ECONOMIA
Milei avanza con una avalancha de reformas tras el espaldarazo que recibió en las elecciones porteñas
El 25 de Mayo encuentra a Javier Milei en estado de euforia tras la victoria electoral, el acuerdo con el FMI, el levantamiento del cepo y una andanada de medidas reformistas. Una situación bastante diferente a la de hace un año, cuando lidiaba con la oposición para que le aprobaran su Ley Bases y tuvo que posponer dos meses la firma de su Pacto de Mayo con los gobernadores aliados.
No es que ahora se hayan disipado las dudas sobre la marcha de la economía, claro -de hecho, abundan las advertencias sobre la fragilidad a mediano plazo-, pero con la inflación otra vez en la zona de 2% y tendencia a la baja, el presidente siente que está en su momento para pisar el acelerador.
La ola de anuncios ya había empezado desde hacía semanas, pero adquirió un ritmo aun más alto después del contundente respaldo electoral que obtuvo el gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, donde superó tanto al «oficialismo porteño» del PRO como a la oposición kirchnerista.
Desde la regulación más laxa para los dólares del colchón hasta la inclusión de Milton Friedman en la programación del canal infantil Paka Paka; desde la flexibilización en requisitos para tenencia de armas hasta la el nuevo régimen de servicios esenciales que acota el poder sindical, no hay área en la que el presidente no parezca dispuesto a dar su «batalla cultural».
En el ámbito político hay variadas interpretaciones sobre esta nueva fase de la gestión. Una de ellas podría ser que a partir de julio vencen las facultades delegadas que le otorgó el Congreso al presidente el año pasado, y que por eso está trabajando contra reloj, sobre todo en medidas de desregulación.
Pero otra visión alude a una cuestión de estrategia política: aunque las elecciones del 18 de mayo hayan sido apenas para la renovación de la legislatura porteña, el propio Milei dijo que se trataba de «un día bisagra» que cambiaría el panorama político del país. En otras palabras, el gobierno quiere dar el mensaje de que lo que ocurrió en las urnas en mayo se repetirá en octubre, con lo cual tendrá un mayor margen para imponer su agenda, sin depender de acuerdos circunstanciales con aliados incómodos.
Motosierra y batalla cultural
El área de mayor impacto por los anuncios es el de las desregulaciones, que depende de Federico Sturzenegger. Su más reciente medida es, mediante tres decretos, la reestructuración de más de 40 organismos públicos.
La explicación oficial es que se necesita «reducir duplicaciones, eliminar gastos superfluos y poner fin a décadas de despilfarro, descontrol y expansión injustificada de estructuras estatales».
«El kirchnerismo abultó los organismos descentralizados porque generaban caja propia mediante tasas, multas y trámites innecesarios. Alimentaban una burocracia que se reproducía sin control y con fines políticos», afirmó Sturzenegger.
Y, por el tenor de las medidas, queda en claro que el objetivo no es únicamente el ahorro fiscal, sino dar la batalla cultural al afectar instituciones de importancia simbólica para el kirchnerismo y la izquierda. Por caso, se disolvieron los institutos Belgraniano, Browniano, Newberiano y el Instituto Juan Domingo Perón. Además, se reconfiguran espacios como el Museo Nacional de Bellas Artes, Tecnópolis y el Palacio Libertad -ex Centro Cultural Kirchner- como unidades organizativas de menor escala.
Y no fueron las medidas de mayor impacto desde lo simbólico: también se bajó el rango del Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio ESMA en unidades organizativas a incorporarse a la estructura del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos.
Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, con estos últimos recortes centrados en las áreas de cultura y derechos humanos, ya se acumula la eliminación de 200 áreas estatales, lo cual implica la baja de 45.000 contratos.
Otras medidas destinadas a satisfacer los reclamos de su electorado más volcado a la derecha -y, por lo tanto, que irritaron a la izquierda- fueron la modificación del régimen migratorio y el régimen de portación de armas.
En el primero caso, se elevan los requisitos para tener la ciudadanía -incluyendo la posibilidad de la «deportación exprés»- y se acota el derecho de atención médica y de matriculación gratuita en universidades nacionales.
