, en un estado terminal, generan mucho dolor. También ya habría un registro de otros afectados fallecidos en Santa Fe, pero falta corroborar que esas muertes estén fehacientemente vinculadas al fentanilo elaborado por los laboratorios que están bajo la lupa del juez Kreplak.

Tal como publicó este medio, la justicia determinó que el fentanilo contaminado vinculado a 15 muertes fue elaborado y vendido por los Laboratorios Ramallo y HLB Pharma. El magistrado recibió de manera oficial los resultados de las muestras testigo de los laboratorios que envió a analizar la ANMAT. Descubrieron las mismas bacterias halladas en las muestras del Hospital Italiano. En esa institución fallecieron 14 pacientes.

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Victoria Villarruel dispuso que los senadores puedan rechazar los aumentos de sueldo que provienen de la partitaria legislativa

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La vicepresidenta Victoria Villarruel firmó un decreto que habilita a los senadores que lo manifiesten por escrito a rechazar los aumentos de dietas que vienen recibiendo los miembros de la Cámara alta cada vez que los empleados legislativos cierran una paritaria y consiguen incrementos en sus sueldos. A partir de esta negociación de la Asociación del Personal Legislativo (APL), los senadores incrementaron la semana pasada su sueldo a $9.500.000.

La medida está incluida en el decreto de presidencia 344/25 en el que Villarruel otorga, en cumplimiento de los acordado por los presidentes de ambas cámaras con los gremios, un aumento del 1,3% en los salarios de abril y un bono de $ 100.000 para los trabajadores de la Cámara alta.

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En su tercer artículo la norma invita a los senadores “a ejercer la opción de adecuar o no, total o parcialmente, sus respectivas dietas, informándolo por nota a Presidencia, en mérito a las facultades que le son propias”.

De esta manera, la vicepresidenta busca saldar la puja que se genera cada vez que los trabajadores legislativos reciben un aumento salarial entre aquellos senadores que consideran lógico el incremento de sus dietas y los que, para evitar la condena social y mediática, se quejan en público por el aumento y amenazan con renunciar a percibir la mejora, algo que hasta ahora no podían hacer.

El conflicto nació en abril del año pasado, cuando un grupo de senadores impulsó una reforma que ató los ingresos de los legisladores a los de los empleados del Congreso, al fijar en módulos, y ya no en una cifra expresada en pesos. el monto que perciben en concepto de dieta, gastos de representación y desarraigo.

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En aquel momento, fijaron sus ingresos en 4000 módulos, cantidad que tras la última paritaria salarial del Poder Legislativo elevó a 9,5 millones de pesos el bruto que perciben los legisladores, una mejora de $ 300.000 con relación a lo que venían percibiendo hasta el mes pasado.

Así como Villarruel no puede disponer la suspensión de los aumentos, ya que la reforma había sido votada en el recinto por los senadores; por el concepto de enganche con los salarios legislativos la vicepresidenta tampoco podía aceptar los pedidos de los legisladores que quisieran rechazar esos aumentos.

A partir de esta medida, los senadores quedan librados a su libre albedrío para disponer si aceptan el aumento de sus ingresos cada vez que las autoridades de ambas cámaras legislativas cierren una paritaria con los tres gremios (APL, UPCN y ATE) que tienen representación en el Congreso.

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Hasta el momento no hay información oficial, pero serían al menos tres los senadores que ya se habrían acogido a la oferta de la presidencia del Senado. Ellos serían Luis Juez (Pro-Córdoba) y los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

El aumento votado en abril pasado les valió a los senadores una dura reprimenda del presidente Javier Milei, que los acusó de ser parte de “la casta” y los criticó por incrementarse sus ingresos en medio del ajuste fiscal impulsado por el Poder Ejecutivo. Eran los tiempos del “no hay plata”.

A la siguiente paritaria, apenas un mes después, y al quedar otra vez en el foco de la tormenta por percibir un nuevo aumento, los senadores votaron congelarse sus dietas hasta diciembre.

