POLITICA
Nuevo escándalo en Río Negro: Echan a un funcionario por mantener relaciones sexuales con una empleada

Catriel vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que un coordinador del Vivero Municipal fuera despedido de manera inmediata al ser captado por las cámaras de seguridad teniendo relaciones sexuales con una trabajadora que dependía jerárquicamente de él.
El hecho, que tuvo lugar dentro del ámbito laboral, fue considerado por la intendenta Daniela Salzotto como un acto de “abuso de poder y conducta impropia”, y motivó su desvinculación inmediata del cargo sin derecho a defensa previa. La trabajadora involucrada no recibió sanción, dado que desde el Ejecutivo se sostuvo que se encontraba en una situación de vulnerabilidad por la relación de subordinación.
“La decisión fue tomada para proteger a los trabajadores y garantizar un entorno laboral libre de abusos”, indicaron desde el entorno de la jefa comunal. También remarcaron que el sistema de videovigilancia, instalado como parte de una política de transparencia, permitió detectar lo que calificaron como una “falta ética grave”.
Este nuevo episodio se suma a una cadena de escándalos que han sacudido la gestión de Salzotto. Hace apenas unos meses, el entonces presidente del Concejo Deliberante, Alberto Ariaudo, fue filmado mientras amenazaba con un arma de fuego a la intendenta y su gabinete. Renunció a su cargo tras ser imputado por amenazas y coacción.
Además, otro funcionario permanece bajo investigación judicial tras ser denunciado por acoso por una empleada de 22 años. La causa aún se encuentra en etapa de instrucción.
Frente a este contexto, la intendenta Salzotto reiteró que su gestión no tolerará “ningún tipo de violencia, abuso de poder ni relaciones desiguales que comprometan la integridad de las y los trabajadores municipales”. Desde su gabinete aseguran que se están reforzando los protocolos de actuación ante casos de violencia institucional y se evalúan nuevas medidas para fortalecer la prevención.
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POLITICA
ADEPA expresó su preocupación por las presuntas operaciones de desinformación financiadas por el régimen ruso

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su preocupación ante la maniobra difundida por un consorcio internacional de periodistas sobre una supuesta campaña de espionaje y desinformación de origen extranjero dirigida a desprestigiar al gobierno argentino mediante el uso de contenidos publicados en medios locales.
De acuerdo con el comunicado de ADEPA, si estos hechos se confirmaran, representarían una forma inadmisible de injerencia externa y un intento por manipular el debate público bajo apariencias de información profesional. La organización advirtió que este tipo de campañas ilegítimas no solo desvirtúan el rol del periodismo basado en la búsqueda y verificación de hechos, sino que podrían dañar la confianza pública en los medios.
La advertencia también incluyó un llamado a evitar generalizaciones que cuestionen de manera infundada el ejercicio profesional del periodismo, así como una exhortación a los medios para que refuercen los procesos de verificación y fiscalización del origen de la información publicada. ADEPA insistió en la importancia de mejorar estos controles como recurso fundamental para preservar la calidad periodística y la confianza social.
Finalmente, la asociación periodística pidió que la investigación en curso se profundice y que las autoridades pertinentes adopten medidas para evitar la repetición de este tipo de prácticas.
De qué se trata la supuesta campaña rusa
Según la denuncia presentada por el abogado Jorge Monastersky ante la Justicia, el financiamiento de operaciones de desinformación atribuidas al régimen ruso habría implicado un desembolso superior a USD 283.000 destinados a más de 250 publicaciones en 23 medios digitales locales. De acuerdo a declaraciones del propio Monastersky, el peligro de este esquema radica en su capacidad para alterar la formación de la voluntad del electorado y comprometer la integridad del sistema democrático argentino, especialmente durante periodos electorales.
La acusación judicial, presentada como “averiguación de ilícito”, solicita determinar si las prácticas descritas constituyen delitos tipificados en la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional o si configuran atentados contra el orden constitucional. El letrado explicó que la maniobra investigada involucra aproximadamente a 25 medios de comunicación y un volumen de publicaciones inédito en el país. “La magnitud de tantos medios, tantos periodistas y tantas notas, nunca vi un antecedente en la República Argentina y me animo a decir en la región”, precisó Monastersky.
La investigación impulsada por Monastersky cuenta con el respaldo de un consorcio de periodistas de diversas orientaciones ideológicas, hecho que el propio denunciante considera fundamental para la credibilidad del caso. “Le da verosimilitud. No estamos hablando de medios afines al gobierno los que están planteando que habría existido esta situación de una infiltración de información a pedido de Rusia para desestabilizar a Javier Milei. El consorcio es completamente pluriideológico”, subrayó.
En el texto de la denuncia entregado al juzgado consta que la posible inserción de operaciones coordinadas, con financiamiento extranjero, podría afectar de manera directa la transparencia del debate público. El documento recalca la necesidad de que la justicia individualice las conductas y establezca responsabilidades, ya que tanto periodistas como medios podrían haber sido engañados respecto al origen o los fines del material difundido.
Esta preocupación fue acentuada por Monastersky. Distingue entre el rol legítimo del periodismo y la figura del operador disfrazado de periodista: “Hay que ser prudentes. Una cosa son los medios de comunicación y otra cosa son los periodistas, y otra cosa son los operadores disfrazados de periodistas”, manifestó en la entrevista con el equipo de Infobae al Regreso.
La investigación requirió al juzgado que remita vista al Ministerio Público Fiscal para que impulse la acción penal, teniendo en cuenta la posible aplicación de la normativa de inteligencia. El abogado puntualizó que la denuncia no califica preliminarmente los hechos para no forzar una figura penal y destacó la urgencia de actuar con celeridad para resguardar pruebas.
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POLITICA
Milei dio su postura sobre la eutanasia, tras el caso de la joven española Noelia Castillo