En el caso de la tenencia de armas, se simplificaron los trámites, muchos de los cuales pueden ahora hacerse sin la obligación de presentarse físicamente en los organismos de control.
Anticipando la pulseada laboral
En el área de la actividad económica, se había anunciado una serie de cambios regulatorios en diversas áreas de la actividad. Por caso, se oficializó el nuevo régimen para la marina mercante, que ahora permite el transporte de carga y pasajeros a los buques de bandera extranjera y tripulaciones no nacionales.
El sindicato del sector no tardó en criticar la medida, a la que consideró riesgosa para los puestos de empleo. Pero, además, observó el punto de que el decreto declara a la marina mercante como «servicio esencial».
Esto coincide con un nuevo decreto que crea la nueva categoría de «servicios de importancia trascendental». Para estos casos, el derecho de huelga queda restringido a la condición de que se garantice la prestación del 50% de los servicios. Abarca desde industrias como la alimenticia, metalúrgica y de la construcción, hasta servicios bancarios, gastronómicos y actividades relacionadas con la exportación.
Para los «servicios esenciales», que son los ligados a la salud de la población y seguridad nacional -y que abarca desde la salud pública hasta las telecomunicaciones, pasando por la enseñanza pública-, el requisito es más alto: debe asegurarse un 75% del servicio.
Esto ha puesto en alerta a la central sindical CGT, que interpreta las medidas como una restricción de la huelga y como el preludio de un intento de reforma laboral y de recorte del poder sindical. De momento, no está en carpeta una protesta, luego del flojo paro general de abril, pero la cúpula cegetista sabe que figura al tope del ranking en la libreta de Milei.
Por caso, la última medida del ministerio de Desregulación fue la limitación en la cantidad de delegados gremiales. Sturzenegger destacó que hasta febrero había 11.652 delegados y que en algunos organismos en los que sólo correspondía 42, el número había crecido hasta 303, lo que significa un 7,55% de la planta laboral.
Medidas anti burocracia
Pero lo que más celebra el gobierno son las medidas que simplifican trámites burocráticos. Por ejemplo, el inicio del nuevo régimen para los registros de conductor, que ahora se pueden renovar online -para la Ciudad de Buenos Aires y 19 provincias- con una licencia digital válida en todo el país.
Y hubo una especial atención en ganarse la simpatía de las pymes, uno de los sectores a los que más lentamente está llegando el impulso de la reactivación económica. Sturzenegger sostiene que los múltiples programas de fomento y agencias especiales no eran otra que «capacitaciones irrelevantes, registros inútiles, consorcios de exportación que no tuvieron escala, vínculos forzados entre pymes y grandes empresas, esquemas de certificación de calidad y apoyo tecnológico que no lograron nada, y una burocracia costos sin impacto».
Con esa argumentación se justificó la eliminación de más de 20 artículos en dos leyes, que establecían regímenes de promoción pyme, algo que según el gobierno era «un modelo para pocos, quizás amigos del poder».
Toto Caputo recargado
Las medidas de mayor impacto político, sin embargo, no corrieron por cuenta de Sturzenegger sino de Luis «Toto» Caputo, a quien los analistas políticos consideran el verdadero ganador de las elecciones porteñas, por su mix de apertura comercial, baja inflación y estabilización cambiaria.
La rebaja de 4% en los precios de los combustibles surgió como parte de una mejora de costos de las compañías petroleras y también por una extensión en la actualización del impuesto.
Ya antes, las reducciones arancelarias que afectaban a rubros como los textiles y los juguetes habían causado un debate en el seno de la industria nacional, cuando se anunció la rebaja para celulares y productos tecnológicos. El gobierno asumió el riesgo de pagar un costo político por las críticas sobre la eventual pérdida de empleo en Tierra del Fuego, pero apostó a la simpatía que esta medida tendría entre los consumidores.
Claro que no todas las medidas aperturistas implican malas noticias para los industriales, porque también se abarató la importación de bienes de capital utilizados por las empresas de varias ramas, desde la petrolera hasta la gastronomía.