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La medida fue prorrogada en diciembre hasta marzo de este año, pero no por los legisladores sino por Villarruel, ante el cierre del período de sesiones ordinarias y la imposibilidad de que la medida pudiera ser tomada en el recinto por los senadores.

En marzo y con el congelamiento ya vencido, pero con tiempo antes de liquidar las dietas de ese mes, la vicepresidenta planteó la posibilidad de mantener congeladas las dietas, pero su propuesta fue rechazada en una reunión de jefes de bloques, Por esa razón, a partir de abril sus dietas se incrementaron de los 7 a los 9 millones de pesos brutos.

Dos meses después y tras una nueva paritaria salarial de los legislativos, que otorgó un aumento de 3,9% acumulado para los meses de marzo, abril y mayo, las dietas volvieron a mejorar hasta alcanzar los 9,5 millones de pesos brutos.

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La estrategia del Gobierno ante la posible condena de CFK: silencio oficial y el dilema por el candidato libertario

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El arco político nacional se mantiene a la expectativa de si finalmente se conoce una de las noticias con mayor impacto de las últimas décadas: la efectiva condena a prisión de Cristina Kirchner, la cual podría producirse por estos días si es que la Corte Suprema le revoca el pedido extraordinario para revisar su sentencia por la corrupción en la obra pública, la cual acarrea una inmediata inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Se trata de un escenario sensible, donde abundan las versiones de que los cortesanos están preparando la decisión que condenaría a la dos veces presidenta, que continúa teniendo una vigencia rotunda en el panorama político nacional.

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El presidente Javier Milei bajó línea a sus funcionarios clave para que no salieran a comentar del caso y que aquello pudiera ser visto como una intromisión en el proceso judicial. “No sabemos si la Corte va a actuar”, afirmó en A24 la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, para agregar que en el Gobierno no querían adelantarse “para que parezca que promovemos una cosa o la otra”.

Aunque no lo digan en público, altos funcionarios libertarios consideran que la decisión de la Corte podría estar avanzada.

Esta cuestión no había sido evaluada una semana atrás, cuando Cristina se autopostuló como candidata provincial por la Tercera Sección Electoral. En ese entonces se había comenzado a tirar una batería de nombres, sin tomar dimensión de que el máximo tribunal ya estaba comenzando a jugar su juego silenciosamente.“Sin ella cambia todo… es obvio”, afirmó un alfil de altísima relevancia en La Libertad Avanza, en relación con cómo cambiaría la disputa electoral en PBA sin la presidenta nacional del Partido Justicialista.

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Quienes miran el territorio bonaerense ven que hay una multiplicidad de consecuencias a nivel político.

De más está decir que la elección en la Tercera Sección perdería una importancia sustancial. Con Cristina candidata, los reflectores iban a estar puestos en ese sector antes que en cualquier otro.

Los libertarios se plantean seriamente cuáles son los fundamentos que hacen más conveniente llevar a un candidato en ese escenario. “A una señora mayor, comunista y condenada hay que ponerle enfrente un pibe, libertario, irreprochable”, consideraba el lunes pasado una de las cuentas atribuidas al asesor presidencial Santiago Caputo.

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Antes, el debate interno era qué candidato era el mejor para poder polarizar al máximo contra la mayor referente del modelo kirchnerista. En la campaña porteña había funcionado muy bien el lema “Kirchnerismo o Libertad”. La consigna va a seguir en pie, aunque su efecto puede ser menor.

Una semana después del anuncio de Cristina, una alta fuente de Casa Rosada afirma que la elección del candidato para la Tercera “puede cambiar” y ser alguien “menos interesante”. Esta lectura coincide con lo que consideran otros estrategas importantes. “Cambia todo”, agregaba un dirigente importante en la Provincia.

“Nosotros no corremos atrás de la agenda de Cristina, no modificamos nada”, se diferenciaba un funcionario del Ejecutivo.

