La repentina decisión del Gobierno de Lula de triplicar el impuesto sobre las transacciones financieras, el llamado IOF, hasta el 3,5% desató el pánico en los mercados el jueves por la noche. El dólar empezó a subir en el mercado de futuros y el EWZ, el principal Fondo de inversión cotizado de las acciones brasileñas en Wall Street, índice de referencia de la bolsa del país sudamericano en Nueva York, se desplomó más de un 3%. Inmediatamente después de la rueda de prensa de los técnicos del Ministerio de Hacienda, los principales economistas brasileños dieron la voz de alarma, interpretando la medida como un intento de control de capitales por parte del Ejecutivo con el riesgo de abrir el camino a un posible tipo de cambio controlado, tal y como hizo Cristina Kirchner en Argentina en su segundo mandato. “Este es el comienzo del cierre de capitales, del control de cambios”, comentó en su perfil de X el ex director del Banco Central Tony Volpon.

El nuevo decreto del Gobierno, que entró en vigor ayer, aumentó las tasas del IOF para las operaciones de crédito de las empresas. También unificó el impuesto del 3,5% a las remesas y compras internacionales e impuso un gravamen a los depósitos superiores a 50 mil reales (8.850 dólares) anuales en planes de pensiones. De hecho, y esto se considera uno de los puntos más críticos, el inversor extranjero que quiera desinvertir de Brasil en algún momento tendrá que pagar el 3,5% de IOF sobre su dinero saliente. Con este decreto, el Ministerio de Hacienda espera recaudar 61.500 millones de reales (10.885 millones de dólares) hasta 2026, con 20.500 millones de reales (3.628 millones de dólares) en 2025.

Sin embargo, la reacción del mercado fue tan severa que el Palacio Presidencial de Planalto, pocas horas después del anuncio del Ministerio de Hacienda, convocó el jueves a toda prisa una reunión con los ministros de la Casa Civil, Rui Costa, de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, y de la Secretaría de Comunicación, Sidônio Palmeira, así como con juristas y miembros del equipo económico. El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, no estuvo presente, pero pocas horas después, desde las redes sociales de su ministerio, anunció la retirada de parte de la medida; es decir, el impuesto IOF para las inversiones de fondos nacionales en el extranjero se mantendrá a cero. El texto original de la nueva medida contemplaba un aumento hasta el 3,5%. En la rueda de prensa de ayer por la mañana, Haddad justificó el paso atrás por una “necesidad técnica” y “para evitar especulaciones”. “Recibimos, tras el anuncio, una serie de comentarios de los participantes en el mercado, que señalaban que nuestra decisión podría haber causado algún tipo de problema y transmitido un mensaje distinto del que pretendía el Ministerio de Hacienda”, dijo el ministro.

Sin embargo, según los economistas, la imagen de inseguridad jurídica de Brasil persistió. Esto se debió, entre otras cosas, a que Haddad contradijo a sus técnicos. Ellos habían afirmado en la rueda de prensa que el Banco Central había sido avisado, pero Haddad dijo que el presidente de la institución, Gabriel Galípolo, no había sido informado. En una rueda de prensa, Galípolo se mostró contrario al aumento del IOF como forma de recaudación. A la precisa pregunta en la conferencia de prensa sobre el riesgo de que la modificación pueda ser interpretada como una forma indirecta de control cambiario, el presidente del Banco Central de Brasil respondió: “Mi resistencia al uso de la tasa del IOF como un recurso para perseguir el objetivo fiscal proviene precisamente de este temor”, declaró Galípolo. “Es el Banco Central quien tiene la prerrogativa de manejar la política cambiaria. De la noche a la mañana, el IOF sobre las inversiones extranjeras pasó de cero a 3,5%. Esto se llama control de capitales. Si es control de capitales, influirá en el tipo de cambio, influirá en las decisiones del Banco Central, influirá en la confianza de los operadores”, declaró al diario O Estado de São Paulo el economista Felipe Salto, ex Secretario de Hacienda y Planificación del Estado de San Pablo.

El gobierno justificó el aumento del IOF con la necesidad de aumentar la recaudación y corregir las distorsiones entre las formas de inversión y crédito. El problema, según los economistas, es que el Gobierno no presentó hasta ahora medidas estructurales para reducir el gasto público. Tanto es así que, con el anuncio de la subida del IOF, la noticia de la congelación de 31.300 millones de reales (5.540 millones de dólares) en gastos no obligatorios también pasó a un segundo plano. El recorte se incluyó en el Informe bimensual de Evaluación de Ingresos y Gastos, que guía la ejecución del presupuesto y que los ministerios de Hacienda y Planificación envían al Congreso cada dos meses. La situación de las cuentas públicas es cada vez más crítica, con un déficit primario oficial que en 2025 subió a 97.000 millones de reales (17.168 millones de dólares). El déficit primario representa el resultado negativo de las cuentas del Gobierno sin considerar el pago de los intereses de la deuda pública. Sin embargo, el economista Marcos Mendes de Insper explicó a CNN Brasil que, al incluir los gastos adicionales no contabilizados en el presupuesto del Estado, como el programa de becas estudiantiles Pé de meia, “el déficit primario llega al 1% del Producto Interior Bruto (PIB) o 125.000 millones de reales (22.124 millones de dólares)”. Mendes destacó la gravedad de la situación fiscal, subrayando la necesidad de un ajuste entre 440.000 y 450.000 millones de reales (entre 77.876 y 79.646 millones de dólares) para alcanzar un superávit del dos por ciento del PIB. En este contexto, el economista criticó el uso del IOF como medida recaudatoria. “Obviamente, muchos llevarán el caso a los tribunales, porque si se trata de una medida recaudatoria según la ley, sólo puede entrar en vigor después de 90 días”, explicó Mendes, sugiriendo que los ingresos esperados de esta medida pueden no materializarse precisamente debido a posibles litigios.