Y con el campo, donde persiste el malhumor por los bajos precios que le llegan al productor, hubo también señales, como por ejemplo la extensión de la rebaja de retenciones a la exportación para la cosecha fina -cuya siembre inicia en las próximas semanas-.
Palo y zanahoria
En su vínculo con las empresas, Caputo ha demostrado una combinación de «palo y zanahoria», en las que como contrapartida de las desregulaciones y bajas impositivas exige un cuidado especial con los precios.
Así, sorprendió al país cuando, lejos de su perfil de libertario, forzó a las cadenas de supemercados y grandes alimenticias a dar marcha atrás con los aumentos de precios «preventivos» que las empresas habían tomado al levantarse el cepo cambiario. El ministro dijo que no había ocurrido un salto cambiario y que no había motivo alguno para remarcar las listas.
Fue una actitud que no se limitó a los productos de consumo masivo, sino que también tocó áreas como el aluminio y los automóviles. Por otra parte, Caputo no ha tenido pudor en vetar toda negociación paritaria que considere que acuerda cifras no justificadas por la inflación.
Y la nueva gran reforma, por cierto, está vinculada al fomento de la remonetización de la economía con el uso de los «dólares del colchón».
Pero la sensación que quiere transmitir el gobierno es que la fase de las reformas recién está en su inicio y que, de lograrse el resultado electoral que Milei espera en octubre, podrá tomar más velocidad.
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ECONOMIA
Tres días de medidas de fuerza en el PAMI. ¿peligra la atención de los jubilados y pensionados?
El Frente Sindical reclama la urgente convocatoria a paritaria. Afirman que hace 350 días que no reciben aumentos. Amenazan con profundizar las protestas.
30/09/2025 – 10:28hs
A los recurrentes problemas que sufre el PAMI se le suman medidas de fuerza que pueden afectar la atención y gestión de trámites. El Frente Sindical de Unidad integrado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión de Trabajadores del Instituto (UTI), el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de PAMI (SUTEPA) y la Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) dispuso un plan de lucha por tres días, con paros y actos y concentraciones en la gran mayoría de las oficinas.
El secretario General de ATE nacional, Rodolfo Aguiar afirmó que «ya van más de 350 días con los salarios congelados. Desde la creación de la obra social no existen precedentes de un ajuste de esta magnitud» y agregó que «recortan los ingresos de los trabajadores y las prestaciones de los jubilados».
Cómo se aplicará el plan de lucha y en qué consiste
El dirigente subrayó que «más de la mitad de los empleados cayeron por debajo de la línea de pobreza y son muchos los profesionales que están migrando por sueldos tan bajos. Esto repercute de manera negativa en los servicios que brinda el Instituto» y añadió que «tienen que explicar a dónde está yendo a parar la plata, porque estamos hablando de uno de los presupuestos más grandes del Estado nacional».
El plan de lucha del Frente Sindical comenzó a mediados de septiembre, pero ahora se profundizará con acciones progresivas en demanda de una urgente convocatoria a paritarias, además de otros reclamos laborales.
Las organizaciones gremiales anunciaron llevarán a cabo, hoy y mañana, ceses de actividades de 11 a 12, mientras que el jueves convocaron a los trabajadores y trabajadoras a concentrarse en todas las sedes del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP) a partir de las 12, con el objetivo de visualizar el conflicto.
Amenazan con profundizar las protestas
Aguar sostuvo que «se trata de un reclamo absolutamente justo y razonable. Si no existen respuestas concretas, vamos a profundizar las medidas de fuerza en todo el país» y avisó: «Que nadie se escandalice porque los trabajadores hacemos paro. Es el gobierno el que odia a los viejos, les quita los medicamentos, paga haberes de miseria y les pega todos los miércoles».
Según trascendió, los referentes de los sindicatos tendrán una reunión el mismo jueves, después de las manifestaciones, para evaluar los resultados de las protestas y allí decidir la continuidad del plan de lucha, que podría incluir nuevos paros (de más duración) y movilizaciones de los 12.500 empleados.