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Un dirigente de la Tercera afirmaba: “No altera mucho. Nosotros tenemos un piso que se refleja en cualquier escenario y que vamos a trabajar en subir pase lo que pase. Entendemos que van a haber dos frentes grandes, que en síntesis son ‘lo que no queremos más’ y el futuro, que somos nosotros”.

La ex presidenta hablará esta tarde en la sede del PJ

El alcance electoral de lo que pudiera pasar con la Corte era aún estudiado por las usinas libertarias. Por un lado, reconocen que Cristina era quien más medía en la Tercera, donde están habilitados para votar más 5 millones de personas. “Que la saquen del terreno hace que tenga que jugar un candidato menos competitivo. No está esa correlación de que la gente vaya a votar a alguien que sea puesto a dedo por Cristina”, afirmaba un estratega.

En Balcarce 50 deciden no aventurarse con estimaciones sobre cómo podría impactar esta posible noticia a nivel nacional. Pero es un hecho que a muchos funcionarios relevantes del Gobierno no les simpatizaba la idea de que Cristina Kirchner fuera condenada definitivamente.

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“Es realmente un asco. ¿Cómo van a condenar a un expresidente? Somos Guatemala, viejo. Deja de crecer soja en Argentina y ahora solo crecen paltas y bananas”, afirmaba un conocidísimo dirigente libertario a Infobae, que decía sentir “bronca” por la noticia del fallo de la Corte.

A pesar de estas consideraciones, los sectores más cercanos al Presidente mantienen la línea oficial de que la dirigente kirchnerista debe ser condenada y encarcelada. Esta postura se resume en la frase del mandatario: “Hay que clavarle el último clavo en el ataúd a Cristina”.

No obstante, en los círculos internos del oficialismo persiste el deseo de que la expresidenta pueda competir, ya que su presencia en la boleta facilitaría la estrategia electoral de los libertarios y les permitiría capitalizar el discurso anti-kirchnerista que los llevó al poder. La posición oficial entre muchos integrantes del Gobierno es “queremos ganarle a Cristina en las urnas y no en la Justicia”.

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Caso Vialidad: los ministros de la Corte recibieron un informe clave para poder pronunciarse sobre la condena a Cristina Kirchner

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Antes de las 10 de la mañana, la Secretaría Penal de la Corte Suprema de Justicia entregó a los tres ministros del máximo tribunal -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- un informe sobre el caso Vialidad con el estudio de las quejas interpuestas y también sugiriendo un posicionamiento frente a las mismas. Sin plazos predeterminados, el máximo tribunal avanza hacia la decisión sobre el expediente que tiene a Cristina Kirchner como principal condenada a seis años de cárcel, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El 13 de febrero ingresaron a la Corte nueve recursos de queja de las defensas con un único objetivo: que se anule el criterio de la Cámara Federal de Casación Penal, que en noviembre pasado dejó firme la sentencia condenatoria del caso Vialidad que el 6 de diciembre de 2022 había dictado el TOF 2 contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otro grupo de ex funcionarios.

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A esos planteos se les debe sumar el del Ministerio Público Fiscal representado por Mario Villar, quien insistió con el reclamo de su par de juicio, Diego Luciani y requirió una condena de doce años de prisión para la ex vicepresidenta al entender que también debe ser responsabilizada por el delito de asociación ilícita en carácter de jefa.

Comenzó en ese momento un recorrido más de carácter administrativo, lejos de lo que en los pasillos del Palacio de calle Talcahuano definen como la “ansiedad de la política”.

El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, respaldó el requerimiento del fiscal Villar. A la Corte ingresó, entonces, un dictamen solicitando la pena de doce años de cárcel para la presidenta del Partido Justicialista Nacional.

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Con el expediente consolidado, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti comenzaron el estudio de los planteos a la espera del informe de la Secretaría Penal que es la responsable de recepcionar las quejas.

Esta mañana, poco antes de las 10, a cada una de las vocalías de los ministros de la Corte ingresó un informe de la Secretaría: un detalle de los nueve recursos, las quejas centrales y las arbitrariedades que las defensas denuncian.