Ayer, informes publicados por bancos y sociedades de corretaje destacaron la falta de coordinación interna del Gobierno, el riesgo de ruptura de la confianza y la incompatibilidad con las normas internacionales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Brasil se había comprometido a reducir el IOF de aquí a 2029 para poder ingresar en la OCDE. Varios empresarios brasileños también mostraron su preocupación. Para Flávio Rocha, presidente del consejo de administración de la marca de ropa Riachuelo, la fórmula adoptada por el Gobierno “ya ha sido probada y ha fracasado repetidamente. Es una explosión de ingresos insuficientes para una expansión espantosa del gasto público y no puede tener éxito”, declaró al diario Folha de São Paulo. Rubens Ometto, presidente del consejo de administración de Cosan, un gigante de la caña de azúcar, predice un impacto en la inflación. “Aumentará el coste del dinero. La situación es difícil”, dijo.

La Unión Nacional de Entidades de Comercio y Servicios (UNECS) criticó duramente el aumento del IOF, afirmando que la medida penaliza a empresas y consumidores, especialmente a las micro y pequeñas empresas que dependen del crédito a corto plazo. La organización acusa al Ejecutivo de contradecir su promesa de simplificación fiscal y estímulo a la competitividad, y pide al Congreso que revise los cambios. También recuerda que el sector del comercio y los servicios representa más del 70% del PIB brasileño y no puede ser penalizado con medidas que obstaculicen la recuperación económica. La oposición se ha movilizado ya en el Congreso. El diputado Luciano Zucco, del Partido Liberal (PL), presentó un proyecto para anular el aumento y pidió la convocatoria del ministro Haddad para aclaraciones. También comentó la nueva medida económica el ex presidente Jair Bolsonaro. “Esta es una decisión que tiende a desalentar la inversión y encarecer el acceso al crédito, con efectos negativos para la economía brasileña”, afirmó en su perfil de X.

De hecho, es principalmente la clase media la que paga el precio. Cualquier compra realizada con una tarjeta de crédito brasileña en el extranjero tendrá ahora un impuesto del 3,5%. Incluso quienes no viajen pero hagan compras en sitios extranjeros tendrán que pagar este recargo. La noticia llega en la misma semana en que Lula anunció la “exención de la factura de la luz” para 60 millones de brasileños. Pero, ¿quién pagará la factura? En un editorial titulado “Descuento electoral”, el diario O Estado de São Paulo afirma que “al ampliar las franjas de exención y los descuentos en las tarifas de energía para las personas de bajos ingresos, Lula refuerza su arsenal populista para la reelección y transfiere el costo a la clase media y a la industria”. A pesar de que las encuestas siguen mostrando una pronunciada caída de su popularidad, en una reunión con la cúpula de su Partido de los Trabajadores (PT), en la que confirmó su candidatura a las elecciones presidenciales de 2026, el presidente brasileño afirmó que “sólo perdería contra sí mismo”.

El aumento del IOF llega en el peor momento para Brasil. En 2025, el número de empresas brasileñas morosas y las demandas judiciales de recuperación aumentaron significativamente, según un estudio de FecomercioSP, la Federación del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo del Estado de San Pablo. 7,2 millones de empresas están en mora, lo que representa el 31% de las activas del país, mientras que eran 6,9 millones a finales de 2024. De ellas, 6,8 millones son micro y pequeñas empresas, y representan 47,2 millones de deudas pendientes, por un total de más de 141.600 millones de reales (25.062 millones de dólares). El sector servicios es el más afectado, con el 52,8% de las empresas en “números rojos”, seguido del comercio (35%). Paralelamente, los procedimientos de recuperación judicial, una herramienta para evitar la quiebra mediante la reestructuración de la deuda, alcanzaron las 2.273 solicitudes en 2024, un aumento del 61,8% en comparación con el año anterior y el mayor número desde 2006. La tendencia continuó en 2025, con 162 solicitudes en enero y 122 en febrero. Según FecomercioSP, la principal causa de este escenario es el elevado tipo de interés, unido a la persistente inflación y a la limitación del crédito. La morosidad también se registra entre los ciudadanos. Según un reciente estudio del Instituto Brasileño de Planificación y Tributación (IBPT), en febrero de 2025, el número de brasileños en mora alcanzó los 75 millones, cerca de un tercio de la población. El grupo más afectado es el de entre 41 y 60 años (35,1%), seguido del de 26 a 40 años (34%).

Amplificando la incertidumbre de los mercados, en estas horas está también el anuncio del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) de poner en marcha la asociación firmada en 2024 con el Instituto Nacional de Estadística de China. Según el Director de Investigación del IBGE, Gustavo Junger, el acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística de China contribuirá a modernizar la producción estadística de Brasil. El IBGE desempeña un papel clave en el cálculo de la inflación en Brasil, en el que se basan las decisiones económicas del ejecutivo, mientras que numerosos informes critican desde hace tiempo los datos estadísticos chinos por falta de transparencia e influencia política con el objetivo de sobreestimar el crecimiento económico en una China en profunda crisis.