Voceros gremiales señalaron que «estamos sufriendo un desguace del PAMI, donde por un lado se nos ajustan los salarios al igual que los jubilados y pensionados, a quienes además les quitan prestaciones» y agregaron que «no solo se trata de una actualización salarial, sino de mejorar las condiciones laborales para que podamos cumplir con nuestras tareas y hacer más eficiente la atención; hoy el PAMI atraviesa una crisis de difícil resolución por inoperancia del gobierno».
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ECONOMIA
Milei respondió a las críticas por la quita de retenciones al campo y ratificó que “los productores sí se beneficiaron”
EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
El presidente de Argentina, Javier Milei, salió al cruce de las críticas que recibió por la quita temporal de las retenciones al campo y reafirmó que la medida permitió a los productores recibir el precio más alto de la soja en los últimos 25 años.
Así lo manifestó este martes en declaraciones televisivas, en la que abordó los impactos económicos de la reciente suspensión de retenciones al agro, una medida que el gobierno adoptó por tres días hábiles debido a que en ese plazo se alcanzó el cupo de USD 7.000 millones.
Según el mandatario, tras la implementación de la medida, el valor de la tonelada de soja pasó de USD 295 a USD 350, lo que a su entender representa un beneficio directo para los productores. “El mejor respeto es que de 295 te vas a 350”, remarcó Milei en sus declaraciones, al referirse al aumento de precio verificado en el mercado.
Durante la entrevista, Milei reiteró su postura contraria a las retenciones, al calificarlas como “siniestros” junto al impuesto a los débitos y créditos bancarios. “Odio las retenciones”, dijo. Explicó que el objetivo de su gobierno es avanzar hacia una reducción de la presión fiscal en la medida en que la economía lo permita. Sostuvo además que, desde el inicio de su gestión, el sector agropecuario recibió al menos 43 mejoras impositivas.
De acuerdo con lo expresado por el Presidente, “cuando estaba el kirchnerismo, la soja estaban en USD 600 y el productor recibía USD 250. Hoy en Chicago está a USD 400 y el productor recibe USD 350”. Para Milei, la coyuntura internacional e interna ha determinado que el productor agropecuario perciba el mejor valor en décadas.
Consultado sobre la continuidad de la baja de impuestos, Milei explicó que dentro del plan fiscal diseñado por el equipo de economía encabezado por Luis Caputo, la reducción total prevista a 2031 equivaldría a una devolución de USD 500.000 millones en impuestos a los contribuyentes. Esto, subrayó, supera la deuda consolidada actual entre el Tesoro y el Banco Central, que se sitúa en USD 450.000 millones.
Milei aseguró que el compromiso del gobierno es continuar con el sendero de baja de impuestos en la medida en que la disciplina fiscal lo permita, remarcando además la importancia de avanzar también sobre tributos provinciales considerados distorsivos.
La eliminación temporal de retenciones, que se extendió entre el lunes y el miércoles de la semana pasada, provocó un debate abierto entre productores. Por un lado, algunos reconocieron que la suba del precio fue positiva para quienes pudieron vender, pero el agotamiento veloz del cupo de USD 7.000 millones generó una gran crispación en el sector, que advirtió que el beneficio se lo quedaron las cerealeras exportadoras.
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El Gobierno nacional anunciará este martes un programa de descuentos para jubilados y pensionados que regirá en las principales cadenas de supermercados del país. La iniciativa apunta a alcanzar a más de 7 millones de beneficiarios y, de manera paralela, incentivar el consumo en comercios de todo el territorio.
La medida fue diseñada por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, en coordinación con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Según fuentes oficiales, no implicará erogaciones para el Estado, ya que los costos serán absorbidos por supermercados y bancos adheridos.
Cómo serán los descuentos para jubilados ANSES
El esquema establece un 10% de descuento en compras generales, sin límite de reintegro, y un 20% en los rubros perfumería y limpieza en las cadenas participantes. El alcance será nacional, con más de 7.000 locales incluidos en el programa.