Junto con ese análisis, los informes también contienen una sugerencia respecto de cómo deberían resolverse las quejas. Eso se encuentra bajo estricta reserva de los ministros de la Corte.

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Todo allana el camino hacia la resolución del caso, recordando que la semana pasada los ministros del máximo tribunal rechazaron la recusación pedida por el abogado de Cristina Kirchner, contra Ricardo Lorenzetti.

Sin ningún otro planteo interpuesto, los ministros se encuentran avocados al estudio del caso, que se circunscribe a decidir si abren las quejas o no. La Corte es la última instancia de revisión y en caso como este se ocupa de velar por el debido proceso del expediente, que no haya habido ninguna violación a las garantías constitucionales.

Recordemos: el máximo tribunal no es quien condena. Cristina Kirchner ya fue condenada por un tribunal de juicio integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu y esa sentencia fue confirmada por la instancia superior penal que es la Cámara de Casación federal.

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Con el informe ingresado este lunes por la mañana, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, continúan -ahora con más información- con el análisis para determinar si corresponde abrir las quejas o rechazarlas a través del Artículo 280, que fue el criterio aplicado, por ejemplo, hace dos semanas en la Ruta del Dinero K, como también en el caso Ciccone, tragedia de Once y otros tantos.

La sentencia que busca anular CFK

Cuando la Cámara de Casación confirmó la sentencia condenatoria que el Tribunal Oral Federal 2 dictó en diciembre de 2022, se refirió al delito de defraudación en perjuicio de la administración pública como “un delito federal de corrupción”.

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A la hora de analizar el funcionamiento de esa estructura que se valió del Estado para “fines personales”, se indicó que Cristina Kirchner “transgredió los deberes extrapenales” perjudicando los “intereses que le habían sido confiados como representante máxima del Estado Nacional”.

Diferentes decretos firmados como cambios normativos en la modalidad de pago que garantizó que Lázaro Báez adquiera 51 contratos viales, exponen -según el fallo que quedó firme- “el conocimiento y la voluntad de realizar la maniobra por la cual fue condenada Cristina Kirchner en el hecho juzgado”.

Las pruebas “permiten acreditar la responsabilidad penal de Cristina Fernández de Kirchner en el delito”, la sentencia condenatoria.

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Los hechos juzgados refieren a la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, “en cuyo marco tuvo lugar una notable maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”.

Se pudo comprobar que durante ese período las obras viales licitadas en esa provincia “fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”.

De hecho, la Casación sumó otro concepto en la confirmación de la sentencia de juicio, que apunta directamente a Cristina Kirchner: «resulta penoso confirmar una condena por haberse probado de manera tan contundente un hecho defraudatorio de las dimensiones del que fue objeto este proceso cuando los responsables penales resultan ser funcionarios de tan alta jerarquía hasta quien fue la autoridad máxima del poder ejecutivo».

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El listado de las irregulares es aún más amplio: los condenados «omitieron controlar suficientemente lo actuado por las contratistas como así también supervisar mínimamente la marcha de la construcción de las obras; y, además, han tratado en forma preferencial a las sociedades del grupo proveyéndolas de canales exclusivos y privilegiados de adelantos financieros permanentes y de pagos anticipados de certificados de obra».

Todos estos hechos, expone, «la existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes al mencionado grupo empresarial».

Los lazos entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez «fueron determinantes para la concreción de una defraudación en la que predominó una ficta legalidad para instrumentar procesos y decisiones administrativas que buscaron asegurar y disimular un beneficio ilegítimo a favor de, por lo menos, dos de las personas imputadas en este proceso (Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez)».

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Una vez más, se escribió que esos lazos promiscuos entre la ex presidenta y Báez, tuvieron como fin «procurar un lucro indebido, perjudicaron los intereses confiados y obligaron abusivamente al Estado Nacional».

Corrupción K,Cristina Kirchner,Lázaro Báez,Corte Suprema de Justicia

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