El presidente Javier Milei fijó su postura sobre la eutanasia, a raíz del caso Noelia Castillo, la joven española de 25 años que decidió poner fin a su vida tras una serie de padecimientos físicos y mentales y una larga batalla legal.
Luego de su participación en Madrid Economic Forum y del encuentro con Santiago Abascal, líder de Vox, el mandatario manifestó su rechazo personal a la práctica, al definir la vida como “un regalo” que debe ser honrado diariamente, en declaraciones ofrecidas al diario español El Debate.
“En lo personal, yo no estoy de acuerdo. Para mí la vida es un regalo que además debemos honrarlo. Es un motivo de alegría que cada día nos levantemos y podamos vivir. No puede ser peor estar muerto que tener una vida que no le gusta, por decirlo de alguna manera. Si usted me pregunta a mí, yo estoy en contra de la eutanasia. Digamos, esa es mi posición”, argumentó.
Sin embargo, Milei, si bien aseguró que intentaría disuadir a quien tomara esa determinación, subrayó que no se inmiscuiría en las resoluciones privadas de los individuos.
“Si yo quisiera a alguien que se quiere suicidar o llámalo como quieras, mi recomendación es que no lo haga. Yo no lo haría. Yo le recomendaría que no lo haga. Y si usted lo quiere hacer, yo estaría dispuesto a hablar con usted para tratar de convencerle de que no lo haga. Pero la decisión final es suya. Es decir, yo no me meto en las decisiones de la gente”.
Noticia en desarrollo
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POLITICA
La Casa Rosada les negó el acceso a los periodistas de los medios involucrados en la campaña rusa contra Milei

La Casa Rosada les prohibió este lunes el acceso a varios periodistas de los medios que fueron señalados como parte de una operación de inteligencia rusa para desacreditar al Gobierno. Bajo esa directiva, Martín Menem también denegó el acceso a otros acreditados en la Cámara de Diputados.
Personal de Casa Militar fue colocado en la entrada de Balcarce 50 para preguntar a todos los ingresantes a qué área pertenecían. Ante la respuesta de “prensa”, el personal comunicaba a los distintos acreditados si estaban o no habilitados para pasar.
Así, a un grupo de periodistas de Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, La Patriada, A24 y El Destape se les impidió entrar a la Casa de Gobierno. Se trata de los medios acusados de presuntamente publicar notas destinadas a menoscavar al Gobierno y que habrían recibido dinero de la inteligencia rusa para hacerlo.
Noticia que está siendo actualizada
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