Entre los productos alcanzados se incluyen alimentos y artículos de primera necesidad, mientras que quedarán excluidos carnes, electrodomésticos y determinadas marcas seleccionadas por los comercios. Los descuentos se aplicarán directamente en el momento de la compra.
Supermercados adheridos al programa
Las cadenas participantes incluyen Disco, Jumbo, Vea, Día, Coto, Carrefour, La Anónima y Josimar, además de los autoservicios agrupados en la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA).
En el caso de Carrefour y Josimar, el beneficio será válido tanto para compras presenciales como online, mientras que se espera que otras cadenas, como Disco, Jumbo y Vea, lo sumen próximamente en sus plataformas de comercio electrónico.
Con esta medida, el Gobierno busca facilitar el acceso de jubilados y pensionados a bienes de consumo masivo, a través de acuerdos con el sector privado, sin impacto directo sobre el gasto público.
Beneficios adicionales con bancos
Además de los descuentos otorgados por las cadenas de supermercados, el plan incluye promociones financieras en alianza con entidades bancarias.
- Banco Nación: ofrecerá un reintegro adicional del 5% en compras realizadas con la aplicación MODO, junto con un rendimiento diario sobre saldos de hasta $500.000.
- Banco Galicia: brindará un 25% de ahorro y la posibilidad de financiar compras en tres cuotas sin interés en supermercados. Los topes serán de $20.000 mensuales para consumos en supermercados y de $12.000 en farmacias y ópticas.
El Gobierno adelantó que se trabaja en convenios con otras entidades financieras con el objetivo de ampliar la cobertura del programa y llegar a un mayor número de beneficiarios en distintas regiones del país.
Contexto político y económico
El lanzamiento del plan se produce en un escenario marcado por el debate sobre el poder adquisitivo de los jubilados. En las últimas semanas, el presidente Javier Milei vetó proyectos impulsados por la oposición que proponían aumentos adicionales en las jubilaciones y la renovación de la moratoria previsional. Desde el oficialismo se argumentó que esas medidas ponían en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.
En paralelo, en la presentación del Presupuesto 2026, el Ejecutivo anunció que las jubilaciones se incrementarán un 5% por encima de la inflación proyectada para el próximo año, estimada en 10,1%. Distintos sectores políticos y analistas cuestionaron la viabilidad de esa meta en un contexto de inflación acumulada de los últimos dos años que superó las previsiones iniciales.
En la actualidad, la jubilación mínima es de $326.304, cifra que con bono alcanza los $396.304, mientras que la jubilación máxima se ubica en $2.195.498,72. El nuevo esquema de descuentos apunta a reforzar el poder de compra de los jubilados, al mismo tiempo que busca sostener el nivel de consumo en supermercados y comercios adheridos.
Según el Gobierno, el impacto esperado es doble: mejorar la capacidad de compra de los adultos mayores y, de manera simultánea, incentivar la actividad en el sector comercial sin comprometer recursos fiscales.
Alcance del programa
La iniciativa tendrá aplicación inmediata en las principales cadenas de supermercados y bancos adheridos, con la posibilidad de que se sumen nuevas entidades en las próximas semanas. El universo alcanzado por la medida es el conjunto de jubilados y pensionados registrados en ANSES, lo que equivale a más de 7 millones de personas en todo el país.
El Ministerio de Capital Humano y la ANSES indicaron que el seguimiento del programa será conjunto, con el objetivo de evaluar su funcionamiento en términos de alcance geográfico, volumen de operaciones y niveles de adhesión tanto de beneficiarios como de comercios.
El Gobierno mantiene abierta la negociación con entidades bancarias y otras cadenas comerciales para extender la cobertura. El objetivo oficial es consolidar un sistema de beneficios que permita sostenerse en el tiempo, en coordinación con el sector privado.
De esta manera, el plan de descuentos para jubilados y pensionados se inscribe en una estrategia que combina acuerdos con supermercados, bancos y asociaciones de autoservicios, en un marco donde la política previsional es uno de los temas centrales de la agenda económica y política del país.
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